El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca amenaza con generar «graves violaciones» de los derechos humanos en Estados Unidos, advirtió este jueves la ONG Human Rights Watch, que teme también el impacto en el resto del mundo donde los derechos ya son víctimas de «erosión».
Este segundo mandato del republicano «hace temer que su administración esté repitiendo o incluso amplificando las graves violaciones de los derechos de la primera» en Estados Unidos, pero también amenaza con afectar en otras partes del mundo, en particular al «animar a líderes autocráticos a hacer lo mismo», señala la organización en su informe anual publicado el jueves.
Al mismo tiempo, la organización denunció que la inacción «cobarde» de muchos gobiernos a la hora de defender el derecho internacional y las instituciones alienta la «erosión» de las reglas internacionales. Y teme que el regreso de Trump al poder empeore la situación.
Desde Gaza a Sudán, pasando por Birmania, Haití, Venezuela o Nicaragua, el mundo fue testigo en 2024 de «las violaciones más extremas», denunció la directora de la organización Tirana Hassan en una entrevista con la AFP con motivo de la publicación, este jueves, del informe anual de la organización.
Marcado por más de 70 elecciones en otros tantos países y por mortíferos conflictos, el año 2024 fue un test para «la integridad de las instituciones democráticas» y el derecho internacional, dice el informe de casi 550 páginas que analiza la situación de más de un centenar de países.
Pero muchos gobiernos «no han superado esta prueba», afirma HRW, que cita el «aumento de la represión» en Rusia, India, Venezuela o Nicaragua, y los conflictos armados en Gaza, Sudán y Ucrania.
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Las guerras y otras crisis humanitarias, marcadas por «la cobarde reticencia de muchos gobiernos» a la hora de combatir las violaciones de derechos, han puesto de manifiesto «la erosión de las normas internacionales para la protección de civiles y el devastador coste humano cuando se pisotean», insiste este guardián de los derechos humanos en el mundo.
«Cuando los gobiernos no actúan para proteger a los civiles en peligro, no solo los abandonan a la muerte y las heridas, sino que socavan las normas que protegen a la población en el mundo», dice el informe.
En el banquillo de los acusados se encuentran los «autócratas» que han «reforzado su poder en países como Rusia» y Malí, así como «democracias liberales» que «no siempre son defensoras fiables de los derechos humanos, ni en casa ni en el extranjero».
El primero y más importante de ellos es el Estados Unidos de Joe Biden, que «ha seguido transfiriendo armas a Israel» pese a que «se acumulan las pruebas sobre el uso de armas estadounidenses para perpetrar crímenes de guerra y matar a civiles» en Gaza, recuerda Tirana Hassan.
Un mensaje peligroso
La «incoherencia» que han mostrado algunos estados en su defensa de los derechos humanos es «muy peligrosa porque envía el mensaje de que algunos derechos se aplican a algunos y no a otros», advierte.
La situación podría empeorar con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca la próxima semana, alerta HRW, que teme que «repita o amplifique las graves violaciones de derechos» que se constataron durante su primer mandato, lo que envía un mensaje a los autócratas «a hacer lo mismo».
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«La administración Trump sugiere que habrá ataques contra los derechos humanos, los derechos de los migrantes, las mujeres y las personas LGBT a nivel nacional. Pero el impacto en política exterior también podría ser muy grave», afirma Tirana Hassan.
Si Estados Unidos se aleja de nuevo del sistema multilateral, «dejará un enorme vacío que llenarán actores oportunistas como China, a quienes nada les gustaría más que poder avanzar en sus políticas contrarias a los derechos», añade.
A pesar de este sombrío panorama de la situación de los derechos humanos en el mundo, «no todo es pesimismo», insiste, y señala que, ante la inacción de los gobiernos, la justicia internacional y los movimientos populares están tomando el relevo, como el que en agosto desalojó del poder en Bangladesh a la ex primera ministra Sheikh Hasina, cuando gobernaba el país con mano de hierro.
Estos «movimientos de resistencia» ponen de manifiesto una «realidad crucial: la lucha por los derechos suele estar liderada por personas comunes y corrientes hartas de la injusticia y la corrupción», afirma HRW.
Una lucha que es «el reto de nuestro tiempo», insiste.
Aunque todo el mundo puede sentirse «abrumado por los horrores» que tienen lugar en todo el mundo, «no podemos permitirnos el lujo de levantar las manos y decir que es demasiado difícil», suplica.
«Porque si algo nos ha enseñado 2024 es que ignorar los derechos humanos, ignorar su violación, no es un ejercicio académico ni una cuestión de derecho. Hay vidas afectadas. La gente muere».
Como en Gaza, donde HRW acusa a Israel de «crímenes contra la humanidad» y «genocidio», o en Sudán, donde los civiles son víctimas de «atrocidades generalizadas» o en Haití, donde la violencia de las pandillas ha alcanzado «niveles catastróficos».
