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Interna en la Embajada argentina en España: un funcionario dijo que le quitaron la oficina y lanzó fuertes acusaciones

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La Embajada argentina en España quedó envuelta en un conflicto interno que combina decisiones administrativas, diferencias de criterio en la gestión y un trasfondo político que terminó por escalar la tensión entre dos de sus principales funcionarios. El episodio que hizo visible la disputa fue la decisión del embajador Wenceslao Bunge Saravia de retirarle el despacho dentro de la sede diplomática al agregado para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, Alejandro Nimo, quien además posee rango de consejero de Embajada y cónsul general.

La medida, según pudo confirmar Infobae, se concretó en las oficinas que la Argentina alquila en la calle Fernando El Santo 15, en el barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Desde ese edificio, donde trabajan más de 40 empleados, se articula la representación diplomática, consular y comercial del país ante España, con un foco particular en la atracción de inversiones y el fortalecimiento del vínculo bilateral.

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Pero en la Embajada, según pudo confirmar Infobae, ese semana se transmitió por un memo interno enviado por correo electrónico oficial a todo el personal, que la estructura iba a reducirse, debido a que no se renovaría el alquiler de un piso donde funcionaba el Consulado General.

Por ese achique, y de acuerdo a esa comunicación, las oficinas administrativas iban a ser redistribuidas entre las que tenían asignadas el personal. Las autoridades administrativas de la representación diplomática argentina explicaron, entonces, que iba a procederse a una mudanza y a reubicar y compartir las oficinas entre el personal.

Sin embargo, lo que en términos formales puede ser leído como una reconfiguración interna de espacios y funciones derivó rápidamente en un conflicto de mayor alcance cuando Nimo decidió hacer pública la situación a través de su cuenta en la red social X. Allí denunció que había sufrido el desalojo dentro de la embajada y aclaró que no se trataba de un desplazamiento del cargo, sino de la quita del despacho desde el cual desarrollaba su actividad.

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“Quiero aclarar que no se trata de que me hayan desplazado del cargo, sino que simplemente, por decisión del embajador Bunge, me han quitado el despacho en la que trabajaba y atendía a los empresarios que invierten en Argentina”, escribió. En ese mismo mensaje, sostuvo que ese espacio “se había convertido en un símbolo y un sitio de convergencia” de quienes apoyan las ideas del presidente Javier Milei en España.

El posteo avanzó más allá de la descripción del hecho y planteó una interpretación política de la decisión. Nimo señaló que en su despacho había un cuadro con la imagen del Presidente, además de otros elementos vinculados a lo que definió como la “batalla cultural”, y sugirió que ese perfil generaba incomodidad dentro de la estructura diplomática. En ese contexto, hizo referencia a sectores que identificó como parte de la “casta diplomática” y cuestionó el alineamiento del embajador con las premisas del gobierno.

“Me preocupa su falta de compromiso con el achicamiento del Estado y el cumplimiento de las premisas de responsabilidad fiscal que pregona nuestro Presidente”, afirmó. También indicó que había intentado acercarle propuestas para reducir el gasto de la embajada, sin éxito. “Deshacerse de mi oficina no fue deshacerse de mí. Fue deshacerse de un símbolo”, agregó, en un mensaje que combinó la denuncia operativa con una impugnación política.

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La reacción pública de Nimo convirtió un episodio interno en un conflicto expuesto, con derivaciones que exceden lo estrictamente administrativo. Sin embargo, según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes con conocimiento de la situación, la decisión del embajador se inscribe en una tensión previa que venía acumulándose desde hace meses.

Nimo, identificado con el ideario libertario y discípulo del economista español Jesús Huerta de Soto, había desarrollado en Madrid una agenda propia de reuniones con empresarios y actores del sector privado, con el objetivo de promover inversiones hacia la Argentina. En ese marco, mantuvo contactos con compañías del sector alimentario y ferroviario, con promesas de canalización de capitales en línea con el programa económico del gobierno, por más de 2.500 millones de euros.

Esa actividad, sin embargo, se desplegó en paralelo a la agenda institucional de la embajada, lo que generó fricciones en el funcionamiento interno. La superposición de interlocutores y la autonomía en la gestión de reuniones y compromisos comenzaron a marcar diferencias en la forma de encarar la promoción económica desde la representación argentina en España.

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El punto que terminó de escalar el conflicto fue, según la versión que trascendió, sería una entrevista que Nimo concedió recientemente a un influencer en redes sociales. En ese diálogo, defendió la política de austeridad fiscal del gobierno argentino, reivindicó la “batalla cultural” contra el socialismo y formuló críticas al gobierno de Pedro Sánchez.

