POLITICA
Hugo Moyano giró $900 millones en 12 días a fideicomisos vinculados a su esposa

Desde las cuentas que el Sindicato de Camioneros y su obra social (Oschoca) tienen registradas en el Banco Provincia se transfirieron unos $900 millones en 12 días a tres fideicomisos creados hace poco más de un año y vinculados a Liliana Esther Zulet, la esposa de Hugo Moyano y la administradora del holding de empresas que orbitan alrededor del gremio.
Los giros de dinero se concretaron entre el 5 y el 17 de septiembre de 2025, casi en paralelo a cuando comenzó a tomar fuerza la posibilidad de llamar a convocatoria de acreedores a la obra social, la viga maestra de los negocios del imperio camionero. Además, las transferencias se dieron un mes después de activarse en la Justicia una causa por un presunto fraude millonario en el manejo de fondos de un hotel que el sindicato tiene en Mar del Plata.
Las primeras dos de las cinco operaciones que activaron alarmas internas en el sindicato se concretaron el 5 de septiembre, según los detalles de las transacciones a los que accedió . Una fue de casi $50 millones con destino al fideicomiso Thoth y otra fue de más de $90 millones para Arturo Roberto Sodini, un comisario retirado que en 2008 se asoció a Moyano en la creación de una empresa llamada Organización de Seguridad Las Marías SA. Al poco tiempo de vincularse con el jefe camionero, Sodini fue designado como director de Transporte de Cargas del gobierno bonaerense que por entonces encabezaba Daniel Scioli, hoy funcionario libertario. Sodini no respondió el viernes a los llamados de .
La tercera de las operaciones se concretó el 9 de septiembre y fue por $147 millones con destino a un fideicomiso llamado Khasis. El dinero salió de la cuenta del sindicato. Las últimas dos transferencias fueron giradas desde la cuenta de la obra social. El 16 de septiembre se enviaron casi $30 millones a un fideicomiso llamado Dhanvantari. Al día siguiente, hubo un nuevo depósito, pero de casi $590 millones. Dhanvantari es el dios hindú de la medicina, el rubro que le abrió hace décadas las puertas de los grandes negocios a Zulet. Ni ella ni Moyano respondieron a la consulta de .
Dos de los tres fideicomisos se registraron el mismo día (1° de noviembre de 2024) mientras que el restante lo hizo al mes siguiente, el 1° de diciembre de 2024. Pero lo más sugestivo es el domicilio fiscal: los tres lo situaron en la avenida Belgrano 1255, donde están las oficinas de las empresas Iarai (de salud y asistencia), Aconra (una constructora) y Dixey (dedicada a la industria textil). Se trata de las históricas compañías que integran el holding que encabeza Zulet y que encadenó ganancias extraordinarias a pesar de tener a un solo cliente: el gremio de los camioneros. En las tres sociedades figura contratado a sueldo Jerónimo Moyano, el hijo de 26 años que tienen Zulet y el sindicalista.
Iarai, que es la que administra la obra social, no tiene hoy casi deuda con el sistema financiero. Pero Aconra (la constructora) y Dixey (la de industria textil), también manejadas por Zulet y sus hijos, arrastran un pasivo de $47.000.000 y de $2.309.000, respectivamente.
Desde hace años, en los directorios de estas empresas se alternan roles Zulet con dos hijos que tuvo de otros matrimonios: Valeria Alejandra Salerno (45 años) y Juan Noriega Zuleta (39 años). El 21 de noviembre de 2016 ambos ingresaron al blanqueo de capitales US$ 1.100.000 provenientes de actividades vinculadas al sindicato de camioneros y a su obra social, según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF). La investigación de la UIF, publicada por entonces por , reveló además que las sociedades proveedoras del gremio que manejan los hijastros de Moyano compraron seis casaquintas en Parque Leloir, una zona a la que el jefe camionero solía frecuentar hasta que hace unos años decidió alquilar una casa en el exclusivo country Abril, en Hudson, según fuentes que conocen la dinámica familiar de uno de los sindicalistas más poderosos del país.
