POLITICA
Unión por la Patria rechazó el proyecto de Losada para sancionar las falsas denuncias por violencia de género
El proyecto de ley que busca penas más severas para las falsas denuncias avanza en el Senado de la Nación. La iniciativa, impulsada por la senadora Carolina Losada, apunta a modificar el tratamiento penal de este tipo de delitos. La propuesta obtuvo despacho favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y aguarda su debate en el recinto. La discusión generó diferencias entre los miembros de la Cámara Alta y repercusiones en distintos espacios políticos.
En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer, la senadora María Florencia López, de Unión por la Patria por La Rioja, expuso sus reparos sobre la orientación y los efectos prácticos del proyecto. “Este es un proyecto que viene por parte de la senadora Losada hace tiempo, no es algo nuevo», dijo.
En este sentido indicó: “Nosotros creemos que este proyecto lo único que intenta es escuchar o hacerse eco de algo popular, que por ahí se escucha en la calle: cuántas denuncias son falsas, que las mujeres se aprovechan de esa situación para denunciar, que le quieren sacar la plata a los hombres».
Y continuó: “Yo conozco algunos casos, denuncias falsas que han llevado adelante algunas mujeres en contra de algunos hombres y en algunos casos se ha perjudicado la imagen del hombre. Ahora, esa cuestión particular individual es muy excepcional. Prácticamente la totalidad de las denuncias que se formulan son denuncias reales”.
Cuestionamientos al incremento de penas
Consultada sobre las consecuencias de aprobar penas más altas por falsas denuncias, López advirtió: “Creemos nosotros que haber subido la imputación o las penas, mejor dicho, de delito de falso testimonio y después también de denuncias falsas, lo único que va a hacer es atemorizar a las mujeres que quieren hacer una denuncia porque sufren violencia, porque hay abusos sexuales tanto respecto de ellas como de los menores de edad. Ante el miedo de que puedan ser contradenunciadas por denuncia falsa y ante la imposibilidad de tener pruebas del delito, muchas veces las víctimas van a decir: bueno, no denuncio”.
La senadora de Unión por la Patria remarcó la dificultad de aportar pruebas en casos de abuso sexual y cómo esto podría desalentar a víctimas a presentarse ante el sistema judicial. “El delito de abusos sexuales, a menos que hagan la denuncia en ese momento y el abuso sea con acceso carnal, puedes tener muestra de semen con ADN, lo demás es muy difícil de probar. Entonces, muchas veces las víctimas van a decir: bueno, no denuncio”, agregó.
La polémica en torno a los dichos de Losada sobre la contratación de mujeres en despachos legislativos también estuvo presente en el debate. Preguntada sobre la existencia de asesoras en su equipo, López indicó: “Tengo asesoras mujeres y tengo asesores hombres también. No tengo problema”.
Señaló que en la práctica la totalidad de los despachos cuenta tanto con personal varón como mujer: “Porque exista la violencia de género y las denuncias, no vamos a dejar de contratar mujeres que sean capaces. Todo eso forma parte del runrún que se escucha: ‘Mirá, te van a denunciar’. Se aprovecha de estos comentarios prácticamente populares sin ningún tipo de asidero”.
Debate sobre el impacto y el sentido del proyecto
Respecto a la calificación de los comentarios atribuidos a Losada, López evaluó: “Seguramente que algún machista le debe haber dicho: ‘Tengo miedo que me denuncien’. Si vos no hacés nada, si vos te comportás correctamente con una mujer es imposible que te hagan una denuncia, es imposible. Planteamos quizás algún caso excepcional de alguna mujer que no debe haber estado muy bien de la cabeza o debe haber tenido algún desequilibrio, puede haber hecho algo así, pero el normal de las mujeres trabajamos con jefes varones y nunca se le ha cruzado por la cabeza irlos a denunciar falsamente por violencia de género o abuso sexual”.
Interrogada sobre si comprende el planteo de la senadora Losada, López respondió: “No lo comprendo porque no es real. Lo que plantea la senadora no lo he escuchado yo nunca, jamás en la vida. Hoy en día, con las leyes de género y con las posibilidades que tenemos para denunciar, si alguien actúa mal en contra de nosotras, siempre hay posibilidad de denunciar».
