El Congreso Nacional no dejará de funcionar durante el Mundial de Fútbol. La Casa Rosada envió durante las últimas dos semanas una andanada de proyectos de alto perfil y los libertarios planean sesionar en la segunda mitad de junio.

La semana que viene comenzará el debate en comisión en Diputados del denominado Súper RIGI y de la nueva ley de Lobby, que busca transparentar la influencia de los grupos de interés en las decisiones del Estado. En tanto, esperan que lleguen del Senado los proyectos de inviolabilidad de la propiedad privada y el pago a los holdouts.

En la Cámara alta se generó un verdadero cuello de botella porque además se deberán tratar la ley Hojarasca y los cambios a la Ley de Zonas Frías, que llegan con media sanción, y las nuevas iniciativas que envió el Poder Ejecutivo: la reforma de la ley de etiquetado frontal y la nueva ley contra la ludopatía.

De todas formas, en las filas del oficialismo reconocen que hay dos proyectos prioritarios. Por un lado, la reforma política que incluye la derogación de las elecciones primarias (PASO); por otro, el Súper RIGI, que podría dinamizar la llegada de inversiones.

Ante la consulta de Infobae, desde el oficialismo aclararon que sus diputados no tienen prohibido viajar al Mundial siempre y cuando vuelvan en caso de que haya sesión y si pueden justificarlo patrimonialmente. Sin embargo, algunos legisladores reconocieron que existió un pedido informal para que nadie viaje así no se genera un “ruido innecesario”.

Por otro lado, algunos referentes de LLA argumetan que el hecho de que la atención pública esté enfocada en la Selección Nacional “facilita” conseguir algunos apoyos. Al mismo tiempo, un sector considera que es mejor no perder el tiempo y estirar la racha de victorias legislativas. “Después del Mundial, por cuestiones lógicas, la cosa se va a complicar”, reconocían en referencia al probable distanciamiento de algunos gobernadores que colaboraron con la Casa Rosada pero el año que viene deberán competir por retener sus distritos contra los libertarios. Aunque no todos comparten el diagnóstico: “Va a depender de la economía”, sintetizó una importante diputada.

El denominado Súper RIGI apunta a incentivar proyectos de inversión de más de USD 1.000 millones dedicados exclusivamente para las “industrias del futuro”, como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio. Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

En el oficialismo anticipan que podrán conseguir apoyos de los aliados habituales porque el proyecto tiene el “mismo espíritu” que el RIGI aprobado dentro de la ley Bases. “La lógica es muy simple: es mucho más beneficioso cobrar menos de algo que cobrar mucho de nada, por lo que imponerle una alta carga fiscal a algo que no existe, no trae un beneficio para nadie, mientras que bajarle la carga fiscal puede generar que ese algo existe en primer lugar y nos beneficie a todos en el proceso”, explicó el propio Javier Milei en el Latam Economic Forum.

Sin embargo, la negociación por la eliminación de las PASO no logra sortear las resistencias que mantienen paralizado el proyecto en el Senado desde hace más de un mes. “Viene lento el tema, va a ser un debate largo como el de la reforma laboral”, explicaron fuentes del Ministerio del Interior.

Mientras Diego Santilli multiplica los contactos con los gobernadores -el miércoles pasado se reunió con el catamarqueño Raúl Jalil y con el salteño Gustavo Sáenz-, en el oficialismo gana consenso la idea de sostener las primarias pero eliminar su obligatoriedad, tal como planteó Patricia Bullrich ante la mesa política del Gobierno. Esto destrabaría el apoyo del PRO, la UCR y algunos mandatarios provinciales, algo fundamental para poder conseguir la media sanción en el Senado.

El problema es que derogar únicamente la obligatoriedad de las elecciones primarias no implicaría un gran ahorro fiscal y tampoco le quitaría una herramienta a la oposición para dirimir liderazgos y conformar alianzas. Por lo que aún había dudas en las bancadas oficialistas sobre cuál será la estrategia legislativa.

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Hace pocos días, el Presidente recibió el informe de la consultora ARESCO, al que suele mirar cada mes personalmente y con particular atención. Esta vez, los datos de un derrumbe en su imagen -que en el primer trimestre había sido contundente-, mostraron un nuevo piso, un freno a la caída.

