POLITICA
Interna en la Embajada argentina en España: un funcionario dijo que le quitaron la oficina y lanzó fuertes acusaciones
La Embajada argentina en España quedó envuelta en un conflicto interno que combina decisiones administrativas, diferencias de criterio en la gestión y un trasfondo político que terminó por escalar la tensión entre dos de sus principales funcionarios. El episodio que hizo visible la disputa fue la decisión del embajador Wenceslao Bunge Saravia de retirarle el despacho dentro de la sede diplomática al agregado para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, Alejandro Nimo, quien además posee rango de consejero de Embajada y cónsul general.
La medida, según pudo confirmar Infobae, se concretó en las oficinas que la Argentina alquila en la calle Fernando El Santo 15, en el barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Desde ese edificio, donde trabajan más de 40 empleados, se articula la representación diplomática, consular y comercial del país ante España, con un foco particular en la atracción de inversiones y el fortalecimiento del vínculo bilateral.
Pero en la Embajada, según pudo confirmar Infobae, ese semana se transmitió por un memo interno enviado por correo electrónico oficial a todo el personal, que la estructura iba a reducirse, debido a que no se renovaría el alquiler de un piso donde funcionaba el Consulado General.
Por ese achique, y de acuerdo a esa comunicación, las oficinas administrativas iban a ser redistribuidas entre las que tenían asignadas el personal. Las autoridades administrativas de la representación diplomática argentina explicaron, entonces, que iba a procederse a una mudanza y a reubicar y compartir las oficinas entre el personal.
Sin embargo, lo que en términos formales puede ser leído como una reconfiguración interna de espacios y funciones derivó rápidamente en un conflicto de mayor alcance cuando Nimo decidió hacer pública la situación a través de su cuenta en la red social X. Allí denunció que había sufrido el desalojo dentro de la embajada y aclaró que no se trataba de un desplazamiento del cargo, sino de la quita del despacho desde el cual desarrollaba su actividad.
“Quiero aclarar que no se trata de que me hayan desplazado del cargo, sino que simplemente, por decisión del embajador Bunge, me han quitado el despacho en la que trabajaba y atendía a los empresarios que invierten en Argentina”, escribió. En ese mismo mensaje, sostuvo que ese espacio “se había convertido en un símbolo y un sitio de convergencia” de quienes apoyan las ideas del presidente Javier Milei en España.
El posteo avanzó más allá de la descripción del hecho y planteó una interpretación política de la decisión. Nimo señaló que en su despacho había un cuadro con la imagen del Presidente, además de otros elementos vinculados a lo que definió como la “batalla cultural”, y sugirió que ese perfil generaba incomodidad dentro de la estructura diplomática. En ese contexto, hizo referencia a sectores que identificó como parte de la “casta diplomática” y cuestionó el alineamiento del embajador con las premisas del gobierno.
“Me preocupa su falta de compromiso con el achicamiento del Estado y el cumplimiento de las premisas de responsabilidad fiscal que pregona nuestro Presidente”, afirmó. También indicó que había intentado acercarle propuestas para reducir el gasto de la embajada, sin éxito. “Deshacerse de mi oficina no fue deshacerse de mí. Fue deshacerse de un símbolo”, agregó, en un mensaje que combinó la denuncia operativa con una impugnación política.
La reacción pública de Nimo convirtió un episodio interno en un conflicto expuesto, con derivaciones que exceden lo estrictamente administrativo. Sin embargo, según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes con conocimiento de la situación, la decisión del embajador se inscribe en una tensión previa que venía acumulándose desde hace meses.
Nimo, identificado con el ideario libertario y discípulo del economista español Jesús Huerta de Soto, había desarrollado en Madrid una agenda propia de reuniones con empresarios y actores del sector privado, con el objetivo de promover inversiones hacia la Argentina. En ese marco, mantuvo contactos con compañías del sector alimentario y ferroviario, con promesas de canalización de capitales en línea con el programa económico del gobierno, por más de 2.500 millones de euros.