En este aspecto aseguró que “hay varones que ningunean estas situaciones, ningunean las violencias, ningunean los abusos sexuales. En lugar de proteger más a la mujer y darle más vías de acceso para que denuncie, para que pueda llegar a la justicia, le ponemos una traba o impedimos que denuncie atemorizándola diciéndole: ‘Ojo, que puedes tener una pena muy grave’. La pena que intentan ponerle a las denuncias falsas son hasta de tres a seis años, es decir, mayor que un montón de delitos”.
López también criticó que una mujer impulse esta iniciativa: “Por supuesto que es mucho más grave, pero siempre se usa más a las mujeres para que hagan este tipo de leyes, este tipo de cosas, porque obviamente si la hace un varón se sienten como que va a haber más reproches hacia él. La verdad, con el solo hecho de ser mujer no te da derecho a plantear leyes que en definitiva van a ir en contra de las propias mujeres”.
Avance legislativo y próximos pasos
La representación de La Libertad Avanza en el Senado resultó clave para que la iniciativa avanzara sobre tablas. El martes pasado, el proyecto obtuvo despacho favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. “Ayer han firmado ya el despacho favorable en la Comisión de Penal, de Justicia y de Asuntos Penales, así que muy probablemente en poco tiempo va a estar en el recinto”, confirmó López.
Las posiciones encontradas en la Cámara Alta marcan un escenario de debate abierto de cara al tratamiento en el recinto. La discusión sobre las falsas denuncias y el acceso a la justicia por parte de las mujeres sigue presente en la agenda parlamentaria.
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maría florencia lópez
POLITICA
El oficialismo apura la fecha para que Manuel Adorni brinde su informe de gestión en el Senado
La fecha para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concurra al Senado a brindar su informe de gestión aparece como una posible salida a la presión de la oposición. La propuesta será llevada por la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo, a la reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para el miércoles 17 a las 18.
Según pudo saber TN al consultar a una alta fuente libertaria, el planteo busca responder a una de las principales quejas de los bloques opositores: saber cuándo Adorni asistirá al Congreso. La Cámara alta tiene previsto sesionar el jueves 18 con una agenda que incluye temas de interés del oficialismo, aunque la oposición dialoguista pidió antes resolver la situación del ministro coordinador.
La presión de Villarruel y el reclamo opositor
“Esta obligación es, al menos, una vez al mes. Sin embargo, el jefe de Gabinete no lo hace desde que asumiera en noviembre del 2025”, planteó Villarruel al convocar a los jefes de bancada para la semana próxima.
La agenda del Senado incluye el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, solicitado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y los pliegos ya dictaminados para cubrir cargos judiciales, principalmente en el fuero laboral. Sin embargo, la discusión quedó atravesada por el pedido para que Adorni se presente ante la Cámara alta.
Fijar una fecha para su exposición podría funcionar como una primera salida política ante la presión legislativa.
La declaración jurada que complicó al jefe de Gabinete
La situación política de Adorni se agravó a partir de la presentación de su declaración jurada de bienes y de sus declaraciones periodísticas para justificar el ocultamiento de 500.000 dólares en sus presentaciones anteriores.
A los cuestionamientos de sectores aliados como la UCR y el PRO se sumaron también dirigentes referenciados en Juan Schiaretti y Carlos Gutiérrez desde la Cámara de Diputados.
En el Senado, las bancadas del PRO y de la UCR, que lideran Martín Goerling Lara y Eduardo Vischi, también solicitaron la presencia del ministro en el recinto.
Leé también: El PRO presiona a Javier Milei: “Queremos que defienda el cambio en vez de defender a Manuel Adorni”
“Adorni nunca vino a rendir cuentas”, señaló Goerling Lara, y recordó que la última presentación de un jefe de Gabinete en la Cámara alta fue el 26 de junio de 2025, cuando concurrió el entonces ministro Guillermo Francos.
Los pedidos de interpelación son impulsados por la oposición más dura en ambas cámaras del Congreso. En el Senado ingresó una presentación firmada por legisladores del interbloque Justicialista, entre ellos José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Martín Soria.
