Las series del Indec de empleo asalariado privado revelan un fenómeno que no está en el centro del debate público, pero que podría redefinir la estructura laboral argentina: la informalidad retrocede en casi la mitad de los sectores, aun en un contexto de ajuste, caída del consumo y transición económica.

Entre el IV trimestre de 2023 y el I trimestre de 2026, la serie de la Cuenta de Generación del Ingreso e Insumo de Mano de Obra del Indec registró que seis de los 14 grandes sectores de la actividad privada redujeron la proporción de empleo no registrado en relación de dependencia. No es un movimiento menor: implica que, incluso sin un crecimiento fuerte de los puestos registrados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la estructura laboral empezó a recomponerse.

El fenómeno apareció en plena desregulación económica, con mayor fiscalización y a la espera de la nueva legislación laboral que promete bajar el costo de contratación, pero cuya entrada en vigencia está frenada por la judicialización impulsada por sectores políticos y sindicales opositores.

Los sectores privados donde la informalidad salarial retrocede son:

• Electricidad, gas y agua: 58,7%.
• Enseñanza: 27,9%.
• Agro, caza y silvicultura: 24,3%.
• Inmobiliarias y remis: 22,5%.
• Servicios sociales y salud privados: 9,2%.
• Otras actividades personales: 7,6%. Industria manufacturera: 4,1 por ciento.

En todos ellos, la relación puesto asalariado privado no registrado/registrado mejoró respecto al final del gobierno anterior. En algunos casos, porque creció el empleo formal; en otros, porque cayó el informal; y, en otros, por ambas vías.

Más allá de las variaciones sectoriales, el dato más contundente surge de las relaciones de magnitud entre empleo asalariado informal y formal. En varios sectores, la brecha se redujo de manera significativa en apenas dos años.

• Electricidad, gas y agua: la caída es drástica: de 0,45 a 0,14 informales por cada formal entre el IV trimestre de 2023 y el primero de 2026.
• Agro: la relación se redujo de 2 a 1,5 por empleado en relación de dependencia registrado en el SIPA.
• Servicios sociales y salud privados: la brecha bajó de 1,1 a 1,04.
• Otras actividades personales: la relación cayó de 0,9 a 0,83.
• Industria: la proporción pasó de 0,5 informales por cada formal a 0,44.
• Enseñanza: la brecha se redujo de 0,29 a 0,2.
• Inmobiliarias y remis: la relación cayó de 0,16 a 0,11 asalariados no registrados por registrado.

Este conjunto de sectores muestra una recomposición que no depende del ciclo económico, sino de cambios regulatorios, fiscalización y expectativas de reforma. Es un movimiento estructural que empezó a modificar la composición del empleo privado.

El retroceso de la informalidad laboral en el ámbito privado asalariado en sectores que en conjunto generan casi la mitad del Producto Bruto Interno (PBI) no surgió de un boom económico; de hecho, sectores como industria y construcción muestran caídas en el PBI y en el empleo registrado. El giro, según el texto, respondió a un cambio en las reglas del juego.

Tres factores explican el proceso:

1. Desregulación económica: La eliminación de trabas administrativas, la simplificación de habilitaciones y la reducción de costos indirectos empujaron a empresas pequeñas y medianas a formalizar parte de su plantilla, especialmente en servicios y agro.
2. Mayor fiscalización: La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Ministerio de Capital Humano intensificaron controles en sectores históricamente informales. En “Otras actividades personales”, por ejemplo, los puestos en negro caen mientras el empleo total crece.
3. Expectativa de reforma laboral: La nueva legislación del trabajo, que reduce el costo de despido, simplifica la registración y crea un sistema de seguro laboral, generó un incentivo anticipado: muchas empresas comenzaron a ordenar su nómina a la espera de la puesta en marcha efectiva de un marco más flexible.