Esa actividad, sin embargo, se desplegó en paralelo a la agenda institucional de la embajada, lo que generó fricciones en el funcionamiento interno. La superposición de interlocutores y la autonomía en la gestión de reuniones y compromisos comenzaron a marcar diferencias en la forma de encarar la promoción económica desde la representación argentina en España.
El punto que terminó de escalar el conflicto fue, según la versión que trascendió, sería una entrevista que Nimo concedió recientemente a un influencer en redes sociales. En ese diálogo, defendió la política de austeridad fiscal del gobierno argentino, reivindicó la “batalla cultural” contra el socialismo y formuló críticas al gobierno de Pedro Sánchez.
Esa intervención, de acuerdo con esa reconstrucción, elevó el nivel de tensión dentro de la embajada y actuó como catalizador de una decisión que ya se venía evaluando. En el plano diplomático, las expresiones públicas de funcionarios sobre la política interna del país anfitrión suelen ser un factor sensible, especialmente cuando se producen desde posiciones con representación oficial.
La figura de Bunge Saravia permite entender el encuadre desde el cual se tomó la decisión. Con una extensa trayectoria en el sistema financiero internacional —incluyendo casi tres décadas en Credit Suisse y posiciones de liderazgo en la firma Jones Lang LaSalle—, el embajador llegó a Madrid con un perfil técnico y un mandato centrado en la atracción de inversiones, la expansión del comercio bilateral y la articulación con el sector empresarial.
Antes de asumir en España, desarrolló su carrera en plazas como Nueva York, San Pablo y Londres, ocupando cargos vinculados a banca de inversión y mercados de capitales. Esa experiencia fue presentada como un activo para una gestión orientada a resultados concretos en materia económica, en línea con las prioridades del gobierno argentino.
En ese esquema, la coordinación institucional y la centralización de la interlocución con inversores aparecen como elementos relevantes. La coexistencia de esa lógica con una agenda paralela, de fuerte impronta política y exposición pública, configuró un escenario de fricción que terminó de materializarse en la reconfiguración del espacio de trabajo dentro de la embajada.
En paralelo al conflicto, Nimo avanzó en una redefinición de su dinámica operativa. Según pudo saber este medio, alquiló una oficina propia en el barrio de Chamberí, también en Madrid, desde donde prevé continuar con su actividad vinculada a la promoción de inversiones. En ese mismo sentido, transmitió en reserva que no tiene previsto volver a trabajar desde la sede diplomática.
Ese movimiento introduce un elemento adicional en la situación: aunque formalmente mantiene su cargo dentro de la estructura estatal, su funcionamiento se desplaza hacia un esquema externo a la embajada, lo que abre interrogantes sobre la articulación institucional de sus funciones y el modo en que se canalizarán eventuales gestiones con empresas e inversores.
La embajada en España ocupa un lugar estratégico dentro del esquema de relaciones internacionales de la Argentina. España es uno de los principales socios comerciales en Europa y un origen relevante de inversiones en sectores clave de la economía. En ese contexto, la representación diplomática tiene un rol central en la articulación con el sector privado y en la promoción de oportunidades de negocio.
La disputa entre Bunge Saravia y Nimo deja expuestas dos aproximaciones distintas a esa tarea. Por un lado, una lógica institucional, centrada en la coordinación y en la gestión ordenada de la agenda económica. Por otro, una estrategia con mayor énfasis en la proyección política e ideológica, que busca amplificar en el exterior las definiciones del gobierno en materia de discurso y posicionamiento.
Por ahora, el conflicto no derivó en cambios formales en la estructura de la embajada ni en la situación laboral de los funcionarios involucrados. Nimo continúa en su cargo, aunque con una modalidad de trabajo diferente, mientras que la Cancillería sigue de cerca la evolución del caso.
El desenlace dependerá de la capacidad de reencauzar la relación dentro de parámetros institucionales o, eventualmente, de una decisión política que redefina roles y funciones en una de las sedes diplomáticas más relevantes para la estrategia económica del gobierno argentino. En el corto plazo, el episodio ya dejó una señal clara: la interna en la embajada en Madrid trascendió los despachos y se convirtió en un conflicto con exposición pública y derivaciones políticas.
