El “tapón fiscal”, implementado por la Ley 27.799 —conocida como de Inocencia Fiscal— a través del régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias constituye una herramienta de protección para ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El sistema introduce la presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas presentadas y abonadas bajo este régimen, lo que implica un blindaje jurídico sobre los períodos impositivos ya declarados y aceptados.

Quienes adhieren y cumplen con los requisitos del régimen adquieren el derecho a que sus declaraciones sean consideradas correctas y suficientes por ARCA. Esto significa que, una vez aceptada y abonada la declaración, ARCA no puede reabrir, ajustar ni cuestionar la determinación del impuesto en esos períodos, salvo que exista una “discrepancia significativa”. De esta forma, se abandona la antigua presunción de culpabilidad fiscal y se establece que la carga de la prueba recae exclusivamente en el organismo recaudador.

La Ley de Inocencia Fiscal representa un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los ciudadanos en materia tributaria. El objetivo central es la reparación histórica del ahorro nacional mediante la simplificación del sistema impositivo y la protección del ahorro formal. Las nuevas reglas buscan incentivar la reintroducción de fondos informales a la economía, lo que puede fomentar el consumo, la inversión y el acceso al crédito en el mediano y largo plazo.

El mecanismo de protección abarca tanto el Impuesto a las Ganancias como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos no prescriptos, incluso cuando el contribuyente no tenía obligación previa de declarar, siempre que cumpla con los requisitos fijados por la normativa. La presentación y el pago en término, ya sea en efectivo o mediante un plan de facilidades dentro del plazo legal, activan automáticamente la presunción de exactitud y el efecto liberatorio para el contribuyente.

El acceso al régimen está reservado a personas y empresas cuyos ingresos totales no superen los $1.000 millones y cuyo patrimonio no exceda los $10.000 millones en los últimos tres ejercicios. Estos límites se verifican individualmente por año y son independientes de la condición previa del contribuyente. La adhesión se realiza a través del servicio “Sistema Registral” en la web de ARCA, seleccionando “Ganancias PH Simplificada”. El sistema emite una constancia digital que acredita la incorporación al régimen y puede ser utilizada ante entidades financieras como antecedente favorable.

Para conservar el blindaje, es necesario ratificar anualmente el cumplimiento de las condiciones legales. El falseamiento de datos o el incumplimiento de los requisitos implica la exclusión del régimen y la pérdida de sus beneficios. Mientras se cumplan las obligaciones de presentación y pago, ARCA solo podrá fiscalizar la facturación y los gastos deducibles, sin intervenir en la variación patrimonial ni en los consumos personales como consumidor final.

La declaración jurada simplificada se basa en un esquema precargado por ARCA, que el contribuyente puede revisar, ajustar o aceptar. Solo se permite impugnar la información declarada si se detecta una discrepancia significativa, definida por la existencia de una diferencia de al menos el 15% en el saldo del impuesto, la superación del umbral vigente en el Régimen Penal Tributario (hoy $100 millones) o la utilización de facturas apócrifas, sin importar el monto.

En todos los casos, la carga de la prueba corresponde a ARCA, que solo puede utilizar la información declarada, la que obre en su poder o la que provenga de terceros. Si la diferencia surge de un error subsanado espontáneamente por el contribuyente antes de una notificación formal, no se abre impugnación.

La falta de presentación o el impago de la declaración jurada simplificada priva automáticamente al contribuyente del blindaje, habilitando la fiscalización plena. Si una impugnación de ARCA es revocada en sede administrativa o judicial, se restablece la presunción de exactitud y se considera que nunca debió abrirse la verificación sobre los períodos protegidos.

Cada año, al ratificar la permanencia y cumplir los requisitos, el nuevo período fiscal queda protegido, mientras que los anteriores pasan a integrar el conjunto de ejercicios blindados, salvo que exista una orden de intervención notificada sobre alguno de ellos.

