POLITICA
Interna en la Embajada argentina en España: un funcionario dijo que le quitaron la oficina y lanzó fuertes acusaciones

La Embajada argentina en España quedó envuelta en un conflicto interno que combina decisiones administrativas, diferencias de criterio en la gestión y un trasfondo político que terminó por escalar la tensión entre dos de sus principales funcionarios. El episodio que hizo visible la disputa fue la decisión del embajador Wenceslao Bunge Saravia de retirarle el despacho dentro de la sede diplomática al agregado para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, Alejandro Nimo, quien además posee rango de consejero de Embajada y cónsul general.
La medida, según pudo confirmar Infobae, se concretó en las oficinas que la Argentina alquila en la calle Fernando El Santo 15, en el barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Desde ese edificio, donde trabajan más de 40 empleados, se articula la representación diplomática, consular y comercial del país ante España, con un foco particular en la atracción de inversiones y el fortalecimiento del vínculo bilateral.
Pero en la Embajada, según pudo confirmar Infobae, ese semana se transmitió por un memo interno enviado por correo electrónico oficial a todo el personal, que la estructura iba a reducirse, debido a que no se renovaría el alquiler de un piso donde funcionaba el Consulado General.
Por ese achique, y de acuerdo a esa comunicación, las oficinas administrativas iban a ser redistribuidas entre las que tenían asignadas el personal. Las autoridades administrativas de la representación diplomática argentina explicaron, entonces, que iba a procederse a una mudanza y a reubicar y compartir las oficinas entre el personal.
Sin embargo, lo que en términos formales puede ser leído como una reconfiguración interna de espacios y funciones derivó rápidamente en un conflicto de mayor alcance cuando Nimo decidió hacer pública la situación a través de su cuenta en la red social X. Allí denunció que había sufrido el desalojo dentro de la embajada y aclaró que no se trataba de un desplazamiento del cargo, sino de la quita del despacho desde el cual desarrollaba su actividad.
“Quiero aclarar que no se trata de que me hayan desplazado del cargo, sino que simplemente, por decisión del embajador Bunge, me han quitado el despacho en la que trabajaba y atendía a los empresarios que invierten en Argentina”, escribió. En ese mismo mensaje, sostuvo que ese espacio “se había convertido en un símbolo y un sitio de convergencia” de quienes apoyan las ideas del presidente Javier Milei en España.
El posteo avanzó más allá de la descripción del hecho y planteó una interpretación política de la decisión. Nimo señaló que en su despacho había un cuadro con la imagen del Presidente, además de otros elementos vinculados a lo que definió como la “batalla cultural”, y sugirió que ese perfil generaba incomodidad dentro de la estructura diplomática. En ese contexto, hizo referencia a sectores que identificó como parte de la “casta diplomática” y cuestionó el alineamiento del embajador con las premisas del gobierno.
“Me preocupa su falta de compromiso con el achicamiento del Estado y el cumplimiento de las premisas de responsabilidad fiscal que pregona nuestro Presidente”, afirmó. También indicó que había intentado acercarle propuestas para reducir el gasto de la embajada, sin éxito. “Deshacerse de mi oficina no fue deshacerse de mí. Fue deshacerse de un símbolo”, agregó, en un mensaje que combinó la denuncia operativa con una impugnación política.

La reacción pública de Nimo convirtió un episodio interno en un conflicto expuesto, con derivaciones que exceden lo estrictamente administrativo. Sin embargo, según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes con conocimiento de la situación, la decisión del embajador se inscribe en una tensión previa que venía acumulándose desde hace meses.
Nimo, identificado con el ideario libertario y discípulo del economista español Jesús Huerta de Soto, había desarrollado en Madrid una agenda propia de reuniones con empresarios y actores del sector privado, con el objetivo de promover inversiones hacia la Argentina. En ese marco, mantuvo contactos con compañías del sector alimentario y ferroviario, con promesas de canalización de capitales en línea con el programa económico del gobierno, por más de 2.500 millones de euros.
Esa actividad, sin embargo, se desplegó en paralelo a la agenda institucional de la embajada, lo que generó fricciones en el funcionamiento interno. La superposición de interlocutores y la autonomía en la gestión de reuniones y compromisos comenzaron a marcar diferencias en la forma de encarar la promoción económica desde la representación argentina en España.
El punto que terminó de escalar el conflicto fue, según la versión que trascendió, sería una entrevista que Nimo concedió recientemente a un influencer en redes sociales. En ese diálogo, defendió la política de austeridad fiscal del gobierno argentino, reivindicó la “batalla cultural” contra el socialismo y formuló críticas al gobierno de Pedro Sánchez.
