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POLITICA

Trump buscará imponer una agenda conservadora y avanzar sobre la Justicia

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Artículo publicado originalmente en TN

El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales tiene un enorme significado para los Estados Unidos. Se trata de un nuevo respaldo para la derecha global. Y le brinda una fuerte esperanza al gobierno de Javier Milei, quien tejió una relación con el nuevo presidente norteamericano.

El dibujo del mapa norteamericano era previsible antes de las elecciones que proclamaron presidente a Trump. Mayormente colorado, salvo las costas este y oeste, que quedaron pintadas del azul demócrata.

Lo que las encuestas no detectaron fue un voto vergonzante que definió el resultado, inclusive en los llamados estados cambiantes, que fueron los que inclinaron la balanza a favor del expresidente norteamericano.

A diferencia de 2016, cuando Trump perdió el voto popular, pero ganó en el Colegio Electoral, este año ganó el voto popular por una diferencia importante de más de 5 millones de votos.

Hay en la sociedad norteamericana un evidente giro conservador. En 2016, cuando Trump ganó su primer mandato, muchos analistas lo explicaron como una reacción al gobierno de Obama. Los votantes blancos habían sentido que los afroamericanos les podían arrebatar la supremacía política. Y, además, Trump era un conocido empresario desconocido en el terreno político, que sorprendió a los medios de comunicación. Nadie lo sintió como una amenaza seria entonces. En este nuevo turno electoral, Trump mantuvo su discurso polarizador y no sólo arrolló en la interna del discurso norteamericano sino también entre los votantes. Ningún votante puede decir ahora que no conoce a Trump.

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Entonces, ¿cómo se explica su triunfo? El flamante presidente de Estados Unidos pudo imponer en la agenda electoral dos temas fundamentales que le permitieron imponerse en el debate hacia la sociedad: la economía y la inmigración.

Trump argumentó durante toda la campaña que la economía estaba mejor durante su gobierno que en la gestión de Joe Biden, de quien Kamala Harris no se pudo diferenciar. Aun cuando la inflación anual de Estados Unidos es de 2,4 por ciento, los norteamericanos trabajadores sienten que su canasta básica es más cara. Y La inclusión de la inmigración en el debate público también provocó un fuerte cruce de opiniones entre los candidatos.

Javier Milei felicitó a Donald Trump (Foto: captura de X)

Su campaña de polarización lo llevo al éxito: tuvo que trabajar sobre su electorado conservador, mientras que Harris debía llegar a un electorado más disperso y heterogéneo, que no supo conquistar.

El triunfo en el Congreso norteamericano, en particular en el Senado, le permite además imponer su agenda conservadora y, en particular, nombrar más jueces de ese color político. No es un dato menor: manejando las cámaras, puede imponer leyes de corte conservador. Y la preeminencia conservadora que ya tiene en la Corte será replicada en los tribunales inferiores.

Para el gobierno de Javier Milei, el triunfo de Trump es la posibilidad de explotar una sintonía personal, ideológica y de estilo de gobierno.

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Mientras Trump es económicamente proteccionista, Milei es liberal aperturista y cree en el libre comercio y baja aranceles. Pero Milei apuesta a su relación personal para abrir mercados, conseguir inversiones y destrabar un préstamo con el FMI.

Los mercados pueden tener alguna fluctuación, porque, por un lado, está pendiente la lectura que hagan a mediano plazo sobre el triunfo del nuevo presidente, pero, a corto plazo, hay otro factor: está reunido el board de la Reserva Federal para determinar si baja la tasa de interés en lo inmediato. Trump sería partidario de una suba de la tasa de referencia. Esos movimientos naturalmente tienen impacto en los bonos argentinos.

Por fuera de esa incertidumbre, es claro que Milei se siente muy cómodo con el triunfo del republicano.

POLITICA

Corrupción: Axel Kicillof y una sospechosa licitación de 4.000 millones de pesos

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Un proveedor de la dirección provincial de Cultura y Educación, que conduce Alberto Sileoni, denunció que una licitación pública fue «direccionada» para favorecer a una empresa específica. Esta práctica no sería un hecho aislado, sino una costumbre arraigada en la estructura administrativa de la provincia bajo la gestión de Axel Kicillof.

Para poder comprender la maniobra llevada adelante  en este tipo de actos de corrupción administrativa por el gobierno de la provincia de Buenos Aires se requiere un análisis detallado.

Modus operandi

El procedimiento comienza en la etapa de confección de los pliegos licitatorios, específicamente en las «cláusulas técnicas». Estas se redactan con un nivel de detalle tal que solo un proveedor puede cumplir con las especificaciones, garantizando así que este obtenga el contrato. Este proveedor, previamente, ha llegado a un acuerdo de algún tipo con las autoridades responsables.