Esa intervención, de acuerdo con esa reconstrucción, elevó el nivel de tensión dentro de la embajada y actuó como catalizador de una decisión que ya se venía evaluando. En el plano diplomático, las expresiones públicas de funcionarios sobre la política interna del país anfitrión suelen ser un factor sensible, especialmente cuando se producen desde posiciones con representación oficial.

La figura de Bunge Saravia permite entender el encuadre desde el cual se tomó la decisión. Con una extensa trayectoria en el sistema financiero internacional —incluyendo casi tres décadas en Credit Suisse y posiciones de liderazgo en la firma Jones Lang LaSalle—, el embajador llegó a Madrid con un perfil técnico y un mandato centrado en la atracción de inversiones, la expansión del comercio bilateral y la articulación con el sector empresarial.

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Antes de asumir en España, desarrolló su carrera en plazas como Nueva York, San Pablo y Londres, ocupando cargos vinculados a banca de inversión y mercados de capitales. Esa experiencia fue presentada como un activo para una gestión orientada a resultados concretos en materia económica, en línea con las prioridades del gobierno argentino.

En ese esquema, la coordinación institucional y la centralización de la interlocución con inversores aparecen como elementos relevantes. La coexistencia de esa lógica con una agenda paralela, de fuerte impronta política y exposición pública, configuró un escenario de fricción que terminó de materializarse en la reconfiguración del espacio de trabajo dentro de la embajada.

En paralelo al conflicto, Nimo avanzó en una redefinición de su dinámica operativa. Según pudo saber este medio, alquiló una oficina propia en el barrio de Chamberí, también en Madrid, desde donde prevé continuar con su actividad vinculada a la promoción de inversiones. En ese mismo sentido, transmitió en reserva que no tiene previsto volver a trabajar desde la sede diplomática.

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Ese movimiento introduce un elemento adicional en la situación: aunque formalmente mantiene su cargo dentro de la estructura estatal, su funcionamiento se desplaza hacia un esquema externo a la embajada, lo que abre interrogantes sobre la articulación institucional de sus funciones y el modo en que se canalizarán eventuales gestiones con empresas e inversores.

La embajada en España ocupa un lugar estratégico dentro del esquema de relaciones internacionales de la Argentina. España es uno de los principales socios comerciales en Europa y un origen relevante de inversiones en sectores clave de la economía. En ese contexto, la representación diplomática tiene un rol central en la articulación con el sector privado y en la promoción de oportunidades de negocio.

La disputa entre Bunge Saravia y Nimo deja expuestas dos aproximaciones distintas a esa tarea. Por un lado, una lógica institucional, centrada en la coordinación y en la gestión ordenada de la agenda económica. Por otro, una estrategia con mayor énfasis en la proyección política e ideológica, que busca amplificar en el exterior las definiciones del gobierno en materia de discurso y posicionamiento.

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Por ahora, el conflicto no derivó en cambios formales en la estructura de la embajada ni en la situación laboral de los funcionarios involucrados. Nimo continúa en su cargo, aunque con una modalidad de trabajo diferente, mientras que la Cancillería sigue de cerca la evolución del caso.

El desenlace dependerá de la capacidad de reencauzar la relación dentro de parámetros institucionales o, eventualmente, de una decisión política que redefina roles y funciones en una de las sedes diplomáticas más relevantes para la estrategia económica del gobierno argentino. En el corto plazo, el episodio ya dejó una señal clara: la interna en la embajada en Madrid trascendió los despachos y se convirtió en un conflicto con exposición pública y derivaciones políticas.

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La derrota de Donald Trump abre un interrogante sobre el respaldo financiero de EE.UU. a la Argentina – Nexofin

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La nueva distribución del poder político en Estados Unidos podría tener consecuencias para la Argentina si el Gobierno de Javier Milei necesita recurrir a una asistencia financiera extraordinaria. Con el Congreso bajo control demócrata y la Casa Blanca en manos republicanas, las decisiones de Washington podrían volverse más lentas y quedar sujetas a negociaciones entre fuerzas enfrentadas.

La advertencia fue planteada por Gary Litman, vicepresidente senior de Iniciativas Globales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce), durante el 16° Foro de ABECEB, que se realizó este jueves en el Faena Art Center de Buenos Aires.

