POLITICA
El trimestre clave que mira Javier Milei para la economía y las amenazas internas en el Gobierno
Lla consultora 1816 -probablemente, la más leída por el círculo rojo- publicó su último informe especial dedicado a la incesante suba de la mora en los créditos. Este dato creció por decimosexto mes consecutivo para el caso de las familias y llegó al 11,2%; un número marcadamente mayor al de las empresas, tan solo de 2,9%. “El dato consolida la idea de que hay una economía con récord de PBI y consumo privado, pero que al mismo tiempo está mostrando dificultades para derramar en amplios sectores de la sociedad”, indican. Con un mismo conjunto de datos, oficialismo y oposición hacen de la coyuntura actual dos narrativas diferentes.
En el Gobierno no niegan el monitoreo de la mora y reconocen que está creciendo a un ritmo preocupante, aunque marcan que no depende enteramente de ellos. Una fuente de acceso directo al despacho presidencial consultada por Infobae marcó que “los bancos se acostumbraron a vivir en connivencia con el Estado” y que “ahora que tienen que actuar de bancos, están prestando el dinero de manera poco inteligente”.
Es una lectura parecida que el presidente Javier Milei le convalidó a una persona que le consultó días atrás, a quien le recomendó un fragmento dicho por el economista Salvador Di Stefano en La Casa Streaming: “Los bancos pasaron a prestar del 4 % del PBI al 12 %. Si las empresas son más fiables que las familias, ¿por qué no les prestaste a ellas que generan más trabajo y después, a futuro, cuando se recompongan, les prestamos más a las familias?“. Ese razonamiento tuvo el sello de aprobación de la Quinta de Olivos.
La actividad y la dinámica de la economía son asuntos que se han consolidado en la agenda de los principales medios. Los estrategas comunicacionales de la Casa Rosada lo saben, aunque el que salió a hablar por decisión propia fue el mismo Milei. Marcó que los procesos de mejora “no avanzan a la misma velocidad para todos” y pidió paciencia: “El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”.
La vuelta de la advertencia del “Riesgo Kuka” surge en una semana en la que surgieron “trascendidos” de diferentes proyectos presidenciales del centro hacia la derecha que estarían siendo impulsados por sectores políticos y empresarios. Uno de los más resonantes fue el del banquero Jorge Brito. El economista Carlos Melconian habló en público sobre su intención de lanzarse al plano nacional. El pastor evangelista Dante Gebel hizo su publicación más sugestiva en meses trabajando desde Europa con su equipo político, entre ellos el exfundador de La Libertad Avanza, Eugenio Casielles.
Los dos líderes de esos primeros espacios son defenestrados por el propio Milei y su entorno, así como el armador político de Gebel. Ven con sospecha las noticias de estos proyectos presidenciales y las presiones para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sea removido de su cargo. “Si logran voltear a un ministro, demostrarán su poder”, reposteó ayer Milei un tuit redactado por el diputado nacional Alejandro Fargosi. Ese marco es uno de los que hace que el Presidente y Karina Milei no se apresten a remover a Adorni de su cargo.
Al menos tres fuentes del círculo presidencial marcaron a Infobae que ven en este trimestre como el más determinante de cara a las elecciones del año próximo.
“Es una prueba de fuego. Durante estos meses tienen que generarse las condiciones para una buena reactivación”, afirma uno de ellos, mencionando la sostenida compra de reservas que se espera hacia adelante, el tipo de cambio estable y la tasa de interés baja. De darse este escenario, creen que el optimismo podría crecer en agosto y septiembre. Parece faltar mucho recorrido para llegar a esa estación.
La preocupación principal entre varios integrantes que asisten a las reuniones de Gabinete es el funcionamiento de la política interna.
Adorni, en calidad de jefe de la administración del Estado, está disminuido en la consideración de varios libertarios de altísimo rango. En las primeras semanas de los escándalos judiciales y mediáticos, marcaban en el off the record que debía renunciar a su cargo o que el Presidente debía pedir su corrimiento. Ahora se encuentran ante la incómoda situación de que sigue ratificado tanto por Javier como Karina Milei, las dos personas más importantes del Ejecutivo.