El proceso podría acelerarse, pero está bloqueado por la judicialización. La reforma laboral, aprobada parcialmente y detenida por medidas cautelares, enfrenta: presentaciones sindicales, recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad, pese a que fue votada por mayoría de Diputados y Senadores, y estrategias políticas para demorar su aplicación.

Mientras tanto, el mercado laboral avanza a media máquina: formaliza donde puede, pero no despega del todo porque las reglas futuras siguen siendo inciertas.

La economía en su conjunto registró un aumento del PBI de 2,48% interanual entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, y de 2,57% respecto al último tramo del gobierno de Alberto Fernández, según la serie del Indec a precios básicos del productor.

El empleo total privado en relación de dependencia, en paralelo, creció 0,7% interanual y cayó 2,6% frente al cuarto trimestre de 2023.

Sin embargo, el dato estructural es otro: la informalidad retrocede en seis de 14 sectores, aun sin reforma laboral plena y en medio de un ajuste. Es un fenómeno que contradice la idea de que la desregulación genera más precarización. En estos sectores, ocurrió lo contrario: menos informalidad, más orden administrativo y más fiscalización.

• Agro: fuerte aumento del empleo registrado (4%) y caída del informal (12,6%); neto baja 12,4% desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza.
• Pesca: crecimiento porcentual más alto, aunque desde una base pequeña (21,4% en blanco y 200% en negro; el agregado sube 43,8%).
• Comercio: subió 0,9% en blanco y 13,4% en negro, y 5,9% en el agregado.
• Hoteles y restaurantes: aumentó 0,6% registrado y 13,2% informal, con un neto de 6,8%.

• Industria: caída del empleo registrado 5,4% y del informal 9,3%; baja neta de 6,7%.
• Minas y canteras: disminuyeron 4,9% los puestos registrados y se mantuvieron los no anotados, con saldo neto de caída de 4,3%.
• Construcción: bajó el empleo formal 14,4% y aumentó 1,1% el informal; se contrajo el agregado 5,9%.
• Intermediación financiera: bajó 5,3% el registrado y aumentó 38,1% el no registrado, con un neto de caída de 1,9%.
• Logística y comunicaciones: retroceso del empleo registrado 8,1% y avance del informal 12,7%; el agregado bajó 0,7%.
• Enseñanza: acusó sendas disminuciones de 3,3% en blanco y 30,2% en negro, con un agregado que se contrajo 9,4%.
• Servicios sociales y de salud: cayeron 0,3% en blanco y 9,5% el no registrado, y hubo baja neta de 5,1%.

El patrón es claro: donde el empleo cae, cae el registrado; donde crece, crece el informal. Pero en seis sectores, la informalidad retrocede igual. Ese es el dato novedoso.

El PBI crece más que el empleo registrado. La economía se recupera, pero el trabajo formal no despega. Sin embargo, la estructura laboral sí se mueve: baja la informalidad en sectores clave, mejora la relación entre empleo registrado y no registrado, y se ordenan plantillas en sectores históricamente duales.

Es un cambio silencioso, pero profundo.

Si la nueva legislación se destraba, los especialistas anticipan tres efectos:

1. Aceleración de la formalización en sectores de servicios y comercio.
2. Recomposición del empleo registrado en actividades intensivas en mano de obra (construcción, gastronomía, logística).
3. Reducción del empleo no registrado por simplificación de costos y trámites.

En otras palabras: el proceso que hoy avanza lentamente podría multiplicarse. En poco más de dos años, y aun en un contexto económico adverso, la informalidad retrocedió en casi la mitad de los sectores del empleo privado. Es un cambio silencioso, pero profundo: la estructura laboral empieza a moverse hacia mayor formalidad, impulsada por desregulación, fiscalización y expectativas de reforma.

El desafío ahora es político y judicial: si la nueva legislación laboral se destraba, el mercado podría formalizar más rápido que en cualquier período reciente. Si no, el proceso seguirá avanzando, pero a paso lento.