Según fuentes que conocen los movimientos de dinero del Sindicato de Camioneros, las transferencias al fideicoimiso Khasis tendrían como destino final Aconra, mientras que los fondos girados a Thoth irían a la textil Dixey. Los millones de pesos derivados a Dhanvantari terminarían en Iarai, la administradora de la obra social de camioneros que fue creada en 2003, en plena expansión del poder gremial y económico de Moyano, y que hoy está atraviesa por una crisis financiera asfixiante, con una deuda que rondaría los $60.000 millones, según fuentes sindicales. “Las transferencias de dinero a estos fideicomisos o a estas empresas de Zulet son habituales, se hacen todos los meses” dijo en reserva un histórico dirigente moyanista que sospecha de un presunto vaciamiento de las cuentas del sindicato.
Por los negociados con las empresas de Zulet, Moyano fue denunciado en 2010 por la actual legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostiene desde entonces y hasta la actualidad que la familia se enriqueció desviando fondos del sindicato a esas empresas para usufructo propio. Al expediente judicial lo tuvo sin avances el fallecido juez Claudio Bonadio y siguió después en la oficina de Julián Ercolini, tal vez con destino de archivo.
El único frente judicial abierto para Moyano transcurre hoy en Mar del Plata y es a partir de una denuncia promovida por su aliado Héctor “Yoyo” Maldonado, una suerte de mano derecha con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo. La fiscalía N°10 investiga un presunto fraude de $13.000 millones en el Hotel 15 de diciembre y tiene en suspenso una pericia contable que podría ser ampliada a las cuentas que tiene el sindicato en Buenos Aires. En caso de que eso suceda, la denuncia de Maldonado podría volverse en contra de los intereses de su jefe, que debería eventualmente exhibir los libros contables del gremio y no solo la contaduría del hotel marplatense. “No pueden justificar gastos. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata”, explicó a una fuente con acceso al expediente judicial, que está a cargo del fiscal Carlos David Bruna y de la jueza Lucrecia María Bustos. Por este caso, Moyano desplazó a dos dirigentes de confianza: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos están imputados en la causa.
Moyano y Zulet podrían jactarse de tener un polirubro de empresas. Administran desde una prestadora médica y una constructora a una fábrica textil y una aseguradora. También influyen en una transportista y en una agencia de seguridad. La preocupación del matrimonio que hace negocios con el sindicato de camioneros no pasa hoy por lo judicial sino por mantener en pie el imperio, sobre todo, la obra social.
La deuda de la obra social solo en las 23 seccionales del interior del país alcanza a febrero de este año los $32.400.067 millones, según las planillas de la Federación Nacional de Camioneros a las que accedió . Ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Es decir, si se tiene en cuenta la deuda con base en la cantidad de afiliados, el rojo financiero podría rondar los $60.000 millones de pesos, según fuentes sindicales. Para auxiliarla, Moyano recurrió a la ayuda de los empresarios. Desde hace más de un año, se acuerda en paritarias un aporte empresarial mensual que va directamente a la caja de la obra social del gremio. El monto es hoy de $25.000 por cada trabajador registrado. Este aporte extraordinario fue autorizado por la Secretaría de Trabajo a pesar del intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar este tipo de compensaciones.
Ni siquiera este salvavidas empresarial les permitió a Moyano y Zulet sostener los servicios de la obra social. De los cinco sanatorios que tienen en Buenos Aires, solo el de San Justo está en pleno funcionamiento. Además, se suspendieron beneficios en los descuentos en los medicamentos, los afiliados tienen que pagar un coseguro para realizarse estudios y los salarios del personal y de los médicos no se pagan en tiempo y forma, según informaron fuentes de Oschoca. Zulet fue blanco de los reclamos internos el año pasado, cuando el conflicto alcanzó su cima de tensión por un paro en las clínicas del gremio.
Enfrentado a Zulet, Pablo Moyano, secretario adjunto y virtual número dos del gremio, renunció por carta hace dos años al directorio de la obra social. Responsabiliza directamente a la esposa de su padre por el déficit de la prestadora médica. Además, habría manifestado su rechazo a la venta de propiedades del gremio para solventar la crisis de Oschoca. Se trataría de una reciente operación inmobiliaria por un inmueble del gremio en la avenida Independencia.