Sigue vigente ese 25% de núcleo duro convencido del gobierno libertario y del plan de Javier Milei. En su pico de imagen, ese cuarto de los argentinos estaba complementado por otro cuarto, el núcleo blando que le dicen, del que ahora se retiró casi la mitad. Es una tajada del universo que pertenecía a Patricia Bullrich en la primera vuelta de las elecciones del 2023. Son los que ahora llevaron al Presidente a bajar su popularidad a 37% sobre el 50%.

No es para nada un número estático, definitivo. Pero ese porcentaje de desencantados es parte de los que responden desde hace varios meses, en ese mismo estudio de Aresco, que 3 de cada 4 no llegan a fin de mes y que 6 de cada 10 se tienen que endeudar para pagar las cuentas.

El famoso metro cuadrado de la vida cotidiana de las personas que es, en general, el que define el voto y el que condujo a una preocupación en el ministerio de Economía que venía pidiendo tiempo y paciencia hasta estos días, donde sienten que los números económicos prometidos están empezando a darles la razón.

Es, sin dudas, el gran dilema de este tiempo, la compleja interpretación de los datos macro con la realidad económica de los argentinos. Tener o no trabajo, que el sueldo no pierda poder adquisitivo, poder pagar el alquiler, la prepaga, la escuela. Es, también, el motivo de enojo y obsesión presidencial que volvió a reflejar Toto Caputo en el Latam Forum: “Hoy hay una divergencia realmente, probablemente nunca vista, entre lo que son los datos y el relato, lo que tratan de hacerle creer a la gente qué está pasando. Así que vamos a los datos. Estamos en el récord de actividad económica. Lo digo porque ya casi parece un chiste, digamos, leer los diarios o ver los noticieros que te hablan de crisis. El estimador mensual de actividad económica está en su récord histórico. Es decir, no puede haber una divergencia más grande entre lo que se dice y lo que efectivamente está pasando”.

En ese foro que organiza Darío Epstein, un rato más tarde hablaron Horacio Marín y Marcelo Mindlin, dos protagonistas del sector energético, con un optimismo similar basado en las multimillonarias inversiones -prometen 130 mil millones de dólares en los próximos años- en ese área: “Es imposible que toda esta inversión no genere empleo. Dicen que es un sector ganador, pero que genera poco empleo. Es una explicación muy injusta: la energía invierte millones de dólares y genera miles de puestos de trabajo”.

En el VIP del LATAM forum en el Goldencenter sólo se hablaba de la baja del riesgo país, el ingreso creciente de dólares genuinos y la explosión de algunos rubros de la economía, pero alguien totalmente alineado con el plan libertario reconoció: “Es cierto que nos falta consumo”.

A esa misma zona de acceso exclusivo, llegó el Presidente por un lado y Karina y Adorni por el otro. Pasó por ahí Eduardo Elsztain antes de ir a su tradicional brindis por el día del periodista en la Rural donde convocó a 400 reporteros. En esa previa, se habló muchísimo de lo que le gusta a Milei: la presentación de Miniso, por ejemplo, el bazar chino que es furor entre las adolescentes y que ayer inauguró su segundo local en argentina en el shopping DOT. El primero todavía genera colas para entrar. Son todas postales de una argentina despareja, bipolar.

En el mismo día, la UIA publicó otro informe preocupante sobre el freno en el consumo, la catástrofe en la construcción y una caída general de la actividad de 0,7% interanual y de 0,4% contra marzo pero que en desagregado muestra situaciones desesperantes en algunos rubros.

El dilema por el puente entre lo que es, lo que podría venir y el mientras tanto del impacto social está escrito también en el informe del FMI que contempló la autorización del envío de los mil millones de dólares de desembolso. Esta definición importa por muchas razones pero naturalmente la principal es electoral. “La economía se va a llevar puesta a la política por primera vez”, dijo Caputo. “Creo que va a ser lo opuesto a lo que dice la gente y el mercado”. Se sabe que los inversores miran las encuestas para mirar al país.