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara la compra de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a los Estados Unidos para realizar el pago de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI), abundó el silencio respecto a los detalles de la operación.

Recién el jueves pasado se reflejó que los dólares salieron de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), achicando el avance en término de acumulación neta de reservas internacionales.

Por medio de un préstamo con bancos internacionales por USD 3.000 millones, Economía pagó a los bonistas por USD 4.200 millones en los primeros días de enero.

Así, el pago al Fondo, previo a la segunda revisión del acuerdo, parecía un problema menor para el ministro Caputo. Sin embargo, el nivel de depósitos del Tesoro hizo que -los días previos a la segunda revisión- debiera recurrir a las reservas del Central para cumplir con el vencimiento.

Desde el lunes en que se comunicó la compra de DEGs a Estados Unidos hasta el jueves no hubo ningún tipo de detalle sobre la fuente de los dólares. Recién el jueves, con la publicación del balance diario del Central, se confirmó que fue fueron reservas del Central, contra el objetivo del ministro Caputo de no recurrir a los dólares que compra el BCRA para pagar deuda externa.

El jueves, las reservas internacionales brutas cayeron a USD 44.750 millones, una pérdida de USD 667 millones respecto al miércoles. Ante la consulta de Infobae, fuentes de la entidad confirmaron que se debió a la compra de DEGs a los Estados Unidos, operación para la cual se utilizaron USD 832 millones.

Si bien el Central venía de una racha positiva de compra de dólares —en lo que va del año ya sumó más de USD 1.400 millones—, lo cierto es que la operación contraría la intención de Economía de hallar otros mecanismos de financiamiento para cumplir con las obligaciones en moneda extranjera y no resignar reservas este año. Fue lo que manifestó el jefe del Palacio de Hacienda los días previos a que se concrete el swap de USD 20.000 millones con EEUU.

“Somos el Gobierno que más reservas compró en la historia, pero ha sido mucho más difícil la acumulación porque depende —entre otras cosas— de que no tengas que seguir cancelando deuda (…). Muchas de las reservas que hemos comprado se han ido a cancelar deuda (…)», sostuvo Caputo durante su participación en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

Allí el ministro les adelantó a los empresarios del círculo rojo que, con el refinanciamiento que estaba negociando la Argentina en ese momento, las reservas que comprara se iban a poder acumular. “En la medida en que tengamos refinanciamiento de la deuda, esa compra de reservas se va a ir dando paulatinamente en el tiempo, sin generarle ningún problema a la gente”, afirmó.

A pesar de tener mecanismos de financiamiento, como el swap con EEUU o incluso el de China, Caputo decidió pagar el primer vencimiento del año al Fondo con reservas del Central. Y declaró durante la gira de entrevistas que tuvo la semana pasada, que no pretende ir al mercado internacional de deuda para cubrir los duros vencimientos que tiene Argentina este año (suman más de USD 20.000 millones) porque pretende que se desarrolle el mercado de capitales y dejar ese hueco para la emisión de las empresas y las provincias.

El dato está en que, si se resta el pago de los DEGs a los Estados Unidos (USD 823 millones) a lo que compró el BCRA en lo que va de la “fase 4″ (USD 1.474 millones), el saldo que queda es de USD 651 millones.

“La meta de reserva del FMI no incluye los pagos ni los depósitos al Fondo. Así que, si bien pueden bajar las reservas, lo cierto es que no altera la meta”, destacó Fausto Spotorno, el economista de OJF. Es que el pago de interés se dio en la previa de la misión del organismo a la Argentina, el jueves pasado se confirmó que los enviados llegaron a Buenos Aires para mantener las conversaciones con los equipos técnicos.

Para diciembre de 2025, se fijó que Argentina tenía que tener reservas internacionales brutas por USD -2.600 millones. Una meta que, pese a haber sido recortada en la primera revisión (antes era de USD 2.400 millones), no se pudo cumplir. En gran parte, porque el Gobierno prefirió la desaceleración de la inflación en un año electoral y no comprar reservas hasta que el dólar mayorista no toque el piso de la banda —lo que nunca sucedió—. Y, en menor medida, por las ventas que tuvo que hacer el Central en el techo de la banda.

