En un contexto de fuerte suba de la morosidad, un jubilado con domicilio en Posadas, Misiones, presentó ante la Justicia Federal una demanda por “sobreendeudamiento inducido” contra dos bancos, organismos de crédito, una billetera digital y una agencia de cobranzas, y dejó planteada la posibilidad de declararse en quiebra si el tribunal rechaza la reestructuración de sus deudas, que superan los $150 millones frente a un ingreso neto mensual inferior a 1.500.000 pesos.

La acción fue impulsada por una consultora legal misionera e involucra a dos instituciones bancarias, dos organismos de crédito vinculados a las Fuerzas Armadas, un proveedor de servicios financieros digitales, una agencia de cobro extrajudicial y tres administradoras de tarjetas de crédito. El planteo central sostiene que el hombre no incurrió en morosidad voluntaria: fue víctima de un circuito de refinanciación encadenada que, con el tiempo, lo condujo a una cesación de pagos de la que no puede salir por sus propios medios.

De acuerdo al escrito presentado, el jubilado tenía un historial crediticio sin antecedentes negativos. Había cancelado un crédito hipotecario en 2017 y no registraba deudas relevantes al momento de iniciar el proceso de endeudamiento.

Sin embargo, todo cambió en enero de 2024, cuando tomó un primer préstamo bajo la modalidad UVA para realizar refacciones en su vivienda. A partir de ese momento, la dinámica financiera se convirtió en una espiral difícil de detener y cada nuevo crédito se destinaba, en su mayor parte, a cancelar el anterior, a cubrir cuotas de tarjetas de crédito o a sostener los gastos cotidianos del grupo familiar.

A lo largo de 2024 y los primeros meses de 2025, el denunciante contrató nueve préstamos sucesivos con una de las entidades bancarias demandadas, bajo la modalidad UVA. El capital total otorgado ascendió a $49.312.068, pero por efecto de la indexación y la capitalización de intereses, la deuda con esa sola entidad trepó a 83.168.321,75 pesos.

Al sumar los pasivos con los restantes acreedores —tarjetas de crédito, organismos de crédito con descuento directo sobre el haber previsional y una billetera digital—, el total supera los $150.000.000, monto acumulado, exigible y ejecutable que la demanda califica de materialmente imposible de afrontar.

La carga mensual estimada para cubrir el conjunto de las obligaciones supera $1.600.000, cifra que excede el haber previsional neto del jubilado. La demanda señala que todos los créditos fueron contratados de forma digital, sin instancia presencial ni asesoramiento personalizado, y sin que el actor recibiera información clara sobre el costo financiero total, la evolución de las cuotas bajo el sistema UVA ni el impacto acumulativo del endeudamiento sobre sus ingresos.

Uno de los ejes del reclamo apunta a la entidad bancaria señalada como “agente originante del endeudamiento”, a quien se le atribuye responsabilidad principal, directa e integral. La acusación incluye haber otorgado los nueve créditos UVA sin evaluación real de solvencia, haber montado una refinanciación estructural encubierta mediante nuevos préstamos destinados a cancelar los anteriores, haber incumplido el deber de informar sobre el costo financiero real y los riesgos del sistema UVA, y haber cerrado unilateralmente la cuenta bancaria del actor, privándolo de acceso a información esencial sobre sus deudas.

A esa misma entidad se le atribuye un hecho autónomo de particular gravedad: haber inducido al jubilado a destinar parte de los fondos crediticios a fondos comunes de inversión bajo promesas de rentabilidad que nunca se materializaron. Según la demanda, el banco no solo omitió informar adecuadamente los riesgos de esa operatoria, sino que luego bloqueó el acceso al homebanking, impidiendo al actor conocer el estado de esas inversiones, verificar movimientos o ejercer cualquier control sobre su propio patrimonio.

La demanda también denuncia prácticas de cobranza abusivas: una agencia que actúa en nombre de esa entidad bancaria habría contactado a familiares del jubilado por correo electrónico para informarles la existencia de la deuda y solicitarles que transmitieran el mensaje. Esa conducta, según el escrito, configura una violación del secreto bancario, una práctica abusiva de cobranza y una afectación directa al honor y la dignidad del consumidor, en contravención del artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor.