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POLITICA
Piden el juicio político para el juez que absolvió a los sindicalistas que bloquearon San Nicolás
El juez Alejandro Gabriel López, quien quedó en medio de la polémica por un fallo que absolvió a los jefes sindicales que bloquearon una empresa y sitiaron la ciudad de San Nicolás, enfrenta el primer pedido de juicio político.
El exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.
El juez López integra el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 del Departamento Judicial San Nicolás.
La presentación busca que se investigue la actuación del magistrado por posible mal desempeño e incumplimiento grave de los deberes de su cargo al dictar el veredicto absolutorio del pasado 14 de octubre de 2026.
El expediente juzgó los episodios ocurridos a principios de 2021 en la planta de la firma Rey Distribución S.R.L. En dicha causa, Maximiliano Cabaleyro y otros dirigentes enfrentaban cargos por turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión tras una serie de medidas de fuerza que impidieron el funcionamiento y la salida de vehículos de la distribuidora.
Con el patrocinio letrado del abogado Ignacio Mateucci, la presentación argumenta que el juez incurrió en deficiencias graves al momento de justificar el derecho de huelga.
Entre los puntos centrales de la denuncia se destacan:
“Judicializar la huelga fue un despropósito”, escribió el juez López al absolver a los sindicalistas de Camioneros que bloquearon los accesos a San Nicolás, a pesar de que la fiscalía había pedido 10 años de prisión por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
López llegó al Tribunal Oral N° 2 de San Nicolás en 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. El Senado bonaerense lo aprobó por unanimidad, a través de un acuerdo entre el peronismo y Juntos por el Cambio.
En un veredicto de 120 páginas, López sostuvo que los bloqueos a la distribuidora Rey fueron ejercicio del derecho de huelga y que contra Maximiliano Cabaleyro no hubo “un solo testigo” que lo viera recibir o exigir dinero.
En el sorpresivo giro contra el pedido de prisión, López firmó un veredicto que cuestionó con dureza a la fiscalía y a la querella.
La entonces gobernadora María Eugenia Vidal designó a López por el decreto 1178/19, tras la aprobación del pliego.
El tribunal era nuevo, creado por la ley 14.612, y la Suprema Corte bonaerense fijó su inicio de actividades para el 11 de noviembre de 2019.
El fallo fue descalificado por el diputado bonaerense Manuel Pasaglia, intendente de San Nicolás al momento de la agresión, quien calificó a López de “garantista”.
“Una muestra más de un juez garantista; bloquearon una empresa, bloquearon una ciudad; y no pasa nada”, tuiteó Passaglia en X.
“Todos los vecinos de San Nicolás recordamos cuando estos mafiosos de la mano de los Moyano quisieron hacer colapsar nuestra ciudad: bloquearon los accesos e impidieron la entrega de comida y la recolección de basura”, agregó en su mensaje. Y completó: “Fueron los nicoleños los que aguantaron y resistieron. Y al final les torcimos el brazo. Por eso, decisiones como la de este juez son un retroceso. Porque vuelven a darle poder a los que bloquean, aprietan y extorsionan, y perjudican a los que trabajan, producen y cumplen la ley”.
El juez dio por probados los dos bloqueos a la empresa de transporte Rey Distribución, en San Pedro: el del 15 de enero de 2021 y el del 22 al 25 de febrero de ese año.
Pero dijo que no constituyen un delito penal, sino parte del ejercicio del derecho de huelga. Dijo que el Código Penal “excluye la responsabilidad de quien obra ‘en el legítimo ejercicio de un derecho’”.
Con ese argumento absolvió a Cabaleyro y a otros seis acusados: Maximiliano Pérez, Carlos y Enzo Ojeda, Matías y Lucas Torrez y Edgardo Di Mayo.
López rechazó que el derecho de propiedad y el de huelga deban ponderarse como equivalentes. “Esta línea de argumentación sólo permitiría llegar a la conclusión de que ninguna huelga es legítima. No hay modo en que el derecho de huelga se ejerza sin afectar otros derechos”, escribió.
