POLITICA
Interna en la Embajada argentina en España: un funcionario dijo que le quitaron la oficina y lanzó fuertes acusaciones
La Embajada argentina en España quedó envuelta en un conflicto interno que combina decisiones administrativas, diferencias de criterio en la gestión y un trasfondo político que terminó por escalar la tensión entre dos de sus principales funcionarios. El episodio que hizo visible la disputa fue la decisión del embajador Wenceslao Bunge Saravia de retirarle el despacho dentro de la sede diplomática al agregado para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, Alejandro Nimo, quien además posee rango de consejero de Embajada y cónsul general.
La medida, según pudo confirmar Infobae, se concretó en las oficinas que la Argentina alquila en la calle Fernando El Santo 15, en el barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Desde ese edificio, donde trabajan más de 40 empleados, se articula la representación diplomática, consular y comercial del país ante España, con un foco particular en la atracción de inversiones y el fortalecimiento del vínculo bilateral.
Pero en la Embajada, según pudo confirmar Infobae, ese semana se transmitió por un memo interno enviado por correo electrónico oficial a todo el personal, que la estructura iba a reducirse, debido a que no se renovaría el alquiler de un piso donde funcionaba el Consulado General.
Por ese achique, y de acuerdo a esa comunicación, las oficinas administrativas iban a ser redistribuidas entre las que tenían asignadas el personal. Las autoridades administrativas de la representación diplomática argentina explicaron, entonces, que iba a procederse a una mudanza y a reubicar y compartir las oficinas entre el personal.
Sin embargo, lo que en términos formales puede ser leído como una reconfiguración interna de espacios y funciones derivó rápidamente en un conflicto de mayor alcance cuando Nimo decidió hacer pública la situación a través de su cuenta en la red social X. Allí denunció que había sufrido el desalojo dentro de la embajada y aclaró que no se trataba de un desplazamiento del cargo, sino de la quita del despacho desde el cual desarrollaba su actividad.
“Quiero aclarar que no se trata de que me hayan desplazado del cargo, sino que simplemente, por decisión del embajador Bunge, me han quitado el despacho en la que trabajaba y atendía a los empresarios que invierten en Argentina”, escribió. En ese mismo mensaje, sostuvo que ese espacio “se había convertido en un símbolo y un sitio de convergencia” de quienes apoyan las ideas del presidente Javier Milei en España.
El posteo avanzó más allá de la descripción del hecho y planteó una interpretación política de la decisión. Nimo señaló que en su despacho había un cuadro con la imagen del Presidente, además de otros elementos vinculados a lo que definió como la “batalla cultural”, y sugirió que ese perfil generaba incomodidad dentro de la estructura diplomática. En ese contexto, hizo referencia a sectores que identificó como parte de la “casta diplomática” y cuestionó el alineamiento del embajador con las premisas del gobierno.
“Me preocupa su falta de compromiso con el achicamiento del Estado y el cumplimiento de las premisas de responsabilidad fiscal que pregona nuestro Presidente”, afirmó. También indicó que había intentado acercarle propuestas para reducir el gasto de la embajada, sin éxito. “Deshacerse de mi oficina no fue deshacerse de mí. Fue deshacerse de un símbolo”, agregó, en un mensaje que combinó la denuncia operativa con una impugnación política.
La reacción pública de Nimo convirtió un episodio interno en un conflicto expuesto, con derivaciones que exceden lo estrictamente administrativo. Sin embargo, según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes con conocimiento de la situación, la decisión del embajador se inscribe en una tensión previa que venía acumulándose desde hace meses.
Nimo, identificado con el ideario libertario y discípulo del economista español Jesús Huerta de Soto, había desarrollado en Madrid una agenda propia de reuniones con empresarios y actores del sector privado, con el objetivo de promover inversiones hacia la Argentina. En ese marco, mantuvo contactos con compañías del sector alimentario y ferroviario, con promesas de canalización de capitales en línea con el programa económico del gobierno, por más de 2.500 millones de euros.
Esa actividad, sin embargo, se desplegó en paralelo a la agenda institucional de la embajada, lo que generó fricciones en el funcionamiento interno. La superposición de interlocutores y la autonomía en la gestión de reuniones y compromisos comenzaron a marcar diferencias en la forma de encarar la promoción económica desde la representación argentina en España.
El punto que terminó de escalar el conflicto fue, según la versión que trascendió, sería una entrevista que Nimo concedió recientemente a un influencer en redes sociales. En ese diálogo, defendió la política de austeridad fiscal del gobierno argentino, reivindicó la “batalla cultural” contra el socialismo y formuló críticas al gobierno de Pedro Sánchez.
