POLITICA
Hugo Moyano giró $900 millones en 12 días a fideicomisos vinculados a su esposa
Desde las cuentas que el Sindicato de Camioneros y su obra social (Oschoca) tienen registradas en el Banco Provincia se transfirieron unos $900 millones en 12 días a tres fideicomisos creados hace poco más de un año y vinculados a Liliana Esther Zulet, la esposa de Hugo Moyano y la administradora del holding de empresas que orbitan alrededor del gremio.
Los giros de dinero se concretaron entre el 5 y el 17 de septiembre de 2025, casi en paralelo a cuando comenzó a tomar fuerza la posibilidad de llamar a convocatoria de acreedores a la obra social, la viga maestra de los negocios del imperio camionero. Además, las transferencias se dieron un mes después de activarse en la Justicia una causa por un presunto fraude millonario en el manejo de fondos de un hotel que el sindicato tiene en Mar del Plata.
Las primeras dos de las cinco operaciones que activaron alarmas internas en el sindicato se concretaron el 5 de septiembre, según los detalles de las transacciones a los que accedió . Una fue de casi $50 millones con destino al fideicomiso Thoth y otra fue de más de $90 millones para Arturo Roberto Sodini, un comisario retirado que en 2008 se asoció a Moyano en la creación de una empresa llamada Organización de Seguridad Las Marías SA. Al poco tiempo de vincularse con el jefe camionero, Sodini fue designado como director de Transporte de Cargas del gobierno bonaerense que por entonces encabezaba Daniel Scioli, hoy funcionario libertario. Sodini no respondió el viernes a los llamados de .
La tercera de las operaciones se concretó el 9 de septiembre y fue por $147 millones con destino a un fideicomiso llamado Khasis. El dinero salió de la cuenta del sindicato. Las últimas dos transferencias fueron giradas desde la cuenta de la obra social. El 16 de septiembre se enviaron casi $30 millones a un fideicomiso llamado Dhanvantari. Al día siguiente, hubo un nuevo depósito, pero de casi $590 millones. Dhanvantari es el dios hindú de la medicina, el rubro que le abrió hace décadas las puertas de los grandes negocios a Zulet. Ni ella ni Moyano respondieron a la consulta de .
Dos de los tres fideicomisos se registraron el mismo día (1° de noviembre de 2024) mientras que el restante lo hizo al mes siguiente, el 1° de diciembre de 2024. Pero lo más sugestivo es el domicilio fiscal: los tres lo situaron en la avenida Belgrano 1255, donde están las oficinas de las empresas Iarai (de salud y asistencia), Aconra (una constructora) y Dixey (dedicada a la industria textil). Se trata de las históricas compañías que integran el holding que encabeza Zulet y que encadenó ganancias extraordinarias a pesar de tener a un solo cliente: el gremio de los camioneros. En las tres sociedades figura contratado a sueldo Jerónimo Moyano, el hijo de 26 años que tienen Zulet y el sindicalista.
Iarai, que es la que administra la obra social, no tiene hoy casi deuda con el sistema financiero. Pero Aconra (la constructora) y Dixey (la de industria textil), también manejadas por Zulet y sus hijos, arrastran un pasivo de $47.000.000 y de $2.309.000, respectivamente.
Desde hace años, en los directorios de estas empresas se alternan roles Zulet con dos hijos que tuvo de otros matrimonios: Valeria Alejandra Salerno (45 años) y Juan Noriega Zuleta (39 años). El 21 de noviembre de 2016 ambos ingresaron al blanqueo de capitales US$ 1.100.000 provenientes de actividades vinculadas al sindicato de camioneros y a su obra social, según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF). La investigación de la UIF, publicada por entonces por , reveló además que las sociedades proveedoras del gremio que manejan los hijastros de Moyano compraron seis casaquintas en Parque Leloir, una zona a la que el jefe camionero solía frecuentar hasta que hace unos años decidió alquilar una casa en el exclusivo country Abril, en Hudson, según fuentes que conocen la dinámica familiar de uno de los sindicalistas más poderosos del país.
