El oficialismo en el Senado alcanzó un amplio acuerdo para avanzar con la reforma de la Ley de Salud Mental y buscará dictaminar el proyecto este jueves, con la intención de solicitar una sesión para la próxima semana. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció los principales cambios de la iniciativa junto con las senadoras Ivanna Arrascaeta, presidenta de la Comisión de Salud, y Nadia Márquez, titular de la Comisión de Legislación General.

La propuesta incorporó aportes de legisladores de distintos bloques y de los responsables de las carteras sanitarias de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. En una conferencia de prensa en su despacho, Bullrich destacó que uno de los principales cambios es incorporar la prevención como eje central, dejando atrás el criterio exclusivo del peligro inminente. La propuesta contempla la posibilidad de intervenir cuando una serie de conductas indique que una persona puede hacerse daño o dañar a terceros, incluso cuando no esté en condiciones psíquicas de decidir sobre su propia internación. “Acá hemos incorporado este concepto como central: la actitud preventiva y no el peligro inminente”, explicó.

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La iniciativa dada a conocer implica cambios en los criterios para disponer internaciones involuntarias, el tratamiento de las adicciones y el acompañamiento de los pacientes después del alta.

Entre las modificaciones, Bullrich destacó la incorporación de equipos interdisciplinarios, con participación de psicólogos, psiquiatras y otros profesionales especializados; el reconocimiento del rol de los psicólogos en las evaluaciones y las altas; la capacitación permanente y la protección de los trabajadores de la salud. También señaló que se restituye la cooperación técnica, económica y financiera con las provincias, se amplían los plazos para comunicar determinadas internaciones de 24 a 48 horas y se incorpora la posibilidad de realizar teleconsultas en zonas donde no haya especialistas disponibles.

Las senadoras destacaron los aportes de diferentes bloques entre ellos los legisladores radicales que lidera Eduardo Vischi y en algunos artículos puntuales el bonaerense Maximiliano Abad y la chaqueña, Silvana Schneider. Las bancadas del Pro, que encabeza Martín Goerling Lara, los misioneros de Movimiento Por Misiones que integra el médico Carlos Arce e incluso peronistas que fueron ministros de Salud como el tucumano Juan Manzur.

“Todos estos cambios hacen de esta una de las leyes más discutidas, trabajadas y modificadas”, sostuvo la senadora Patricia Bullrich, y afirmó que las reformas fueron bien recibidas por miles de familias argentinas que atravesaron situaciones complejas vinculadas a la salud mental.

Puntos centrales del proyecto

La iniciativa se divide en varios capítulos que abordan distintas aristas los cambios del dictamen final al proyecto de ley de Salud Mental. Entre ellos los referidos a los equipos interdisciplinarios y participación de los profesionales.

Se incorpora la conformación de equipos según los recursos humanos jurisdiccionales. Se elimina la autorización judicial previa para las internaciones involuntarias. El juez podrá pedir informes o peritajes y dejar sin efecto una internación injustificada. Manteniendo la obligación de notificar al juez y al Órgano de Revisión dentro de las 24 horas de la internación.

Para internaciones voluntarias que superen los 60 días, se elimina la obligación de informar al juez y su evaluación en cinco días. Se mantiene la comunicación al Órgano de Revisión. Si un solo médico decide una internación excepcional por riesgo grave, el plazo para revalidarla mediante un equipo interdisciplinario pasa de 24 a 48 horas.

Se habilita la intervención de psiquiatras mediante teleconsulta sincrónica. Para indicar internaciones, se reemplaza la exigencia de un psiquiatra por la de un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, junto con otro profesional, preferentemente psicólogo. Se reconoce al psicólogo en la evaluación y efectivizarían del alta.

Se restituyen la capacitación permanente y la protección de la salud de los trabajadores.

Sobre el financiamiento para las provincias, se restituye expresamente la cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias para implementar las políticas de salud mental.

En relación a las adicciones se mantiene la inclusión de las adicciones dentro de las políticas de salud mental, tanto las vinculadas con sustancias como las que no las involucran, eliminando la referencia expresa a drogas legales e ilegales. La redacción contempla también problemáticas como la ludopatía. En la Cámara alta hay dos proyectos, uno del Poder Ejecutivo y otro, sancionado por Diputados, que aún no fueron puestos en consideración por las comisiones del Senado.

En el capítulo sobre las Obligaciones de las familias, la referencia a los familiares obligados se limita a padres e hijos, además de representantes legales, cónyuges y convivientes. Se exceptúa a las familias que no estén en condiciones de cumplir esas obligaciones. Se explicita la responsabilidad del Estado de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios. Se incorporan derechos de las familias a recibir información, orientación y herramientas de autocuidado, y a ser escuchadas.

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Se incorpora un régimen específico para niños y adolescentes, con equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de los destinados a adultos. Se contemplan la autonomía progresiva, la confidencialidad, el derecho a ser escuchados y el abordaje familiar y comunitario. La internación en unidades de adultos queda restringida a casos en los que se acredite que no hay otra posibilidad, por el tiempo mínimo indispensable.

La norma contempla la prohibición y creación de manicomios y el desarrollo de prácticas manicomiales. Se restituye un catálogo de dispositivos de atención, entre ellos atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación socio laboral, reforzando las políticas de promoción y prevención.

