La fuerte interna de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en que Marcos Pereda, actual vicepresidente de la Comisión Directiva que encabeza Nicolás Pino, anticipó que lo enfrentará en la próxima Asamblea, derivó esta semana en una carta de 800 socios de los 14 distritos de la SRA en todo el país a favor de un nuevo mandato de Pino y la confirmación de este de que irá por un cuarto mandato.

“Me sorprendió gratamente; estaba en Corrientes, cuando me enteré fue grata sorpresa, no es menor recibir ese apoyo, lo venía percibiendo en las visitas por todo el país, personas que me decían ‘seguí vos” “ dijo Pino esta mañana, entrevistado en el programa ”La hora del campo”, por radio Continental. Cuando lo consultaron sobre si hará cambios en el equipo directivo, Pino dijo que todavía debe pensarlo y conversarlo con los miembros de su equipo, pero enfatizó que un cambio obvio. “Desde ya tengo que pensar en un vicepresidente, el actual está por fuera de esto. Va a haber algunos cambios seguramente, pero muchos actuales directores están entusiasmados en seguir”, dijo sobre una comisión que incluye en total 47 miembros.

Sobre el desafío electoral que le planteó su vice, Pino señaló “Marcos (por Pereda) hace rato que viene en esa línea. En la elección anterior habíamos tenido puntos de vista distintos de los nuestros y venía buscando apoyos para lanzarse. No esperaba la manera en que lo hizo y con tanta anticipación. El sigue siendo vicepresidente y que critique la gestión es medio raro. Y menos públicamente. Hay cosas que se discuten adentro, que no tienen por qué salirse de la institución. Tiraron hacia afuera intenciones y discusiones que son para adentro.

Cuando se le señaló lo extraño de una campaña en que el presidente de la SRA confronte con su vice, Pino respondió: “campaña va a haber cuando estén las listas. Hoy hay dos personas que van a competir, tampoco es pelear. Atrás de esos nombres hay 47 cargos a cubrir. Campaña o interna va a haber cuando esté todo desarrollado. Yo hace 24 horas decidí encabezar. Del otro lado se nota un par de personas que hasta ahora critican a mi persona a través de medio y redes sociales”.

El titular de la SRA dijo que pidió a otros integrantes de la comisión directiva que le den “un poco de tiempo” para pensar quién irá de vicepresidente por la lista “Presencia Federal”, que encabezará nuevamente Pino. “Dentro del grupo hay personas con pergaminos suficientes para acompañarme. A la que le proponga seguramente va a aceptar. Es la ventaja de trabajar con ideas claras y tirar todos para el mismo lado”.

Aunque se dijo “sorprendido” por la carta de apoyo de 800 socios que supuestamente lo decidieron a ir por un cuarto mandato, Pino dijo en otro tramo de la entrevista que venía pensando en esa candidatura desde el verano, “Cuando estuvimos dando vueltas por la Patagonia, empecé a pensar porque escuchaba personas, socios, delegados que me decían ‘no te bajes, quedate, acompañanos’. Ahí empecé a pensar que era factible. Pensé que evidentemente estamos haciendo las cosas bien”.

Pino precisó que la SRA, una entidad de 160 años de existencia, tiene cerca de 4.000 socios, de los que habitualmente en las Asambleas en que se cambia la comisión directiva votan entre 1.200 y 1.300, pero que en algunos años, en las más competitividad, votaron entre 1.600 y 1.700 socios. Lo que nunca pasó, enfatizó, es que un vicepresidente desafiara al presidente de la comisión directiva que también integra.

“Capaz es una incapacidad mía no entender que un vicepresidente de la Rural critique una gestión de la cual es parte. Es bueno que socios se quieran involucrar en una institución de 160 años, pero sea el vicepresidente suena raro”, afirmó. Además, dijo que un cuarto mandato está dentro de los estatutos actuales de la Rural. La institución cambió las reglas al respecto en 2023, cuando Pino iba por su segundo mandato, estableciendo un límite de tres mandatos consecutivos para que una misma persona ejerza la presidencia. Este cambio, entró en vigencia a partir de su inscripción ante la Inspección General de Justicia en julio de 2023.