Según fuentes que conocen los movimientos de dinero del Sindicato de Camioneros, las transferencias al fideicoimiso Khasis tendrían como destino final Aconra, mientras que los fondos girados a Thoth irían a la textil Dixey. Los millones de pesos derivados a Dhanvantari terminarían en Iarai, la administradora de la obra social de camioneros que fue creada en 2003, en plena expansión del poder gremial y económico de Moyano, y que hoy está atraviesa por una crisis financiera asfixiante, con una deuda que rondaría los $60.000 millones, según fuentes sindicales. “Las transferencias de dinero a estos fideicomisos o a estas empresas de Zulet son habituales, se hacen todos los meses” dijo en reserva un histórico dirigente moyanista que sospecha de un presunto vaciamiento de las cuentas del sindicato.
Por los negociados con las empresas de Zulet, Moyano fue denunciado en 2010 por la actual legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostiene desde entonces y hasta la actualidad que la familia se enriqueció desviando fondos del sindicato a esas empresas para usufructo propio. Al expediente judicial lo tuvo sin avances el fallecido juez Claudio Bonadio y siguió después en la oficina de Julián Ercolini, tal vez con destino de archivo.
El único frente judicial abierto para Moyano transcurre hoy en Mar del Plata y es a partir de una denuncia promovida por su aliado Héctor “Yoyo” Maldonado, una suerte de mano derecha con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo. La fiscalía N°10 investiga un presunto fraude de $13.000 millones en el Hotel 15 de diciembre y tiene en suspenso una pericia contable que podría ser ampliada a las cuentas que tiene el sindicato en Buenos Aires. En caso de que eso suceda, la denuncia de Maldonado podría volverse en contra de los intereses de su jefe, que debería eventualmente exhibir los libros contables del gremio y no solo la contaduría del hotel marplatense. “No pueden justificar gastos. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata”, explicó a una fuente con acceso al expediente judicial, que está a cargo del fiscal Carlos David Bruna y de la jueza Lucrecia María Bustos. Por este caso, Moyano desplazó a dos dirigentes de confianza: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos están imputados en la causa.
Moyano y Zulet podrían jactarse de tener un polirubro de empresas. Administran desde una prestadora médica y una constructora a una fábrica textil y una aseguradora. También influyen en una transportista y en una agencia de seguridad. La preocupación del matrimonio que hace negocios con el sindicato de camioneros no pasa hoy por lo judicial sino por mantener en pie el imperio, sobre todo, la obra social.
La deuda de la obra social solo en las 23 seccionales del interior del país alcanza a febrero de este año los $32.400.067 millones, según las planillas de la Federación Nacional de Camioneros a las que accedió . Ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Es decir, si se tiene en cuenta la deuda con base en la cantidad de afiliados, el rojo financiero podría rondar los $60.000 millones de pesos, según fuentes sindicales. Para auxiliarla, Moyano recurrió a la ayuda de los empresarios. Desde hace más de un año, se acuerda en paritarias un aporte empresarial mensual que va directamente a la caja de la obra social del gremio. El monto es hoy de $25.000 por cada trabajador registrado. Este aporte extraordinario fue autorizado por la Secretaría de Trabajo a pesar del intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar este tipo de compensaciones.
Ni siquiera este salvavidas empresarial les permitió a Moyano y Zulet sostener los servicios de la obra social. De los cinco sanatorios que tienen en Buenos Aires, solo el de San Justo está en pleno funcionamiento. Además, se suspendieron beneficios en los descuentos en los medicamentos, los afiliados tienen que pagar un coseguro para realizarse estudios y los salarios del personal y de los médicos no se pagan en tiempo y forma, según informaron fuentes de Oschoca. Zulet fue blanco de los reclamos internos el año pasado, cuando el conflicto alcanzó su cima de tensión por un paro en las clínicas del gremio.
Enfrentado a Zulet, Pablo Moyano, secretario adjunto y virtual número dos del gremio, renunció por carta hace dos años al directorio de la obra social. Responsabiliza directamente a la esposa de su padre por el déficit de la prestadora médica. Además, habría manifestado su rechazo a la venta de propiedades del gremio para solventar la crisis de Oschoca. Se trataría de una reciente operación inmobiliaria por un inmueble del gremio en la avenida Independencia.