Este viernes entraron en vigor las nuevas tarifas de entre 10% y 12,5% para importaciones que puso en marcha el Gobierno de los Estados Unidos. La administración de Donald Trump argumentó que los países que deberán pagar este arancel es porque no tienen mecanismos suficientes para impedir el ingreso de bienes producidos con trabajo forzoso.

Las nuevas tarifas reemplazaron el arancel global temporal del 10% que había expirado el jueves anterior. Para este cambio, Trump utilizó la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un instrumento que permite responder a prácticas comerciales consideradas injustificadas o discriminatorias.

Washington recurrió a esta herramienta legal después de que los tribunales limitaran parte de las tarifas globales que había aplicado anteriormente bajo la Sección 122. La maniobra legal le permitió a la Casa Blanca mantener presión arancelaria sin quedar trabada en disputas judiciales.

La reacción de muchos de los países involucrados fue inmediata ya que rechazaron los argumentos de Washington. A continuación, compartimos algunos de los países que están en desacuerdo con estas tarifas.

Brasil acusó a Trump de manipular el tema del trabajo forzoso

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva fue especialmente duro en su rechazo. Brasil venía de días conflictivos con Estados Unidos: además de estos aranceles globales, Trump había puesto el foco en el país sudamericano por supuestas «prácticas comerciales desleales».

El miércoles anterior, Washington le había impuesto a Brasil un arancel adicional del 25%. Con la nueva tarifa del 12,5%, la carga acumulada llegó al 37,5% según cálculos de la Cámara Americana de Comercio para Brasil.

Brasilia no se guardó nada en su comunicado oficial. Sostuvo que «ante la falta de un fundamento legal interno que respalde su política comercial proteccionista», Estados Unidos «optó por manipular un tema tan importante» como el trabajo forzoso para justificar los nuevos aranceles.

La acusación fue directa: Brasil considera que Trump está usando una preocupación legítima sobre derechos laborales como excusa para reforzar barreras comerciales. El argumento brasileño apunta a deslegitimar toda la estrategia estadounidense.

México esquivó el golpe gracias al T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum comunicó que México evitó el impacto de las nuevas tarifas. El país se amparó en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para mantener condiciones preferenciales.

La Secretaría de Economía mexicana detalló que cerca del 85% de las exportaciones seguirá ingresando con arancel cero al mercado estadounidense. El resto de los productos continuará pagando un arancel del 10%, sin cambios respecto del régimen anterior.

Para México, el T-MEC funciona como escudo: las nuevas tarifas de Trump no modifican las condiciones pactadas en el tratado trilateral. La estrategia mexicana contrasta con la de Brasil. Mientras Brasilia confronta directamente, Ciudad de México se refugia en acuerdos comerciales vigentes para neutralizar las medidas estadounidenses.

Chile rechazó la medida y anunció gestiones urgentes

Santiago también salió al cruce de la decisión de Trump. La Cancillería chilena señaló que el país «cuenta con una sólida institucionalidad laboral» y que la aplicación de esta medida «no se condice con estos estándares».

Chile argumentó que los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos que presentó durante todo el proceso de investigación respaldan su posición. El gobierno anunció gestiones para quedar fuera de la lista de países sancionados.

El sector agrícola chileno teme que los nuevos aranceles erosionen márgenes en un mercado altamente competitivo. Las frutas y vinos chilenos enfrentan ahora una barrera adicional para ingresar a Estados Unidos.

Asia-Pacífico: rechazo generalizado desde Tokio hasta Manila

Japón calificó la medida como «lamentable». Minoru Kihara, portavoz del gobierno japonés, señaló que «la industria y el comercio de nuestro país operan de conformidad con las normas internacionales».

Tokio recordó que mantiene vigente el acuerdo comercial bilateral alcanzado en 2025. Ese entendimiento fijó un arancel del 15% para la mayoría de las importaciones japonesas a cambio de inversiones por u$s550.000 millones en Estados Unidos.

