El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ya eligió al segundo veedor para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y planea comenzar con el proceso de supervisión, en el marco de las denuncias contra la máxima autoridad de ese organismo, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos.

Si bien todavía no se anunció oficialmente, el funcionario tuvo el miércoles por la noche una reunión en la Casa Rosada con miembros de la cúpula libertaria en la que les habría acercado el nombre de Diego Coste para ese cargo.

Se trata de un abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Dirección de Empresas (MBA) por la Universidad del CEMA, con más de veinticinco años de ejercicio profesional en derecho societario, conflictos corporativos y arbitraje comercial.

Hasta el momento se desempeñaba como presidente del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata, puesto al que accedió por concurso, y en abril de 2025 fundó el estudio Moriondo & Coste Abogados, con sede en Mar del Plata.

Además, Coste es docente de posgrado en más de quince programas universitarios a nivel nacional, entre ellos la Universidad Austral, de San Andrés y la Nacional de Mar del Plata. Es autor de un libro sobre derecho de separación del socio editado por Hammurabi y de más de veinte artículos publicados en revistas jurídicas especializadas como La Ley, El Derecho y Abeledo Perrot.

El letrado viene a reemplazar a su colega Agustín Ortiz de Marco, quien había sido seleccionado a principios de este año por el ahora ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo.

Con la llegada de Mahiques al Ministerio, se hizo un recambio de las principales áreas de esa cartera y de todos los organismos que están dentro de su órbita, por lo que se le pidió la renuncia a Vitolo.

No obstante, respecto de los veedores de la AFA se optó por mantener a los mismos que ya estaban en carpeta, según explicaron fuentes del Gobierno, para evitar entorpecer la investigación que ya estaba abierta.

El 16 de marzo, las autoridades nacionales confirmaron en ese cargo al contador Rubén Miguel Pappacena y a Ortíz de Marco, pero este último terminó dimitiendo a los pocos días, lo que generó sospechas.

De acuerdo con lo que aseguraron a Infobae personas cercanas a Mahiques, es falso que se le haya pedido que diera un paso al costado, sino que fue el propio abogado el que declinó el trabajo, luego de varias idas y vueltas.

Al respecto, fuentes al tanto de lo ocurrido relataron que, en un primer momento, el letrado pidió unos días de descanso antes de asumir, debido a que tenía que someterse a una intervención quirúrguca que ya tenía programada.

El ministro se lo concedió y esperó una semana, pero Ortíz de Marco se ausentó en dos oportunidades cuando tuvo que recibir la cédula que lo acreditaba como veedor de la AFA y, finalmente, el 10 de abril último renunció formalmente a través de un mail, alegando que tenía “mucho trabajo”.

“Quiero expresar mi agradecimiento por la designación, sin embargo, me encuentro imposibilitado de aceptarla. Motivan esta decisión, cuestiones profesionales y personales que, me impiden asumir dicha responsabilidad”, escribió.

Una de las figuras importantes que advierte sobre la posibilidad de que la investigación sobre los estados contables de la entidad deportiva se esté demorando fue el propio Vitolo, quien consideró que “está clarisimo” que fue desplazado por su actuación en esta causa.

El ex titular de la IGJ, que controla a los veedores, sostuvo en una reciente entrevista que no tiene “ninguna esperanza de que el nuevo ministro de Justicia tenga interés de avanzar con esto”.

“Hay que explicar 500 millones de dólares en manejos de la Superliga. Esa es una auditoría que hice yo en mis últimos días de gestión y el expediente estaba listo para subir y la información que yo tengo es que el expediente quedó cajoneado”, remarcó.

En el entorno de Mahiques, en tanto, subrayan que no van “a responder públicamente” a estas acusaciones, pero destacan que el viernes pasado Pappacena, “que sí se quedó”, firmó un documento en el que se comprometió a revisar las cuentas no solo de la AFA, sino también del campeonato local, porque “es una de las sociedades” de la casa matriz del fútbol.

