Camisetas de Chacarita Juniors, la hinchada que se transformó en la punta de lanza de la movilización del fútbol. Gente de Rosario Central, que viajó 300 kilómetros. Nueva Chicago y All Boys, antagónicos pero unidos este miércoles caótico. Hombres de Independiente y Racing, que por un rato dejaron la rivalidad, muy a pesar del inminente clásico de Avellaneda. Las barrabravas se mezclaron entre unos pocos jubilados y unos cuantos militantes del Partido Obrero y los movimientos de izquierda. Según pudo averiguar Clarín, la mayoría fueron miembros de segundas y terceras líneas. El saldo, según informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, fue de 100 barras detenidos, a quienes se les aplicará la prohibición de concurrencia y no podrán ingresar a ningún estadio del país.

En el medio del caos, Claudio Tapia se comunicó con Patricia Bullrich. El presidente de la AFA le dijo a la Ministra que no tenía «nada que ver» con esta movida que se organizó a través de las redes sociales, pero tuvo conexidad con la política. A fin de cuentas, muchos de los barras son punteros políticos del PJ, partido afín a Chiqui, a quien algunos referentes observan como un potencial candidato en el futuro. «Nos dijo que no había ninguna responsabilidad de su parte, pero vamos a investigar. Y si descubrimos que estuvo detrás, le caeremos con todo el peso de la ley», sostuvo la funcionara nacional.

Los jerarcas de los barras no estuvieron en la manifestación que intentó ser una marcha de jubilados en reclamo de mejores remuneraciones y terminó en una batalla campal con la Policía. Se desplegaron mil efectivos de las Fuerzas Federales, un número solo equivalente a un Superclásico. Entre los detenidos, se detectó un centenar de barras.

Además, el Ministerio de Seguridad revisará las cámaras para identificarlos por su camiseta, a los que se le aplicará la prohibición de concurrencia y no podrán asistir a los distintos estadios del país por tiempo indeterminado.

Desde la Dirección de Seguridad en el Fútbol, a cargo de Franco Berlín, ya habían advertido que llegarían barras «disidentes» a las inmediaciones del palacio legislativo. En el área que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Bullrich hicieron un trabajo de inteligencia.

Por eso le habían advertido a Clarín el día previo que habría violencia. Lo tenían claro. «Estuvo heavy, pero lo llevamos bien», fue la frase que se escuchó en el centro de monitoreo. Y agregó: «Tenemos un compromiso con la erradicación de la violencia en el fútbol y en cualquier ámbito de concurrencia masiva. No se tolerarán conductas que atenten contra el orden público y la seguridad de los ciudadanos. La presencia de barrabravas en manifestaciones violentas es una amenaza para la paz social y será abordada con medidas firmes y concretas».

Durante la madrugada, en el Boletín Oficial, se publicó el endurecimiento del derecho de admisión en el fútbol. A través de la Resolución 301/2025, se facultó al Ministerio de Seguridad a «restringir la concurrencia a espectáculos futbolísticos a toda persona que considere que puede generar un riesgo para la seguridad pública».

De esta manera, se podrá prohibir el ingreso a toda persona que se encuentre «imputada, procesada o condenada» por delitos que hayan sido cometidos en el marco de la Ley N° 23.184 y sus modificatorias.

La medida también se extiende a aquellos «procesados o condenados por delitos dolosos con pena de reclusión o prisión y que la Autoridad de Aplicación entienda que razonablemente pueda crear un riesgo concreto en el espectáculo futbolístico».

En el documento, que lleva la firma de Bullrich, además se incluyó a quienes se encuentren imputados en cualquier actuación contravencional o hayan tenido conductas violentas en el marco de un espectáculo futbolístico, ya sea antes, «durante o después de la disputa del encuentro, durante las concentraciones o entrenamientos de los equipos, así como también durante los traslados de las parcialidades hacia o desde el estadio deportivo donde se desarrolle el espectáculo».