“Me operó a más no poder y ahora me pide que esté presente en las reuniones”, dice, resignada, una persona que figuró el lunes en la reunión de Gabinete en Casa Rosada. No es el único caso.
Ante los rumores de posibles desplazamientos, en boca de los funcionarios libertarios hubo dos nombres de ministros que surgieron como los más probables para entrar en su lugar. A uno de ellos se le notó espantado con esa posibilidad: “Es una picadora de carne ese lugar. Si me obligan lo tendré que hacer, pero no me gustaría para nada”. Infobae escuchó la misma opinión de otras dos figuras del Gobierno que habían sido mencionadas durante los días en los que se mencionaban presuntos candidatos para reemplazarlo.
Si a la gran cúpula del Ejecutivo le parece una suerte de cargo de altísimo voltaje, ¿por qué Adorni no podría continuar en el cargo, con la posibilidad de tratar de recuperar su imagen perdida de cara al año próximo? Es una decisión que Milei está dispuesto a tomar. Por lo pronto, Adorni viajará esta semana con Karina a Vaca Muerta y cuando Milei se vaya a Israel en una semana buscará comunicar que dejará al jefe de Gabinete en el país para que se haga cargo de la administración libertaria. Eso sí, cerca de Milei ya dicen que en las próximas semanas, “el vocero de la gestión va a ser el Presidente”.
La pregunta que se hacen en más de un despacho del Gobierno es cuánto más está dispuesto a avanzar el tándem del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
“Nos están dando una señal, porque no es normal un avance así de rápido. Tampoco nos sorprende”, afirman fuentes judiciales del Ejecutivo. La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia no gustó en algunos sectores de Comodoro Py porque consideraban un hecho que allí iba a desembarcar Guillermo Montenegro, de estrechísimo vínculo con Lijo.
El karinismo mira con atención esta cuestión porque en los tribunales federales de la Capital Federal también se halla la Causa Libra. Casualidad o no, la esposa del juez que lleva ese expediente, Marcelo Martínez de Giorgi, fue elegida por Mahiques para cubrir el Juzgado Federal de Hurlingham. Hubo gestos a otros importantes miembros de la familia judicial. Si los cálculos de los operadores judiciales libertarios no fallan, la avanzada de un sector de la Justicia Federal podría mermar con el pasar de los meses. “Aun así, no hay ser humano que pueda asegurar impunidad en Comodoro Py. Es un organismo vivo con sus propias lógicas y cada cual juega su juego”, avisa una fuente judicial ligada al Gobierno.
Hay 14 pliegos que interesan mucho en el Gobierno y que están en manos de la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura. Cuatro juzgados, cuatro vacantes en Casación y seis lugares en el Tribunal Oral Federal. Ninguno de estos procesos se verá modificado por el proyecto que impulsan los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ya que su propia iniciativa para modificar el esquema de selección de los magistrados fue presentada con posterioridad.
Los dos cortesanos habían pedido que su propio proyecto fuera aprobado “a libro cerrado”. Aquello no convencía al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que pese a no integrar la Comisión de Selección, fue el jueves a una reunión para calmar a algunos cnosejeros que amenazaban con voltear la iniciativa de la Corte y, además, proponer que los contratos del Poder Judicial pasara a ser determinado por el Consejo.
Uno de los que tomó la palabra en ese encuentro fue el representante del Poder Ejecutivo, el secretario de Justicia, Santiago Viola, que dijo que no había motivo para tratar de manera apresurada esa cuestión. El jueves a las 12.30 horas tiene agendado un encuentro tanto con Rosenkrantz como Lorenzetti. Seguramente allí les diga que el reglamento que proponen necesita modificaciones y que hacer algo a libro cerrado no tiene posibilidades reales, como ya se lo ha adelantado a su círculo íntimo.
La nueva mesa judicial que responde de manera directa a Karina Milei vio con atención una reunión que mantuvieron el asesor presidencial Santiago Caputo; el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; y el juez federal Mariano Borinsky en el despacho que el asesor presidencial tiene en el primer piso de la Casa Rosada.