En lo que va de la “fase 4″ del programa, el Central compró USD 1.474 millones, de los cuales USD 317 millones se adquirieron la semana pasada. Para realizar estas adquisiciones, el BCRA inyecta pesos sin aplicar mecanismos de esterilización, lo que mantiene estable la liquidez y ayuda a evitar incrementos en las tasas de interés.

Como resultado de estas intervenciones, las reservas internacionales se ubicaron en USD 44.940 millones y registraron una suba diaria de 190 millones de dólares. El stock de divisas extranjeras alcanzó durante el último mes un máximo desde agosto de 2021, llegando a USD 46.240 millones, en parte por el alza del precio internacional del oro, el viernes pasado en 4.957 dólares la onza. Este activo, considerado refugio ante la volatilidad financiera global, tiene impacto directo en el balance del BCRA. Actualmente, la entidad posee alrededor de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas.

El flujo sostenido de compras se explica por la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la emisión de deuda de empresas privadas. El BCRA calcula que restan ingresar unos USD 3.600 millones por colocaciones externas de compañías, lo que amplió la oferta de moneda extranjera en el mercado oficial. Según PwC, en 2025 las empresas argentinas colocaron deuda por más de USD 20.000 millones, contribuyendo a la estabilidad cambiaria de ese año.

En plena etapa crítica para la soja de primera, las lluvias de los últimos días llevaron alivio a amplios sectores de la región núcleo y permitieron frenar, al menos de manera parcial, el deterioro que venía acumulándose por el estrés termo hídrico. Sin embargo, el impacto no fue homogéneo: mientras algunas zonas lograron recomponer expectativas de rinde, otras continúan con daños significativos y dependen de nuevas precipitaciones para evitar mayores pérdidas. Según el último relevamiento, el área con soja de primera en condición regular a mala subió al 20% en la región núcleo.

La situación se volvió más delicada durante la última semana, cuando el cultivo atravesó días claves de definición de rendimiento. En ese contexto, el desplazamiento del centro de alta presión permitió el regreso de las lluvias, con pronósticos que anticipan nuevas tormentas en los próximos días. “La convalidación de estos pronósticos significaría el comienzo de una normalización del patrón pluvial de febrero”, explicó el consultor Elorriaga.

Durante el jueves se esperan chaparrones y tormentas aisladas e intermitentes en la región. A partir del lunes, el ingreso de un frente frío provocaría precipitaciones aisladas, principalmente en el oeste de la región agrícola. Hacia el miércoles volvería a aumentar la probabilidad de lluvias aisladas en el área GEA. La continuidad de estos eventos resulta clave para sostener la evolución del cultivo en una fase determinante.

La soja de primera de la región núcleo mostró una nueva desmejora en su estado general. El área con lotes en condición regular a mala aumentó cinco puntos porcentuales y alcanzó el 20%. En paralelo, un 42% de los cuadros se encuentra en buen estado, un 35% en muy buen estado y apenas un 3% es considerado excelente.

Desde el punto de vista fenológico, el 75% de la soja de primera transita la etapa de fructificación, entre R3 y R5. Además, un 15% ya inició la formación de la semilla (R5) y un 10% permanece en floración (R2). En este escenario, los técnicos advierten que la definición de rindes viene mostrando un deterioro que se intensifica semana tras semana.

Las zonas más comprometidas se ubican en la franja central de la región núcleo, con un daño que se profundiza hacia el este. En esos sectores, las estimaciones indican una caída del rinde potencial de entre 20% y 40%. En el resto del área, el impacto sería menor, cercano al 10%. Aun así, la necesidad de nuevas lluvias es generalizada. Los técnicos coinciden en que contar con al menos 10 a 15 milímetros permitiría ganar tiempo hasta los eventos previstos para la próxima semana.