Esa intervención, de acuerdo con esa reconstrucción, elevó el nivel de tensión dentro de la embajada y actuó como catalizador de una decisión que ya se venía evaluando. En el plano diplomático, las expresiones públicas de funcionarios sobre la política interna del país anfitrión suelen ser un factor sensible, especialmente cuando se producen desde posiciones con representación oficial.
La figura de Bunge Saravia permite entender el encuadre desde el cual se tomó la decisión. Con una extensa trayectoria en el sistema financiero internacional —incluyendo casi tres décadas en Credit Suisse y posiciones de liderazgo en la firma Jones Lang LaSalle—, el embajador llegó a Madrid con un perfil técnico y un mandato centrado en la atracción de inversiones, la expansión del comercio bilateral y la articulación con el sector empresarial.
Antes de asumir en España, desarrolló su carrera en plazas como Nueva York, San Pablo y Londres, ocupando cargos vinculados a banca de inversión y mercados de capitales. Esa experiencia fue presentada como un activo para una gestión orientada a resultados concretos en materia económica, en línea con las prioridades del gobierno argentino.
En ese esquema, la coordinación institucional y la centralización de la interlocución con inversores aparecen como elementos relevantes. La coexistencia de esa lógica con una agenda paralela, de fuerte impronta política y exposición pública, configuró un escenario de fricción que terminó de materializarse en la reconfiguración del espacio de trabajo dentro de la embajada.
En paralelo al conflicto, Nimo avanzó en una redefinición de su dinámica operativa. Según pudo saber este medio, alquiló una oficina propia en el barrio de Chamberí, también en Madrid, desde donde prevé continuar con su actividad vinculada a la promoción de inversiones. En ese mismo sentido, transmitió en reserva que no tiene previsto volver a trabajar desde la sede diplomática.
Ese movimiento introduce un elemento adicional en la situación: aunque formalmente mantiene su cargo dentro de la estructura estatal, su funcionamiento se desplaza hacia un esquema externo a la embajada, lo que abre interrogantes sobre la articulación institucional de sus funciones y el modo en que se canalizarán eventuales gestiones con empresas e inversores.
La embajada en España ocupa un lugar estratégico dentro del esquema de relaciones internacionales de la Argentina. España es uno de los principales socios comerciales en Europa y un origen relevante de inversiones en sectores clave de la economía. En ese contexto, la representación diplomática tiene un rol central en la articulación con el sector privado y en la promoción de oportunidades de negocio.
La disputa entre Bunge Saravia y Nimo deja expuestas dos aproximaciones distintas a esa tarea. Por un lado, una lógica institucional, centrada en la coordinación y en la gestión ordenada de la agenda económica. Por otro, una estrategia con mayor énfasis en la proyección política e ideológica, que busca amplificar en el exterior las definiciones del gobierno en materia de discurso y posicionamiento.
Por ahora, el conflicto no derivó en cambios formales en la estructura de la embajada ni en la situación laboral de los funcionarios involucrados. Nimo continúa en su cargo, aunque con una modalidad de trabajo diferente, mientras que la Cancillería sigue de cerca la evolución del caso.
El desenlace dependerá de la capacidad de reencauzar la relación dentro de parámetros institucionales o, eventualmente, de una decisión política que redefina roles y funciones en una de las sedes diplomáticas más relevantes para la estrategia económica del gobierno argentino. En el corto plazo, el episodio ya dejó una señal clara: la interna en la embajada en Madrid trascendió los despachos y se convirtió en un conflicto con exposición pública y derivaciones políticas.
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POLITICA
AFAgate: fracasó la maniobra para llevar todo a un juzgado “amigable” y la investigación se reactiva en pleno Mundial
Al menos doce jueces y seis fiscales intervinieron en los últimos seis meses a raíz de la maniobra ideada por los abogados de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para diluir el escándalo. El objetivo fue concentrar todas las pruebas en un juez “amigable”, que nunca avanzó en imputaciones concretas y hasta anuló una prueba sensible contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino. La causa por la mansión de Pilar se convirtió en una esponja que iba absorbiendo otros expedientes. En el medio se perdieron seis meses.
“Lograron planchar todo hasta el Mundial, para ellos es una derrota a medias”, razona uno de los abogados que siguió la batalla desde el primer día. A 24 horas del arranque de la Copa del Mundo, un tribunal puso las cosas en su lugar: la causa finalmente volverá al fuero Penal Económico. El fallo despeja cualquier especulación: el traspaso se debería hacer de “manera urgente”. Y la investigación quedará a cargo de la jueza María Verónica Straccia, con buenos antecedentes. Sin duda, es una mala noticia para los jerarcas de la AFA.
