Pese a la polémica planteada en torno al Decreto 780, que hace tres meses dictó el presidente Javier Milei para restringir el acceso a la información pública, el gobierno nacional quedó segundo entre las mejores administraciones del Índice Nacional de Transparencia (INTRA), solo detrás del gobierno porteño que conduce Jorge Macri.

La ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri, tiene 85% de transparencia y el gobierno nacional 83,9%, según el índice INTRA, que este lunes presentaron Poder Ciudadano y Ruido, en el Día Internacional contra la Corrupción.

Esas organizaciones midieron a las administraciones ejecutivas de los «24 estados subnacionales» del país y lo compararon con el Poder Ejecutivo Nacional. El promedio les dio 54,3% de transparencia.

Las peores, en ese listado, son Formosa y Santiago del Estero, gobernadas por Gildo Insfrán y Gerardo Zamora, con 12,8% y 20,8%, respectivamente.

Formosa no tiene presupuesto de acceso público ni se puede acceder online al Boletín Oficial, que es «la herramienta más básica» para conocer las decisiones del gobierno provincial.

Hay cuatro provincias donde ni siquiera se puede acceder online al presupuesto de gastos: Formosa, Santiago del Estero, San Juan y Tucumán. Y en once de las provincias donde sí se accede, «no se puede encontrar la ejecución presupuestaria, información clave para monitorear el nivel de cumplimiento de lo pactado», sostuvo el informe al que accedió Clarín.

Además, solo ocho distritos muestran y mantienen accesibles las declaraciones juradas de bienes de los gobernadores y otros funcionarios provinciales, pese a que hay 22 provincias con normas que obligan a presentar esas declaraciones juradas.

Y hay tres provincias donde no hay normas de acceso a la información pública: Formosa, San Juan y Tucumán, «distritos con bajísimo nivel de transparencia».

El gobierno nacional posee en el INTRA el segundo puntaje más elevado del relevamiento, con 83,9%.

El periodista Edgardo Litvinoff, que lidera Ruido, sostuvo que «eso sucede desde hace mucho tiempo, por un trabajo de muchos años, de organizaciones que trabajan por la transparencia, como Poder Ciudadano. Es una preocupación lo que está pasando con el Decreto reglamentario 780, en relación a la arbitrariedad para definir desde el gobierno nacional cuando es secreta una información, así que es un gran desafío ver la evolución de ese índice dentro de un año».

Es que dichos cambios amplían el secreto y elevan la discrecionalidad de las autoridades nacionales para definir lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, entre otras cuestiones.

También habló María Eugenia Estenssoro, quien estuvo en los directorios de Poder Ciudadano y de Transparencia Internacional. La exsenadora destacó el informe, así como la importancia de realizarlo una vez al año, para analizar su evolución, especialmente en los registros del gobierno nacional.

«El INTRA nos muestra que hay un déficit enorme en la información pública y en su acceso en la mayoría de los distritos. Y parece como si la Nación estuviera bastante arriba. Sin embargo, la Argentina está de la mitad para abajo en el Índice de Transparencia Internacional, porque de 100 puntos que puede tener, la Argentina tiene 37. Están las herramientas, ¿pero la ciudadanía las está usando?», se preguntó Estenssoro.

«Hoy presentamos el INTRA, que es un trabajo de medición de qué información le dan los estados provinciales a la ciudadanía, a qué podemos acceder, con qué nos podemos encontrar cuando entramos a las páginas web, cuando mandamos un pedido de información, cuando queremos hacer una investigación, cuando el ciudadano quiere conocer en qué se gastan los recursos públicos», dijo Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, al abrir la presentación.

Por su parte, Litvinoff explicó en qué consistió el relevamiento realizado por periodistas de investigación y especialistas en datos abiertos en cada uno de los distritos del país.

«INTRA evalúa la existencia de herramientas, instrumentos que favorecen la transparencia en los Poderes Ejecutivos, las administraciones centrales de las provincias. Y hemos tomado la Nación como referencia», planteó Litvinoff.

«Analizamos 58 variables en cada uno de los distritos, condensadas en trece ítems, que a su vez están condensados en tres grandes categorías», agregó.

La primera categoría incluyó las variables de ética pública, declaraciones juradas, acceso a empleo público, nepotismo y corrupción. La segunda incluyó acceso a la información pública, Boletín Oficial, portal de transparencia y relación con la prensa. Y la tercera categoría tuvo los datos de portal de compras, pauta publicitaria oficial y presupuesto.

«Ninguno de los 24 distritos posee registros de viajes, de reuniones o de regalos recibidos y/o realizados por gobernadores o por el jefe de gobierno de CABA», aseguró el informe. A diferencia del gobierno nacional, «en donde es obligatorio registrar estos tres ítems, gracias a los cuales se pueden chequear datos o reuniones fundamentales para ejercer el control ciudadano de la gestión de autoridades».

«En trece de las provincias argentinas se realizan conferencias de prensa del gobernador o de sus voceros de manera frecuente, algo que también sucede a nivel del Ejecutivo nacional», continuó el informe de Ruido y Poder Ciudadano, con apoyo de las fundaciones Friedrich Naumann y Federalismo y Libertad.