Lo que dice el JP Morgan

En una charla reservada del JP Morgan que sucedió esta semana en Buenos Aires con dos speakers del banco de inversión sobre la coyuntura global y el devenir argentino en particular, el optimismo sobre la economía se alinea con el ministro, pero todas sus predicciones se concentran en la presidencial del año que viene: “Los inversores más institucionales preguntan por qué las encuestas son negativas”. Según el banco de inversión, el riesgo país, en este momento y con las variables actuales debería ir a 250, pero eso no sucederá hasta que no se defina el tablero electoral.

Es interesante en el reporte del JP Morgan, la descripción de la coyuntura global que dio uno de sus encargados para América Latina. La naturalización de la incerteza para predecir hacia dónde va el planeta: “Inteligencia Artificial, fragmentación -desglobalización- más inflación” son los nuevos pilares para entender el mundo. A pesar de que es uno de los principales bancos de inversión del mundo hay un reconocimiento de que las variables están tan vertiginosas e incomprensibles que en los últimos tres años ninguna de las proyecciones de inversión se cumplieron.

De las pocas certidumbres vigentes que detalló el especialista, la indiscutible tiene que ver con la creciente inversión de las principales potencias del mundo en su presupuesto de defensa. Sobre todo tecnología de inteligencia relacionada con la guerra. El universo en el que Peter Thiel, es rey. El nuevo vecino porteño es dueño de Palantir Technologies, una compañía creada en 2003 con apoyo de la CIA que desarrolla plataformas de análisis de datos utilizadas por agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales, se mudó al país y causa una intriga global. El New York Times publicó una cobertura sobre la rutina de Peter Thiel en Argentina. El empresario, exsocio de Musk, mantiene una vida muy activa en Buenos Aires. Está buscando en el grupo más selecto de estudios de arquitectura de Buenos Aires, quién le diseñe el proyecto de remodelación de su casa, en donde ya recibe, según consignó a NYT, a economistas influyentes e intelectuales en una cena a la luz de las velas “para debatir sobre la historia y la economía del país, antes de que la conversación derivara hacia el Anticristo, según tres personas familiarizadas con la reunión”.

Dice el artículo: “Algunos de los asistentes no sabían qué pensar de las reflexiones apocalípticas de su anfitrión sobre una entidad que, según había advertido en sus conferencias, podría establecer un gobierno mundial totalitario, pero escucharon con atención”.

Las razones por las que está en Argentina todavía son una incógnita, algunos piensan que es por nuestra geografía alejada de los conflictos bélicos y sus peligros. Otros, por su interés en la dinámica del proyecto libertario. Es una intriga gourmet.

La semana de Adorni

En la coyuntura local, la política tiene escenas más domésticas, más urgentes. Por primera vez en mucho tiempo, la causa judicial de Manuel Adorni no tuvo novedades esta semana.

Es, más que nada, por una licencia temporal del fiscal Gerardo Pollicita que retoma el lunes su trabajo. Adentro de la Rosada garantizan que la próxima semana cumplirá en presentar la justificación patrimonial: ¿es cierto que usará inversiones cripto no declaradas? Una caricia para el uso de la ley de inocencia fiscal que tanto promueve Economía.

Lo concreto es que se abrirá con esa declaración jurada una enorme madeja contable para verificar sus números. “Esto ya pasó, fue una ataque personal, va a volver a subir cuando presente la declaración jurada y después se termina”, asegura Adorni en el entorno libertario a quien le pregunta. Es una curiosa estrategia porque es lo mismo que viene diciendo desde que esto empezó pero la realidad nunca le dio la razón. Hay un timing buscado en esperar hasta ahora y tiene que ver con el Mundial. Nadie espera que nada llame la atención cuando la pelota vuelva a correr.

Justamente cuando Argentina empiece a jugar, sucederá en París la reunión anual del GAFI, el organismo global antilavado del que Argentina es miembro y al que viaja cada año el ministro de Justicia junto una comitiva de no más de quince personas, la mayoría técnicos.