El bloqueo de la planta provocó el aislamiento temporal de la ciudad y generó gran indignación entre los vecinos.
El veredicto también cuestionó el uso de escuchas telefónicas, que según el juez fue “desproporcionado” para un “magro resultado”.
La fiscalía, a cargo de María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, había pedido diez años de prisión. La querella de la familia Rey, patrocinada por la senadora Florencia Arietto (LLA), reclamaba 15. Las fiscales anticiparon que apelarán.
López había sido protagonista de otro fallo polémico cuando dispuso que el abusador Pablo Javier Gordillo cumpliera cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Gordillo había sido encontrado culpable por un jurado popular del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.
absolvió a los jefes sindicales que bloquearon una empresa,pic.twitter.com/8G5qLllN9w,October 14, 2026,Conforme a
POLITICA
La Justicia ordenó investigar transferencias de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia y levantó el secreto bancario de su exesposa
El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas para reconstruir el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su paso por la CEAMSE. La resolución, firmada este viernes, incluye pedidos de información sobre sus declaraciones juradas, cuentas comitentes, vehículos y pagos de la AFA, la FIFA y el Sindicato de Choferes de Camiones.
Además, el magistrado dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano, exesposa del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y ordenó requerir información para reconstruir su situación patrimonial y económica.
Entre las medidas dirigidas a Tapia, Lijo pidió a la Ciudad de Buenos Aires que informe cómo acceder a las declaraciones juradas que presentó entre 2016 y 2022, incluidos sus anexos reservados. También solicitó al CEAMSE que precise si se encontraron los registros laborales correspondientes a marzo y diciembre de 2006.
La resolución requiere, además, que el Registro de la Propiedad Automotor informe en qué vehículos Tapia estuvo autorizado a operar desde 2016 y remita los legajos de cuatro rodados, entre ellos un BMW X4 adquirido en junio de 2020. El juez también pidió informes sobre causas judiciales anteriores que puedan aportar datos sobre bienes, sociedades, deudas, activos financieros y productos bancarios del dirigente.
POLITICA
El juez Lijo ordenó un exhorto a Suiza por transferencias de US$190.000 de la FIFA a Claudio “Chiqui” Tapia
El juez federal Ariel Lijo ordenó una batería de medidas para reconstruir el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia.
Las medidas incluyen un exhorto a Suiza para que la FIFA explique por qué le giró casi 190.000 dólares, un pedido a la AFA para que informe quién autorizó las tarjetas de crédito a su nombre y el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil de su exesposa, Paola Moyano, hija del dirigente camionero Hugo Moyano.
La resolución, firmada este viernes, responde a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita en la causa en la que Tapia está investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
El juez dejó por escrito que la información servirá para conocer “de una manera más acabada” el patrimonio del dirigente, “cuyo incremento resulta materia de investigación”.
Una de las medidas más llamativas es el exhorto internacional a la Confederación Suiza para que la FIFA, con sede en Zúrich, informe el concepto y la causa de tres transferencias que hizo a favor de Tapia: US$49.585 en diciembre de 2018, US$124.583 en junio de 2019 y US$15.408 en marzo de 2020.
Las dos primeras se acreditaron en una caja de ahorros en dólares del Banco Credicoop y la tercera se liquidó en pesos en otra cuenta del mismo banco. En total suman unos US$189.577.
Lijo también le pidió a la FIFA el detalle de todos los pagos, honorarios, dietas y viáticos que le abonó a Tapia desde 2016, con los cargos o comisiones que los justificaron y las cuentas de destino.
A la AFA, el juez le exigió las actas, resoluciones o normas internas que autorizaron la emisión a nombre de Tapia de tarjetas adicionales Visa y Cabal de cuentas de la asociación, además de tarjetas American Express Corporate. Pidió los límites, la política de uso y las rendiciones de gastos con comprobantes.
Lijo quiere saber, además, si la AFA imputó esos consumos como remuneración, retribución en especie o anticipo a cargo de Tapia.