Corea del Sur pidió preservar su propio acuerdo comercial con Washington. El gobierno surcoreano informó que planea mantener consultas estrechas para garantizar que se respete el arancel del 15% acordado mutuamente.

El Ministerio de Comercio surcoreano aseguró que las autoridades estadounidenses reafirmaron su postura de cumplir el acuerdo vigente. Las conversaciones bilaterales previas al anuncio buscaron blindar el entendimiento alcanzado.

Australia fue contundente en su reclamo. Don Farrell, ministro de Comercio, afirmó que «estos aranceles son injustificados» e incompatibles con el acuerdo de libre comercio bilateral. «Deben eliminarse», exigió.

Farrell destacó que Australia cuenta con «algunas de las medidas más sólidas del mundo» para combatir el trabajo forzoso y la esclavitud moderna. El argumento australiano apunta a demostrar que la investigación estadounidense carece de sustento técnico y responde más a objetivos proteccionistas que a preocupaciones genuinas por derechos laborales.

Nueva Zelanda se sumó al rechazo. El primer ministro Christopher Luxon escribió en X que «la investigación de Estados Unidos no proporcionó pruebas significativas para respaldar las acusaciones relacionadas con el trabajo forzoso».

En Filipinas, la Cámara de Comercio e Industria manifestó preocupación por el nuevo arancel del 12,5%. George Barcelon, su presidente, dijo estar «muy preocupado y sorprendido» por una imposición que considera «muy alta».

Canadá negocia contra reloj para evitar un arancel del 50%

El primer ministro Mark Carney confirmó que Ottawa intensificó las negociaciones con Washington. El objetivo es alcanzar un acuerdo comercial integral antes del 19 de agosto, fecha en que podría entrar en vigor un arancel estadounidense del 50% sobre diversos productos canadienses.

«Si estos aranceles, u otras medidas, entran en vigor, hay toda una gama de cosas que podemos hacer al respecto», afirmó Carney. El primer ministro canadiense sostuvo que «todo está sobre la mesa», aunque aclaró que no es necesario responder por adelantado.

Canadá juega una partida delicada. Como socio del T-MEC, busca mantener el acceso preferencial al mercado estadounidense. Pero la amenaza de un arancel del 50% muestra que ni siquiera los tratados vigentes garantizan estabilidad ante las decisiones de Trump.

Europa también cuestiona aranceles de Trump 

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, cuestionó la justificación de Washington para imponer nuevos aranceles a los productos procedentes del Viejo Continente, según el informe de un medio internacional.

La funcionaria estonia aseguró este viernes que las acusaciones de deficiencias en los controles de trabajo forzoso del bloque carecían de fundamento, en línea con lo que planteó el gobierno de Australia.

«No se puede decir eso de la Unión Europea», declaró Kallas a la agencia de noticias internacional Reuters, al margen de las reuniones de la ASEAN en Manila.

La estonia continuó diciendo: «Si comparamos nuestras leyes laborales con las de Estados Unidos, tenemos vacaciones pagadas y muy buenas condiciones laborales para nuestros empleados, así que no tiene mucho fundamento».

Por qué Argentina consiguió el arancel más bajo

Los países que cuentan con leyes para combatir el trabajo forzoso recibieron un arancel del 10%. La Argentina entró en ese grupo gracias al tratado recíproco de comercio e inversión que rubricó con Estados Unidos en febrero pasado.

Ese acuerdo había quedado afectado por un fallo de la Corte Suprema que anuló la mayoría de los aranceles globales de Trump. Ahora, con este nuevo paquete, recupera vigencia bajo otra figura legal.

Fuentes al tanto de las negociaciones entre las administraciones de Trump y Javier Milei confirmaron que el Gobierno esperaba el anuncio formal del USTR para tener claridad sobre los alcances de la medida. Hay productos que quedarán exceptuados del nuevo arancel.