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Este año estrena ese rol el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. En todas las ediciones suele haber invitaciones para dos o tres jueces o funcionarios judiciales. Siempre viaja Juan Tomás Rodríguez Ponte por su rol de aglutinador de estadísticas judiciales en causas de lavado a partir de una designación que le hizo la Corte Suprema desde su posición en la Dajudeco (la oficina que tramita las escuchas a pedido de los jueces). Ponte fue el objeto de un conflicto por la negativa inicial de Mahiques a mandar su pliego como candidato a magistrado en Lomas de Zamora, decisión que finalmente revisó. En el Ministerio, están pensando ahora en invitar a Ariel Lijo al encuentro en París.

Javier Milei, Manuel Adorni, Karina Milei

El Gobierno está decidido a avanzar en un otro paquete de reformas que impulsará en el Congreso. La primera es un proyecto de una nueva Ley General de Sociedades, que envió este viernes al Senado.

El texto fue elaborado por la Secretaría Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal, en conjunto con Federico Sturzenegger, titular del Ministerio de Desregulación, y Juan Bautista Mahiques, a cargo de la cartera de Justicia.

El propio Sturzenegger detalló los principales puntos de la reforma que impulsa la gestión de Milei en un extenso posteo en X.

“El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”, señaló.

Entre los cambios clave, destacó el fin de “la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda”.

El ministro de Desregulación también señaló que “se eliminan las trabas burocráticas de los registros. El objeto social podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades. Y si no se consigna objeto en el estatuto, se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita”.

El texto habilita a los socios a someter sus conflictos internos al derecho extranjero, como así también crea tipos societarios hasta ahora inexistentes, y propone, además, avanzar hacia la digitalización plena de la sociedad.

Sturzenegger destacó la incorporación de “las empresas que funcionan bajo esquemas de automatización y descentralización”. Explicó que se busca “regular la Sociedad Automatizada, que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las “DAO”, que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. Ambas tienen personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada”, según explicó.

El universo societario en Argentina

Existen 1.255.328 entidades de tipo jurídico en el país, de las cuales 995.165 son sociedades comerciales, o sea están comprendidas bajo la Ley Nº 19.550 y sus reformas posteriores. Constituyen casi el 80% del total de las 1.255.328 personas jurídicas inscriptas, según los datos analizados por Infobae de la base del Registro Nacional de Sociedades, publicado por el Ministerio de Justicia en su sitio de datos abiertos y actualizado al 5 de mayo.

El Registro centraliza en una base de datos única la información de personas jurídicas privadas (sociedades argentinas y extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones). Funciona bajo la órbita de la cartera de Justicia, y recibe información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Ese casi millón de empresas comerciales en el país equivale a una tasa de 2.142 firmas por cada 100.000 habitantes.

Otro 13% del total de entidades son asociaciones sin fines de lucro (167.939) y un 4% constituyen cooperativas y organizaciones de la economía social (54.105). Apenas un 1% se inscribieron como empresas extranjeras (12.772); y solo 472 son empresas de naturaleza o con participación estatal.

Infobae consultó a la cartera de Justicia, de quien depende el Registro Nacional de Sociedades y la Inspección General de Justicia (IGJ), cuántas de esa cantidad de empresas están activas, más allá de las inscriptas, pero no pudieron dar esa información “porque no está digitalizado el 100%”.

Una norma de Lanusse

La Ley de Sociedades Comerciales (Nº 19.550) fue sancionada originalmente en 1972, durante el gobierno de Agustín Lanusse. Este marco normativo de las empresas tuvo varias modificaciones, y una reforma estructural en 2015, con la unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando pasó a llamarse Ley General de Sociedades (LGS).

Con esa reforma, se eliminó la diferencia entre sociedades civiles y comerciales, y todas las estructuras quedaron bajo un mismo paraguas. También se rompió con el dogma histórico de que una sociedad requería al menos dos personas para existir y se permitió la inscripción de Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU).

Asimismo, se reestructuró el régimen de las antiguas sociedades irregulares o “de hecho”, y se les otorgó mayor seguridad jurídica. En 2018, hubo otra reforma que prohibió de forma explícita la actuación societaria del “socio aparente” (prestanombre o testaferro) y la del “socio oculto” (el verdadero dueño en las sombras).