Bajo su conducción, Moyano expandió la riqueza del sindicato, que cuenta con unas 280 propiedades distribuidas estratégicamente por todo el país, lo que representa un tesoro inmobiliario incalculable. Ese botín, más otros negocios que orbitan alrededor del sindicato, son motivo de disputa entre los herederos del patriarca, que a los 82 años no piensa todavía en el retiro.
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POLITICA
El misterioso “socio” de Cerimedo: su influencia en Honduras, la polémica en Paraguay y los nexos con JxC y el PJ

Algunos lo definen como “un Cerimedo paraguayo”, pero no todos están de acuerdo con esa etiqueta. “Uno es un chanta y el otro, un falso influyente”, lanzaron en una de las filiales de La Libertad Avanza. En el ámbito de la consultoría política lo ponderaron como “un pibe bárbaro” y alguien que lo conoce desde hace más de 15 años reconoció que “hay algunos temas que no se hablan” a fin de resguardar la amistad. Todo esto trata sobre Andrés “Andy” José Rivas, un “socio” de Cerimedo con muy pocas huellas en la Argentina.
Lo acercaron a los equipos de Patricia Bullrich antes de que Milei fuera presidente, según recordaron fuentes del entorno de la senadora. Trabajó “informalmente” con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, tal como mencionaron en el peronismo. En Estados Unidos, lo ubican como “un hombre del lobby latinoamericano”. En Honduras lo vieron en la campaña que transformó en ganador al actual mandatario Nasry Asfura. Y en Paraguay concentra su mayor actividad. Allí está casado con una fiscal, Irma Llano, compartió eventos con el presidente Santiago Peña, pero es foco de cuestionamientos por su supuesto rol de “asesor en las sombras” del canciller Rubén Ramírez Lezcano.
La frase exacta que pronunció Cerimedo fue: “Junto a mi amigo y socio, Andy Rivas, logramos ganar en Honduras”. La dijo cuando recibía un premio como consultor político. En ese momento de apogeo, el comentario pasó de largo, pero después del escándalo de su detención en Bolivia, las preguntas sobre qué sabe ese “amigo y socio” cobraron otro valor. Empresarios, legisladores, políticos de distintos partidos y consultores de la Argentina, Paraguay y los Estados Unidos comenzaron a recordar quién es Andy Rivas, pero casi nadie conserva un papel que haya documentado qué hace.
Mucho antes de llegar a fotografiarse con funcionarios de gobiernos latinoamericanos, Rivas frecuentaba “la Puerto Rico”, un café sobre la calle Alsina en pleno microcentro porteño. Por aquellas épocas, trabajaba en la Legislatura porteña. “Él estaba en la parte de Relaciones Internacionales”. La frase de uno de sus colegas encuentra correlato con bases de datos de información fiscal, donde se observa que fue empleado del Legislativo de la Ciudad. “Era perfil bajo”, rememoró.
Una de las pocas huellas visibles de Rivas en la Argentina fue la conformación de la empresa RZK Consultora Internacional SA en 2010. Tenía dos socios: Fernando Riva Zuchelli y Arnoldo Kleidermacher. Su hijo Jaime, director suplente de la sociedad, es representante legal de Correo Argentino SA, firma manejada por la familia del expresidente Macri.
RZK tenía el objetivo de hacer negocios en Paraguay, llevar empresarios argentinos allí y quedarse con una comisión de los contratos. Una persona al tanto del proyecto afirmó que no les fue bien. “Pocos viajes y cero facturación”, sintetizó.
Esta es una de las diferencias entre Rivas y Cerimedo. Mientras no existen muchos papeles sobre lo que el primero de ellos hizo en la Argentina, el exasesor de campaña de Milei impulsó más de una empresa y hasta afronta causas judiciales por pagarés incumplidos y acuerdos de pago de deuda no respetados que llegaron hasta los US$500.000, según tres expedientes en la Justicia comercial. También protagonizó otro caso en el fuero penal por estafa y defraudación, tras haberle vendido a dos personas un mismo departamento en Mar del Plata, tal como informó .