Los vínculos del ministro con el mundo del deporte

Por otra parte, Vitolo también apuntó contra la relación que el flamante jefe de la cartera de Justicia tenía desde hace tiempo con diferentes actores involucrados en la causa, como Toviggino, y su rol dentro de organismos sospechados.

En este sentido, el ex funcionario opinó que “es dificil que tenga interés en investigar” a la Universidad de la AFA, que se cree que manejó dinero a pesar de que nunca prestó servicios reales, debido a que “él fue su vicerrector”.

Sobre este punto, en el Gobierno se defienden argumentando que, en realidad, Mahiques nunca asumió fomalmente en ese puesto, que le fue ofrecido por Alberto Barbieri, que sí quedó al frente de la casa de estudios.

Según esta versión, fue el mencionado contador, a quien conoce desde hace años, quien lo llamó en noviembre del 2025 para pedirle que se sumara al proyecto, pero el entonces fiscal de la ciudad de Buenos Aires le dijo que le interesaba y que lo iba a pensar, sin darle una respuesta concreta en ese momento.

“Al día siguiente, la AFA sacó un comunicado en el que lo pusieron como vicerrecto de forma totalmente unilateral y sin su concentimiento. Cuando él se enteró, lo primero que hizo fue comunicarse con Barbieri, que le pidió disculpas e inmediatamente modificó el texto. Nunca funcionó de manera tan eficiente la carga de datos», ironizó una persona cercana al funcionario. Actualmente, en el link en cuestión aparece un espacio vacío donde antes estaba su nombre.

En cuanto a sus deberes como parte del cuerpo de la comisión de ética de la Conmebol, entidad que agrupa a las asociaciones de fútbol de América del sur, las autoridades nacionales reconocieron que nunca renunció.

Sin embargo, aclararon que recientemente acordó con la cúpula de ese organismo, y siguiendo el reglamento interno, que “no va a intervenir cuando se trate de una denuncia contra alguna autoriad deportiva de su propio país”.

Esto se terminó arreglando en diciembre del año pasado, cuando la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentó una acusación ante ese cuerpo contra Tapia y Toviggino por presuntas maniobras fraudulentas y graves violaciones al Código establecido por la propia Conmebol.

El oficialismo y la oposición ajustan su estrategia para la sesión informativa del 29 de abril en Diputados, en la que expondrá el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La discusión estará atravesada por las denuncias judiciales sobre sus viajes y su patrimonio, mientras La Libertad Avanza pondrá el foco en las declaraciones juradas de los legisladores.

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión informativa de alto voltaje político el próximo 29 de abril, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presente ante el recinto en medio de una fuerte ofensiva opositora por las denuncias que lo involucran en la justicia.

Según el texto enviado, al ministro le hicieron llegar 4800 preguntas y los ejes principales apuntarán a los viajes en aviones privados, a un vuelo presidencial a Estados Unidos junto a su esposa, Bettina Angeletti, y a la compra de inmuebles en Caballito y en un country de la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, el oficialismo no solo espera las respuestas del ministro coordinador, sino que además puso la mira en las declaraciones juradas de los diputados nacionales. Las autoridades de la Cámara baja, encabezadas por Martín Menem, detectaron que el 22% de los legisladores no presentó su DDJJ pese a que ya debía haberlo hecho. La obligación alcanza tanto a quienes ya venían con mandato desde hace dos años como a los que asumieron el pasado 10 de diciembre.

La ofensiva opositora y la reacción oficialista

La oposición interpreta esta avanzada como una contraofensiva de La Libertad Avanza frente a los cuestionamientos por el incremento patrimonial atribuido a Adorni. Incluso, la semana pasada pidió su interpelación y buscará insistir con ese planteo después del miércoles 29 de este mes.

El tema también encendió alarmas en el oficialismo por el nivel de respaldo que tuvo la idea de sentar al ministro en el hemiciclo. Según el texto, la votación reunió a 14 diputados a favor de avanzar sobre Adorni, con la posibilidad de impulsar una moción de censura desde el Parlamento, una herramienta prevista en la Constitución nacional.

Martín Menem, presidente de la Cámara baja, aseguró esta semana la presencia de Adorni en el recinto el 29 de abril y advirtió que será una sesión “picante”.