Esa intervención, de acuerdo con esa reconstrucción, elevó el nivel de tensión dentro de la embajada y actuó como catalizador de una decisión que ya se venía evaluando. En el plano diplomático, las expresiones públicas de funcionarios sobre la política interna del país anfitrión suelen ser un factor sensible, especialmente cuando se producen desde posiciones con representación oficial.
La figura de Bunge Saravia permite entender el encuadre desde el cual se tomó la decisión. Con una extensa trayectoria en el sistema financiero internacional —incluyendo casi tres décadas en Credit Suisse y posiciones de liderazgo en la firma Jones Lang LaSalle—, el embajador llegó a Madrid con un perfil técnico y un mandato centrado en la atracción de inversiones, la expansión del comercio bilateral y la articulación con el sector empresarial.

Antes de asumir en España, desarrolló su carrera en plazas como Nueva York, San Pablo y Londres, ocupando cargos vinculados a banca de inversión y mercados de capitales. Esa experiencia fue presentada como un activo para una gestión orientada a resultados concretos en materia económica, en línea con las prioridades del gobierno argentino.
En ese esquema, la coordinación institucional y la centralización de la interlocución con inversores aparecen como elementos relevantes. La coexistencia de esa lógica con una agenda paralela, de fuerte impronta política y exposición pública, configuró un escenario de fricción que terminó de materializarse en la reconfiguración del espacio de trabajo dentro de la embajada.
En paralelo al conflicto, Nimo avanzó en una redefinición de su dinámica operativa. Según pudo saber este medio, alquiló una oficina propia en el barrio de Chamberí, también en Madrid, desde donde prevé continuar con su actividad vinculada a la promoción de inversiones. En ese mismo sentido, transmitió en reserva que no tiene previsto volver a trabajar desde la sede diplomática.
Ese movimiento introduce un elemento adicional en la situación: aunque formalmente mantiene su cargo dentro de la estructura estatal, su funcionamiento se desplaza hacia un esquema externo a la embajada, lo que abre interrogantes sobre la articulación institucional de sus funciones y el modo en que se canalizarán eventuales gestiones con empresas e inversores.
La embajada en España ocupa un lugar estratégico dentro del esquema de relaciones internacionales de la Argentina. España es uno de los principales socios comerciales en Europa y un origen relevante de inversiones en sectores clave de la economía. En ese contexto, la representación diplomática tiene un rol central en la articulación con el sector privado y en la promoción de oportunidades de negocio.
La disputa entre Bunge Saravia y Nimo deja expuestas dos aproximaciones distintas a esa tarea. Por un lado, una lógica institucional, centrada en la coordinación y en la gestión ordenada de la agenda económica. Por otro, una estrategia con mayor énfasis en la proyección política e ideológica, que busca amplificar en el exterior las definiciones del gobierno en materia de discurso y posicionamiento.
Por ahora, el conflicto no derivó en cambios formales en la estructura de la embajada ni en la situación laboral de los funcionarios involucrados. Nimo continúa en su cargo, aunque con una modalidad de trabajo diferente, mientras que la Cancillería sigue de cerca la evolución del caso.
El desenlace dependerá de la capacidad de reencauzar la relación dentro de parámetros institucionales o, eventualmente, de una decisión política que redefina roles y funciones en una de las sedes diplomáticas más relevantes para la estrategia económica del gobierno argentino. En el corto plazo, el episodio ya dejó una señal clara: la interna en la embajada en Madrid trascendió los despachos y se convirtió en un conflicto con exposición pública y derivaciones políticas.
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POLITICA
Pablo Moyano vuelve al ruedo político y denunciará al Gobierno por la reforma laboral

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, dejará el bajo perfil del último tiempo y volverá a ponerse al frente de una campaña contra el gobierno de Javier Milei. Según pudo saber de fuentes sindicales, el dirigente camionero encabezará el martes próximo una conferencia de prensa para denunciar la “situación crítica” de los trabajadores ante la reglamentación de la reforma laboral.
El sindicalista, distanciado de su padre Hugo y alejado de la toma de decisiones del gremio, compartirá la presentación con Julio Sosa, presidente de la Sección Ferroviaria Global de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) e integrante de la Comisión Directiva de La Fraternidad.
