La disputa entre el Gobierno y los empresarios de transporte automotor provocó una reducción en la frecuencia de líneas de colectivos el jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que afectpi a miles de usuarios.
Este lunes, los representantes empresariales esperan tener respuestas del gobierno bonaerense, mientras aguardan una próxima reunión con la secretaria de Transporte de Nación. El reclamo principal apunta al aumento en el costo del combustible que modificó la estructura de costos. Ante este escenario, los empresarios exigen un incremento en los subsidios o una suba en la tarifa, lo que plantea un dilema para el equipo económico, ya que ambas alternativas implican un costo y debería decidirse por una.
La crisis del transporte público en el AMBA mantiene en vilo a miles de usuarios y a las empresas; estas últimas reclaman por deudas y una renegociación de los subsidios o las tarifas ante el aumento del combustible. En este contexto, este lunes, cinco cámaras mantendrán negociaciones con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, mientras crece la expectativa por el accionar del Gobierno nacional. Las partes exponen argumentos contrapuestos sobre la situación financiera, la gestión de los subsidios y los plazos para normalizar los pagos que permitan garantizar el pago de salarios y la continuidad de los servicios.
Según informaron fuentes del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, el encuentro entre representantes de las cámaras empresarias y las autoridades será este lunes a las 12 del mediodía. En la provincia remarcan que no tienen deudas con el sector, salvo el compromiso correspondiente a abril, cuyo pago impacta este lunes. “Por decisión del gobernador, Axel Kicillof, el monto del adelanto del subsidio se incrementó del 50% al 65%, con la intención de cubrir la masa salarial y evitar un agravamiento del conflicto», comentaron en conversación con Infobae.
El sector empresario se encuentra a la expectativa de esa transferencia. Se trata de un saldo de $ 50.000 millones que debía liquidarse el viernes. Y si bien en la provincia aseguran que ya realizaron la transferencia, en las empresas no lograron acceder a los fondos en sus cuentas. Fuentes de la gobernación aseguraron a este medio que ya se realizó y anticipan que la situación podría resolverse en la mañana del lunes, ya que el sistema bancario traslada las operaciones efectuadas fuera de horario hábil al día siguiente.
El problema para las empresas de transporte es el aumento del combustible. Tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, el precio del petróleo se disparó y los precios en el surtidor aumentaron un 20% en la Argentina. Este salto en el precio del gasoil, denuncian en el sector privado, implica un cambio en la ecuación del negocio y por eso exigen mayores subsidios a la Secretaría de Transporte.
La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) publicó un comunicado en el que describió la situación como de “extrema gravedad financiera”. El documento detalló que el fuerte aumento del precio del gasoil y el atraso en el pago de compensaciones obligaron a las empresas a ajustar su operatividad. “La reducción de servicios de hoy no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades de gasoil”, expresaron desde la entidad.
El análisis de AAETA puntualizó las razones principales de la crisis. El sistema enfrenta un déficit crítico por la diferencia entre el precio real de mercado del gasoil y el valor reconocido oficialmente en la estructura de costos. Mientras las empresas pagan entre $2.100 y $2.444 por litro, el esquema de costos del Estado solo reconoce $ 1.750 por litro. Esta brecha, según remarcaron, desfinancia a las compañías y limita su capacidad para garantizar la frecuencia y regularidad de los servicios.
La cuestión está en que, tras el anuncio del alto al fuego por dos semanas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el supuesto compromiso de Irán de liberar el estrecho de Ormuz, el precio del barril de Brent (que se toma de referencia en Argentina) tuvo una baja de entre 11% y 12% en las últimas jornadas y se ubica en torno a los USD 95. Aunque no logra volver a los niveles previos al conflicto (USD 70). A su vez, la semana pasada, la petrolera YPF comunicó que no va a llevar a cabo incrementos en los surtidores por 45 días para acompañar a los consumidores, una decisión que replicaron otras competidoras.