La segunda entidad bancaria demandada responde, según el escrito, por haber extendido financiamiento y tarjetas de crédito a un consumidor ya sobreendeudado. El análisis preliminar de la documentación aportada revela un costo financiero total que alcanza el 129,08% de tasa efectiva anual en una de sus tarjetas, y la existencia de capitalización de intereses que la demanda califica de “anatocismo indirecto”: aunque formalmente se prohíbe la capitalización, en la práctica los intereses se incorporan al saldo y generan nuevos intereses. Además, se señala que el banco absorbía automáticamente más del 50% del haber previsional del actor para cubrir sus propios productos, dejando al jubilado en cesación de pagos frente al resto de sus acreedores.

Los organismos de crédito vinculados a las Fuerzas Armadas son señalados por haber concedido créditos con descuento directo sobre el haber previsional sin analizar la capacidad de pago residual del actor. Uno de ellos otorgó en enero de 2026 una refinanciación por $21.339.000, con descuento automático sobre la jubilación.

El proveedor de servicios financieros digitales, por su parte, es acusado de haber otorgado financiamiento en un contexto de insolvencia verificable y de haber implementado planes de refinanciación que, lejos de resolver la situación, prolongaron el ciclo de deuda. La agencia de cobro extrajudicial responde por haber brindado información inconsistente sobre la composición de la deuda y por haber ofrecido planes de pago materialmente inviables.

Qué pide la demanda

El reclamo solicita a la Justicia Federal la nulidad parcial de los contratos y de las cláusulas consideradas abusivas, la sustitución del índice UVA por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) —un indicador atado a la evolución de los ingresos y no a la inflación—, la reliquidación integral de todas las deudas y la limitación de las cuotas futuras a un máximo del 30% del ingreso neto previsional.

También pide la suspensión inmediata de los descuentos automáticos sobre el haber, el cese del devengamiento de intereses y cargos, la eliminación de los reportes negativos en bases de datos crediticias como Veraz y Nosis, y la reapertura de la cuenta bancaria del actor para garantizarle el cobro íntegro de su jubilación.

Se reclaman, además, daños patrimoniales por la capitalización desproporcionada de la deuda y la pérdida de disponibilidad de ingresos, daño moral por el estrés financiero y la asfixia económica padecidos, daño a la dignidad del consumidor, daño existencial por la alteración del proyecto de vida del actor y su familia, y daño punitivo contra todas las entidades demandadas, bajo el argumento de que existe un esquema sistemático de lucro basado en el endeudamiento permanente de consumidores de ingresos fijos.

La demanda también solicita una medida cautelar urgente que incluye la suspensión de todos los débitos automáticos y acciones de cobro mientras dure el proceso, y la prohibición de nuevas ejecuciones individuales.

En forma subsidiaria, y únicamente para el caso de que la Justicia rechace la reestructuración solicitada, la presentación deja planteada la eventual apertura de un proceso de quiebra de persona humana no comerciante, en los términos de la Ley 24.522. La quiebra se plantea como una salida ordenada y universal que evitaría ejecuciones individuales descoordinadas, garantizaría la igualdad entre acreedores y permitiría organizar el pasivo del actor de forma equitativa.

Los abogados que impulsan la acción advierten que el caso no constituye un hecho aislado, sino que expone una problemática social más amplia vinculada al crecimiento de la mora bancaria, el endeudamiento digital y la utilización de mecanismos financieros complejos sobre sectores de ingresos fijos. El expediente, señalan, podría transformarse en un antecedente sobre el control judicial de las prácticas de crédito al consumo y la responsabilidad de las entidades financieras frente al sobreendeudamiento masivo de jubilados y trabajadores pasivos.

El Indec informó recientemente que la inflación de abril fue del 2,6%, el registro mensual más bajo en cinco meses. Sin embargo, ese dato no frena una nueva ronda de ajustes en servicios esenciales: desde el 1° de junio entrarán en vigencia aumentos en la medicina prepaga, el transporte público, los combustibles y los colegios privados, además de una nueva actualización en las tarifas de agua del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los incrementos responden a distintos mecanismos: algunos siguen la inflación oficial, otros aplican fórmulas que combinan el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con costos operativos, y otros se deben a ajustes contractuales pactados de antemano.

Las empresas de medicina prepaga ya comunicaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos que aplicarán en junio, con subas que llegarán hasta el 2,9% según la compañía y el plan contratado. La carga de esos datos en el sistema digital de la SSS es ahora obligatoria.

Swiss Medical, Osde, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud definieron un aumento del 2,6%, en línea con la inflación de abril. Omint irá por encima de ese valor, con subas de hasta el 2,9% dependiendo del plan. En varios casos, los ajustes también alcanzarán a los copagos.