En Diputados, los reclamos fueron acompañados por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, los radicales críticos, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.
El jefe de UxP, Germán Martínez, encabezó la presentación: “Manuel Adorni le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales. Es urgente aplicar el art. 101 de la Constitución Nacional”, dijo.
El artículo 101 de la Constitución Nacional establece las facultades y obligaciones del jefe de Gabinete. Entre ellas, habilita al Congreso a interpelarlo, someterlo a una moción de censura y, eventualmente, removerlo mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.
En la misma línea, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro pidió directamente su remoción: “Los argentinos no merecen un jefe de Gabinete que miente descaradamente para “justificar” su patrimonio. Es inadmisible que siga en su cargo”.
Manuel Adorni, Senado, Patricia Bullrich
Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunciaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la presunta comisión del delito de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025.
La presentación judicial sostiene que el funcionario habría incurrido en el delito de falsedad ideológica al ocultar deliberadamente activos e inmuebles durante su gestión, contraviniendo los principios de transparencia exigidos por la Ley de Ética Pública.
En el texto de la denuncia, los legisladores subrayan que Adorni, quien posee formación profesional como contador, atribuyó las omisiones a un “error involuntario” por desconocimiento de las obligaciones legales.
Sin embargo, la presentación desestima el argumento y sostiene que el ocultamiento de bienes —que incluyen criptomonedas, dinero en efectivo y propiedades— evidencia una “intención deliberada” de eludir tanto los controles de legalidad como las obligaciones tributarias correspondientes.
Todavía no se sorteó el juzgado que definirá si avanza con la nueva denuncia, pero es posible que finalmente quede en manos del juez Ariel Lijo, quien tiene en su poder las otras denuncias.
La denuncia también hace foco en el perjuicio institucional generado por las declaraciones públicas del funcionario, quien pasó de afirmar que su patrimonio estaba correctamente declarado a admitir ante la opinión pública que mantenía activos fuera del circuito formal.
Adorni reconoció el miércoles pasado que escondió ingresos en sus declaraciones juradas por unos US$500.000; según él, provenientes de una inversión previa a llegar al Gobierno. Aspira a que eso lo ayude en su causa por enriquecimiento ilícito, donde debe explicar el salto en su nivel de vida, pero quedó al límite de la confesión de otro delito: el de omisión maliciosa.
El artículo 268 (3) del Código Penal castiga a quien, por su cargo, “estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo” y a quien «maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas».
La pena de la “omisión maliciosa” es de quince días a dos años de prisión y de inhabilitación perpetua. Es un delito más leve que el de enriquecimiento ilícito, que Adorni aspira a eludir con esta admisión.
En la investigación que está en marcha en los tribunales de Comodoro Py ya estaba claro que los ingresos declarados por él no bastaban para explicar los más de 406.681 US$ en gastos -sin contar los corrientes- que se le detectaron desde que es funcionario. A eso se suman los 335.000 US$ en nuevas deudas. Tal como informó , a los investigadores los números no les cierran (sobre todo, los gastos) y el fiscal Gerardo Pollicita se preparaba para avanzar contra Adorni con un requerimiento para que justifique sus bienes.
reconoció el miércoles pasado,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,Análisis. La “ocultación” como política de Estado,,Minuto a minuto. Santilli, ministro del Interior, se reunió con los gobernadores de Chaco y San Juan,,Repercusiones del caso Adorni. La publicación de Elisa Carrió sobre el Gobierno y la corrupción
POLITICA
La extitular de la UIF sostuvo que el accionar de Adorni podría configurar el delito de “lavado de activos”
Alicia López, extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), cuestionó las explicaciones del jefe de Gabinete Manuel Adorni sobre la incorporación de activos no declarados en sus declaraciones patrimoniales.
En diálogo con Infobae al Amanecer, advirtió sobre dificultades técnicas y legales en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y señaló una posible derivación hacia lavado de activos.
