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El Gobierno avanza con un paquete de reformas clave: tratado con Estados Unidos, Hojarasca, pliegos judiciales y la eliminación de las PASO

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El gobierno de Javier Milei prepara un conjunto de reformas legislativas que abarcan cambios en la justicia, el sistema electoral, el Código Penal y la adhesión a tratados internacionales. Tras la aprobación de la reforma de la ley de Glaciares, el oficialismo prioriza la discusión de nuevos proyectos que no habían podido entrar en la agenda legislativa de las últimas semanas y que tienen ascendencia en la política desreguladora y exterior del Ejecutivo.

En la madrugada de hoy, el Gobierno logró sancionar la modificación sobre la ley de Glaciares y permite ampliar inversiones mineras por 165.000 millones de dólares para la próxima década, según cifras informadas por el ministro de Economía, Luis Caputo. Con esa normativa que beneficia a varias economías regionales, el oficialismo espera una mayor concesión de parte de estas regiones para algunas iniciativas que el oficialismo impulsará en las próximas semanas.

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De acuerdo a fuentes inobjetables, la Casa Rosada impulsa en la Cámara de Diputados la votación de la ley de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), medida considerada estratégica para afianzar el vínculo comercial con Estados Unidos. El compromiso forma parte del acuerdo comercial firmado recientemente entre ambos países y exige la sanción de esta norma antes de fin de abril.

Asimismo, confirmaron que se buscará tratar de manera rápida en comisiones el denominado proyecto “Hojarascas”, elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a derogar más de setenta normas consideradas obsoletas. La intención del oficialismo es eliminar regulaciones y burocracias que generan sobrecostos e ineficiencias para el Estado y los actores económicos.

Esto sería tratado en primer término mientras se buscan afianzar y negociar las adhesiones políticas para una de las iniciativas que más impacto tienen de cara a la campaña electoral del año próximo.

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Se trata de la reforma política, que contempla la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el rediseño de la Boleta Única de Papel y nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos. El borrador de la iniciativa ya se encuentra en su etapa final y que su presentación en el Congreso y podría concretarse en los próximos días.

Diferentes voceros de La Libertad Avanza (LLA) ratificaron su postura que no se optará por proponer una suspensión de las PASO, sino por su eliminación. “Es algo que el electorado legitimó el año pasado y que varios bloques tienen la presión de apoyar pese a que todavía no están convencidos”, afirmó un estratega libertario.

El oficialismo reconoce que, para avanzar con su paquete legislativo, resulta imprescindible negociar apoyos entre aliados y sectores del peronismo. Voceros parlamentarios admiten que la eliminación de las PASO enfrenta resistencias en bloques dialoguistas y que la obtención de votos requerirá un trabajo minucioso en ambas cámaras.

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Aunque planea tratarse más adelante, el paquete de reformas incluye, además, un nuevo proyecto de ley que anticipa la futura reforma integral del Código Penal. El Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, presentará una iniciativa que incorpora nuevas figuras delictivas y aumenta penas para delitos existentes, como “viudas negras”, “motochorros”, “salideras”, fraudes piramidales y delitos migratorios. También se contempla la creación de un criterio de interpretación “pro-víctima” y la participación obligatoria de las víctimas en decisiones procesales clave, como la suspensión del juicio a prueba.

Se prevé que la reforma penal incluya penas específicas para la tenencia de armas en cárceles, incremento de castigos por picadas callejeras, endurecimiento de sanciones por maltrato animal y protección especial para menores en casos de abuso sexual y grooming. El proyecto buscará aprobación inmediata de los puntos urgentes y reservará para más adelante la discusión integral del Código Penal, que ya cuenta con propuestas previas elaboradas por comisiones de jueces y fiscales.

En el ámbito judicial, el Senado prevé tratar más de sesenta pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. La sesión prevista para el jueves marcará el inicio del trámite parlamentario de estas designaciones, que incluyen jueces, defensores, fiscales y conjueces.