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El ejecutivo se refirió puntualmente a las dificultades que puede generar un Congreso dividido para responder ante situaciones de crisis en economías como la argentina. “La toma de decisiones será más lenta, la voluntad política no necesariamente estará presente y la disposición a utilizar el Fondo Monetario Internacional u otros instrumentos para acudir al rescate disminuye cuando tenemos un gobierno dividido”, sostuvo.

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Sus declaraciones se conocieron después de las elecciones de medio término del martes, en las que el Partido Demócrata consiguió el control de ambas cámaras legislativas, un resultado adverso para el oficialismo de Donald Trump. De esta manera, el Presidente estadounidense deberá gobernar con un Poder Legislativo controlado por la oposición.

Para la Argentina, que históricamente recurrió al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a otros organismos internacionales para obtener respaldo en momentos de dificultades financieras, el planteo representa una señal de atención. Litman no anticipó un retiro del apoyo estadounidense, pero sí advirtió que la posibilidad de activar mecanismos de asistencia podría encontrar mayores obstáculos políticos.

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El cambio en las reglas del comercio internacional

Durante su exposición, el representante de la Cámara de Comercio estadounidense también analizó las transformaciones que atraviesa la economía global y el creciente protagonismo de los gobiernos en las decisiones del sector privado.

“Se volvió normal que los gobiernos intenten decirles a las empresas dónde invertir, qué producir, con quién comerciar y qué innovaciones financiar”, afirmó. Según su diagnóstico, el equilibrio entre el Estado y las compañías se modificó de manera pronunciada desde la crisis financiera de 2008 y, especialmente, después de la pandemia.

A ese escenario se suman los aranceles y las restricciones comerciales, que incrementan la incertidumbre, encarecen los negocios y obligan a las empresas a revisar sus planes de inversión. Para Litman, esta dinámica dejó de ser una situación excepcional y se convirtió en una nueva condición del escenario económico internacional.

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Sin embargo, el ejecutivo destacó que América del Sur seguirá teniendo relevancia para Estados Unidos. “El foco de la política estadounidense en América del Sur llegó para quedarse”, aseguró, y anticipó una mayor presencia empresarial, política y de personal de su país en la región durante los próximos años.

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La situación local también ocupó un lugar central en el encuentro. En la apertura del foro, la CEO de ABECEB, Mariana Camino, propuso analizar la economía argentina a partir de tres procesos que avanzan en simultáneo, pero a ritmos diferentes.

El primero corresponde a la coyuntura y contempla variables como el consumo, la inflación, el empleo y la actividad. El segundo mide cómo la estabilidad económica se traslada a las empresas mediante el crédito, el financiamiento y las posibilidades de crecimiento. El tercero apunta a la transformación productiva, con eje en sectores como la energía, el agro y la minería, además de la apertura económica y los cambios en las reglas de juego.

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“Estos tres relojes funcionan en simultáneo, pero marcan distintas horas”, explicó Camino. Desde su perspectiva, los indicadores generales no alcanzan para describir la realidad de un país en el que conviven actividades con perspectivas muy diferentes.

La titular de ABECEB señaló que algunas empresas están vinculadas con sectores que crecen a gran velocidad, mientras que otras enfrentan dificultades para sostener sus márgenes frente a la apertura de la economía. Esa heterogeneidad también se observa dentro de una misma actividad.

La estabilidad, un punto de partida para atraer inversiones

Camino reconoció que la estabilidad económica constituye un activo para la Argentina, aunque advirtió que no alcanza por sí sola para garantizar la llegada de inversiones. Para que las empresas comprometan capital a largo plazo, consideró necesario que exista previsibilidad sobre la continuidad de las reglas económicas.

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“El costo del capital es más alto cuando la respuesta a si esto puede durar no es clara”, sostuvo. En ese sentido, planteó que la construcción de confianza y la persistencia de las mejoras serán claves para avanzar hacia una nueva etapa.

Como parte de ese análisis, mencionó el Índice de Reversión del Modelo (IRM), que ABECEB desarrolla desde fines de 2023. El indicador reúne 22 series cuantitativas para medir la probabilidad de que el sistema político decida revertir las reglas actuales. Según los datos presentados, cayó un 22% entre noviembre de 2023 y el tercer trimestre de 2026, al pasar de 53 a 42 puntos sobre una escala de 100.

La ejecutiva también advirtió sobre el costo de postergar decisiones empresariales. Mientras una compañía espera mayores certezas, otra puede avanzar con contratos de largo plazo, desarrollar proveedores, conseguir financiamiento o establecer nuevas alianzas comerciales.