El cruce por las declaraciones juradas

De acuerdo con el texto enviado, de los 129 diputados electos en los comicios de 2025, el 90% ya cumplió con la presentación correspondiente, tal como lo establece la ley de Ética Pública al inicio del mandato y en cada año de gestión.

La diputada Marcela Pagano cuestionó el eje elegido por el oficialismo. “Cuando entramos a la labor política, quienes venimos de la actividad privada, somos informados de que, más allá de las presentaciones que cualquier persona en la actividad privada tiene ante la AFIP, también tenemos las presentaciones ante la Oficina Anticorrupción (OA) y que tienen una periodicidad y una actualización, por eso no sé qué descubrieron ahora y con qué quieren chicanear si los diputados y los senadores estamos acogidos ante la OA”, le dijo a TN.

Además, Pagano advirtió sobre un posible uso político de organismos estatales. “Es importante pensar que si se está utilizando al ARCA como elemento de persecución, estamos en problemas, porque cuando lo hacían en otro Gobierno decían que eso era ilegal”, señaló.

También el socialista Esteban Paulón salió al cruce. En sus redes, sostuvo: “Intentan ensuciar con mentiras sobre mi declaración jurada. Todo lo que tengo es público, está declarado y es previo a mi función. ¿Se animan algunos funcionarios del Gobierno a mostrar todo sin relato ni excusas?”. En esa misma línea, se preguntó si Manuel Adorni podría decir lo mismo.

Qué dice La Libertad Avanza

Para La Libertad Avanza, los legisladores están obligados a presentar en tiempo y forma su declaración jurada, como fija la ley de Ética Pública al asumir y durante cada año de mandato.

En la página web de la Cámara de Diputados, según el texto enviado, se establece que los legisladores deben presentar sus DDJJ patrimoniales en tres instancias: inicial, dentro de los 30 días hábiles al comenzar el mandato; anual, hasta el 30 de mayo del año siguiente al período informado, salvo prórroga; y de baja, dentro de los 30 días hábiles al terminar la función.

De los 257 diputados nacionales, 176 ya realizaron sus presentaciones. El último en hacerlo fue el cordobés Juan Schiaretti, que asumió este año 2026 tras superar un problema de salud. El texto también aclara que hay diputados con mandato desde 2023 que todavía tienen plazo hasta el próximo 30 de mayo para actualizar su situación patrimonial.

Sin embargo, persiste un foco de incumplimiento entre quienes ya dejaron sus bancas. Según la información aportada, 51 diputados —el 46% de los 111 legisladores que finalizaron sus mandatos el pasado 10 de diciembre— aún no dieron a conocer su DDJJ, a pesar de que debían hacerlo antes de fines de febrero.

La discusión por esas presentaciones, sin embargo, ya quedó atravesada por la pelea política. A dos semanas de la exposición de Adorni en Diputados, el oficialismo y la oposición se preparan para una sesión en la que las explicaciones sobre patrimonio, viajes y transparencia amenazan con dominar el debate.

Diputados, Declaraciones Juradas, Manuel Adorni

La CGT prepara un acto en rechazo de la reforma laboral de Javier Milei que se realizará durante la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –que deliberará entre el 1° y el 12 de junio en Ginebra, Suiza-, pero el tema no podrá ser denunciado oficialmente en las distintas instancias del organismo.

Así lo admitió a Infobae el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), quien dijo que organizará un acto de protesta contra la reforma laboral en un salón de la OIT, en el que hablará el triunvirato de la CGT y serán invitadas las dos CTA.

Se tratará de un encuentro informal, fuera de las deliberaciones oficiales del organismo, como se efectúa desde hace dos años para darle visibilidad en el exterior al rechazo del gremialismo a las medidas de Milei.

La iniciativa tratará de compensar una dificultad que tendrá la CGT: no podrá concretar una denuncia formal contra la reforma laboral porque los mecanismos internos de la OIT impiden llevar reclamos recientes al debate inmediato en la conferencia que se hará en junio, postergando cualquier abordaje sobre las cuestiones más controvertidas en materia laboral hasta, como mínimo, el próximo año.