Y pidió que explique el concepto de cinco transferencias a sus cuentas del Credicoop entre 2020 y 2023 —la mayor, de $1.251.000, en abril de 2023— y cómo se liquidaron los $30 millones en viáticos que Tapia declaró haber cobrado de la entidad.
El juez ordenó que el Sindicato de Choferes de Camiones informe el concepto de 37 depósitos por un total de $1.494.678 que hizo entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia.
Pidió su legajo, los cargos que ocupó en el gremio, los recibos de haberes y las fechas de alta y baja.
La resolución levanta los secretos fiscal, bursátil, bancario y el que protege la información de la Unidad de Información Financiera respecto de Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija de Hugo Moyano.
A ARCA le pidió que reconstruya “de manera integral” su situación fiscal y patrimonial: declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, bienes en el país y el exterior, deudas y préstamos, facturación, participaciones societarias, alquileres, cuentas en billeteras virtuales y criptoactivos, e información de intercambio internacional sobre cuentas en el exterior.
También deberá informar si tuvo vínculos con contribuyentes de la base APOC, es decir, emisores de facturas apócrifas, y si declaró ingresos o egresos de dinero por la Aduana.
Lijo pidió además que el Banco Central circularice a todas las entidades financieras para detectar cuentas, cajas de seguridad, tarjetas y giros al exterior a nombre de Moyano, y que la Caja de Valores y Coelsa informen sus cuentas comitentes y transferencias.
En otro punto, el juez le pidió a ARCA que informe si Tapia y Moyano adhirieron al régimen de regularización de activos o al régimen especial de Bienes Personales de la ley 27.743, el blanqueo de 2024, y en ese caso qué bienes, monedas y valores declararon y qué pagos hicieron.
Lijo ordenó al Registro de la Propiedad Automotor que informe de qué vehículos Tapia figuró como “autorizado” desde 2016 y que remita los legajos de cuatro autos a su nombre, entre ellos una BMW X4 comprada en junio de 2020.
Pidió al Credicoop y al Banco de Servicios y Transacciones todos los movimientos de dos cuentas comitentes de Tapia, abiertas en 2017 y 2021 y las cuentas desde las que entró y salió el dinero.
Los bancos Nación, Ciudad, Coinag y Galicia tienen 72 horas para informar cualquier producto que Tapia tenga o haya tenido en cualquier carácter.
El juez le dio 72 horas a la Oficina de Integridad Pública del gobierno porteño para que diga dónde y cómo se guardan las declaraciones juradas de Tapia de 2016 a 2022, con sus anexos reservados, y quién está a cargo de esa documentación.
A la Ceamse le preguntó si aparecieron los registros laborales de Tapia de marzo y diciembre de 2006.
También pidió a los colegios de escribanos porteño y bonaerense que informen si Marisa Galarza ejerce como escribana y qué registro tiene a su cargo.
Lijo pidió certificar el estado de siete expedientes en los que aparece Tapia o la AFA (en los juzgados en lo Penal Económico 2, 5, 7 y 8, en dos juzgados criminales y correccionales y en el juzgado federal de Campana) y que le envíen copias de todo lo vinculado con su patrimonio desde 2016. Varias de esas causas fueron impulsadas por el empresario Guillermo Tofoni.
Por último, el juez reiteró los pedidos de información que había hecho el 16 y 17 de septiembre a la CNV, la UIF, la IGJ, el INAES y el Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, a 16 plataformas de criptoactivos (entre ellas Binance, OKX y Ualá) y a remesadoras como Banco Piano y Western Union local, que todavía no respondieron.
La investigación fue impulsada por el fiscal Pollicita a partir de una denuncia de Tofoni, y quedó en manos de Lijo después de que la Cámara Federal porteña resolviera un conflicto de competencia entre distintos juzgados.
Es el cargo de Tapia en la Ceamse, y no la presidencia de la AFA, lo que permite investigarlo por enriquecimiento ilícito, un delito que solo pueden cometer funcionarios públicos.
patrimonio,un exhorto a Suiza,Hernán Cappiello,Conforme a
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