Desde un sindicato se desprende un emporio. Esta afirmación aplica al caso Moyano y su base de sustentación en el gremio de Camioneros. El liderazgo todavía lo conserva Hugo, pese a diferencias con su hijo Pablo. Las empresas satélites están bajo el paraguas de la pareja del histórico líder sindical, Liliana Zulet.

Alrededor de Camioneros gira un entramado de sociedades que administran fondos millonarios. Una primera órbita contiene a la obra social del sindicato, Oschoca, con sus gastos y contrataciones. Al mismo nivel de ella en cuanto a relación con el corazón del poder moyanista se mueve el hotel 15 de diciembre, ubicado en Mar del Plata, también del gremio.

Las filiales de poder no se agotan en ese triángulo entre el sindicato, la obra social y el hotel. También aparecen empresas que muestran que la mira del clan Moyano, además de camiones, se expande a otras ramas que complementan al núcleo. ¿Qué significa esto? A la administración de Oschoca la acompaña una empresa de prestaciones médicas, bajo el ala de influencia de Zulet.

La inclusión de sus hijos en las distintas “unidades” del emporio es un factor común entre Hugo Moyano y su pareja. En las otras empresas satélite, Juan Manuel Noriega Zulet aparece como presidente. Allí se destaca una constructora y una compañía textil.

Además, se suma una aseguradora de riesgos del trabajo (ART). Allí sobresale el nombre de Pablo Moyano, quien ya ha expresado sus diferencias con la pareja de su padre. En el pasado, el clan también supo administrar al club Independiente. Tras quedar afuera de la dirigencia del “Rojo”, el hijo del histórico líder sindical concentró sus esfuerzos en el equipo de Camioneros. De esta manera, siguió ligado al fútbol, un universo donde el mandamás es Claudio “Chiqui” Tapia, alguien que conoce a la familia sindical. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estuvo casado con Paola Moyano (hija de Hugo).

Facundo Moyano es otra de las figuras importantes del clan familiar, sin embargo, decidió distanciarse de Camioneros pero no del poder gremial. Es el titular del Sindicato Único de Trabajadores del Peaje.

Representa el corazón del poder de Hugo Moyano. Desde allí se desprenden distintas filiales, que también conviven con las diferencias entre su hijo Pablo, y su pareja Liliana Zulet.

Las decisiones en la obra social del sindicato pasan por Zulet. Administra millones en contrataciones, supo atravesar épocas de abundancia, pese a que actualmente atraviesa una situación de ahogo financiero.

Depende del sindicato administrado por Hugo Moyano. Se encuentra en el foco de una causa por presunto fraude millonario. Esa investigación podría iniciar el inicio de una fractura dentro del gremio.

Es la primera de una serie de empresas bajo el paraguas de Zulet. La compañía se dedica a prestaciones médicas. Ella es su presidenta y debajo se encuentra su hijo, Juan Manuel Noriega Zulet.

Es una empresa constructora que forma parte de los negocios tutelados por Zulet. En este caso, su hijo es la cara visible de la compañía.

Se trata de un taller de ropa que no escapa a la lógica de la constructora y la prestadora de servicios médicos. Área de influencia de Zulet y su hijo como presidente.

Es una aseguradora de riesgos del trabajo. Pablo Moyano aparece como su vicepresidente.

El gobierno de Javier Milei parece haber dejado atrás su discurso de combate a “la casta”, al menos en lo que se refiere a la justicia. Eso es lo que muestra un análisis de los más de 80 pliegos nominando jueces, fiscales y defensores oficiales que el Poder Ejecutivo envió en diferentes tandas durante las últimas dos semanas, en el que proliferan apellidos reconocidos pertenecientes a la denominada “familia judicial”.

No sólo de hijos y esposas de funcionarios del Poder Judicial está integrada la nómina que envió el ministro de justicia, Juan Bautista Mahiques, en consulta con la hermana presidencial, Karina Milei, y el aval del jefe del Estado.

Así, aparece un nombre como el de Laureano Durán, de innegables lazos con operadores judiciales del kirchnerismo, como el actual ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, que también es representante del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ante el Consejo de la Magistratura.