Bajo su conducción, Moyano expandió la riqueza del sindicato, que cuenta con unas 280 propiedades distribuidas estratégicamente por todo el país, lo que representa un tesoro inmobiliario incalculable. Ese botín, más otros negocios que orbitan alrededor del sindicato, son motivo de disputa entre los herederos del patriarca, que a los 82 años no piensa todavía en el retiro.
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POLITICA
Bartolomé Abdala: “El Presidente es quien va a resolver si le pide o no la renuncia a Adorni”
La ceremonia del Tedeum por el aniversario de la Revolución de Mayo alteró la dinámica habitual en la cúpula política: la ausencia de Victoria Villarruel en la Catedral Metropolitana ubicó a Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, como la máxima autoridad legislativa en el acto.
Su presencia junto al presidente subrayó el valor institucional del cargo en un escenario de internas en el oficialismo. En diálogo con Infobae al Regreso, Abdala explicó cómo se definió su participación y analizó el peso político de cada señal en la etapa actual del gobierno.
Abdala y el desafío de la unidad política en La Libertad Avanza
Abdala reconoció la tensión dentro del oficialismo y el efecto de la foto de unidad tras la misa: “El presidente está gobernando y los resultados se están viendo. Tiene un gabinete que se reúne, se reunió el día lunes, se reunió hoy día, donde se los ve todos juntos. Para mí, el tema de la interna prefiero dejarlo en un segundo plano”.
El senador admitió que, aunque las diferencias existen, “los aliados seguimos siendo 44 con opción a 47 y estamos cerca de llegar a los 48, que sería el número para poder tener los dos tercios”.
Consultado sobre su vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, Abdala señaló: “Hablo con Victoria, sí. Pero respecto a este tema lo tiene que expresar ella. Entiendo que es una persona inteligente, es grande y tiene la capacidad para dar las explicaciones cuando quiera”.
En relación a la conducción política, Abdala no dudó: “En el país claramente manda Javier. La Argentina es un país presidencialista en donde tenemos que cuidar al presidente”.
Opinó que sería deseable la reelección presidencial: “Hace muchos años que Argentina no reelige el presidente. Perdió Cristina, perdió Macri, perdieron los Fernández. Los que terminan perdiendo es el pueblo, el ciudadano común”.
La figura presidencial y la polémica por Adorni
El senador abordó la polémica en torno al jefe de gabinete Manuel Adorni y la demora en la presentación de su declaración jurada: “Como contador, una declaración jurada es una cosa muy fácil de hacer. Él todavía no se ha vencido, a favor de Manuel, no se ha vencido el plazo. Hasta el último día de vencimiento tiene tiempo de presentarla”.
Añadió que Patricia Bullrich “la presentó antes también”, pero insistió en que “en este caso particular es decisión de él cuándo la va a presentar”.
Sobre la posibilidad de que Adorni sea citado a indagatoria y eventualmente procesado, Abdala fue cauto: “Es difícil cuando se hace futurología. Hay que ver qué va a resolver el juez. El presidente es quien de manera personalísima va a resolver si le pide o no la renuncia”.
Reiteró: “Manuel está confiado de que no va a ser procesado. Veremos qué resuelve la justicia con toda la independencia que corresponde”. Al referirse al rol de Adorni como funcionario, Abdala fue directo: “Adorni es un empleado del presidente. Si el presidente lo tiene es porque considera que lo está cuidando. Sí, lo estaría cuidando”.
Remarcó la necesidad de proteger la figura presidencial: “No solamente los funcionarios tienen que cuidar al presidente, los legisladores, los periodistas, el pueblo. El presidente es la figura institucional más respetable que hay y tenemos todos que bregar para que gobierne de la mejor manera”.
Diálogo, Iglesia y futuro institucional
Abdala valoró el mensaje de diálogo de la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva durante el Tedeum: “Fue una homilía en donde invita a que la Argentina crezca y pone al diálogo como uno de los íconos principales. Es algo que a mí siempre me ha caracterizado”.