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Entre las figuras incluidas en este paquete inicial se encuentran Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, propuesto para un tribunal oral de Santa Fe, y Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien interviene en la causa conocida como $LIBRA sobre presunta estafa con criptomonedas promocionadas por el propio Milei. Además, destaca la candidatura de María Julia Sosa, secretaria del juzgado federal de Julián Ercolini, postulada a la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de La Plata.

La jornada también incluirá acuerdos diplomáticos y militares, además de la designación de Lucila Crexell como embajadora ante Canadá, un paquete de ascensos militares y nombramientos en el Tribunal de Defensa de la Competencia. En el listado de ascensos militares destaca la promoción del jefe del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich; los vicealmirantes Juan Carlos Romay (Armada) y Marcelo Dalle Nogare (Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas) y otros 80 oficiales de las tres fuerzas armadas. En contraste, el ascenso del subjefe de la Fuerza Aérea, Marcelo Monetto, ha quedado pendiente por falta de votos luego de ser impugnado por un supuesto encubrimiento en una denuncia por abuso sexual.

A la espera de la presentación formal de los proyectos, no se descarta que la semana que viene se reúna la mesa política encabezada por Manuel Adorni, Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo Menem e Ignacio Devitt.

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Con 137 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley de Glaciares

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Con 129 diputados presentes, el oficialismo consiguió el quórum para avanzar en la sesión para sancionar definitivamente. Además de los diputados libertarios, dieron quórum el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y, por el bloque Unidos, estuvieron Jorge Rizzotti, Ignacio Aresca, José Nuñez, Sergio Capozzi, Alejandra Torres y la presidenta del bloque, Gisella Scaglia.

El número en la votación con el que el oficialismo consiguió darle sanción definitiva a la norma fue mayor. Pasada la una de la mañana y luego de una larga sesión, la pantalla señaló que los votos positivos fueron 137 contra 111 en contra.

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Se estipulaba que se iba a votar más tarde, pero una sesión más tranquila y con un tránsito más apacible para el oficialismo de lo que tenía pensado originalmente cambió los planes y cada uno de los diputados de LLA que se había anotado como orador, uno a uno se fue bajando. «Están los votos, que se queden con los discursos“, dijo a Infobae un diputado libertario.

Activistas de Greenpeace cuelgan una pancarta en el Congreso Nacional exigiendo a los diputados que no traicionen la Ley de Glaciares, vista parcial tras una reja ornamental.

La seguridad de triunfo libertario quedó plasmada alrededor de las 22 horas, un par de horas antes de que se votó, cuando ingresó al recinto de la Cámara de Diputados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se ubicó en el palco de la presidencia de la Cámara y observó el último tramo del debate.

Temario y debate

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La sesión comenzó con 9 pedidos de apartamiento de reglamento donde todos fueron pedidos por la oposición encarnada en el bloque Izquierda y de Unión por la Patria en donde el oficialismo hizo valer. Uno de los apartamientos de la diputada Paula Penacca tuvo que ver la citación para una interpelación a Manuel Adorni al recinto, que terminó su alocución emulando al Jefe de Gabinete diciendo “fin”. La votación, otra vez, fue a favor de LLA, que contó con el apoyo de los socios. Uno de los apartamientos que suscitó la atención fue el que presentó el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica en donde señalaba el tratamiento de 3 proyectos respecto de $Libra. Otra vez, el oficialismo mantuvo su mayoría y lo rechazó.

Luego de esos momentos en donde el bloque de LLA no pasó nerviosismo pero sí prestó atención al número que juntaba la oposición y cuán lejos estaba de los 129 que necesita para abrir la sesión.