Cuarto mandato

Pino aclaró que de ganar en la Asamblea de septiembre sería su cuarto mandato y agregó: “cuando asumimos propusimos poner un límite y el socio lo aceptó: el presidente tiene tres períodos y eso empezó a correr desde que el cambio se produjo. Cuando te dicen barbaridades que legalmente o estatutariamente no se puede, no entiendo. Está todo dentro de lo que se puede y debe hacer”.

Pino se enfrentará a Marcos Pereda, con quien mantiene una fuerte interna desde septiembre del año pasado. Pereda forma parte del grupo de 78 socios que sostiene que la reelección para un cuarto período sería contraria al límite fijado por la propia conducción en 2023.

En una carta a los miembros de la entidad, ese sector denunció que permitir una nueva postulación sería un “retroceso institucional y una contradicción ética”. Pino sostiene que los mandatos deben contarse desde la modificación y no desde la asunción de la fórmula.

Otra diferencia es la relación con el Gobierno. Pino tiene un perfil dialoguista y una relación cercana con el presidente Javier Milei. Pereda y otros miembros reclaman una conducción más combativa, sobre todo para lograr la eliminación de las retenciones, aunque el espacio de Pino reafirmó su compromiso con la eliminación total de las mismas.

La interna ruralista tuvo un sacudón cuando Milagros Pereda, hija del dirigente, asegurara que es vegana y que su padre «es muy inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne”.

Pereda reaccionó de inmediato ante esa declaración, que lo debilitaba en una entidad fuertemente ganadera y declaró al respecto. “Mi hija tiene derecho a decir lo que piensa. Y yo a respetarla. En mi caso particular, no representa en absoluto mi forma de pensar al respecto y aclaro que siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país”.

En los últimos años, el Ingreso Universal Básico dejó de ser una idea marginal para convertirse en un tema central de debate. Su impulso proviene de dos mundos que rara vez dialogan: el de la tecnología de punta y el de la religión.

Por un lado, referentes de la inteligencia artificial advierten que la automatización podría dejar a millones de personas sin empleo. Por el otro, el papa Francisco y otros religiosos de peso sostienen que un salario básico universal es una cuestión de justicia social y dignidad humana.

La coincidencia resulta llamativa: Silicon Valley y el Vaticano, cada uno desde su lógica, terminan defendiendo la misma propuesta.

Líderes de la IA como Sam Altman, Elon Musk y Geoffrey Hinton sostienen que el avance de los algoritmos y los robots hará desaparecer muchas tareas humanas. Frente a ese escenario, el Ingreso Universal Básico aparece como un ingreso garantizado que permita a las personas vivir con seguridad, aun si el mercado laboral se achica.

La idea es pragmática: si la IA multiplica la productividad, parte de esa riqueza debería distribuirse. El ingreso básico funcionaría como puente entre un futuro más automatizado y una sociedad que intenta evitar la exclusión.

El papa Francisco hablaba desde la doctrina social de la Iglesia y entendía el salario universal como un mandato ético frente a la exclusión. Sin embargo, el texto plantea que esa discusión alcanzó su máxima jerarquía magisterial con el papa León XIV, a partir de la encíclica Magnifica Humanitas (mayo de 2026), con la que la Iglesia Católica habría oficializado y elevado el debate a un plano doctrinal.

Francisco insistía en que no se trata de asistencialismo: el ingreso básico reconoce el valor de trabajos invisibles, como el cuidado familiar, y busca liberar a las personas para actividades que den sentido a la vida. En tiempos de crisis y automatización, lo presentaba como una medida de justicia elemental.

Según el texto, León XIV advirtió que la inteligencia artificial no es moralmente neutra y pidió un “desarme tecnológico” regulado por instituciones públicas independientes. También comparó el peligro de los algoritmos corporativos con el del armamento nuclear y planteó que el avance descontrolado de la IA no solo amenaza el empleo: también pone en riesgo la soberanía del pensamiento humano y la democracia.