Si bien no será un denuncia judicial, los dirigentes apuestan a plantar la primera bandera de resistencia política contra la reforma laboral, descontentos con la actitud dialoguista que mantuvo la CGT, pese a la instrumentación de cuatro paros generales desde que inició la era Milei.
En el encuentro, convocado para las 9.30 en Hipólito Yrigoyen 1964, Moyano y Sosa denunciarán al Gobierno por la “crítica situación de los trabajadores ante la reglamentación de la reforma laboral; el deterioro social y la persecución y multas al sindicato ferroviario que aplica la gestión”, según indicaron a desde ese sector.
La movida, que representará la vuelta al ruedo de Pablo Moyano, se realizará en el marco del desarrollo del Comité Directivo de la Sección Ferroviaria de la ITF, que reunirá los días lunes y martes a 45 dirigentes sindicales de 25 países.
También darán detalles sobre “las denuncias internacionales presentadas contra el Gobierno de Javier Milei”.
El presente de Moyano
Alejado de la CGT, de la que renunció en noviembre de 2024, Pablo Moyano se mantuvo desde entonces en una oposición frontal a la reforma laboral. Apoyó reclamos sectoriales del gremio de Camioneros en distintos puntos del país y se movió cerca de nucleamientos sindicales de perfil aguerrido como el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), donde militan la UOM, ATE y Aceiteros, entre otros.
Por el contrario, gremios que fueron de perfil netamente aguerrido como el SMATA aceptaron recientemente incluir en el sector el banco de horas, una de las innovaciones de la ley de ‘Modernización Laboral’, tal como reveló .
Denuncia ante la OIT
Por su lado, la CGT y las dos CTA se unieron la semana pasada en Ginebra, Suiza, para denunciar al Gobierno en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo especializado de las Naciones Unidas, por los “graves incumplimientos a las normas internacionales del trabajo” por parte de la gestión de Milei tras la reglamentación de la reforma laboral.
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POLITICA
Un diputado aliado al Gobierno aseguró que la salida de Adorni es inevitable: “Para mí el tema está terminado”

El diputado Oscar Zago, presidente del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y primer titular que tuvo La Libertad Avanza en la Cámara baja, aseguró este sábado que la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es inevitable. “Para mí el tema Adorni está terminado”, afirmó, al tiempo que advirtió que cada día que el presidente Javier Milei sostenga al funcionario, el costo político recae sobre el propio Ejecutivo.
“Ya no da ni siquiera hacer un análisis más de lo que dijo, porque la verdad que no sabemos si dijo una sola verdad. Es mentir para tapar a otra mentira y tapar a otra mentira”, sentenció Zago, quien presidió el bloque oficialista hasta abril de 2024, cuando fue reemplazado por el cordobés Gabriel Bornoroni y conformó su propio espacio. El legislador trazó dos únicas salidas posibles: que Adorni presente su dimisión de manera indeclinable o que Milei le acepte la renuncia que, según trascendió en el propio Congreso, ya fue ofrecida. “O se tiene que ir directamente al decir: ‘Renuncio indeclinablemente y no hay marcha atrás y me voy a dedicar a mi problema judicial’, o directamente el presidente lo llama y le dice: ‘Bueno, ahora sí te tomo la renuncia y te vas’”, graficó.
La advertencia de Zago se produce en medio de la presión que sobre Adorni se acumula desde varios frentes. El PRO condicionó su respaldo político al Gobierno a la salida del jefe de Gabinete: “No sabemos por qué no se va, es un papelón”, dijeron desde el entorno del expresidente Mauricio Macri. El partido emitió un comunicado en el que calificó las omisiones del funcionario como “una falta grave” e irreversible, y el diputado Fernando De Andreis, secretario general de esa fuerza, fue más directo: “La situación no da para más. Se le está pidiendo un esfuerzo enorme a los argentinos y de repente estas actitudes la tiran afuera”.
El escándalo se desató tras la presentación de la declaración jurada de Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA), en la que el funcionario incorporó USD 513.000 no declarados, atribuidos a inversiones en bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, versión que fue puesta en duda por legisladores del propio espacio oficialista. “¿En serio laburaron casi cien días para esto?” y “Nos va a hundir a todos” fueron algunas de las frases que circularon en las principales oficinas del Gobierno tras la presentación.
Para Zago, el problema no es solo judicial sino de credibilidad acumulada. El diputado recordó que Adorni compareció ante el Congreso el 29 de abril con el respaldo unánime del bloque oficialista —“Estaban todos aplaudiéndolo y gritándole: ‘¡Vamos, Manu!’. Está en los videos»— y que luego sus declaraciones públicas contradijeron lo que había dicho en esa sesión. “Fue mintiendo y descaradamente, y en un programa decía una cosa y en el otro decía otra, y a los diputados le decía otra. Del mismo tema”, remarcó.