Pero el aumento del combustible agrava una situación de crisis preexistente. “El Gobierno tiene una deuda con las empresas de colectivos por enero, febrero y marzo. “Hay partidas que quedaron pendientes porque no tienen dinero, y cuando juntas todo, hay una bola de nieve de $150.000 millones entre Nación y provincia”, comentaron desde una de las cámaras, de la cual dos tercios son de Nación y el resto de Buenos Aires. De los cuales $ 50.000 millones son las transferencias que la provincia asegura que realizó el viernes y se van a efectuar este lunes.
Luego de la reunión con provincia, el martes, los empresarios volverán a reunirse con el Gobierno, esta vez en una mesa de trabajo. Sin embargo, en el sector privado marcan que el compromiso que tomaron algunos de ellos —al menos la mitad— de mantener la frecuencia de las líneas de colectivos no podrá extenderse por mucho tiempo más de no haber una solución.
La cantidad de trabajadores registrados que comenzó a cobrar la Prestación por Desempleo creció 29,4% entre enero y septiembre de 2026, con aumentos concentrados en la industria, el comercio y la construcción, según datos oficiales de la seguridad social.
En esos nueve meses, 145.004 personas despedidas sin justa causa ingresaron al sistema de la Seguridad Social para cobrar el seguro de desempleo. En igual período de 2025 se habían registrado 112.056 altas.
La industria fue el sector con más nuevos beneficiarios, con 35.922 casos. Le siguieron el comercio, con 32.928, y la construcción, con 21.663.
Al contabilizar las nuevas altas y las bajas por reincorporación laboral o por agotamiento del beneficio, 127.613 personas percibieron la prestación en septiembre.
El haber promedio fue de $ 325.368, un 18,7% más que los $ 274.324 registrados un año antes. El incremento quedó por debajo de la inflación interanual, que alcanzó el 33,4%.
Del total de beneficiarios de septiembre, 86.288 fueron varones y 41.325, mujeres. La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de receptores, con 54.936. Santa Fe registró 9.698, Córdoba 9.658 y la Ciudad de Buenos Aires 9.029.
En los últimos dos años y nueve meses correspondientes a la administración de Javier Milei, las altas acumularon 473.186 prestaciones: 174.335 en 2024, 153.847 en 2025 y 145.004 hasta septiembre de 2026.
El volumen superó los registros de los años anteriores. En 2023 se contabilizaron 108.942 altas y en 2022, 86.268.
El seguro alcanza a trabajadores en relación de dependencia incluidos en la Ley 24.013, de Empleo que fueron desvinculados sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas.
Para acceder a la prestación, se requieren al menos seis meses de aportes durante los tres años previos al despido. Los trabajadores eventuales o de temporada deben acreditar menos de 12 meses trabajados en ese período y más de 90 días en el último año.
El beneficio se otorga por hasta 12 meses, con seis meses adicionales para quienes tienen más de 45 años. El esquema es descendente: equivale al 100% durante los primeros cuatro meses, al 80% entre el quinto y el octavo y al 70% entre el noveno y el duodécimo.
Mientras reciben la prestación, los beneficiarios mantienen la cobertura de obra social, las asignaciones familiares y el cómputo del período para la antigüedad jubilatoria.
En 2023, el Consejo del Salario Mínimo estableció que el seguro debía representar el 75% de la mejor remuneración habitual de los seis meses previos. Sin embargo, la resolución fijó un piso del 50% y un tope del 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente.
Para iniciar la solicitud del seguro de desempleo, se debe reunir el Documento Nacional de Identidad (DNI), en original y copia, y la constancia de desempleo, también en original y copia, según el detalle del trámite.
Luego, el trámite puede realizarse de dos maneras:
Una vez aprobada la prestación, Anses tramita la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social a nombre del beneficiario. Allí se deposita el dinero y el banco asignado entrega una tarjeta de débito para efectuar extracciones y operar en cajeros automáticos.
Si la persona ya cobra otra prestación de Anses mediante una cuenta bancaria, el organismo utilizará esa misma cuenta. Quienes tengan una caja de ahorro propia pueden solicitar a su entidad financiera que la convierta en una Cuenta de la Seguridad Social.
Con información de NA
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