Las mismas fuentes destacaron que la Argentina haya quedado con el valor más bajo. Sin embargo, aún se debe evaluar cómo quedará la tasa para los 1.675 productos argentinos a los que Estados Unidos les había eliminado aranceles en virtud del acuerdo firmado por Greer y el canciller Pablo Quirno.

Aquellos países que carecen de normativas para combatir el trabajo forzoso recibieron un arancel del 12,5%. La diferencia puede parecer marginal, pero en volúmenes comerciales de miles de millones de dólares representa un impacto significativo.

La medida se produjo tras investigaciones del USTR que incluyeron dos rondas de audiencias públicas. El organismo recibió más de 2.100 comentarios públicos y realizó consultas con los socios comerciales para abordar estas preocupaciones.

La idea del Gobierno de desregular el funcionamiento de los planes de ahorro previo para la compra de un auto 0 km se ha instalado en el mercado automotor como una medida que podría destruir el sistema por el cual actualmente se vende el 30% de los autos nuevos del mercado.

Actualmente, desde la publicación del decreto Nro. 142.277 en el año 1943, la actividad de las empresas administradoras de planes de ahorro y capitalización, está regulada y controlada desde el Estado, por medio de lo que hoy es la Inspección General de Justicia (IGJ), y su Departamento Federal del Ahorro.

En esa época, no eran planes de ahorro para la compra de automóviles. Eso recién empezó a fines de los años 60 por medio de un plan de Fiat conocido como Escudería 80, y desde 1975 se creó una reglamentación específica para regular y garantizar el correcto funcionamiento de los planes de ahorro para automóviles que conocemos hoy.

Esa reglamentación es la que evalúa las condiciones que tiene que cumplir una empresa para ser administradora de planes de ahorro y la que finalmente la aprueba en caso de hacerlo, tomando en consideración variables como la sustentabilidad del plan de negocios presentado, y el respaldo o garantía que debe tener para cumplir con eventualidades del mercado. Incluso, entre las condiciones se exige que en el directorio de las empresas administradoras existan personas con poder de decisión que tengan experiencia en planes de ahorro.

“Más allá de ser todavía un anteproyecto de ley, y de carecer de especificaciones detalladas respecto a qué formato general tendrá la actividad en el futuro de aprobarse la reforma, lo primero que se me ocurre es que lejos de mejorar la oferta para los usuarios, solo sería abrirla a más jugadores, pero sin control de ningún tipo”, señaló el director de plan de ahorro de una terminal argentina a Infobae.

Cuáles son las instancias en las que el control de la IGJ interviene a favor de los ahorristas es una de las preguntas que hay que hacerse al evaluar la situación, aunque también hay aspectos que revisar y corregir, porque actualmente no están funcionando como deberían.

• Control y fiscalización: Las sociedades administradoras están estrictamente controladas por la IGJ en cuanto a su constitución, garantías, funcionamiento, estados contables y aprobación de los contratos, lo que reduce drásticamente el riesgo de fraude o insolvencia arbitraria.
• Transparencia en las condiciones: Los contratos aprobados por la IGJ deben detallar de manera clara y obligatoria el valor móvil del bien (la variación de precio de los vehículos); el cálculo de las cuotas, entre alícuotas y cargas administrativas; la forma de adjudicación por sorteo o licitación; los valores de los seguros de vida y del vehículo; los plazos de entrega y las multas en casos de incumplimiento; y los gastos de entrega, determinando los valores máximos que el concesionario puede cobrar.
• Protección ante rescisión o renuncia: Si el ahorrista decide discontinuar el plan, tanto sea por renuncia o rescisión, la normativa establece los mecanismos y plazos para que la administradora devuelva los fondos aportados actualizados según las reglas del sistema o con intereses punitorios si la devolución no se efectúa en termino.
• Salvaguarda del capital: Aquellos suscriptores que por algún motivo suspendieron sus pagos mensuales y no retiraron el vehículo, al finalizar el plan reciben lo aportado actualizado al valor del bien en ese momento y con las deducciones que corresponda, preservando de este modo el poder adquisitivo de sus ahorros.
• Intervención en contextos de crisis: Ante situaciones macroeconómicas complejas, la IGJ suele dictar resoluciones específicas, tales como la obligación de ofrecer diferimientos o extender los plazos, que permitan contener el impacto en el bolsillo de los suscriptores y evitar o suspender temporalmente las ejecuciones prendarias.