“Andy tiene sus contactos en Paraguay”, afirmó alguien que se reconoció como un amigo suyo de hace más de 15 años. Allí, Rivas se desarrolló como “consultor geopolítico”. ¿Quiénes son sus clientes y cómo le pagan? Esas preguntas forman parte de los cuestionamientos políticos que atraviesa su figura en aquel país. “Lo que me resulta más preocupante es que él sin tener ninguna función estatal, ningún salario en el Gobierno, llegó a formar parte de delegaciones importantes encabezadas por el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay”, mencionó el senador paraguayo de la oposición Rafael Filizzola.
El mismo senador presentó un pedido de informes a la Cancillería paraguaya en el que solicitó que el Ministerio indique “si el señor Andrés “Andy” Rivas realizó gestiones vinculadas con la política exterior», así como si cobró viáticos o si es o fue empleado del organismo.
“Ninguna”, respondieron a desde la Cancillería paraguaya sobre una presunta relación con Rivas. Asimismo, Rivas no contestó llamadas ni mensajes de este medio.
Paraguay es uno de los puntos donde coincidieron Rivas y Cerimedo. Ambos participaron de una conferencia en noviembre de 2024 llamada: “El fenómeno Milei. Cómo comunicar para ganar”. Además, dos fuentes de la consultoría política aseguraron que vieron a los dos en Honduras, mientras trabajaban en la campaña del ahora presidente Asfura. “Andy estuvo más presente allí, Cerimedo llegó para el final”, sostuvo una de ellas.
Otra convocatoria que compartieron fue un curso en la academia digital de Dick Morris. Allí hubieran compartido labores con otros consultores como Daniel Ivoskus y Luis Rosales, sin embargo, el proyecto “se truncó”.
Los dos buscaban estar cerca de candidatos políticos. Una fuente cercana a Patricia Bullrich recordó que en 2021 Cerimedo quiso integrar sus equipos, pero “cuando se dio cuenta de que no había plata se fue”. Luego de ese episodio, un empresario les presentó a Rivas, según relataron desde el bullrichismo. “Prometía reuniones con políticos en el exterior, pero nunca pasaba nada”, señalaron.
El nombre de Rivas también es conocido en el peronismo. “Dio una mano con agenda en Estados Unidos”, tanto con el Partido Republicano como con el Partido Demócrata», recordaron en el entorno del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Catalogaron a esas acciones como un “trabajo informal”, ya que no formó parte de un equipo orgánico. “Eso fue entre el 2018 y 2020″, ubicaron.
En el ámbito de la consultoría política dan cuenta de la llegada de Rivas a Estados Unidos. “Es un hombre del lobby latinoamericano”, definió uno de sus colegas. Allí lo ponderan positivamente, lejos de las propuestas de campaña digital por las que Cerimedo se hizo conocido.
Pese a la multiplicidad de personas que lo conocen, nadie pudo responder por qué el exasesor de campaña de Milei lo mencionó como su “amigo y socio”, cómo se conocieron y si es verdad que trabajaron juntos.
pagarés incumplidos y acuerdos de pago de deuda no respetados,informó LA NACION,Ignacio Grimaldi,Conforme a
POLITICA
El Gobierno anunció que presentará nuevas denuncias penales contra petroleras que operan en Malvinas

El Gobierno anunció este miércoles que presentará nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. Según informó la Oficina del Presidente, las presentaciones no se limitarán a las firmas: también identificarán a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan intervenido en esas decisiones.
El comunicado oficial precisó que las nuevas acciones judiciales derivarán tanto en la ampliación de causas ya en trámite como en la apertura de expedientes nuevos. El Ejecutivo remarcó que buscará “responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando” la soberanía nacional sobre el archipiélago.
Según pudo saber TN de fuentes oficiales, esta nueva presentación alcanzará a 5 firmas: Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited; Rockhopper Exploration (Oil) Limited; Borders & Southern Falkland Islands Limited; Borders & Southern Petroleum PLC; y Desire Petroleum Limited.
La medida se enmarca en la escalada de sanciones que el Gobierno viene sosteniendo en los últimos días, tras la cadena nacional que encabezó Javier Milei para advertir los riesgos del avance del proyecto petrolero Sea Lion.