Esa secuencia es la que llevó a su bloque a cambiar de posición. Zago confirmó que darán quórum y acompañarán una interpelación: “Nos sentimos muy tomados de boludos, que nos vino y nos mintió cuando se fue y al otro día seguía haciendo declaraciones distintas. Fue todo distinto a lo que nos vino a contar a los diputados”. El diputado descartó, en cambio, que una moción de censura prospere, ya que el oficialismo —que cuenta con 94 diputados— no la acompañaría. Sobre ese punto hubo un intercambio con los conductores del programa, quienes citaron el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que la remoción del jefe de Gabinete requiere la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, sin necesidad de los dos tercios que Zago sostenía.
Los pedidos de sesión especial para el martes 24 de junio ya reúnen 120 firmas, a nueve del quórum necesario. La oposición necesita que al menos una parte del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) o el bloque Innovación Federal se sume. La UCR ya emitió un comunicado en el que señaló que Adorni “mintió ante el Congreso” y que “quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de conducir el Estado”.
De todas formas, Zago especuló con que la salida se producirá antes de esa fecha. “Yo creo que ya el Gobierno no va a querer pagar más costos y seguramente sí se va antes del 23”, dijo, y apuntó que el plazo otorgado al funcionario también responde a disputas internas dentro del espacio libertario: “Ahí entran algunos vivillos también”.
Sobre por qué Milei no tomó la decisión antes, el diputado fue escueto: “Están sumergidos. Eso es un problema pura y exclusivamente de interna”. Según trascendió en los últimos días, el presidente rechazó las sugerencias de su entorno para que acepte la renuncia de Adorni y llegó a congelar el contacto por WhatsApp al colaborador que más insistió en ese sentido.
El diputado también dejó en claro su posición de cara a las elecciones de 2027. Señaló que su bloque analiza distintas opciones y mantiene diálogo con varios partidos. Y ante la consulta sobre si prefería que Adorni se quedara como rival electoral, respondió sin rodeos: “A mí me encantaría que se quede, porque quiero tenerlo enfrente en una contienda electoral. Yo lo quiero tener en la cancha jugando”.
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POLITICA
Eduardo Sosa, tras su histórica restitución como procurador general de Santa Cruz: “Es una reparación institucional”

EL CALAFATE.- A sus 74 años, el doctor Eduardo Sosa acaba de ganarle una pulseada a la historia. En 1995 se convirtió en protagonista involuntario de una de las obsesiones de Néstor Kirchner: el control absoluto de la Justicia. En aquel momento, una ley impulsada por los Kirchner desdobló su cargo de procurador general y fue destituido en una acción que instauró la sumisión de la Justicia al poder político provincial. Ahora, más de treinta años después, fue repuesto en su cargo por la Legislatura de Santa Cruz y vuelve al centro de la escena.
Sosa, quien ejerció el cargo de procurador entre 1990 y 1995 –tiempos en los que llevaba adelante investigaciones que molestaban al poder–, quedó fuera de la Justicia cuando una reforma avalada por los diputados kirchneristas, encabezados por Cristina Kirchner, desdobló su cargo en jefe de fiscales y defensores. Él fue apartado del puesto sin que se respetara el principio de inamovilidad de los jueces.
El abogado llevó su causa hasta la Corte Suprema de Justicia, que ordenó en numerosas oportunidades a la provincia la reposición en su cargo. La orden nunca se acató. El último fallo fue en 2009 y su posterior ratificación en 2010. Kirchner, pragmático hasta el final, encabezó un multitudinario acto en Río Gallegos para oponerse a la orden de la Corte; fue el último acto político antes de su muerte.
El gobierno de Santa Cruz nunca cumplió la orden; el kirchnerismo siguió firme en el poder hasta fines de 2023 y la justicia provincial nunca investigó a fondo ningún asunto público que cuestione el poder político en el distrito.
Apenas pasaron 24 horas después de que se votara la ley, promovida por el gobernador Claudio Vidal, que lo repuso en el cargo del que fuera apartado, Sosa asegura que el tema lo trasciende. “Se repara algo que era una mancha para la provincia de Santa Cruz”, afirma en diálogo con .