Pasado esto, comenzó el debate de la modificación de la Ley con la exposición del diputado sanjuanino José Peluc, de La Libertad Avanza, quien fue el que comandó el debate en las comisiones. Luego de hacer un breve repaso de la norma, el diputado con tono cancino comenzó el debate por la modificación de la Ley de Glaciares. «Ustedes leen hasta donde quieren y entienden hasta donde quieren“, respondió el legislador a las críticas de la oposición.

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Martínez habla con Máximo Kirchner

El santafesino libertario Nicolás Mayoraz fue otro que salió en defensa del proyecto y señaló que “con este proyecto de ley, que ya tiene media sanción del Senado, estamos demostrando que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles. Que el medio ambiente se protege, que las economías regionales se desarrollan y que una Argentina grande es posible”.

Uno de los diputados que se mostró fuertemente opositor a la norma desde sus inicios fue Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que consideró la reforma como “totalmente regresiva e inconstitucional” y apuntó contra las mineras y algunos gobernadores. “No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo”, denunció.

Otro que se opuso fue Miguel ángel Pichetto, diputado de Encuentro Federal, y uno de los que “empujó” la sanción de la ley que se modifica. “La ley que se ha votado en 2010 es una ley autosuficiente que permitía perfectamente conciliar los intereses de un gobierno nacional que, como el de su presidente, tiene una vocación minera, conciliando también con las provincias y acordando fundamentalmente a través de un órgano técnico, científico, que es el IANIGLA, que pasa prácticamente a ser liquidado por esta decisión que van a tomar hoy a la tarde. Por lo tanto, estoy en contra de esta ley. Ratifico lo que voté en el año 2010. No existe ningún argumento ni técnico, ni económico, ni político que avale este cambio”, expuso.

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El diputado kirchnerista Juan Grabois también se opuso y señaló que el proyecto oficialista “es una ley envenenada. Mienten cuando dicen que la minería en glaciares no envenena. Van a envenenar el agua. Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de tu casa”, apuntó.

Así fueron pasando, uno a uno, los diputados de la oposición de los diferentes bloques que se oponían al proyecto de modificación de la ley de Glaciares frente al silencio de los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR; que solo esperaron que pasara el tiempo para votar sin más contratiempo que alguna palabra elevada y no mucho más.

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Procesados, Tapia y Toviggino apuestan ahora a la “reparación integral” para hacer caer la causa por evasión

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Un pequeño expediente abriga grandes esperanzas para Claudio “Chiqui” Tapia y Ariel Pablo Toviggino en la causa que los tiene procesados junto a otros dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por no pagar en plazo una millonaria deuda al fisco.

Se trata de un incidente que tramita en silencio al interior mismo de la causa. Con él, el presidente y el tesorero de la AFA buscan torcer una tendencia del fuero Penal Económico y hacer caer toda la causa en su contra, sin pena ni juicio.

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Los dirigentes apelan allí a la “reparación integral”, una figura todavía novedosa, discutida dentro y fuera de los tribunales, que cobró especial protagonismo en la antesala del juicio de los Cuadernos de las Coimas.

Aprobada en 2015, la herramienta está diseñada para cerrar procesos en etapas tempranas, a cambio de que el acusado brinde alguna “contraprestación” que pueda compensar la totalidad del daño ocasionado. Puede ser dinero, aunque no exclusivamente.

Tapia en un partido de Barracas, su club, por la Copa SudamericanaJUAN MABROMATA – AFP

No hay una huella totalmente definida en la jurisprudencia sobre el alcance de su aplicación, pero según las fuentes consultadas existe un consenso mayoritario en que su objetivo es barrer con los casos menores, donde es fácil definir los daños y extinguir el conflicto.

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En la causa del fútbol, donde la Justicia constató una “evasión” de más de 19 mil millones de pesos, el enfoque de la reparación integral fue introducido por el abogado del tesorero Toviggino, Marcelo Rochetti, pero fuentes judiciales señalaron que rápidamente se plegaron al planteo Tapia y la propia AFA, que también está procesada en tanto persona jurídica.

