POLITICA
Base espacial china en Neuquén: la confidencialidad del contrato protege datos clave sobre tareas y tecnología
Desde el anuncio de su construcción, la base espacial que China instaló en Quintuco, a 30 kilómetros de la localidad de Bajada del Agrio, en Neuquén, despertó sospechas. El posible espionaje y uso militar de la antena parabólica de 16 pisos de altura -que Estados Unidos denunció en varias oportunidades- fue el principal cuestionamiento que recibió el convenio firmado con el país asiático durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El acuerdo entre la Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) -una agencia que depende del Departamento General de Armamento y de la Comisión Central Militar del Ejército chino-, y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), es hoy eje de una polémica luego de que el gobierno de Javier Milei deslizara la posibilidad de enviar una inspección a la base.
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Es que más allá de que la embajada de China y las autoridades de la CONAE aseguren que el lugar se utiliza solo con fines científicos, el contrato firmado en 2012, al que accedió TN, habla de “confidencialidad” acerca de las actividades realizadas en la estación y establece que la Argentina “no interferirá ni interrumpirá” el normal funcionamiento de la base espacial con la que China monitorea la Luna desde fines de 2017.
En su artículo 10 el convenio establece que “ambas partes mantendrán la confidencialidad respecto de la tecnología, actividades y programas de seguimiento, control y adquisición de datos, así como de toda información de equipamiento relacionado con sus actividades y no los divulgará a terceros”. Este y otros puntos fueron firmados por el entonces canciller Héctor Timerman y el exjefe de Gabinete Jorge Capitanich.
Base espacial china en Neuquén: la confidencialidad del contrato protege datos clave sobre tareas y tecnología
A su vez, el artículo 11 remarca que toda divulgación de información pública relacionada con el sitio CLTC-CONAE-Neuquén “se acordará entre las partes”, es decir, que son las autoridades de China las que definen qué se comunicará respecto de las actividades de la base. En este sentido, el tercer artículo del convenio deja en claro que el país no podrá “interferir ni interrumpir las actividades normales que se lleven a cabo en virtud del Acuerdo de Cooperación”.
Una fuente del Gobierno también alertó sobre el artículo seis de este contrato a través del que el propio Gobierno argentino impuso la “indemnidad”. “El Gobierno de la Argentina no se responsabiliza, nacional e internacionalmente, en razón de las actividades del Gobierno de la República Popular de China en su territorio vinculadas al proyecto, sea por acción u omisión de ésta, o de sus representantes. China mantendrá indemne a la Argentina de toda obligación de reclamos de cualquier naturaleza, a pedido e instancia de terceros como consecuencia de tales actos u omisiones”.
Estos puntos son los que no terminan de convencer a las autoridades de los Estados Unidos y a un sector del Gobierno, que analiza la posibilidad de enviar una comitiva a revisar las actividades de la base. Desde la CONAE le respondieron a este medio que las antenas se utilizan para uso científico como observaciones radioastronómicas para medición de pulsares y radiogalaxias. El país se beneficia con el 10% del uso de esta antena, pero no hay certezas sobre qué hace China con el 90% restante.
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El convenio con China tiene una duración de 50 años y el país cedió 200 hectáreas en comodato a la CLTC. Además, como ya se conoció tiempo atrás, el acuerdo beneficia con desgravaciones impositivas a las autoridades chinas, que no deberán pagar impuestos por compras, operaciones y locaciones realizadas en la Argentina, incluido el IVA.
A cambio de la instalación de la base, la CONAE se beneficia con el 10 por ciento del tiempo de uso de la antena para desarrollar proyectos propios.
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El nombre oficial de las instalaciones es “Estación de Espacio Profundo de la China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC)”. Está ubicada en el departamento de Picunches (a 250 kilómetros de la capital de la provincia) y tiene 800 habitantes.
Según la escasa información oficial, la estación sirve de apoyo a misiones interplanetarias de vehículos espaciales y para observaciones de Radioastronomía en la exploración de la luna, del sistema solar y del universo.
China, Neuquén, base espacial de China en Neuquén
POLITICA
La Justicia levantó el secreto bancario del ministro massista investigado por las coimas en la VTV
El juez federal de Campana, Adrián González Charbay, ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil del ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y de otros implicados en una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con un esquema de coimas en las concesiones de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Entre los afectados por la medida también se encuentra Claudia Pombo, concejal de Pilar y cercana al ministro, quien fue desplazada recientemente de su cargo como presidenta del Concejo Deliberante de ese distrito.
Además de D’Onofrio y Pombo, la orden judicial alcanzó a varios funcionarios y particulares, entre ellos Roxana Elma Pombo, hermana de Claudia y empleada del ministerio de D’Onofrio, el juez de faltas platense Mario Quattrochi y otros presuntos implicados. Según la investigación, existen indicios de irregularidades en los contratos de concesión adjudicados durante la gestión de D’Onofrio, que podrían haber derivado en maniobras de lavado de activos.
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La causa también señala a D’Onofrio en una red de gestores que ofrecían eliminar infracciones de tránsito a cambio de un porcentaje del monto adeudado, operación que habría sido coordinada por Claudia Pombo. Esta maniobra habría generado pérdidas millonarias a Secutrans, la empresa responsable de las fotomultas en la provincia. En ese marco, Pombo fue desplazada de la presidencia del Concejo Deliberante de Pilar, siendo reemplazada por Juan Pablo Trovatelli, del mismo oficialismo local liderado por el intendente Federico de Achával.
En paralelo, el fiscal Álvaro Garganta, desde los tribunales de La Plata, lleva adelante una causa complementaria que refuerza las sospechas de corrupción en la administración de las fotomultas y la VTV en territorio bonaerense. Estas investigaciones ponen en jaque la gestión de D’Onofrio, funcionario alineado con el massismo dentro del gobierno de Axel Kicillof.
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