Uno de los presentes marcó que se habló sobre la modificación integral del Código Penal que el magistrado había liderado en su redacción con una mesa de especialistas. Mahiques, en tanto, optó por dividir la reforma en dos: una más pequeña que se trate en las próximas semanas con algunas tipificaciones y otra más amplia que termine de implementar cambios más abarcativos. “Corremos el riesgo de que la implementación sea incorrecta y se arribe a algo parecido a lo que ocurrió con la Ley Blumberg”, afirmó una fuente a Infobae. Otra altísima fuente desmintió que esto haya sido tema de conversación.
¿Está la intención de ciertos sectores del Gobierno de promocionar a figuras encumbradas de la Justicia para la Corte Suprema y la Procuración General? Es una de las consultas que se hacían en el entorno de la hermana, que recuerdan las visitas de Montenegro por la Casa Rosada cuando se lo mencionaba como un probable postulante para el Ministerio de Justicia. En el entorno de Santiago Caputo afirmaron que la voluntad del Presidente era clara: “No se van a negociar cargos judiciales que impliquen dos tercios de la Cámara”. Es decir, los dos cortesanos y el Procurador.
La política judicial sirve para traspolar cómo funciona la interna entre karinistas y caputistas sobre otras decisiones del Gobierno. Esto preocupa sobremanera a otros integrantes del Gobierno que no pertenecen explícitamente a ninguno de los dos bandos. “Es algo que le quita inercia a la gestión y se perpetúa”, afirma un responsable de una cartera ministerial. Que se haya agregado la situación del jefe de Gabinete tampoco ayuda a que se asiente una dinámica que deje a todos cómodos.
Aun así, habrá que estar atentos. Hay una fuente de cercanía absoluta con el Presidente que augura que uno de sus pares “va camino al degüello”. Si es cierto, se tratará de una novedad total en el Gobierno. Caso contrario, una nueva señal de que el oficialismo convive con un clima imposible que nadie estuvo dispuesto a solucionar. Ni siquiera con números de aprobación de la gestión que se encuentran en niveles históricamente bajos para la gestión mileista.
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POLITICA
Duro discurso de la CGT en la conferencia de la OIT: denunció al Gobierno por la “aniquilación” de los derechos laborales
El cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros) denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) graves violaciones a los derechos laborales por parte del gobierno de Javier Milei, en una presentación en la que advirtió sobre una “destrucción sistemática” del modelo democrático de relaciones laborales en el país.
“En la ausencia de control estatal promovida por el Gobierno se plasma la aniquilación de los derechos laborales -dijo el sindicalista-. Esto no es “modernización laboral”, es precarización del trabajo».
En el discurso ante la conferencia anual de la OIT, en Ginebra, Suiza, que brindó en representación de la CGT y de las dos CTA, Sola criticó en duros términos la “demolición” de décadas de consensos sociales, “todo bajo una premisa inaceptable: que la protección del trabajador es un obstáculo para la economía”.
La denuncia del sindicalismo argentino sostuvo que lo que ocurre en el país “no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios”, sino “el desmantelamiento sistemático” de la administración oficial de las relaciones laborales, contrario a los convenios internacionales a los que adhirió la Argentina.
Uno de los ejes exclusivos del texto fue la acusación directa al propio Javier Milei de una voluntad explícita de “destruir al Estado”, citando su declaración de verse a sí mismo como un “topo” encargado de destruirlo “desde adentro” y de considerar “la justicia social como una aberración, como el cáncer de la Argentina”.
El discurso efectuado ante la OIT apuntó especialmente a la violación del Convenio 150, que establece los parámetros para la administración del trabajo y exige estructuras estatales con legitimidad social, autonomía y recursos suficientes. Para la CGT y las dos CTA, la transformación del Ministerio de Trabajo en una Secretaría fue la “primera señal inequívoca” de la orientación oficial: “No es sólo una cuestión de organigrama, es una degradación funcional profunda”, señalaron, agregando que al diluir la cartera entre áreas tan dispares como salud y educación, “se ha diluido su capacidad de influencia y coordinación”.