El mecanismo tiene buena recepción en el fuero Penal Económico, pero en delitos distintos a los tributarios. El impositivo es justamente el terreno en el que Tapia y Toviggino debaten su suerte.

Sin embargo, contra todo pronóstico, los dirigentes de AFA consideran que con la nueva ley de inocencia fiscal, sancionada a fines del año pasado junto al presupuesto 2026, el Gobierno entreabrió una puerta por la que pueden colar su planteo, que es técnico y se juega en unos pocos renglones de la norma.

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Pablo Toviggino en la puerta del juzgado Económico Federal de RetiroRicardo Pristupluk

Tapia y Toviggino sostienen que la reparación integral debe aplicarse en su caso particular porque la nueva normativa -que elevó exponencialmente los montos a partir de los cuales se configuran los delitos- prohíbe expresamente en uno de sus párrafos el uso de la reparación integral solo para un grupo puntual de delitos, en los que no figuran aquellos por los que fueron acusados, que son la apropiación indebida de recursos de la seguridad social y la apropiación indebida de tributos.

En esa omisión del texto de la ley anclan sus expectativas Tapia y Toviggino. El planteo adquiere una dosis adicional de arrojo: considera que el daño ocasionado ya fue enmendado con el pago de la deuda y sus intereses.

Es decir que, a diferencia de otras causas, como en Cuadernos, donde empresarios llegaron a ofrecer hasta más de un millón de dólares para evitar ir a juicio, en su propuesta de reparación integral Tapia y Toviggino no ofrecieron a la Justicia nada más de lo que debían y ya pagaron.

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Es una visión sobre el perjuicio, pero hay otras, más amplias, que suponen que el daño va más allá de lo que el Estado dejó de percibir en su cuenta corriente. Una fuente del fuero penal económico respalda esta postura con una sentencia de la Casación de abril del año pasado en una causa por evasión. En el fallo, el juez Gustavo Hornos refrenda a ARCA como querellante y “víctima directa” del delito, pero subraya especialmente que el daño no es meramente patrimonial, sino también “social”.

“(…) el bien jurídico protegido no es exclusivamente el patrimonio estatal, sino la perturbación ocasionada a la actividad recaudatoria del mismo, como presupuesto básico para cubrir patrimonialmente imperiosas necesidades públicas”, sostiene el juez.

El juez del caso AFA, Diego Amarante, también reparó en la dimensión social de haber privado al fisco miles de millones pesos.

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Al procesar a Tapia y Toviggino -junto a Cristian Malaspina (Secretario General), Víctor Blanco (ex Secretario General) y Gustavo Lorenzo– el magistrado sostuvo que, estando la AFA en condiciones económicas de afrontar el pago, no lo hizo, lo que no solo significó una mayor “disponibilidad” de dinero para la casa matriz del futbol, sino también un “desprecio” contra el pueblo.

“Muy en especial [contra] el colectivo al que se encontraban destinados esos recursos, como lo son los jubilados y demás beneficiarios del sistema de la seguridad social”, precisó el juez.

Distintas fuentes judiciales coinciden en señalar que en asuntos tributarios hay una “inclinación marcada” tanto en la Cámara Penal como de la Casación de marginar a la reparación como mecanismo en causa tributarias, por lo que las chances del planteo de prosperar son escasas, sugieren.

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“Los delitos tributarios tienen una forma particular de extinguir la acción penal, prevista en el art 16 del régimen penal tributario”, advierte una de esas voces. El fiscal del caso, Claudio Navas Rial, todavía no opinó sobre el pedido de Tapia y Toviggino. La defensa del dirigente Malaspina, en manos del abogado Lucio Simonetti, pidió el jueves pasado que lo haga antes que las partes.