En mayo, las cuotas habían subido un 2,7% en el AMBA y un 2,5% en el interior del país. Acumulado en los primeros cuatro meses del año, el aumento total de las prepagas ronda el 10,5%, mientras que la suba interanual promedio a nivel nacional se ubica cerca del 29,7 por ciento.

A partir de junio, los usuarios de colectivos y subte en el AMBA pagarán tarifas más altas. El incremento será de entre el 4,6% y el 4,8%, calculado sobre la base del último dato de inflación del Indec más un 2% adicional correspondiente a los costos operativos de las empresas.

En la Ciudad de Buenos Aires, las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro del distrito verán una suba del 4,6 por ciento. El boleto mínimo de hasta 3 kilómetros pasará de $753,74 a 788,41 pesos. El tramo de 3 a 6 kilómetros costará $876,05; el de 6 a 12 kilómetros, $943,53; y el de 12 a 27 kilómetros, 1.011,07 pesos. Todos esos valores corresponden a viajes realizados con tarjeta SUBE registrada.

En la Provincia de Buenos Aires, las líneas numeradas desde el 200 en adelante tendrán un alza del 4,8 por ciento. El boleto mínimo subirá de $968,57 a 1.015,06 pesos. El tramo de 3 a 6 kilómetros quedará en $1.141,94; el de 6 a 12 kilómetros, en $1.268,80; el de 12 a 27 kilómetros, en $1.522,59; y los recorridos de más de 27 kilómetros alcanzarán los 1.790,06 pesos.

El subte y el premetro también tendrán una nueva tarifa en junio. El viaje pasará de $1.490 a $1.558,54 para quienes tengan la SUBE registrada, y se mantendrán los descuentos para los pasajeros frecuentes que realicen más de 20, 30 o 40 viajes por mes.

Además, el 15 de junio entrará en vigencia una segunda etapa de actualizaciones para las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, que conectan el Conurbano con la Ciudad de Buenos Aires. Esas líneas sumarán un 2% adicional sobre los valores vigentes al momento de ese ajuste, con lo que el boleto pasará a costar 728,28 pesos.

Los peajes porteños también se actualizarán a partir de junio, con un incremento del 4,6% que sigue la misma fórmula aplicada al transporte público: inflación de abril más un 2 por ciento.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura pagarán $4.518,33 en horario normal y $6.403,21 en hora pico. Las motocicletas abonarán $1.882,44 en horario normal y $3.012,29 en hora pico. Los vehículos pesados de hasta dos ejes tendrán un valor de $7.153,79, que sube a $10.542,41 en pico.

En la autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, el valor para autos de hasta dos ejes será de $1.882,44 en horario normal y $2.662,06 en hora pico, mientras que las motos pagarán $1.129,66 y $1.355,28 respectivamente.

Las escuelas privadas aplicarán nuevos aumentos en las cuotas a partir de junio, como consecuencia del traslado parcial de los últimos incrementos salariales docentes a los aranceles de cada institución. Los porcentajes finales dependerán del nivel de subsidio estatal que reciba cada establecimiento.

En la Provincia de Buenos Aires, las cuotas subirán en promedio entre un 4% y un 5 por ciento. En la Ciudad de Buenos Aires, el incremento se ubicará en torno al 5 por ciento.

Las tarifas de AySA registrarán en junio un nuevo ajuste de hasta el 3% mensual, dentro del esquema de recomposición tarifaria que el Gobierno nacional extenderá hasta agosto de 2026. Hasta abril, el tope de actualización era del 4% mensual; desde mayo, la autoridad regulatoria lo redujo al 3% para moderar el impacto en las boletas.

Se mantienen los descuentos del 15% para usuarios residenciales de zonales bajos, que alcanzan al 48% de los usuarios residenciales, y los beneficios de la Tarifa Social para hogares vulnerables.

En abril, la compra de dólares por parte de argentinos superó los USD 2.000 millones, según cifras del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Desde que se flexibilizó el cepo cambiario en abril de 2025, las adquisiciones individuales de divisas ya superan los 36.000 millones de dólares.

El reporte sobre el Mercado de Cambios y Balance Cambiario del BCRA detalló que las personas físicas compraron en total USD 2.727 millones en billetes y vendieron 435 millones de dólares. Participaron 1,5 millones de compradores y 750 mil vendedores. Comparado con marzo, las compras aumentaron en USD 364 millones, mientras que las ventas descendieron en 31 millones de dólares.