La reducción de estructuras estatales, el despido de personal especializado y la “liquidación de capacidad técnica operativa acumulada durante años”, forman parte según los sindicatos del mismo proceso de debilitamiento. Se denunció que, a partir de la reforma de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público (Ley 25.164), los empleados estables del Estado pueden ser cesados “a criterio discrecional” si se considera que existe un “exceso en la dotación óptima”: “Estamos ante la legalización de la inestabilidad en el corazón del Estado”, dijo Sola durante su discurso.
El otro gran eje señalado es el modo en que el Ejecutivo, según los gremios, desplazó el diálogo social y parlamentario para “imponer unilateralmente una agenda de reformas regresivas”. Según la exposición sindical, el DNU 70/23 representó una de las transformaciones laborales más profundas desde el retorno democrático y fue la antesala de las leyes de Bases y Modernización Laboral (Leyes 27.742 y 27.802). Agrega que estas normas, que los sindicatos califican de “paradigma flexibilizador”, fueron diseñadas e impulsadas sin consulta ni diálogo genuino con los actores sociales. Se argumenta que esto contradice los principios del Convenio 144, basado en la participación tripartita (Estado, empleadores y trabajadores).
En ese sentido, la intervención gremial destaca la respuesta de la propia Comisión de Expertos de la OIT, que fue “clara: las reformas de gran impacto deben desarrollarse mediante procesos genuinos de consulta con las organizaciones representativas”. A diferencia de ese principio, sostienen que en la Argentina “el tripartismo ha sido reemplazado por la imposición”.
Sola denunció “un patrón sistemático de ataques legales y administrativos a los sindicatos y profesionales del Estado”. Un caso que mencionó fue la publicación del decreto del Poder Ejecutivo que reglamentó la reforma laboral el mismo día de inicio de la conferencia de la OIT, lo que interpretó como una muestra de “hostilidad” del Gobierno, con “excesos reglamentarios y violaciones a la Constitución Nacional, vulnerando nuevamente el convenio 150”.
Además, cuestionó la aplicación de “sumarios administrativos, multas millonarias a gremios como La Fraternidad y UTA por ejercer el derecho de huelga» y mencionó el caso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyas elecciones fueron anuladas por la Justicia, que nombró un interventor al frente del gremio.
En el plano del control estatal, se denunció la “aniquilación” del sistema de inspección del trabajo, citando a los informes de la OIT sobre la “insuficiencia crítica de inspectores”, en especial en el sector agrícola, donde “la fiscalización es casi inexistente, dejando a los trabajadores rurales en un vacío de control absoluto”.
La presentación de Sola fue más allá del área laboral y enumeró “el desmantelamiento de áreas clave para el entramado social productivo”. En ese sentido, el dirigente destacó la reducción del 29% de empleados del Estado nacional centralizado desde 2023 hasta febrero de 2026, aclarando que el mayor impacto recae en organismos clave para la protección social.
Enseguida ejemplificó la situación en distintos sectores. En el CONICET, principal organismo científico, dijo que se denunciaron “más de 4000 puestos de trabajo perdidos” y la suspensión de ingresos de investigadores, lo que paraliza su funcionamiento. La interrupción de la inversión en obra pública y la afectación de organismos tecnológicos como el INTI y el INTA también forman parte del cuadro, con “cientos de técnicos” puestos a disponibilidad y la “desarticulación” de programas industriales y agropecuarios.
La degradación del antiguo Ministerio de Desarrollo Social, el despido masivo de personal en la Secretaría de Derechos Humanos (44% de la plantilla), la eliminación del Ministerio de la Mujer (con el 85% del personal desafectado) y el “desfinanciamiento crítico” de la universidad pública —que, según Sola, implicó pérdidas salariales de más del 40% para el sector universitario— fueron otras aristas del diagnóstico sindical.
En materia previsional y de protección de personas con discapacidad, el cotitular de la CGT también advirtió sobre un “deterioro deliberado” de los sistemas de cobertura, la “no actualización” de haberes y el desfinanciamiento de las prestaciones clave.