La jugada había arrancado el 29 de diciembre, apenas unas horas después de que reveló la maniobra para desviar los fondos de la AFA en el exterior a través de la empresa TourProdEnter, con sede en Miami. El 30, último día hábil del año, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, pidió correr al juez Marcelo Aguinsky, que venía avanzado con medidas de prueba. Para ese entonces, la mansión de los lujos ya había sido allanada.
González Charvay avanzó pese a la opinión de un fiscal que le decía lo contrario. ¿Por qué tanta premura? El objetivo era que la instancia de revisión sea la Cámara Federal de San Martín. La maniobra tuvo que sortear otro obstáculo: le cayó a un camarista de feria y tuvieron que esperar el final de las vacaciones de otro juez “amigable”, Alberto Lugones, un aliado histórico del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura. El camarista les dio la razón a los abogados de los presuntos testaferros de Toviggino y mandó la causa a Campana.
A partir de ese momento comenzó la segunda fase de la maniobra. En silencio, Charvay anexó otras causas sensibles que rozaban los intereses de la AFA. El primer trofeo fue una causa que tenía el juez federal Luis Armella, que allanó la causa del empresario Javier Faroni y las sedes de la AFA. De esa manera se consiguieron los contratos con la empresa TourProdEnter que le permitieron recolectar al menos 30% de los ingresos de la AFA en el exterior, casi sin controles. El primero, en 2021, y luego una renovación, muy sospechosa, en octubre de 2025, cuando el vínculo todavía tenía un año más de vigencia.
El juez de Campana también absorbió la causa de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón pidió las detenciones de Tapia y Toviggino y analizó en profundidad el entramado de sociedades del tesorero de la AFA. Fue corrido de un plumazo con la ayuda de un juez federal de esa provincia, muy cercano al exgobernador Gerardo Zamora.
El plan de los abogados que deambulan alrededor de los jefes de la AFA tuvo algunos contratiempos. Charvay no pudo anexar la causa que llevan adelante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en el fuero penal ordinario. En ese expediente están todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos. Son más de 3000 páginas con decenas de transferencias autorizadas por Faroni y su mujer, Erica Gillette, que siguen viajando por el Mundo como si nada hubiera pasado. detectó que la maniobra superaría los US$57 millones, con 10 empresas fantasma involucradas. Casi todas creadas por ciudadanos argentinos que viajaron hasta Miami y prestaron su identidad. Por esa defraudación millonaria, el supuesto delito precedente del lavado de dinero que se investiga en la causa de la mansión, todavía nadie fue citado a declarar.
En estos seis meses, el juez de Campana ordenó pericias contables -una medida habitual para ganar tiempo- pero nunca avanzó sobre los jefes de la AFA. Sin embargo, fue muy expeditivo para anular como prueba un pendrive con el contenido del celular de Juan Pablo Beacon, exmano derecha de Toviggino. De ese teléfono brotaron chats, documentos y hasta videos con fajos de dólares.
De repente, Beacon se llamó a silencio. ¿Arregló con sus expatrones o está colaborando con los fiscales de Estados Unidos?
La Cámara fue contundente al momento de evaluar el desempeño de Charvay. “Hasta el momento no se ha avanzado en orden a la situación procesal de imputado alguno, ni se han dispuesto actos procesales que determinen una situación de avance trascendente del proceso”, dijeron este viernes los dos camaristas de Penal Económico que vieron con buenos ojos la decisión del Gobierno de frenar los pliegos de Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway para completar el tribunal. El argumento, al menos el que trascendió, fue que los candidatos tenían vínculos con Tapia y Toviggino.
Ese mismo tribunal debe confirmar o revocar el procesamiento del juez Diego Amarante en la causa por evasión. “Hay vasos comunicantes con referentes del oficialismo”, reconocen en Tribunales cuando se pregunta por los dos camaristas. Esos puentes no necesariamente tienen despacho en la Casa Rosada. Las mismas fuentes, sin embargo, reconocen que el Gobierno dejó de intervenir activamente en el escándalo de la AFA desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.
Por la maniobra desplegada por la AFA la causa deambuló por el juez Daniel Rafecas, el juez Marcelo Aguinsky, la Cámara Federal (en Comodoro Py), la de San Martín, la Cámara de Casación, la de Penal Económico, y todos los fiscales de esas instancias. La cuenta llega a doce jueces y al menos seis fiscales. Solo faltó la Corte Suprema. A eso se suman al menos seis causas que tramitan en forma paralela en otros juzgados.