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Axel Kicillof presentó su proyecto de presupuesto y busca aval para un endeudamiento por US$ 1000 millones

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El gobierno de Axel Kicillof presentó este jueves el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para el año que viene, en un encuentro que sostuvo el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, con legisladores provinciales.

El cálculo de gasto total es de $58,6 billones. La iniciativa incluye un pedido de endeudamiento por US$1000 millones y un Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad para las intendencias, atado a ese endeudamiento. La emergencia económica, que rige en la Provincia desde el año pasado, continuará vigente.

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Según resumió el Ministerio de Economía provincial, el proyecto de presupuesto prevé una inversión de capital de $4,05 billones; otros $2,32 billones para “protección de sectores vulnerables” (incluye la extensión del alcance del Servicio Alimentario Escolar); un gasto en el área de salud de $2,26 billones; de $1,93 billones en educación, y, en el área de seguridad y Servicio Penitenciario, de $1,98 billones.

Roberto Feletti, Sergio Berni, Juan Pablo De Jesús, Mariano Cascallares, Rubén Eslaiman, Malena Galmarini y Gervasio Bozzano, en la primera fila de la presentación del presupuesto bonaerense 2027Cámara de Diputados bonaerense

“El gobierno nacional recortó de manera ilegal fondos que, a octubre, alcanzan $20 billones, que en la gestión del gobernador Axel Kicillof destinábamos a escuelas, patrulleros, ambulancias, servicios y derechos de todos los bonaerenses”, dijo López en la presentación. “A esto, se suma la caída en la recaudación producto de la crisis económica generada por las políticas nacionales”, añadió.

“En el marco de esta crisis y emergencia económica profunda, los proyectos de ley de Presupuesto, [Ley] Impositiva y [Ley de] Financiamiento 2027 son las herramientas que nos permiten como Estado provincial garantizar que las y los bonaerenses cuenten con mejores condiciones en este contexto tan complejo”, subrayó el ministro de Economía provincial ante los legisladores.

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El gobierno provincial solicita un endeudamiento por US$1000 millones. El año pasado, había logrado autorización para tomar deuda por hasta US$3685 millones. Para conseguir aprobación para su solicitud de endeudamiento, el gobernador incluyó en su ofrecimiento un fondo para los municipios destinado al área de seguridad (Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad), atado a la recaudación del endeudamiento.

Pablo López y Axel KicillofGobierno de la Provincia de Buenos Aires

Sobre el proyecto de Ley Impositiva, el gobierno bonaerense destacó que no se modifican las alícuotas de Ingresos Brutos, que no habrá incremento de impuestos patrimoniales y que no se modifican las alícuotas del impuesto de sellos.

Según un análisis de una bancada opositora, los gastos y recursos se elevan cerca del 36% nominal con respecto a la ley de presupuesto de 2026, mientras que el déficit financiero sube más del 40% (de $1,54 billones a $2,15 billones).

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Magario afirmó que el gobierno provincial cree “en los consensos”. Y sostuvo: “Es un Presupuesto donde hay mucha inversión dedicada a la salud, la educación y el sostenimiento de obras públicas y viales que hoy están absolutamente paradas en el país”.

Desde bloques como el de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, en tanto, adelantaron a que reclamarán que el presupuesto incluya un “reparto equitativo de recursos para todos los municipios, sin discrecionalidad” y que “se ponga el eje en que lleguen los recursos para que la obra social IOMA no siga disminuyendo sus prestaciones e incumpliendo con sus afiliados”.

El diputado provincial Andrés De Leo (Coalición Cívica) cuestionó la presentación que hizo López. “El gobierno de Kicillof ha licuado los salarios de docentes, policías y trabajadores de la salud, entre otros sectores. Una motosierra mal aplicada: el ajuste lo terminan pagando quienes todos los días sostienen los servicios esenciales de la Provincia”, señaló De Leo en su cuenta de la red social X.

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El 31 de agosto, el gobierno bonaerense había avisado a la Legislatura que no presentaría el proyecto de presupuesto en término, debido a que necesitaba los parámetros del presupuesto nacional, que se presentó el 15 de septiembre.

La presentación del presupuesto, a cargo del ministro López, se realizó este jueves por la mañana, en el auditorio de la Cámara de Diputados bonaerense. Lo acompañaron la vicegobernadora Verónica Magario (preside el Senado provincial) y uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados provincial, Alexis Guerrera.

Según pudo saber de una fuente legislativa al tanto del recorrido que tendrá el proyecto, el 17 de noviembre habrá un encuentro entre el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, y los integrantes de las comisiones de presupuesto de ambas cámaras legislativas.