Sola denunció, además, la “política de criminalización del conflicto social” por parte del Ministerio de Seguridad, señalando la resolución 943/2023 y el uso de balas de goma y gases lacrimógenos durante protestas. Planteó que esta conducta implica una “clara violación a la libertad sindical y el derecho de huelga” reconocidos internacionalmente en el Convenio 87 de la OIT.
Para Sola, mientras que desde el Gobierno no haya una “rectificación inmediata del rumbo y no se restablezca el diálogo social auténtico”, las organizaciones sindicales recurrirán “a todas las instancias de denuncia por incumplimiento de los convenios 87 y 98”, tras lo cual dijo que “la defensa de la dignidad laboral es una causa irrenunciable que sostendrán en la calle y ante organismos internacionales”.
Por su parte, en representación de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel (CTERA) denunció el deterioro de la institucionalidad laboral y afirmó que “cuando un país reduce sus estructuras de inspección, debilita su autoridad laboral, elimina espacios de diálogo social, restringe la negociación colectiva y limita el derecho de huelga, no estamos frente a una simple reorganización administrativa, sino frente a un proceso de debilitamiento de las capacidades estatales destinadas a garantizar el trabajo decente y los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Durante su intervención, Baradel reclamó que la OIT inste al gobierno argentino a adoptar medidas urgentes para fortalecer la administración e inspección del trabajo, restablecer el diálogo social tripartito y garantizar el funcionamiento efectivo del Consejo del Salario, en cumplimiento de los Convenios 81, 129 y 150. “La justicia social no es una aberración como sostiene el presidente de la Argentina; es una condición necesaria para garantizar la paz y el bienestar general. Las centrales sindicales la vamos a defender en esta casa, en la calle, con la huelga y con la unidad y la lucha de la clase trabajadora”, sostuvo.
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POLITICA
El Gobierno echó a Ricardo Echegaray de ARCA tras ser condenado por administración fraudulenta
El gobierno de Javier Milei determinó este jeuves el cese de acciones de Ricardo Echegaray en la Aduana, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de que el funcionario fuera condenado por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Según el documento al que pudo acceder , Etchegaray fue notificado este jueves a través de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIM).
El organismo especializado en la investigación de hechos de corrupción y control de integridad en el Estado dispuso así la desvinculación del extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Cristina Kirchner y que llevaba más de 30 años dentro de la administración pública.
La condena
La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado el 5 de marzo último la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de favorecer a Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, rechazaron de manera unánime el recurso interpuesto por la defensa de Echegaray y dejaron firme la condena.
El exfuncionario había sido sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.
La Justicia lo encontró autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada, cometida en perjuicio de la administración pública.
La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta violación a la garantía de imparcialidad por parte de los magistrados del tribunal oral.
El pasado marzo, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de favorecer a la empresa petrolera argentina Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.
El juicio
Los entonces accionistas de la compañía Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron absueltos en ese proceso. El fallo permanece en estudio de la Corte Suprema de Justicia y el organismo ya indicó, en una sentencia anterior, que se debe revisar esa decisión.
El exfuncionario fue sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública. La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta “violación a la garantía de imparcialidad” por parte de los magistrados del tribunal oral y asegurar que habían valorado de forma doble su cargo como máxima autoridad de la AFIP para agravar la pena.
Al haber quedado firme la condena, el único camino que le queda al ahora exfuncionario para evitar cumplir la pena de prisión es acudir a la Corte Suprema de Justicia y solicitar un recurso extraordinario o una queja. En el caso de que ambos sean rechazados, deberá ir a la cárcel.
Noticia en desarrollo
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POLITICA
“Los héroes del Garrahan”: el Gobierno difundió un documental y apuntó contra los gremios por los paros
La Casa Rosada difundió este jueves un documental titulado “Los héroes del Garrahan”, una producción audiovisual de casi 15 minutos en la que el Gobierno reconstruye, desde su punto de vista, el conflicto gremial que atravesó el Hospital Garrahan durante 2025 y reivindica a los trabajadores y autoridades que, según sostiene, garantizaron el funcionamiento del principal centro pediátrico del país durante las más de 40 medidas de fuerza realizadas a lo largo de ese año.