En ese contexto, la Cancillería a cargo de Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, ya había presentado este lunes una primera denuncia penal contra cinco compañías vinculadas a la iniciativa: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Un total de 60 investigados hasta el momento
De acuerdo a lo informado por el propio Gobierno en los días previos, ya son 60 las personas humanas y jurídicas bajo procedimientos sancionatorios por presuntas infracciones a la Ley 26.659. La norma, sancionada en 2011, prohíbe a toda persona física o jurídica desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin habilitación de la autoridad argentina competente, y prevé inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para los responsables.
Días atrás, el Ejecutivo había firmado el Decreto 868/2026, publicado en el Boletín Oficial el 4 de septiembre, con el objetivo de acelerar los trámites administrativos vinculados a estas infracciones.
Leé también: Malvinas: la Justicia de Tierra del Fuego se declaró competente para intervenir en la demanda contra Sea Lion
La seguidilla de anuncios se da en simultáneo con otras medidas vinculadas a reforzar la soberanía, como el envío de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso y la instrucción presidencial para priorizar el desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego dentro del Presupuesto 2027, que el Gobierno debe enviar este 15 de septiembre.
Islas Malvinas, Gobierno
POLITICA
Milei defendió su política para Malvinas y dijo que es “una causa nacional”

El presidente Javier Milei brindó un discurso este miércoles en la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos y defendió su política contra las empresas que explotarán petróleo cerca de las Islas Malvinas -ocupadas por el Reino Unido- y afirmó que es “una causa nacional”.
“Cuando la Patria está en peligro todo esta permitido excepto no defenderla (frase de José de San Martín), por eso la semana pasada anunciamos una serie de medidas para defender la soberanía. Ya abrimos proceso sancionatorio contra 60 empresas y presentamos una denuncia penal contra las empresas vinculadas con el gobierno ilegitimo de las islas”, indicó el libertario en un discurso.
Y habló de una causa común: “No es [una causa] de un gobierno o un partido, con esto no puede haber grieta alguna. San Martín no liberó medio continente con discursos, lo hizo con logística, disciplina y anteponiéndose. Sin decisión es imposible avanzar en nuestras luchas. Vinimos a dar vuelta la página y construir una Patria próspera porque sin riqueza no se puede potenciar nuestra defensa”.
Tensión
La tensión diplomática con Londres comenzó luego de que, después de las declaraciones de Trump, Javier Milei dedicara la semana pasada una cadena nacional a reivindicar el reclamo argentino sobre las islas y anunciara una serie de medidas vinculadas con las actividades de empresas y Estados extranjeros en la zona.
En un discurso de 15 minutos, Milei puso el foco en la explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros en las cercanías del archipiélago y anticipó nuevas iniciativas para reforzar la posición argentina.
El endurecimiento de la postura del Ejecutivo responde también al avance de Sea Lion, un proyecto offshore en Malvinas. La iniciativa está en manos de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, dos compañías de exploración y producción de una escala considerablemente menor que la de las grandes petroleras internacionales. La israelí Navitas es la operadora del proyecto y controla el 65% de las licencias, mientras que Rockhopper, una empresa británica que cotiza en el mercado AIM de Londres, posee el 35% restante.
La participación de Navitas en Malvinas comenzó en 2022, cuando adquirió de Harbour Energy el 65% de las licencias y asumió la operación del área. Desde entonces, se convirtió en la principal impulsora de Sea Lion, que en diciembre de 2025 obtuvo junto con Rockhopper la decisión final de inversión para avanzar con una primera etapa valuada en US$1800 millones. La compañía prevé iniciar la producción en el primer trimestre de 2028.
A modo de respuesta, el mandatario informó que el Gobierno ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, con el objetivo de incrementar las capacidades de telecomunicaciones en el sur.
Además, anunció la publicación de un decreto reglamentario destinado a reunir en la Cancillería la información necesaria para impulsar sanciones contra compañías o Estados que realicen actividades ilegales en la zona.
Malvinas,Reino Unido,una serie de medidas,Sea Lion,Conforme a
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