La segunda reforma relevante tuvo lugar con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y el dictado del DNU 70/2023, la aprobación de la Ley Bases y normativas de la IGJ que introdujeron flexibilizaciones para reducir trámites, desregular normas y avanzar con la digitalización comercial.

La última modificación fue dispuesta por la Resolución General 4/2026 de la IGJ, del 22 de mayo último, por la cual el Gobierno simplificó el régimen para sociedades extranjeras con el objetivo de facilitar inversiones en Argentina.

Según tipo societario

De las 995.165 sociedades comerciales que existen en el país, el 47% (465.788) son Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), el tipo societario más usual. No exige un capital mínimo por ley, éste se divide en “cuotas sociales”, y tiene un límite máximo de 50 socios.

Las Sociedades Anónimas son el 39%, ya que suman 386.931. Este tipo societario exige un capital mínimo de $30 millones, que se divide en “acciones”, no tiene límite de accionistas, y puede cotizar en bolsa.

Otro 9% de las entidades comerciales son Sociedades por Acción Simplificada (90.307 en total), creadas en 2017 por la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Su objetivo principal es permitir a los emprendedores y pequeñas empresas armar una estructura legal formal de manera rápida, económica y 100% digital, sin la burocracia que exigen las SRL o las SA tradicionales.

El resto son Sociedades “de hecho” o “sociedades irregulares” (31.489); Sociedades en comandita por acciones (6.641); Sociedades en comandita simple (6.320), Sociedades colectivas (5.801); Sociedades Anónimas Unipersonales (1.586); y de Capital e industria (302).

Distribución por provincia

Del análisis que realizó Infobae, el distrito con más sociedades comerciales es la Ciudad de Buenos Aires, 469.235 en total, algo que se explica porque muchas empresas radican su sede central en la Capital Federal. Esa cifra equivale a una tasa de 1.010 empresas cada 100.000 habitantes.

Le sigue Buenos Aires con 180.233, un número que implica 388 entidades de este tipo sobre la misma base poblacional. Luego aparece Córdoba con 81.172 sociedades comerciales en total, y una tasa cada 100.000 habitantes de 175.

El tope del ranking se completa con Santa Fe que tiene 67.761 empresas registradas y una tasa de 146 cada 100.000 personas; y Mendoza, con 44.893 sociedades, que registra una tasa de 97 sobre esa base poblacional.

Evolución histórica

Los datos publicados por el Ministerio de Justicia se remontan a 1990, y muestran que el año que más sociedades comerciales se inscribieron en el Registro Nacional de Sociedades fue 2025, con 31.431 nuevas inscripciones.

Le siguen 2023, con 31.160 nuevas entidades de este tipo en el último año de Alberto Fernández; 2019, con 29.916, el último año del gobierno de Mauricio Macri; y 2024, con 29.553, en el comienzo de la gestión libertaria.

En lo que va de 2026, al 5 de mayo último, las inscripciones de sociedades comerciales alcanzaron 7.862, sobre un total de 8.168 nuevas entidades inscriptas de los distintos tipos jurídicos.

La base de datos no informa la baja de las sociedades comerciales que se produce cada año. Según señalaron en el Ministerio de Justicia a Infobae, el proceso de cancelación de una sociedad comercial ante la IGJ requiere cumplir una serie de etapas, en las que no interviene esa cartera. Va desde la resolución societaria de disolución hasta la obtención de las bajas impositivas y la presentación final ante la IGJ, el organismo que, una vez verificada la documentación, emite la orden de inscripción de la cancelación.

El Registro Nacional de Sociedades, así como el Registro Nacional de Concursos y Quiebras, está a cargo de María Florencia Robledo, designada en 2020, en la gestión de Fernández. Depende de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría General de Justicia de la Nación.

Infobae llamó por teléfono el viernes pasado a Robledo para consultarla sobre las bajas societarias registradas. Si bien las asistentes respondieron que la funcionaria devolvería el llamado, finalmente no lo hizo.

Desde ARCA también quedaron en consultar, pero al cierre de esta nota el viernes a última hora, la respuesta no llegó.

Visualizaciones: Daniela Czibener

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