Las precipitaciones registradas en los últimos siete días dejaron un mapa con fuertes contrastes. El sudeste de Santa Fe continúa consolidándose como el epicentro de la sequía, mientras que otras zonas recibieron aportes significativos que cambiaron el panorama productivo.

En Pergamino, las lluvias alcanzaron los 52 milímetros y permitieron una mejora sustancial en el estado del cultivo. “Tal vez nos dejamos en el camino un 10% del potencial. Pero con una lluvia así, el cultivo avanza 10 días por lo menos y se ve otra lluvia en camino… O sea, la campaña está solucionada acá”, señalaron técnicos de la zona. En Teodelina, los registros oscilaron entre 15 y 20 milímetros, considerados determinantes para sostener buenos rindes. El norte bonaerense y el extremo sur de Santa Fe recibieron entre 10 y 50 milímetros, un volumen que llegó a tiempo para detener el deterioro y permitir una recuperación parcial de la soja de primera.

En contraste, los sectores que quedaron al margen de las lluvias continúan en una situación compleja. En el centro-sur y el extremo sudeste de Santa Fe, los técnicos remarcan la urgencia de precipitaciones importantes para frenar la caída del potencial productivo. Desde María Susana hasta Bigand, y en áreas cercanas a Rosario como Aldao, Figuera y San Jerónimo, se reporta un fuerte ataque de arañuela y trips, con controles permanentes y pérdidas de rinde estimadas en torno al 20% del potencial.

“Vamos a tener menos rindes que la campaña pasada. Las sojas de primera no cerraron el entresurco”, advierten en la zona. En Carlos Pellegrini se observa un freno en el llenado de granos, inicio de vaneo y plantas con escaso desarrollo. Hacia el departamento Constitución, el daño estimado se ubica entre el 30% y el 40%.

La soja de segunda presenta un escenario más ajustado. El 30% de los lotes se encuentra en condición regular a mala, mientras que un 35% está en buen estado, un 30% en muy buen estado y solo un 5% en condición excelente. La falta de agua durante enero afectó de manera directa el crecimiento del cultivo. “Las plantas no han cerrado los surcos y no superan a la paja de trigo”, describen los técnicos.

En Bigand se observan lotes con plantas prácticamente marchitas y pérdidas de plantas. “Aún con una lluvia importante, no se van a lograr los rendimientos máximos que pensábamos a fines del 2025”, advierten. Allí se estima que ya se perdió más del 30% del potencial productivo. En María Susana, la merma se calcula en torno al 20%. En cambio, en Carlos Pellegrini y Teodelina, la soja de segunda muestra una mejor respuesta. “Está aguantando”, resumen los técnicos, aunque remarcan que necesita nuevas lluvias para expresar gran parte de su potencial.

Más allá de la soja, la preocupación también se extiende a los maíces tardíos y de segunda, con unas 200.000 hectáreas comprometidas por la falta de agua. “El cultivo más comprometido es el maíz tardío y de segunda”, señalan los técnicos. En el centro-sur santafesino, muchos lotes se encuentran en condición regular a mala y dependen de lluvias inmediatas, aun sin haber ingresado en floración.

En zonas como Aldao, Figuera, San Jerónimo y alrededores de Carlos Pellegrini ya se mencionan recortes de rendimiento de hasta el 50%. “Es gravísimo el estado de los maíces de segunda, sobreviven no sabemos cómo”, indican en Bigand. En Teodelina, el estrés hídrico ya se refleja en las panojas, mientras que en el noroeste bonaerense, como en Junín y Pergamino, las lluvias recientes permiten esperar una recuperación del cultivo.

En contraste, el maíz temprano, pese al déficit hídrico de enero, muestra un rinde medio de 108 quintales por hectárea en la región núcleo. La cosecha se adelantaría a mediados de febrero, con fuertes diferencias según la zona, reflejando el impacto desigual de la falta de agua durante el llenado de granos.