Sobre las internaciones prolongadas, se exige un plan de egreso desde el diagnóstico, con objetivos para el alta y recursos de apoyo. Se considera prolongada la internación que supere los 180 días, consecutivos o acumulados por reinternaciones durante dos años. En esos casos, el Órgano de Revisión deberá intervenir de oficio de manera inmediata. Exceptuando a los pacientes cuya problemática sea exclusivamente social. Se crea, además, un registro de internaciones prolongadas.

Sobre directivas anticipadas, se incorpora el derecho a consentir o rechazar anticipadamente tratamientos y a designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Las directivas deberán respetarse, salvo que impliquen un riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros.

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A horas de una nueva marcha en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno analiza apelar tanto la multa diaria que la Justicia le impuso a Diego Santilli por incumplir una medida cautelar como el fallo que ordenó aplicar la norma, mientras sostiene que ya realizó aumentos salariales significativos para el sector y que no puede asumir mayores erogaciones sin afectar el equilibrio fiscal.

Recientemente, el juez federal Martín Cormick fijó en $100.000 diarios los “astreintes” contra el jefe de Gabinete, por no actualizar los salarios docentes y no docentes ni garantizar el fondo de becas previsto en la iniciativa que aprobó el Congreso.

La resolución respondió a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había advertido que el Estado continuaba sin cumplir la cautelar confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio pasado.

El Poder Ejecutivo había pedido que la apelación contra el fallo tuviera efecto suspensivo, para así evitar tener que afrontar los gastos hasta que se resuelva la cuestión de fondo, algo que el magistrado rechazó.

La administración libertaria remarca que, desde diciembre de 2023, otorgó aumentos que, sumados a la suba del 21,33% dispuesta en junio, llevaron el incremento acumulado al 226,80%, un porcentaje que consideran acorde con lo exigido por la cautelar.

En paralelo, en la Casa Rosada analizan apelar también la sentencia de primera instancia que declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025, con la que el Poder Ejecutivo había condicionado la implementación de la ley a que el Congreso definiera las partidas presupuestarias correspondientes.

La Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, lidera esa estrategia judicial, aunque por el momento no se tomó ninguna acción concreta y se siguen analizando los pasos a seguir.

En tanto, en el ámbito universitario celebraron la sanción económica contra Santilli y confiaron en que puede ser una decisión “que ayude a que las autoridades nacionales recapaciten”.

“No me paro de sorprender… ¡un Gobierno multado por no cumplir una ley! No recuerdo antecedente de algo así. Independientemente del monto o la persona, que por lo que dice el juez ’pueden cambiar’”, opinó a Infobae un alto representante de una casa de estudio.

Al respecto, el rector advirtió que, con esta sentencia, Cormick “deja claro que puede ampliar el monto y la cantidad de funcionarios” alcanzados, por lo que consideró que “más de uno se va a preocupar”.

“Le pueden exigir más plata si continúa incumpliendo lo que determinó la Justicia y se puede agregar a otras personas involucradas. Es un papelón institucional”, sostienen.

A su vez, Franco Bartolacci, presidente del CIN e impulsor de la demanda, destacó que la medida del juez es “muy importante como inicio y antecedente en el proceso judicial que sigue su curso”.

“Nosotros lo habíamos notificado de que había vencido el plazo y no se había cumplido la norma, por lo que habíamos solicitado se apliquen las multas correspondientes. No solo es importante que haya fijado multa diaria, sino que lo haya hecho responsabilizando a una autoridad competente, y no sobre el Estado vagamente“, comentó.

Y agregó: “Hay que seguir, porque el proceso judicial continúa, pero es un paso muy importante que valoramos y esperamos, como con todos los pasos que venimos dando con mucha responsabilidad en todos los ámbitos, nos conduzcan a una respuesta”.

Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, amplió la postura oficial durante la conferencia de prensa de este martes y al ser consultado sobre la marcha convocada para este jueves, remarcó que el Ejecutivo “respeta la libertad de expresión, pero pide “que sea pacífica”.

“Hemos visto una gran cantidad de videos en estos últimos días de cómo ciertas personas violentamente rompieron y entraron en la Secretaría de Educación exigiendo cosas”, cuestionó.

Sobre el reclamo salarial, el funcionario defendió la gestión de Pettovello y detalló los aumentos otorgados. “La realidad es que este Gobierno ha hecho esfuerzos enormes por mejorar los salarios de los docentes, con el aumento del 24%, otro aumento del tres por ciento, con Sandra Pettovello sentándose con los gremios para darles una solución, y seguimos trabajando”, afirmó.

Ravier también fue categórico respecto del límite fiscal y ratificó que la administración nacional “no va a emitir, ni a tomar deuda y se maneja con lo que se recauda de impuestos”.

“El esfuerzo está, la conciencia está, el mensaje a todos es: nos importa la educación, pero también aprovecho para decir que lo que ha hecho el kirchnerismo con la educación es calamitoso”, criticó.

En ese sentido, sostuvo que “hoy muchos chicos tienen la libertad de estudiar en las universidades, pero cuando llegan a la universidad y chocan con el primer material bibliográfico, los libros, los exámenes, abandonan”.

“Toda esta gente que dice preocuparse por la educación y no marchaba, marcha ante este Gobierno por su carácter liberal. Entonces, ¿es una marcha política o es una marcha por la educación?”, planteó.