Hijo del fallecido Alberto Ramón Durán, un juez que presidió la Cámara Federal, el nombre de Laureano Durán cobró relevancia porque en diciembre de 2014 se convirtió con menos de 40 años y por impulso de la entonces presidente Cristina Kirchner en juez subrogante del Juzgado Federal 1 de La Plata, un tribunal clave ya que tiene competencia electoral. Su nombramiento fue para reemplazar al juez Manuel Blanco, que había fallecido.

Si hablamos de familia, el ministro Mahiques está fuertemente involucrado con este proceso para empezar a completar las más de 300 vacantes judiciales, que en el Senado comenzará el 29 de abril, con la primera de una serie de cinco audiencias que finalizará el 14 de mayo.

Esta semana, el jueves 16, se realizará una audiencia en la que su padre, Carlos Mahiques, será protagonista. El camarista busca extender por cinco años su magistratura a partir del próximo mes de noviembre, cuando cumplirá 75 años y, según la Constitución Nacional, debería jubilarse. Nobleza obliga, su pliego fue enviado por el Poder Ejecutivo en febrero, casi un mes antes de que su hijo reemplazara a Mariano Cúneo Libarona al frente de la cartera de Justicia.

Mahiques padre es una figura polémica desde que fue trasladado por el gobierno de Mauricio Macri a la Cámara Federal de Casación Penal, un cargo para el que no había concursado. Por esa razón ya ingresaron a la Comisión de Acuerdos del Senado dos impugnaciones mellizas impulsadas por Inecip y ACIJ que destacan ese tipo de movimiento “han sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, motivo por el que piden corregir “inmediatamente” una situación que consideran contraria a la carta magna.

Otro de los nombres resonantes por sus lazos de sangre es el de Emilio Rosatti, hijo del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que está nominado para el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.

Rosatti hijo fue secretario en la justicia electoral entre 2013 y 2018 y es autor del libro “La Justicia Mediática”, en el que analiza la relación de los medios de comunicación, la opinión pública y el servicia judicial y que fue presentado el años pasado en el Senado con el apoyo de senadores libertarios.

También miembro de la “familia judicial” es Ana María Cristina Juan, candidata al Juzgado Federal de Hurlingham. La postulante es secretaria en la Cámara Federal porteña y es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien actualmente tiene a su cargo causas de alto impacto político.

Su trayectoria en la justicia es extensa, tanto como su expertise y conocimiento que le permitieron terminar primera en el concurso del Consejo de la Magistratura sin necesidad del habitual empujón político de la entrevista personal que se le suele dar a quienes tienen el favor del Gobierno de turno para poder ingresar en las ternas que se envían al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, la nominación de Juan, la tercera ya que las dos veces anteriores su pliego fue retirado por cambios de Gobierno, cobra relevancia porque su esposo es el magistrado que tiene a su cargo la causa Andis, en la que está involucrada la secretaria general de la presidencia, Karina Milei,

La herencia judicial también se puede rastrear en Juan Andrés Moldes. Su padre era el fallecido fiscal Germán Moldes y está postulado como fiscal ante los juzgados en lo Penal Económico.

Nominado para juez de un Tribunal Oral en lo Criminal Federal en la Ciudad de Buenos Aires, Nicolás Pacilio es hijo del ex camarista Antonio Pacilio. Hizo toda la carrera judicial desde auxiliar administrativo hasta secretario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, cargo que ejerce en la actualidad.

La nómina también incluye secretarios que han crecido al amparo de los jueces más influyentes de los tribunales de Comodoro Py, como María Julia Sosa, quien se desempeña en el juzgado federal de Julián Ercolini, que está propuesta para un Tribunal Oral en lo Criminal de La Plata.

En esa nómina se inscriben, también, Ivana Quinteros, actual secretaria de la Sala I de la Cámara Federal, nominada para un cargo en un tribunal oral criminal; Javier Arzubi Calvo: actual fiscal federal que trabajó durante años con el juez federal y frustrado candidato a la Corte Suprema, Ariel Lijo; y Jésica Sircovich, que es secretaria en la Cámara de Casación Penal y propuesta para un tribunal oral en la capital de la provincia de Buenos Aires.