Para blindar esta maniobra, los pliegos incluyen una cláusula que obliga a cualquier oferente que desee impugnar la licitación a pagar una garantía que puede oscilar entre el 1 y el 5 por ciento del presupuesto oficial de la licitación. En el caso denunciado, la licitación superaba los 4.000 millones de pesos, lo que implicaría un desembolso previo de entre 43 y 131 millones de pesos para cuestionar el proceso. Un verdadero escándalo.

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Este monto es reembolsable solo si la impugnación prospera, una posibilidad casi nula dado que la evaluación de las mismas queda en manos de las mismas autoridades que establecieron los pliegos, es decir, en manos de la gestión de Kicillof. “Es como si el ladrón tuviera que juzgarse a sí mismo”, explicó el denunciante.

La licitación que dejó en evidencia la maniobra ilegal

El escándalo estalló tras la publicación del pliego de bases y condiciones generales para la contratación de bienes y servicios, identificado como la licitación pública 9/24, de la dirección provincial de Equipamiento Escolar, dependiente de la subsecretaría de Infraestructura Escolar, actualmente bajo el control de Ariel Alejandro Lambezat. La misma, destinó un estruendoso presupuesto de más de 4.000 millones de pesos que serán destinados a la compra de pupitres, escritorios, sillas y pizarrones.

En el mismo, en el anexo de especificaciones récnicas, llamaron la atención los notables -y para nada casuales- detalles con los que las autoridades bonaerenses describían el producto a entregar. Usualmente, se hace una descripción de las medidas del pupitre, del color y los materiales. En este caso, sin embargo, el nivel de detalle asombró incluso al más desprevenido: estructuras tubulares de acero al carbono de un diámetro de 31,7 y 1,22 mm. de espesor, patas inclinadas acopladas a un tubo metálico soldado de forma continua a cada lateral del soporte superior de la tapa, etcétera.

“Se describe el producto en un detalle exhaustivo. Lo cierto es que el único producto que coincide con lo descripto es, casualmente, el de una de las empresas de la competencia”, explicó el denunciante. “Es un delito muy común que se comete en la provincia de Buenos Aires. A cambio de ello, se le comparte el dinero de la adjudicación a las autoridades bonaerenses. El cual será más que jugoso, teniendo en cuenta que, además del presupuesto de 4.383.140.500, está la posibilidad de ampliarlo en un 100 por ciento”.

Contexto Legal

La ley 2.095, consolidada por la 6.588, y el reglamento decreto 129/23, establecen los porcentajes de garantía necesarios para impugnar los pliegos o los dictámenes de evaluación. En particular, el artículo 93 estipula:

  • Impugnación al pliego de bases y condiciones: 1 al 3 por ciento del presupuesto oficial.
  • Impugnación a la preselección/precalificación: 1 al 5 por ciento.
  • Impugnación a la preadjudicación: 1 al 5 por ciento del monto de la oferta.

Estas disposiciones afectan derechos constitucionales, ya que contradicen principios esenciales del procedimiento administrativo y la garantía de acceso gratuito al mismo. Además, convierten al ciudadano en un actor limitado en su capacidad de cuestionar actos ilegales o arbitrarios de la administración.

Impacto en la transparencia

Las regulaciones mencionadas dificultan la fiscalización de los procesos licitatorios, limitando la capacidad de los oferentes para cuestionar irregularidades. En la práctica, estas normas blindan la actividad licitatoria contra impugnaciones, permitiendo que se perpetúen negocios cuestionables con fondos públicos.

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La justificación oficial para estas restricciones es que las impugnaciones retrasan las compras estatales. Sin embargo, este argumento busca encubrir la falta de transparencia y proteger prácticas de dudosa legalidad. La verdadera responsabilidad por los retrasos recae en la administración, que debería optimizar sus procesos y garantizar la legalidad de sus actos.

Implicancias constitucionales

El artículo 14 de la constitución nacional garantiza el derecho de peticionar a las autoridades sin restricciones ni sanciones. Asimismo, el artículo 10 de la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que los derechos y garantías no pueden ser limitados por regulaciones insuficientes o arbitrarias.

La garantía exigida para impugnar actos administrativos viola estos derechos fundamentales, coartando el derecho de defensa y el debido proceso. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el estado debe funcionar de manera eficaz y justa, lo que implica permitir el control ciudadano sobre sus actos.

La exigencia de garantías impugnatorias y la redacción dirigida de los pliegos licitatorios constituyen prácticas que fomentan la corrupción administrativa. Estas normas, lejos de garantizar transparencia, crean un marco que desalienta la fiscalización y la defensa de derechos por parte de los ciudadanos y las empresas afectadas.

Es fundamental que la sociedad bonaerense comience a exigir cambios en estas regulaciones para garantizar procesos licitatorios transparentes y justos. La derogación o modificación de estas figuras jurídicas es un paso necesario para combatir la corrupción y proteger los derechos de los ciudadanos y oferentes, promoviendo una administración pública que actúe dentro del marco de la legalidad. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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