En ese marco, medidas de compensación económica como el Ingreso Universal Básico ya no se discuten solo como respuesta al desempleo, sino como un resguardo para la dignidad humana y un límite a la vigilancia automatizada.

El discurso tecnológico y el religioso terminan en el mismo lugar: la IA lo propone como solución práctica ante la reducción del empleo; la Iglesia, como exigencia moral frente a la exclusión. En ambos casos, el Ingreso Universal Básico aparece como un mecanismo para garantizar que nadie quede fuera de los bienes esenciales.

La convergencia sugiere un problema de fondo: los desafíos del futuro -automatización y pobreza estructural- obligarán a repensar la economía desde la perspectiva de la dignidad humana. En ese cruce, algoritmos y fe convergen en un lenguaje común.

También llama la atención que la tecnología y la religión, dos ámbitos que suelen transitar por carriles separados, se encuentren en un punto compartido. El Ingreso Universal Básico queda, así, como símbolo de esa convergencia: una forma de articular productividad y solidaridad.

El debate no se agota en lo económico. Sam Altman lo resumió así: “Lo que la gente realmente quiere es prosperidad, autonomía, la capacidad de tener una vida interesante, sentirse realizado y tener algún impacto”. La pregunta es cómo lograrlo en un mundo donde la IA desplaza tareas humanas a gran escala.

La IA no solo reordenará la distribución de la riqueza: también puede redefinir el sentido de las horas de trabajo, la identidad y la necesidad de sentirse útil.

Elon Musk propuso una “renta alta universal” financiada por el Gobierno Federal, bajo la premisa de que la productividad de la IA y la robótica generará bienes y servicios en abundancia. En el texto, esa visión se contrasta con la posición de Francisco, para quien el ingreso universal es un derecho ligado a la dignidad humana. Ambas posturas reflejan la dificultad de encontrar respuestas frente a un cambio que amenaza tanto al trabajo manual como al de oficina, al mismo tiempo y a una velocidad inédita.

Quizás el desafío no sea solo económico, sino existencial: cómo construir un mundo donde la prosperidad tecnológica se traduzca en vidas plenas y no en sociedades sin propósito. En ese cruce entre religión y tecnología, el Ingreso Universal Básico se vuelve un concepto que obliga a repensar no solo cómo vivimos, sino por qué vivimos.

En conclusión, el futuro del trabajo y la justicia social ya no se discuten solo en laboratorios de inteligencia artificial ni en templos: se discuten en ambos. Eso abre una oportunidad para pensar un modelo de sociedad más justo, más humano y más inclusivo, en el que la IA se integre a un sistema económico distinto del que hoy conocemos.

El autor es economista, Mg Globalización, Comercio Internacional y Mercados emergentes (Universitat de Barcelona) y consultor

Argentina atraviesa dos realidades económicas que conviven con tensión: una mejora en algunos indicadores macro y sectores puntuales, y un deterioro en la vida cotidiana de empresas y hogares. Los cambios no impactan de la misma manera en todos los actores. La pregunta central es si estos resultados son deseables o esperables, y si el Gobierno puede modificar los efectos no deseados. También cabe preguntarse si la macroeconomía está desconectada de la microeconomía.

Una forma de interpretar la situación actual del país exige retroceder algunos meses. Antes de las elecciones de octubre de 2025, cuyo resultado implicó un triunfo para el Gobierno y sorprendió al mercado, el Poder Ejecutivo adoptó una política fuertemente sesgada para asegurar la continuidad. Eso implicó subir la tasa de interés para sostener estable el dólar.

Las tasas de interés llegaron a niveles muy altos: por ejemplo, el descuento de cheques superó el 80% anual. Ese costo del dinero impacta en toda la economía: en las empresas, al tomar capital de trabajo, invertir, financiar a sus clientes; y en los consumidores, al tomar créditos personales, pagar tarjetas, acceder a pagos mínimos y financiar compras, entre otras decisiones.