El líder disidente José Daniel Ferrer, un referente de la oposición en Cuba, fue liberado este jueves después de tres años y medio en prisión, como parte del plan de excarcelaciones anunciado por La Habana tras la decisión de Estados Unidos de sacar a la isla de la lista de países que promocionan el terrorismo.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional, estaba en prisión desde el 11 de julio de 2021, cuando fue arrestado al tratar de sumarse a las protestas contra el gobierno, las mayores en décadas en la isla. Este jueves, poco antes del mediodía, abandonó el penal de Mar Verde (en el este de Cuba).
Tenaz defensor de la lucha no violenta para alcanzar cambios democráticos en la isla, no dejó ni en la prisión de desafiar al gobierno comunista.
Declarado «preso de conciencia» por Amnistía Internacional, Ferrer, de 54 años, ha pasado al menos una docena de años en la cárcel, pero nunca ha aceptado marchar al exilio.
«José Daniel se ha ganado un prestigio, un respeto de la gente porque, indiscutiblemente, no se doblega, y esto molesta mucho» al gobierno, declaró a la AFP Martha Beatriz Roque, de 79 años y líder de los opositores cubanos.
En momentos en que «la oposición está tan desmembrada y además débil, es un ejemplo de cómo hay que actuar» y «no se va a rendir jamás», añadió Roque, que lo define como «un hombre fuerte» tanto físicamente como de carácter.
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Ferrer fue uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003, la mayor ola represiva lanzada contra la oposición bajo el gobierno de Fidel Castro (1926-2016).
Fue condenado entonces a 25 años de cárcel y liberado en 2011, tras una negociación entre el gobierno y la Iglesia católica. Fue uno de los 12 presos del grupo que se negó a abandonar su país a cambio de su excarcelación.
Según su esposa, Nelva Ortega, las autoridades cubanas han propuesto «con frecuencia» a Ferrer salir de la isla, pero él nunca lo ha aceptado a pesar de múltiples detenciones, acoso e intimidaciones.
Nacido el 29 de julio de 1970 en Palma Soriano, un municipio de la provincia de Santiago de Cuba (este), Ferrer estaba preso desde el 11 de julio de 2021, cuando intentó sumarse a las históricas protestas antigubernamentales que sacudieron al país.
«Preso de conciencia»
Un mes después, un tribunal revocó la sanción de libertad limitada que cumplía y fue devuelto a prisión para completar la sanción original de cuatro años y seis meses que recibió en 2020 bajo cargos de lesiones y otros delitos contra otro opositor, que él niega.
En agosto de 2021 fue declarado por segunda vez «preso de conciencia» por Amnistía Internacional. La primera fue después de la Primavera Negra.
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«Sin lucha firme, sin crecientes presiones de todos, no habrá libertad ni bienestar», señaló Ferrer, en un escrito publicado en 2020 en la página en internet de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que fundó en Santiago de Cuba en 2011, tras salir de prisión.
En la cárcel de máxima seguridad de Mar Verde, en Santiago de Cuba, donde pasó los últimos tres años y medio, fue aislado en celdas de castigo por negarse a vestir el uniforme de recluso o protestar por sus condiciones de vida, según Ortega.
Recorrido político
De cuna humilde y pescador de profesión, este padre de seis hijos de cuatro matrimonios se vinculó muy joven al opositor Movimiento Cristiano Liberación, fundado y dirigido por Oswaldo Payá (1952-2012).
En 2003, cuando fue detenido, ejercía como coordinador de ese movimiento en la región oriental del país y era uno de los principales promotores del Proyecto Varela, una iniciativa cívica que Payá lanzó en 1998 y que consiguió 25.000 firmas para pedir al gobierno que garantizara la libertad de prensa y de reunión y abriera el camino a una democracia multipartidista.
En Unpacu, Ferrer logró aglutinar a disidentes de todo el país, convirtiendo a esa organización en la más activa de la oposición cubana, que es ilegal.
Al mismo tiempo, ha lanzado múltiples iniciativas de protesta cívica. En 2020, convocó a una «Revolución de los girasoles» en el día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, con «acciones de carácter no-violento en firme rechazo» al gobierno.
En Santiago de Cuba ha combinado su lucha política con programas de entrega a familias vulnerables o de presos políticos de alimentos y medicinas que escasean en una isla sumida en su peor crisis económica en tres décadas.
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«Ha sabido combinar el liderazgo político con el liderazgo social, un liderato que el gobierno siempre ha temido, por eso ha sido atacado con dureza a lo largo de su vida política», dijo a la AFP el también opositor Manuel Cuesta.
El caso de Ferrer ha provocado cruces de espadas entre autoridades de Cuba y Estados Unidos, que al igual que la Unión Europea y la Iglesia Católica han pedido al gobierno cubano su liberación.