El apartamiento de Charvay no sorprendió en Tribunales. El argumento formal para el cambio de jurisdicción fue que la empresa Real Central, supuesta dueña de la mansión valuada en US$ 17 millones, tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires. También en ese distrito se hizo, en 2024, la última escritura. “Lo trascendente no puede ser la localización del bien en cuestión, sino el lugar en el cual se habría llevado a cabo la maniobra vinculada con la adquisición”, explicaron los camaristas.
El juez de Campana fue notificado el mismo viernes y este martes debería entregar todo el paquete de causas y los legajos anexos. Los abogados de Tapia y Toviggino seguirán batallando en la Cámara de Casación, cada vez con menos chances.
Con el cambio de juzgado, el tercero desde que empezó el escándalo, se abren varios interrogantes. ¿La jueza Straccia asumirá la investigación o la delegará en el fiscal Claudio Navas Rial, el mismo que intervino en la causa por evasión? ¿Qué pasará con las otras causas que se habían anexado, como la que tramitaba en Santiago del Estero? El fiscal Simón espera una señal para retomar la investigación.
Los más escépticos afirman que la maniobra para dilatar la causa fue efectiva. “Por más impulso que tenga ahora, ya se borraron decenas de pruebas, ningún teléfono o computadora sirve seis meses después”, se lamentó uno de los abogados que siguen de cerca la trama. Lo único que está intacto son las pruebas que aportaron cinco bancos de Estados Unidos. Hay decenas de transferencias y receptores identificados.
En los tribunales de Inmigrantes, a la vuelta de Comodoro Py, destacan por estas horas los antecedentes de Straccia. “Es incorruptible y con buenos antecedentes técnicos”, aseguran. Pero advierten otro problema: está a cargo del juzgado 10 hasta fin de año. De cualquier manera, todas las fuentes consultadas admiten que ya arrancó otra historia.
Todo ocurre en pleno Mundial, con Tapia en Estados Unidos, más atento a los movimientos de tres fiscales locales. Su segundo en la AFA, por ahora, no pidió autorización para subirse al avión.
la causa finalmente volverá al fuero Penal Económico,reveló la maniobra para desviar los fondos de la AFA en el exterior a través de la empresa TourProdEnter,cuando el vínculo todavía tenía un año más de vigencia.,analizó en profundidad el entramado de sociedades del tesorero de la AFA,En ese expediente están todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos.,Nicolás Pizzi,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Pablo Toviggino,Conforme a,AFA,,Entrevista. Es el psicólogo de la AFA y reveló cuál es la clave de un seleccionado para salir campeón del mundo,,“No sé si es su último Mundial”. La sorpresiva declaración de Chiqui Tapia sobre el futuro de Messi,,Antes del Mundial. La AFA consiguió una cautelar y trabó en la Justicia la investigación sobre sus balances
Los cálculos electorales ni esperaron a que finalice el Mundial de Fútbol. En la misma semana que empezó a rodar la pelota en Estados Unidos, el gobernador Osvaldo Jaldo se anticipó a otros mandatarios provinciales y confirmó que Tucumán desdoblará las elecciones locales en 2027.
En una foto con un fuerte condimento político, Jaldo reunió a su tropa en un almuerzo en El Cadillal para anunciar que la fórmula junto al vicegobernador Miguel Acevedo volverá a presentarse por la reelección y competirá en una fecha distinta a los comicios presidenciales nacionales.
“No hemos convocado todavía, pero estamos conversando con las estructuras partidarias que el Consejo Provincial, como así también el Congreso de nuestro espacio político, de respetar las fechas de las elecciones que se han venido realizando en el año 19 y en el año 23″, aseguró el mandatario.
Desde el oficialismo evalúan que los comicios serían entre mayo y junio, anticipándose así al calendario nacional. Pero falta aún el decreto de convocatoria electoral.
La puesta en escena ocurrió el miércoles pasado, con una congregación de más de 30 legisladores del oficialismo, intendentes y referentes de espacios aliados, en una postal de unidad para el peronismo provincial. Jaldo instó a la tropa peronista a consolidar la fuerza política en cada sección electoral y remarcó la importancia de articular lo institucional con lo electoral.
“El año que viene es netamente electoral. Les pedimos a los legisladores que tienen estructura y acompañamiento en cada sección electoral que vayamos consolidando y unificando la fuerza, complementando lo institucional con lo político electoral”, señaló.