Respecto a las críticas del diputado Bertie Benegas Lynch sobre el papel de la Iglesia, Abdala diferenció su postura: “Claramente, esas palabras no son las mías. Soy creyente, católico apostólico romano. Si León XIV viene a la Argentina, seré uno de los tantos argentinos que nos pondremos contentos de que el Papa nos visita”.
Sobre la proyección electoral y la posible reelección de Javier Milei, Abdala sostuvo: “En el cuarto domingo de octubre va a haber una elección. Los argentinos van a tener para elegir entre el proyecto del oficialismo, que seguramente será Javier Milei, o habrá otro que seguramente va a surgir del ala kirchnerista, llámese Kicillof o alguno de los peronistas que se sumen a Cristina. Creo que va a haber un sector del peronismo racional, que es anti kirchnerista, que han entendido de que el camino correcto es el nuestro”.
El senador también se refirió a la importancia de completar la Corte Suprema: “La seguridad jurídica es algo prioritario que también te la da conformar la corte. Si pudiéramos conformarla actualmente con cinco miembros, eso nos va a dar más seguridad jurídica. Me encantaría que salgan por unanimidad los jueces de la corte para darle más confianza a la Argentina”.
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bartolomé abdala
El Gobierno tiene un problema con la religión católica. Ni siquiera se lo puede atribuir a la simpatía del Presidente por la religión judía porque el diálogo interreligioso, que el entonces cardenal Jorge Bergoglio impulsó desde Buenos Aires, ha continuado y comprende a todas las religiones, pero fundamentalmente a las tres monoteístas: al cristianismo, al judaísmo y a la musulmana. En ese contexto, y también cuando gobernaba el kirchnerismo, el 25 de Mayo se ha convertido no solo en la Fecha Patria, sino en un permanente tironeo entre la dirigencia política y los líderes de la religión católica por el contenido de las homilías de los arzobispos de Buenos Aires en el Tedeum.
Está más que claro que la homilía del lunes del actual arzobispo, Jorge García Cuerva, no le gustó ni a Milei ni a sus fanáticos seguidores. Aunque el Presidente fue mesurado en su respuesta a García Cuerva (solo calificó de “exagerados” algunos párrafos de la epístola del arzobispo), su voceros más fidedignos llegaron hasta la ofensa y la descalificación del jefe religioso. Deberían haber agradecido: García Cuerva no hizo ninguna alusión a la corrupción de la dirigencia política en un momento en el que se ventilan notables hechos de deshonestidad en la función pública, pasados y presente, en la Justicia.
Se extraña al cardenal Bergoglio, quien en la única homilía que pronunció ante Néstor Kirchner les reprochó a los políticos la corrupción que ya se percibía. Ninguno de los dos Kirchner volvió nunca más a un tedeum de Bergoglio. El entonces matrimonio presidencial participó en adelante de los tedeums de los 25 de Mayo en provincias con obispos más tolerantes y menos sinceros.
El lunes pasado, García Cuerva se limitó a criticar, con razón, la fragmentación social y la violencia que existe en las redes sociales, espoleada en gran medida por un oficialismo obsesivo con la hegemonía en X (la vieja Twitter). No fue más allá. Mucho más moderado que Bergoglio, García Cuerva se conformó con pedir por la pacificación nacional. “Basta de arengar la división y la polarización”, exhortó, y agregó. “A ver cuando la vamos a cortar con mirarnos como enemigos”. También calificó de “terrorismo en las redes” lo que está sucediendo con las guerras virtuales en el universo de las plataformas digitales. Esta fue una de las partes de la homilía que provocaron la reacción posterior de Milei, quien calificó de “exagerada” la expresión de García Cuerva. También dijo que le parecía normal “combatir” entre quienes quieren y no quieren que “las cosas cambien”. La violencia verbal o física no son nunca normales en un ámbito donde deberían prevalecer las formas democráticas. Pero cosas peores pasaron entre el papa León XIV y el presidente norteamericano, Donald Trump, también porque el Pontífice no está de acuerdo con la guerras reales o virtuales.