A propósito de estas situaciones de crisis, una de las garantías que ofrece la legislación es la de asegurar que los autos se entreguen en determinados plazos desde el momento de la adjudicación. Si se trata de un plan de ahorro que adjudica el mismo modelo por el que se pagaron las cuotas, ese plazo suele ser de dos meses, y si el suscriptor pidió un cambio de modelo, ese plazo se extiende al doble, es decir que se puede extender hasta los 120 días.

Pero si ese plazo no se cumple, la administradora del plan de ahorro debe pagar una multa calculada en base a la tasa activa del Banco Nación sobre el valor del vehículo, multiplicada por la cantidad de días de demora.

Actualmente, eso no está sucediendo porque hoy hay más autos que compradores en el mercado, pero en 2022 y 2023, cuando faltaban autos por las restricciones de acceso a dólares para pagar importaciones, hubo demoras de más de un año en la entrega de unidades a los ahorristas que las habían tenían adjudicadas y pagadas. Cuando transcurren tantos meses las multas son de un valor tan alto que pueden equivaler al precio de otro auto similar.

En ese momento, hubo marcas que argumentaron problemas de fuerza mayor para esas demoras, pero quién homologa esas causas de fuerza mayor es precisamente la IGJ, que rechazó ese recurso y obligó a entregas los vehículos y pagar las multas.

Si se deja sin efecto esta normativa, una administradora de planes de ahorro podría demorar la entrega de unidades argumentando fuerza mayor sin que nadie intervenga para proteger al ahorrista.

Otro ejemplo es la entrega de unidades con prioridad a plan de ahorro cuando hay faltantes de stock. Esa también fue una situación que se dio en los años de restricciones mencionados, y fue la reglamentación la que obligó a las marcas a que una vez que entraban vehículos importados (por ejemplo, de Brasil), estos no podían ir a ventas convencionales, sino que debían primero cumplir con todas las entregas de plan de ahorro pendientes.

Los aspectos negativos son más de forma que de fondo, y están relacionados a una falla de control de la gestión. Esa es quizás la causa del descrédito que tienen los planes de ahorro en una parte de la sociedad.

Entre los más frecuentes están el valor de la cuota, que se calcula dividiendo el precio de un auto entre la cantidad de suscriptores, pero que en muchos casos no se cumple porque en el precio de lista oficial no se incluyen las bonificaciones o descuentos de las marcas; también el control de los gastos de entrega, que está regulado pero no se controla, lo que genera que algunos concesionarios los aumenten sin que el ahorrista sepa que esa es una infracción a la norma; y el costo del seguro sobre un auto con prenda, que según la legislación debe ser el valor de mercado, pero en algunas administradoras es hasta un 30% superior.

En función de mejorar estos aspectos, es que desde comienzos de este año se había comenzado un trabajo de revisión y mejora de la reglamentación dentro de la Cámara de Ahorro Previo de Automotores (CAPA), entidad que nuclea a los representantes de las administradoras de cada terminal automotriz. Sin embargo, desde marzo pasado ese trabajo quedó paralizado y en la entidad percibían la idea de plantear esta desregulación del sistema.

“Si hay fallas, lo que hay que hacer es mejorar el funcionamiento y no eliminar el organismo de control. Lo que plantea este anteproyecto de ley es destruir completamente el sistema de planes de ahorro, porque la legislación termina siendo la que resguarda el cumplimiento de los contratos entre las administradoras y los usuarios”, opinaron desde otra administradora de planes de ahorro.