El presidente Javier Milei espera firmar pacto con los gobernadores el 9 de julio, Día de la Independencia, tras posponer el evento que inicialmente estaba previsto para el 25 de mayo. El objetivo es enviar una señal de estabilidad política a los inversores extranjeros y acelerar la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. La sede del evento aún no está definida, ya que el Ejecutivo debate entre mantener la ciudad de Córdoba o trasladarlo a Tucumán. Además, el nombre “Pacto de Mayo” podría conservarse.

En el contexto de la preparación del pacto, hay cambios significativos en el gabinete. Se rumorea la inminente salida del jefe de gabinete, Nicolás Posse, quien podría ser reemplazado por el ministro del Interior, Guillermo Francos. Asimismo, Eduardo “Lule” Menem podría unirse al gabinete para gestionar las relaciones con las provincias. Esta reorganización ha generado críticas internas, con algunos argumentando que “no se cuidó a Posse ni a su relación con Milei y Francos”.

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El enfrentamiento entre Posse y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ha suscitado dudas sobre la posición del vicejefe de gabinete, José “Cochi” Rolandi, encargado de los detalles técnicos de las reformas. Mientras tanto, Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central, podría ser promovido a secretario de Estado con rango de ministro para implementar la reforma estatal que Milei demanda.

El Ejecutivo también está trabajando en el Consejo de Mayo, anunciado en el Cabildo de Córdoba, que delineará los detalles del pacto con los gobernadores. Este consejo estará compuesto por representantes nacionales, provinciales, parlamentarios, empresariales, sindicales y civiles. La administración apunta a obtener esta semana los dictámenes de comisión de la Ley Bases y del paquete fiscal, para tratar los proyectos en el Senado a principios de junio.

Para asegurar inversiones extranjeras, el Gobierno considera fundamental el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y modificaciones en la regulación de hidrocarburos. En caso de que la Ley Bases no avance, estas reformas podrían ser implementadas mediante decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El RIGI ofrece beneficios tributarios y cambiarios para empresas que inviertan al menos U$S200 millones, incluyendo una alícuota del 25% de Ganancias y la exención de derechos de importación y exportación.