Se abrirá una nueva discusión respecto a si la opinión del fiscal, en tanto representante del interés público, es o no vinculante; y si en el caso de coincidir con la de las defensas el caso se cierra automáticamente. Un escenario así es muy improbable, puesto que el fiscal no tuvo concesiones en sus pronunciamientos previos y acaba de pedir incluso agravar la pena contra los dirigentes.

Los Cuadernos

Algunas notas de esta discusión ya se escucharon en la antesala del juicio de los Cuadernos de las Coimas, en simultáneo a los ofrecimientos que hicieron los empresarios para no ser juzgados y extinguir la acción penal en su contra.

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Juicio oral por la causa cuadernos
La fiscal Fabiana León

La fiscal Fabiana León y la UIF como querella se opusieron a los planteos y a la idea general, por ser una suerte de “mercantilización de la corrupción”. “Mi fiscalía no vende impunidad”, dijo la fiscal, que consideró que “el daño causado no resulta medible patrimonialmente ni susceptible de transacción con una víctima”.

El Tribunal rechazó los planteos de los empresarios imputados, al considerar vinculante la postura de la fiscal León. Sin embargo, no faltaron quienes marcaran tras el fallo que el instituto de la reparación integral se encuentra plenamente vigente y que el Tribunal no debió rechazarlas, sino en todo caso considerar las ofertas de reparación como “insuficientes”.


causa que los tiene procesados,Federico González del Solar,Conforme a

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Cuáles son los cinco gobernadores que la Casa Rosada consideró “claves” para aprobar la Ley de Glaciares

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Con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares, luego de casi 12 horas de debate. Minutos después, el presidente Javier Milei difundió un comunicado oficial en el que celebró la sanción del proyecto y agradeció de manera explícita a cinco mandatarios provinciales, a quienes ubicó entre los actores centrales del proceso.

“El Presidente Javier G. Milei agradece a los diputados y senadores que acompañaron esta reforma, y expresa un especial reconocimiento a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza)”, señaló el texto de la Oficina del Presidente.

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El mensaje oficial sostuvo que la modificación de la norma apunta a “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”. En ese marco, el Gobierno defendió la reforma como un cambio orientado a dar mayor margen de acción a las administraciones provinciales en territorios vinculados con la actividad minera.

Comunicado de Presidencia sobre la aprobación de la reforma de la ley de Glaciares

“Esta reforma histórica aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley”, expresó el comunicado.

La Casa Rosada también sostuvo que el texto original de la ley sancionada en 2010 generaba restricciones excesivas. “La redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger. Eso llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución y al dominio originario de las provincias”, afirmó.

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En otro tramo del documento, el Gobierno vinculó el respaldo de los mandatarios provinciales con un reclamo histórico de las provincias mineras. “Estos cambios comprenden un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan). La reforma aprobada les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos”, indicó.

La Ley de Galciares fue aprobada con 137 votos a favor

El oficialismo remarcó que el proceso de elaboración de la iniciativa se extendió durante un año y destacó la participación de distintos funcionarios nacionales. Milei también agradeció a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; al secretario Coordinador de Minería y Energía, Daniel González; y al secretario de Minería, Luis Lucero.

“Este esfuerzo coordinado permitió alcanzar un marco normativo claro, federal y técnicamente sólido”, sostuvo la Oficina del Presidente.

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La reforma de la Ley de Glaciares formó parte de una de las discusiones más extensas de la jornada en Diputados. El proyecto recibió el respaldo de los bloques aliados al oficialismo, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa y advirtieron sobre el posible avance de proyectos extractivos en zonas sensibles.

En su mensaje posterior a la votación, el Gobierno también apuntó contra organizaciones ambientalistas. “Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empeñados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder. Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”, afirmó el comunicado.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció un régimen de protección para glaciares y ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce. La norma prohibió actividades extractivas de alto impacto en esas áreas y dispuso la realización de un inventario nacional a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). La reforma aprobada este miércoles modificó ese esquema y habilitó un nuevo marco de evaluaciones provinciales para el uso de esos territorios.

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