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El período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense finaliza el 30 de noviembre. Con la llegada del proyecto de presupuesto, se abre un ámbito de negociaciones entre oficialismo y oposición. Entre los temas pendientes de resolución, están la intención de la mayoría del peronismo de reinstalar la reelección indefinida de los intendentes, o el nombramiento de jueces para la Suprema Corte bonaerense (que tiene cuatro vacantes).



con legisladores,@PabloJ_LopezOK,@Kicillofok,pic.twitter.com/nctLlGIT9t,November 5, 2026,Axel Kicillof,Legislatura,Provincia de Buenos Aires,Conforme a

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A los 74 años murió Patricia Walsh, referente de los derechos humanos e hija del escritor Rodolfo Walsh

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La ex diputada nacional y dirigente de izquierda Patricia Walsh murió este jueves a los 74 años, luego de permanecer internada tras una intervención quirúrgica. Hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh, desarrolló una trayectoria política y judicial ligada a la defensa de los derechos humanos y al impulso de los procesos por los crímenes de la última dictadura.

Walsh fue diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires entre 2001 y 2005, legisladora porteña entre 2007 y 2010 y candidata presidencial de Izquierda Unida en 1999 y 2003. En sus últimos años era querellante en el expediente por la denominada Masacre de la calle Corro, en la que murió su hermana María Victoria Walsh durante un operativo militar en 1976.

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Durante su paso por la Cámara de Diputados presentó iniciativas para declarar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que habían restringido el juzgamiento de los responsables de delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.

El Congreso sancionó en 2003 la Ley 25.779, que declaró insanablemente nulas ambas normas. La medida habilitó la reapertura de causas por crímenes de lesa humanidad y fue uno de los principales ejes de su actividad parlamentaria.

Patricia Walsh fue una activa militante por la defensa de los derechos humanos (FOTO CARO PIERRI)

También integró las comisiones de Educación, Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Su actividad legislativa incluyó proyectos sobre derechos sociales, justicia, salud pública y cuestiones de género.

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Nacida en la Ciudad de Buenos Aires, Walsh estudió en la Universidad Nacional de La Plata y se recibió como psicóloga social. Comenzó su militancia política en la década de 1970 y trabajó como periodista y delegada gremial en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Tras el golpe de Estado de 1976 fue despedida del organismo y recuperó su empleo en 1984, con el retorno de la democracia. Ese mismo año denunció ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) el secuestro y desaparición de su padre, asesinado por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en 1977.

Su hermana María Victoria, conocida como Vicky, murió el 29 de septiembre de 1976 en una vivienda de Villa Luro rodeada por fuerzas militares. Walsh sostuvo durante décadas los reclamos de verdad y justicia por ese hecho y por los crímenes cometidos contra otras víctimas de la dictadura.

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En la década de 1990 se sumó a la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) y se convirtió en una de las denunciantes en la causa ESMA. En 2025, junto con la diputada Myriam Bregman, presentó un reclamo judicial para preservar archivos de la Armada ante la posibilidad de que fueran descartados durante una mudanza.

En los últimos años también integró espacios como Proyecto Sur y Camino Popular. Dirigentes políticos y referentes de organismos de derechos humanos expresaron mensajes de despedida tras conocerse su muerte.

“Patricia Walsh, una de mis grandes maestras, porque a luchar, como tantas otras cosas, se aprende, y ella me enseñó muchísimo. La dictadura genocida mató a Vicki y, meses después, a Rodolfo, su papá, que acababa de publicar la Carta Abierta a la Junta Militar. Años más tarde, sufriría la pérdida de su hija mayor, María Eva. Jamás paró”, recordó Myriam Bregman, en un mensaje publicado en la red social X.

Quien también se expresó fue Gabriel Solano: “Despedimos con mucha tristeza a Patricia Walsh, una luchadora incansable por la defensa de los derechos humanos y todas las causas populares. Jugó un papel fundamental en lograr la anulación de las leyes de impunidad, lo que permitió que muchos genocidas sean juzgados y encarcelados”.

Por su parte, el sindicalista Darío ‘Pollo’ Sobrero definió: “Con mucha tristeza recibí la noticia del fallecimiento de Patricia Walsh, una compañera de lucha que dedicó su vida a defender los derechos humanos y las causas de los trabajadores. Una luchadora incansable contra la impunidad de los genocidas, Patricia dejó una huella enorme en la historia de nuestro país”.

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