Sin embargo, esa suave refutación presidencial (aunque los presidentes no suelen responder de ninguna forma las homilías de obispos y arzobispos) fue el santo y seña para que los generales de las perpetuas guerras mileístas salieran al campo de batalla. El primero en aparecer fue el diputado Bertie Benegas Lynch, quien calificó al arzobispo de Buenos Aires como un “militante con sotana” que había “romantizado la pobreza”.
La vocación de la Iglesia por reclamar por los sectores más vulnerables de la sociedad es un viejo fastidio de los gobernantes argentinos. Deberían, y debieron, leer los cuatro evangelios para descubrir que la preocupación por los pobres está en la primera doctrina de los cristianos y también en los libros de la religión judía. En síntesis, mientras haya un pobre la Iglesia reclamará por los pobres, porque además a ella le toca estar en el frente de batalla contra las carencias más esenciales. Basta caminar al mediodía cerca de cualquier Iglesia para observar la cola de gente que espera recibir un plato de comida caliente.
En la Argentina no hay un pobre, sino muchos más: casi el 30 por ciento de la sociedad −tal vez el número bien medido sea mayor− sobrevive bajo la línea de la pobreza. El propio presidente del Episcopado, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, ha hecho numerosas alusiones a la penurias de los pobres y hasta de la clase media. Colombo tiene el cargo más importante de la Iglesia católica argentina. En esas mismas declaraciones, Benegas Lynch señaló que García Cuerva (o la Iglesia, quién lo sabe) se ocupa de la “demonización del individuo”. ¿Qué quiso decir con la palabra “demonización”? ¿Cuál es el individuo presuntamente “demonizado”? ¿De dónde sacó semejante conclusión?
Peor que Benegas Lynch fue el biógrafo del Presidente, Nicolás Márquez, quien calificó de “obispillo” a García Cuerva y lanzó una doble ofensa cuando señaló que había sido designado por el “apóstata Bergoglio”. Como la palabra “apóstata” refiere a personas que renegaron de una fe religiosa, debe reconocerse que Márquez es una buen biógrafo de Javier Milei por las coincidencias que existen entre ellos: el actual Presidente calificó en su momento al papa Francisco de “enviado del maléfico” y como el “representante del demonio en la Tierra”. El Papa prematuramente muerto lo perdonó luego a Milei y hasta aceptó un pedido del jefe del Estado argentino para abrazarlo. Pero los políticos a veces solo actúan las reconciliaciones, simplemente porque les conviene.
Francisco hasta programó una visita al país durante el gobierno de Milei, según le adelantó a este periodista. La enfermedad y la muerte se lo impidieron. Pero sucede algo más profundo y constante: hay una evidente disidencia entre el pensamiento libertario y las antiguas ideas de la Iglesia, que en la mayoría de los casos no responden a las supuestas simpatías políticas de esta. Se trata solo de la interpretación de los libros sagrados de la religión. Milei prefiere detenerse en los libros de sus economistas preferidos, sobre todo si pertenecen a la escuela austríaca de economía. Está en su derecho. El derecho que no tiene es el de habilitar a sus voceros a la agresión verbal de los que piensan distinto de él, incluidos los líderes religiosos del país.
En una dirección simultánea, el gobierno de Milei decidió alejar al país de comisiones de derechos humanos que pertenecen a organismos multilaterales. Fue un remedo de una decisión del gobierno de Trump, que también retiró a su país del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El presidente norteamericano hasta le retiró los recursos que Estados Unidos le dedicaba a ese Consejo. La decisión de Trump y de Milei es equivocada, aunque muchas resoluciones de ese Consejo sean verdaderamente cuestionables. El solo hecho de que la Venezuela del chavismo y la Cuba de la dictadura de los Castro hayan estado (o están) en ese Consejo es ya un error palpable de la diplomacia internacional. Pero la deserción de los países democráticos solo promueve que esas tiranías tengan más influencia aún en tales organismos multilaterales. Además, nunca se sabe cuándo se sumarán −si es que se suman− países con gobiernos como los de Venezuela y Cuba al escenario internacional. Será oportuno, en tal caso, que naciones que respetan las reglas de la democracia, aun con sus desvíos y desafecciones, estén en esos organismos para denunciar las violaciones de los derechos humanos de sociedades indefensas.