En abril del año pasado, luego de que se flexibilizaran las restricciones para la compra de dólares, las personas físicas adquirieron 2.077 millones de dólares, según datos oficiales. Durante los primeros días tras la medida, alrededor de un millón de personas ingresaron al mercado oficial.

La demanda de divisas mantuvo un ritmo creciente en los meses posteriores: en mayo se registraron compras por USD 2.283 millones, en junio la cifra subió a USD 2.468 millones y en julio alcanzó los USD 3.473 millones de dólares. En agosto, el volumen bajó a USD 2.448 millones, mientras que en septiembre se alcanzó el pico del período, con USD 5.130 millones, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones legislativas y la mayor dolarización.

En octubre, coincidiendo con los comicios de medio término, el monto negociado se mantuvo alto pero descendió levemente a 4.731 millones de dólares. En noviembre, las compras brutas de billetes cayeron de forma significativa a USD 1.597 millones, con la participación de poco más de 1,1 millones de personas.

Durante diciembre, la demanda volvió a crecer: cerca de 1,5 millones de compradores adquirieron 2.186 millones de dólares. En enero de 2026, 1,6 millones de individuos realizaron compras por USD 2.613 millones, mientras que en febrero 1,5 millones adquirieron USD 2.368 millones, mientras que en marzo se ubicó en 2.363 millones de dólares. Desde el relajamiento de las restricciones cambiarias en abril de 2025, el total adquirido por personas físicas en el segmento formal alcanzó los 36.028 millones de dólares.

Tras la flexibilización del cepo cambiario, los argentinos vendieron dólares por un total de USD 5.269 millones, lo que resultó en un saldo neto de compras de 30.759 millones de dólares. Si se suman las operaciones identificadas como “transferencia de divisas sin fines específicos” realizadas por el sector privado no financiero, el monto acumulado desde la apertura parcial del mercado cambiario asciende a 41.876 millones de dólares.

El equipo económico mantiene cautela respecto a una apertura total del mercado cambiario. Ya se avanzó en algunas flexibilizaciones, como permitir retiros ilimitados de dólares con tarjeta de crédito en el exterior y exceptuar a exportadores individuales de la obligación de liquidar divisas.

Sin embargo, al mismo tiempo, el mes pasado se endurecieron los controles sobre el “rulo” realizado con operaciones entre el dólar MEP y el contado con liquidación, que suelen usarse para obtener beneficios especulativos.

El Gobierno sostiene que la liberalización completa para las empresas solo se aplicará cuando el tipo de cambio y otros indicadores económicos evidencien estabilidad. “No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”, señaló Santiago Bausili, titular del BCRA en una conferencia de prensa en la que presentó detalles del Informe de Política Monetaria de la entidad.

Con esa estrategia se busca evitar un retroceso, ya que restablecer restricciones después de una apertura podría acarrear mayores complicaciones. Como referencia, citan lo ocurrido durante la gestión de Mauricio Macri, que volvió a imponer el cepo cambiario en respuesta a la volatilidad registrada en el último año de su mandato.

En abril, el balance cambiario arrojó un superávit de USD 1.333 millones en la cuenta corriente, impulsado principalmente por ingresos netos en la cuenta “Bienes” por USD 2.946 millones y en “Ingreso secundario” por 10 millones de dólares. Estos ingresos fueron contrarrestados parcialmente por salidas netas en “Ingreso primario” (USD 949 millones) y “Servicios” (USD 674 millones).

La cuenta financiera también presentó un superávit de USD 1.048 millones, resultado de los aportes positivos del “Sector Financiero” (USD 1.001 millones) y del “Gobierno Nacional y BCRA” (USD 954 millones), este último explicado por ingresos provenientes de nuevas emisiones del Gobierno Nacional por USD 1.325 millones en el mercado local. Estas cifras fueron en parte compensadas por egresos netos del “Sector Privado No Financiero” (USD 479 millones) y de “Otros Movimientos Netos” (USD 428 millones).

Las reservas internacionales del BCRA se incrementaron en USD 2.464 millones, cerrando el mes pasado en 44.516 millones de dólares. Este aumento se debió principalmente a compras de divisas del BCRA en el mercado de cambios (USD 2.770 millones) y a ingresos por emisiones del Tesoro (USD 1.325 millones).

El efecto positivo fue reducido por pagos netos de capital e intereses a organismos internacionales (USD 1.051 millones), intereses de BOPREAL (USD 251 millones), una disminución en las tenencias en moneda extranjera de entidades en el BCRA (USD 205 millones) y pagos netos realizados por el BCRA a través del SML (USD 63 millones).