La presentación se realizó a través de un mensaje publicado en la cuenta oficial de la Casa Rosada en la red social X. “40 paros. Cientos de héroes. Miles de niños salvados. La verdadera historia de quienes nunca dejaron de trabajar para sostener el funcionamiento del principal hospital pediátrico de la Argentina”, expresó el Gobierno al difundir el material.
El documental fue coordinado por Presidencia de la Nación y el Ministerio de Salud y reúne testimonios de integrantes del Consejo de Administración y de trabajadores de distintas áreas del hospital que se manifestaron en desacuerdo con las modalidades de protesta impulsadas durante el conflicto. Son esas personas a las que la producción identifica como los “héroes” del Garrahan.
Según la posición oficial expuesta en el documental, el conflicto comenzó con reclamos salariales impulsados por el personal de salud, especialmente por los médicos residentes, pero luego derivó hacia otras demandas. Desde el Ministerio de Salud sostuvieron que “al comienzo del año electoral, la demanda de los gremios era por el salario del personal de salud” y que posteriormente “algo que comenzó como un reclamo genuino terminó en denuncias de vaciamiento y una sanción de una ley de emergencia pediátrica, para una emergencia que no existía”.
Una de las voces centrales de la producción es la del director médico del hospital, Mariano Pirozzo, quien asumió el cargo en julio del año pasado por decisión de la cartera sanitaria, en medio de la escalada del conflicto. El documental presenta el proceso desde la perspectiva de las autoridades y de trabajadores que continuaron desempeñando sus funciones durante las protestas.
La producción también recopila imágenes de archivo de las distintas acciones gremiales desarrolladas a lo largo de 2025. De acuerdo con las cifras difundidas por el Gobierno, se registraron más de 40 medidas entre paros parciales, huelgas de 24, 48 y 72 horas, abrazos simbólicos, ruidazos, festivales frente al hospital, radios abiertas, movilizaciones al Ministerio de Salud, al Congreso y a Plaza de Mayo, además de asambleas permanentes.
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En el relato oficial, gremios, partidos políticos y medios de comunicación aparecen como actores que contribuyeron a profundizar el conflicto y a poner en riesgo el normal funcionamiento del establecimiento.
El documental identifica como uno de los episodios más graves la ocupación de la oficina de la Dirección Médica del hospital ocurrida el 31 de octubre de 2025. Según se señala en la producción, ese hecho se produjo después de que el Poder Ejecutivo otorgara un incremento salarial del 61% para todo el personal. Para las autoridades nacionales, ese episodio constituyó una muestra de que el conflicto ya no respondía exclusivamente a reclamos económicos.
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A lo largo del material audiovisual, el Gobierno contrapone esas escenas de tensión con la gestión implementada posteriormente en el hospital. El documental destaca criterios vinculados con la eficiencia operativa, la planificación y la racionalización del gasto como ejes de la administración impulsada por las autoridades nacionales.
La difusión de “Los héroes del Garrahan” se produjo en medio de una nueva controversia con los sindicatos que representan a trabajadores del establecimiento. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocaron para este jueves a una conferencia de prensa y a un acto frente al hospital para rechazar el contenido del documental.
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Desde los gremios cuestionaron la visión presentada por el Gobierno y sostuvieron que las medidas de fuerza del año pasado estuvieron motivadas por la situación salarial del personal. “El reclamo de 2025 surgió de las entrañas del hospital. Quienes garantizaron los procedimientos más complejos también hicieron paro. Es que esos procedimientos dependen de un complejo engranaje de oficios y profesiones que salió a la lucha porque no se aguantaba más el desastre salarial”, afirmó Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan.
Las organizaciones sindicales también sostienen que persisten problemas vinculados al presupuesto, la dotación de personal y sanciones que consideran arbitrarias. Además, denuncian persecución política contra trabajadores que participaron de las medidas de fuerza realizadas durante el conflicto.
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