Ahora bien, ¿es necesario que Milei oriente su política exterior para seguir en todos los casos las líneas fundamentales que establece el gobierno de Washington? Debe recordarse que en enero de este año Trump decidió retirar a su país de la Organización Mundial de la Salud. Milei hizo lo mismo con la Argentina dos meses después. Si se mira lo que está sucediendo en un mundo de sucesivas guerras, es comprobable que Trump lleva a los Estados Unidos, la otrora única potencia mundial, a una situación de patética irrelevancia. Su amigo Putin no cesa de devastar a la pobre Ucrania y el jefe de la Casa Blanca no pudo, hasta ahora, terminar con el criminal régimen teocrático que gobierna Irán.
Kiev está sufriendo en estos días uno de los más ruinosos ataques bélicos de parte de Moscú. El gobierno ruso hasta se dio el lujo de advertirle a Washington que es mejor que retire de Kiev, capital de Ucrania, a sus diplomáticos. Trump calla porque, dice, eligió mantener un canal de diálogo, que lo viene explorando sin éxito desde hace casi dos años. Ucrania puede esperar la solidaridad de los europeos, pero casi ninguna del gobierno norteamericano. Trump está negociando, al mismo tiempo, una prórroga de la tregua con el gobierno de los ayatollahs iraníes después de haber asegurado que borraría del mapa a esa cruel tiranía. ¿Cómo se llama eso si no una sucesión de derrotas? ¿Cómo, si Ucrania sigue sufriendo y la jerarquía iraní sigue controlando el estrecho de Ormuz, una vía navegable indispensable para el trasiego del petróleo y el gas hacia el resto del mundo?
Trump lo salvó a Milei de una derrota electoral. ¿O fue solo la perspicacia del poderoso secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien le prometió el año pasado 20.000 millones de dólares que nunca entregó cuando el presidente argentino había perdido la provincia de Buenos Aires? A Trump también le convenía el triunfo de Milei, como sucedió después. Las relaciones internacionales son siempre un ejercicio de equilibrios inestables.
exagerados,Se reunió la mesa política del Gobierno después de los gestos de Milei para frenar la interna libertaria,“Basta de arengar la división y la polarización”,“militante con sotana”,alejar al país de comisiones de derechos humanos,Se quebró en plena audiencia: la expareja de Centeno dijo que él la usó de testaferro y que ella hizo copias de sus anotaciones,Joaquín Morales Solá,Javier Milei,Jorge García Cuerva,Papa Francisco,Conforme a,,»Es una mala señal». Preocupa en la Iglesia el proyecto del Gobierno que no restringe la publicidad de las apuestas online,,El achique del Estado. El Gobierno despide a los trabajadores del complejo hotelero de Embalse que ordenó cerrar,,Lobby, regulación y fútbol. El proyecto de Milei contra la ludopatía evita tocar el corazón del negocio de las apuestas,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: las repercusiones del tedeum y la expansión de la interna libertaria,,“No le falten el respeto a las provincias”. La reacción de Jaldo ante la polémica por la ausencia de Tucumán en un mapa difundido por Milei,,Más dólares. Entró el giro del FMI y las reservas del BCRA marcaron el nivel más alto desde 2019
POLITICA
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de Lobby: qué regula y qué actividades quedan excluidas
En medio del envío de una nueva tanda de reformas al Congreso, el Gobierno presentó un proyecto para regular la actividad de lobby o gestión de intereses ante el Estado. La iniciativa propone crear un régimen con registros públicos, reglas de transparencia y mecanismos de trazabilidad para las interacciones entre funcionarios y actores privados con el objetivo de influir en decisiones públicas.
Los fundamentos del Gobierno nacional sobre el proyecto de ley de Lobby sostienen que la gestión de intereses es una actividad legítima y presentan la iniciativa como un “Régimen de Gestión de Intereses destinado a garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales”.