Para Sosa, la decisión de la Legislatura de Santa Cruz restaura “el daño” que provocó el kirchnerismo al “violar la ley”. Además, recuerda cuando, a finales de 2023, Vidal le pidió disculpas en nombre de todo el pueblo de Santa Cruz. Desde ese momento, Sosa sintió que había quedado abierta la posibilidad de reparar su situación.
Si bien reconoce que la noticia llega cuando ya estaba en una etapa reposada de su vida, asegura que está dispuesto a reasumir su cargo. Lo considera “un deber cívico”. Sosa nunca perdió la moderación en sus declaraciones, ni siquiera ahora que la historia le dio la razón.
-¿Cómo recibió la noticia de su pronta restitución en el cargo?
-Pasaron 30 años de mi remoción y 17 desde que desobedecieron el último fallo de la Corte. Suena muy insólito, excepcional y tan triste que haya pasado algo así. Ahora creo que lo importante es que, en definitiva, por una decisión del actual gobierno y de los diputados que lo avalaron no quede esa mancha tan notoria, la de una provincia que se negó a cumplir un fallo de la Corte.
-¿Con qué energía lo encuentra el nombramiento en un cargo del que fue apartado hace 30 años?
-Cuando surgió la iniciativa, me adapté a acompañarla, siendo que me saca de una zona de confort donde ya estoy haciendo una vida muy linda y tranquila. Pero es un compromiso cívico que tengo que cumplir. Voy a ver cómo me siento y si puedo ser realmente útil. Espero que sí. Me gustaría hacer aportes para un mejor funcionamiento de la Justicia.
-¿Usted cree que su caso sirvió para disciplinar al Poder Judicial?
-Una justicia donde los jueces no tienen la tranquilidad de que se respete el principio de inamovilidad, que la legitimidad no se cumpla, es el peor escenario para que cumplan con imparcialidad e independencia su función. Creo que eso se ha notado en muchos pronunciamientos. Llama la atención que una provincia como Santa Cruz no haya tenido investigaciones con respecto a los asuntos públicos.
-Pese a todo el tiempo que transcurrió desde que fue apartado, no se percibe en usted un deseo de revancha.
-Yo siempre partí de la base que no podía dejarme ganar por ningún tipo de rencor. Lo que traté de hacer es asumir un compromiso cívico, cuando tuve que batallar desde el inicio. En un momento me quisieron sustituir la reincorporación con una indemnización. Yo no lo acepté porque me parecía que tenía que agotar la reposición. Yo no he recibido ninguna reparación por la cesantía ilegal. Yo tengo sueldos caídos y un daño moral en un juicio que se tramitó en la provincia y llegó a la Corte.
-¿Cómo cree que se devuelve la confianza en el Poder Judicial?
-Es importante el paso que se está dando. Si bien suena insólito, excepcional, es un paso más. De alguna manera, hay que cuidar las instituciones. Tenemos esto, pero ahora hay que recorrer un largo camino.
-¿Le genera esperanza que haya llegado esta reparación?
-Sí. El tema me trasciende, más que una reparación personal, es una reparación institucional. En definitiva, aunque tarde, repara algo que era una mancha para Santa Cruz. Con este gesto se repara el daño de una voluntad política que quiso violar la ley y no respetó los fallos de la Corte. Una sociedad no va a poder avanzar bien si no se respetan la ley y los fallos judiciales.
-Volverá a un lugar donde quizás se cruce con muchos que no lo apoyaron.
-Es la naturaleza de las cosas… Así como pasó eso, también tengo un enorme agradecimiento con muchísima gente que me ha apoyado y rescato a muchos colegas que han cumplido su rol con dignidad, como Marcos Oliva Day, que ya no está entre nosotros. También estuve muy bien acompañado por los abogados Luis María Aguilar Torres o el doctor Daniel Sabsay. Y debo agradecer mucho al periodismo, que siempre ha mantenido el tema en agenda.
-¿Cómo debería mejorarse el Poder Judicial?
-La idea de nuestros constitucionalistas es el famoso check and balance, donde cada uno cumple su rol. No debe ser un poder obstructivo el uno con el otro, pero tiene que ejercer cada uno con profesionalismo los roles asignados. En cuanto al Poder Judicial, es el que genera el equilibrio, el control, la defensa de los derechos de la ciudadanía. En definitiva, debe ser un poder armonizador. No debe ser un poder político partidario. Una persona puede haber tenido una vocación política, pero cuando se cuelga el saco y va la toga, debe ejercer una política de Estado, en función de los mandatos institucionales.
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