“La Argentina aportó las denuncias ante la OIT que se sumaron desde que asumió Milei, como las violaciones a los convenios 87, 98 y otros, y el Gobierno va a tener que dar explicaciones sobre esos planteos de la CGT y de otras organizaciones sindicales, pero no sobre la reforma laboral porque la OIT solo trata los temas que fueron presentados en su momento y que hoy están en estudio”, dijo el dirigente del sector dialoguista.

Martínez explicó: “Tenemos que presentar una nueva denuncia y eso requiere un trámite. Por eso podrá ser considerada el año que viene o el siguiente. En el Comité de Libertad Sindical de la OIT, por ejemplo, estamos tratando denuncias de casos de cualquier parte del mundo que fueron presentadas hace un año y medio”.

De todas formas, el líder de la UOCRA destacó que este año fue distinguido con una importante designación a nivel internacional: “Hay una ponderación del protagonismo que tuvo la CGT en toda la gestión de Milei y por eso solidariamente me han votado para que sea vicepresidente de la conferencia de la OIT como representante de los trabajadores”.

Ese nombramiento efectuado por las centrales sindicales de los 187 países que integran la OIT, agregó, “tiene un sentido político” de reconocer el papel de la CGT ante las medidas socioeconómicas y laborales del Gobierno.

De esta forma, Martínez sumará otra responsabilidad clave en el organismo internacional, donde desde 2005 es miembro del Consejo de Administración, que es el órgano ejecutivo tripartito de la OIT, integrado por 122 miembros representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores.

El año pasado, en su discurso ante la conferencia anual, el líder cegetista sostuvo que “en la Argentina el mensaje de la política es la confrontación” y se quejó de que “el Gobierno desatiende demandas urgentes en términos económicos y sociales”, al tiempo que exigió a Milei: “Levantemos el cepo al salario”.

“Reclamamos el libre ejercicio de la negociación colectiva y rechazamos toda imposición de un techo a la negociación salarial”, detalló.

Martínez, además, cuestionó a la administración libertaria porque “desfinancia la salud y la educación y no promueve políticas de ingresos y de empleo para sectores expuestos a una pobreza extrema”. Y advirtió: “El consenso de la sociedad en torno de bajar la inflación debe ser el resultado del esfuerzo compartido y no del sacrificio exclusivo de los trabajadores, la clase media y los sectores más golpeados”.

En ese momento, la reforma laboral no estaba en la agenda del Gobierno (al menos explícitamente) y por eso no formó parte del discurso crítico del secretario de Relaciones Internacionales de la CGT. Y ahora, debido a la dinámica interna de la OIT, el proyecto de Milei se convirtió en la Ley 28.702 de Modernización Laboral, pero el sindicalismo deberá esperar uno o dos años para que se traten sus denuncias contra la iniciativa libertaria.

Los temas que se tratarán en la OIT

En la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, con participación de gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 países, se debatirán este año tres ejes principales: el trabajo en plataformas digitales, la igualdad de género en el empleo y el fortalecimiento del diálogo social, además del tratamiento permanente de la Comisión de Aplicación de Normas.

En cuanto al diálogo social, se trata de la tercera discusión sobre el tema tras los debates de 2013 y 2018. Se destacará que atraviesa un momento crítico, con desafíos importantes, pero sigue siendo “una herramienta clave para la gobernanza democrática, la promoción del trabajo decente y el fortalecimiento institucional”.

Respecto a la igualdad de género, la OIT impulsa un programa transformador basado en seis pilares: igualdad salarial, políticas de cuidado con licencias remuneradas, desarrollo de competencias, inversión en sectores clave como salud y educación, eliminación de barreras y estereotipos, y prevención de la violencia y el acoso laboral por motivos de género.

Sobre la economía de plataformas, se prevé avanzar en la conferencia de la OIT en una segunda discusión normativa para establecer un convenio internacional que regule este tipo de trabajo, lo que podría convertirse en la primera norma global en la materia.