Para el Ejecutivo, “un Estado más transparente es aquel que se erige sobre una base sin arbitrariedad ni privilegios, con mayor libertad y participación ciudadana”. Además, agrega: “La calidad institucional no se declama, se construye con reglas claras que limiten el poder y expongan su ejercicio al control público”.
El proyecto será girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, encabezadas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.
Qué establece el proyecto
La iniciativa define a la gestión de intereses como toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento o incidencia desarrollada por personas humanas o jurídicas —por cuenta propia o de terceros, con o sin fines de lucro, de manera onerosa o gratuita— con el objetivo de influir en la adopción, modificación, postergación, rechazo, implementación o evaluación de decisiones públicas.
Entre las actividades alcanzadas figuran la elaboración, aprobación, modificación o derogación de leyes, actos administrativos y políticas públicas; procedimientos de contratación estatal; concesiones, permisos, licencias y habilitaciones; además de la asignación o modificación de partidas presupuestarias, subsidios, beneficios fiscales o regímenes promocionales.
En cambio, quedarán excluidas las comunicaciones de carácter protocolar, social o institucional y las actividades académicas, científicas, técnicas, periodísticas o de difusión general, siempre que no busquen influir sobre una decisión pública determinada. También quedará exceptuado el ejercicio individual del derecho de petición ante las autoridades.
El proyecto prevé además la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso abierto, destinado a identificar a las personas humanas y jurídicas que desarrollen actividades de lobby ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.
También establece incompatibilidades: ningún funcionario podrá actuar como gestor de intereses mientras ejerza funciones públicas, en línea con la Ley de Ética de la Función Pública.
Quedarán incluidas dentro del régimen las gestiones vinculadas con la elaboración o derogación de leyes, licitaciones, concesiones o la asignación de subsidios y beneficios fiscales.
En La Libertad Avanza sostienen que la propuesta “es una herramienta para contribuir a la construcción de una democracia más deliberativa, transparente y liberal”.
Antecedentes legislativos
El último proyecto de ley de Lobby presentado en el Congreso ingresó en 2024 y fue impulsado por la diputada radical Karina Banfi, hoy integrante del monobloque Adelante Buenos Aires.
“La existencia de un régimen implica reglas y constituye el primer paso para evitar conflictos de intereses, que son centrales en la conducta ética de cualquier funcionario o tomador de decisiones”, señaló Banfi a TN. Y agregó: “El conflicto de intereses y los lobbies son la puerta de ingreso a la corrupción cuando la ética del funcionario queda expuesta a beneficios o privilegios por encima del bien común”.
La legisladora también cuestionó al Poder Ejecutivo: “No responde pedidos de acceso a la información, pero ahora quiere autorregularse respecto de con quiénes se reúne. Lo celebro de todas maneras si toman en serio, de una vez por todas, la agenda de transparencia y fortalecimiento institucional”.
Su iniciativa fue acompañada por los radicales Fabio Quetglas, Mario Barletta, Soledad Carrizo, Gerardo Cipollini y Marcela Coli. En los fundamentos del proyecto señalaron que una regulación de este tipo “representa una de las deudas del Congreso para fortalecer la democracia y promover la probidad en la función pública”.
Sin embargo, esa propuesta nunca avanzó en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Antecedentes internacionales
En Estados Unidos, la ley de Lobby fue sancionada en 1995 y reformada en 2007. El sistema establece un esquema de transparencia basado en registros públicos y la divulgación obligatoria de las actividades de cabildeo.
La normativa exige que cualquier individuo u organización contratada para realizar tareas de lobby se registre ante la Secretaría del Senado y la Cámara de Representantes.
En la Unión Europea no existe una ley específica, aunque sí un sistema regulatorio apoyado en un Registro de Transparencia. Funciona bajo el principio de “condicionalidad”: registrarse es un requisito indispensable para cualquier persona u organización que quiera realizar actividades de influencia sobre las decisiones públicas.
Diputados, proyectos, Javier Milei
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