Durante varios meses, la economía argentina convivió con esas tasas. El resultado fue una actividad resentida: se encareció vender a plazo, pagar a plazo, comprar a plazo, y tomar y otorgar crédito. Las utilidades de muchas empresas quedaron golpeadas porque el componente financiero del giro se volvió muy costoso y, en numerosos casos, derivó en un virtual corte de la cadena de pagos.

Los consumidores vieron una carga de intereses y valores de cuota mucho más elevados. En muchos casos, eso imposibilitó pagar créditos, obligó a demorar cuotas o directamente a recortar consumos para priorizar necesidades básicas, según los criterios de cada familia. A eso se sumó la caída de los ingresos reales -es decir, del poder adquisitivo del ingreso ajustado por inflación-, que viene retrocediendo desde agosto de 2025 en los sectores formales. El salario nominal creció a una tasa menor que la inflación, que se aceleró desde mayo de 2025.

Lo que se vive en la calle y en el mundo de los negocios -oferentes y demandantes- es heterogéneo. Parecen coexistir realidades opuestas: por un lado, la situación cotidiana de una proporción grande de la sociedad; por el otro, el discurso oficial, con narrativa y datos que subrayan lo positivo del rumbo y proyectan un futuro favorable.

El EMAE de marzo arrojó un crecimiento interanual de 5,5%. La actividad de la construcción mostró en el primer cuatrimestre, medida por el índice Construya, un incremento interanual de 0,6%: leve e incipiente, pero positivo.

En sentido contrario, el Índice de Ventas Minoristas Pyme de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) registró en abril una caída de 3,2% a precios constantes frente al mismo mes del año anterior, con 12 meses consecutivos de baja.

Desde noviembre de 2023, un mes antes de que iniciara el gobierno del presidente Milei, un informe de la fundación Fundar con datos de la SRT mostró que cerraron 24.437 empresas, un número que representó 4,8% del total. La única provincia que incrementó el número de empresas fue Neuquén.

Además, un informe de la consultora Scentia destacó que, entre abril de 2026 y abril de 2025, el total del consumo masivo disminuyó 3,8%. La medición incluyó categorías como supermercados de cadena y autoservicios independientes, entre otros. El rubro farmacia fue levemente positivo, mientras que el e-commerce creció 40,4 por ciento.

Sin duda, hay ganadores y perdedores. Energía, minería y parte del sector agrícola presentan signos positivos y perspectivas aún más alentadoras. Los sectores que sufren contracción son la industria, el comercio y la construcción, entre otros.

A esta altura se pueden extraer algunas conclusiones:

• Hay una realidad vinculada con la dirección que va tomando la economía y otra vinculada con la transición de ese proceso;
• La dirección es correcta: una economía más libre, con menor intervención del Estado; un Estado más chico y eficiente;
• Un país abierto al mundo y a las inversiones;
• Seguridad jurídica e institucional; tres poderes independientes; y
• Un sector privado pujante, competitivo y eficiente.

No obstante, no considero que el proceso haya sido ordenado o planificado. La vida económica de un país no es una planilla de cálculo ni un cúmulo de informes: funciona con tiempos, fricciones y adaptación. Se trata de pensar un proceso de ajuste y de generar herramientas que permitan a los actores económicos flexibilidad para adaptarse.

Hay que tener en cuenta que el EMAE -un indicador adelantado de la variación del PBI- asigna a sectores como industria, comercio mayorista y minorista, actividades inmobiliarias, construcción, transporte y comunicaciones un peso cercano al 50%. A la vez, son sectores con altas proporciones de empleo dentro de la economía.

Por eso, el Gobierno debería generar condiciones:

• En lo impositivo, bajar la carga de manera significativa para las empresas;
• En lo monetario, sostener un esquema de tasas de interés estables, acordes y razonables para invertir, consumir y ahorrar; y
• En lo laboral, reducir los costos sobre las plantas de personal actuales, no solo sobre nuevas incorporaciones, para que la mayor parte de la sociedad y de los mercados argentinos puedan crecer y competir en igualdad de condiciones.

El autor es Economista, director de Authentica Consulting