Entre los asistentes se destacó la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, quien evocó el trabajo territorial durante la pandemia como núcleo de la identidad partidaria. “Tenemos un gobierno nacional que le da la espalda a los municipios y a la provincia”, sostuvo, y agregó: “La Nación no tiene obra. El esfuerzo que estamos haciendo es muy grande.”
Unidad incompleta y tensiones internas
La confirmación de la fórmula se produce en un contexto de tensión dentro del Partido Justicialista provincial. Hace días, Jaldo promovió cambios en la representación legal del PJ, desplazando a Ana Escobedo —cercana a Acevedo— e incorporando a Pedro Cruz, vinculado a Sergio Mansilla, presidente subrogante de la Legislatura.
Frente a este escenario, Acevedo subrayó la necesidad de unidad: “No basta hoy con estar juntos, sino que tenemos que estar unidos”, y llamó a priorizar el interés colectivo sobre las diferencias internas.
El vicegobernador también advirtió sobre el panorama nacional, asegurando que Tucumán debe mantener la cohesión para no verse afectada por políticas que, según su visión, debilitan el Estado.
El ministro del Interior, Darío Monteros, destacó que la Legislatura tucumana es la de mayor presencia peronista a nivel nacional, con quórum y mayoría propios. Sin embargo, la imagen de unidad no fue completa: estuvieron ausentes los legisladores Hugo Ledesma y Gabriel Yedlin, referentes de una línea interna disidente, así como los diputados nacionales Pablo Yedlin y Carlos Cisneros. La ausencia más notoria fue la del exgobernador Juan Manzur, quien históricamente ocupó un rol central en el peronismo tucumano y hoy se encuentra distanciado del armado liderado por Jaldo.
Durante el acto, Jaldo repasó su gestión de dos años y ocho meses al frente de la provincia. Ante la dirigencia, les pidió “la responsabilidad de seguir organizándonos para las elecciones provinciales del año próximo y para las nacionales de 2027”.
Lo cierto es que el oficialismo ya activó formalmente el operativo para adelantar las elecciones locales. Este martes, representantes del partido Juntos Podemos -aliado a Jaldo- presentó una acción de amparo en contra de la Provincia con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de dos artículos que ponen límites al adelantamiento de los comicios.
El recurso de amparo contra la Provincia solicita la inconstitucionalidad de los artículos 43 (inciso 6) y 100 de la Constitución de Tucumán, que fijan que el acto electoral se celebre solo dos meses antes del vencimiento de los mandatos de las autoridades en ejercicio.
El planteo recayó en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, donde el oficialismo apunta a repetir los precedentes judiciales de los años 2018 y 2022 que validaron el adelantamiento institucional de los comicios para esquivar la superposición temporal con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el ámbito nacional.
POLITICA
Un financista investigado en el caso del SIRA involucró a Alberto Fernández: “Estaba al tanto de todo”
El financista Francisco Hauque, investigado en la causa por el SIRA, sostuvo que el expresidente Alberto Fernández estaba “al tanto” de las maniobras para acelerar los tiempos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), una causa que se investiga en la Justicia Federal.
“Alberto Fernández lo sabía. También sabía (Matías) Tombolini”, dijo el financista en referencia al exsecretario de Comercio de la gestión del Frente de Todos.
Hauque, vinculado al financista Elías Piccirillo, formuló estas declaraciones el viernes por la noche en el programa ¿La Ves? de la señal TN.
“Él participaba como en todos los negocios”, dijo sobre Alberto Fernández.
Ante su involucramiento en la causa, el financista declaró: “Piccirillo junto a otros sectores oscuros del poder me metieron ‘la droga’. Estoy amenazado y tengo custodia policial. En varias ocasiones estuve sentado en mesas donde compartí mucho con Elías, y en esas reuniones pude presenciar muchas situaciones que parecen de ciencia ficción”, rememoró.
“Algo me pueden hacer, más por lo que acabo de contar”, advirtió.
La causa por el SIRA
El peritaje sobre uno de los teléfonos secuestrados a Martín Migueles, exsocio y amigo de Piccirillo, reveló un sistema paralelo para acelerar los tiempos del SIRA.
Migueles actuaba junto a otras personas, según surge de la causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi junto al juez Ariel Lijo.
En ese expediente se investiga el acceso al dólar oficial durante el último cepo cambiario y las ventas millonarias al mercado paralelo, pero el avance del caso abrió otra vertiente: las autorizaciones para importar durante 2022 y 2023.
En total hay más de 50 personas y empresas en la mira de la Justicia.
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