La exposición pública de Adorni, quien admitió haber ahorrado en negro y justificó la existencia de fondos sin declarar a través de inversiones en Bitcoin entre 2013 y 2018, motivó la presentación de nuevas declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La rectificación patrimonial incorpora USD 513.000 en criptomonedas y concentra el eje de la investigación judicial.
La extitular de la UIF sostuvo que la estrategia declarativa de Adorni implica riesgos penales más graves que los discutidos al inicio. Según López, “es grave porque Adorni en una de las declaraciones dijo: ‘Yo ahorré en negro, o sea, soy evasor, como todas las personas’. Entonces, está diciendo que todas las personas son evasores, que también es un delito. Es un delito tributario”.
La especialista explicó que, como las inversiones declaradas por Adorni corresponden a un período anterior a su desempeño como funcionario público, la figura de enriquecimiento ilícito pierde peso y la investigación podría encuadrarse en el delito de lavado de activos. “En la ley que se modificó del lavado de activos en 2012, el delito tributario pasó a ser un delito antecedente. Por ende, en el periodo que él está declarando, al no ser funcionario público, este origen espurio entra dentro de la configuración del delito de lavado de activos”, indicó.
También planteó que la situación procesal de Adorni y del fiscal a cargo se vuelve más compleja por la necesidad de demostrar el origen y la trazabilidad del dinero involucrado, en especial por la naturaleza de las inversiones en criptomonedas.
Las dudas sobre el relato patrimonial
Para la exfuncionaria, el argumento de Adorni resulta poco verosímil desde el punto de vista técnico y de la experiencia del mercado. “Me da la impresión que Adorni se metió en un tema que está mal asesorado. Primero porque habla de colocaciones que hizo en un periodo, 2013-2018, yo soy contadora y en el 2013 poco y nada podía saber de las inversiones en criptomonedas, bitcoin fundamentalmente, y tampoco me hubiera atrevido a utilizar mis ahorros en algo que desconocía. La conclusión es poco creíble, esa es la realidad”, sentenció.
López consideró que las inconsistencias en los relatos de Adorni se suman a otras declaraciones previas cuestionadas y que la rectificación patrimonial no despeja las sospechas. “Es poco creíble todo lo que dijo antes. O sea que esto es algo que viene a acompañar todas las cosas que dijo antes con dos jubiladas, con mutuos, exactamente”.
López advirtió que la operatoria con criptomonedas dificulta la posibilidad de probar el origen de los fondos y su titularidad real. “Cuando vos iniciaste el ahorro en cripto, tuviste que tener cash. No hay forma de iniciar ninguna inversión si no es a través de cash. Hay que encontrar a dónde lo depositó”, explicó.
La extitular de la UIF detalló que, para acreditar la legitimidad de la inversión, Adorni debería presentar comprobantes financieros de una entidad reconocida que respalden el movimiento inicial de fondos. “Lo que sirve es el comprobante financiero de una entidad en la cual él puso el dinero cash y que le otorgó ese algoritmo”, señaló.
López agregó que las criptomonedas adquiridas en negro y la ausencia de regulación en 2013 dificultan la reconstrucción documental. “El primer problema es encontrar en dónde se puso el dinero. Si es que se transforma en lavado de activos, como yo pienso, porque no era funcionario público, ya ahora queda en manos de la Justicia empezar a demostrar toda esta trazabilidad”, afirmó.
Además, mencionó la posibilidad de simular titularidad mediante la compra de billeteras virtuales ajenas. “Una persona que tenía una billetera en 2013, son algoritmos y tienen una clave secreta, o sea, no dice que es Adorni. Él perfectamente le pueden dar una de aquella época y decir: ‘Es esta’”.
En su intervención, López también repasó el uso de instrumentos como los mutuos y las operaciones back to back en maniobras de lavado de dinero. “Los mutuos son muy utilizados por los lavadores. Porque es un instrumento válido para el back to back. Yo te doy la plata y vos me prestás algo. Y se registra todo en un mutuo”, comentó.
La exfuncionaria expresó su escepticismo sobre la transparencia y el control de los nuevos instrumentos financieros no regulados, y sostuvo que las explicaciones de Adorni resultan insuficientes para sostener su versión. “Me parece que realmente cada vez la va empeorando más”, cerró.
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