La recaudación tributaria volvió a caer. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer que en junio los ingresos totales tuvieron una variación negativa real del 7,1% contra el 2025. Sin embargo, integrantes del Gobierno niegan que esto sea un reflejo fidedigno de lo que está sucediendo con la actividad económica, ya que se debe tener en consideración la baja de impuestos. La expectativa está en que repunte en julio a partir del pago de Ganancias de personas humanas.

Luego del mal dato de actividad en mayo, ARCA informó que en junio las tres fuentes de ingresos tributarios (DGI, Aduana y Anses) recaudaron en conjunto $20 billones, un incremento nominal del 23,7% respecto del mismo mes del año anterior, mientras los precios se elevaron 33,2% en ese lapso. En términos reales registró una caída de 7,1 por ciento.

Sin embargo, desde el equipo económico niegan que sea un reflejo fidedigno de lo que está sucediendo con la actividad. “Hay que tener cuidado con lo que se infiere respecto a los datos de recaudación porque en especial en el último año han habido muchos cambios que hace que se distorsione la forma la cual se analiza la recaudación”, advirtió Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del Ministerio de Economía.

Es que en los últimos doce meses se implementaron modificaciones en los aranceles, con bajas de retenciones temporales y permanentes, además de alteraciones en el calendario de vencimientos para el pago de impuestos. Bajo la perspectiva de Núñez, estos factores afectan directamente la comparación interanual y la interpretación de los datos de recaudación.

A la vez, Núñez remarcó que en el caso de IVA “viene un poco por debajo de la inflación y se usaron los saldos para aplicarse al pago de Bienes Personales”. Además, indicó diferencias entre compras y ventas, ya que las empresas abonan el impuesto al mes siguiente y las pymes lo hacen hasta tres meses después, lo que complica la utilización de este tributo como indicador inmediato de la actividad económica. Y sostuvo que “lo que grava las transacciones formales de la economía es el impuesto a los débitos y créditos que vino en línea con la inflación”.

En junio, el impuesto a las Ganancias para personas físicas experimentó un diferimiento en el calendario de vencimientos a raíz de las dudas que los contadores le plantearon al ministro de Economía, Luis Caputo, por la Ley de Inocencia Fiscal que contempla la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).

De cara a lo que viene, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que en julio puede que haya un repunte de la recaudación a causa de la presentación de la declaración jurada de Ganancias. “Al postergarse a un mes el vencimiento del impuesto a las ganancias para personas humanas, los saldos de las declaraciones que había que ingresar se pasaron al mes siguiente y no hubo un anticipo adicional”, sostuvo. El especialista aclaró que este cambio generó un corrimiento de los ingresos esperados de junio hacia julio.

Ahora las proyecciones apuntan a que en julio la recaudación muestre un repunte comparable al de mayo, mes en el que se cortó una racha de nueve descensos consecutivos. Aquella mejora se debió a la presentación de la declaración jurada de Ganancias por parte de sociedades. En esta oportunidad, el eventual aumento estaría asociado al pago del impuesto a las Ganancias por parte de personas físicas, un factor puntual y no estructural dentro de la dinámica de los ingresos tributarios.

La cuestión es que el factor que podría impulsar la recaudación en julio, en los meses siguientes tendría un impacto opuesto. Una vez que se conozca el dato de inflación de junio, se establecerá el aumento promedio de precios del primer semestre y, en consecuencia, el monto a partir del cual se paga el impuesto a las Ganancias deberá actualizarse. Esta actualización reducirá la cantidad de contribuyentes alcanzados y podría afectar negativamente la recaudación en el futuro cercano.

Las estimaciones de consultoras como Analytica y Fundación Libertad y Progreso ubicaron la inflación de junio en 1,8% mientras que EcoGo y C&T lo hicieron en 1,9 por ciento. Lo que va en línea con las expectativas que tienen en el Gobierno de que la inflación se ubique por debajo del 2% en sexto mes del año tras el 2,1% que marcó en marzo.

Con este conjunto de proyecciones, la dinámica acumulada del semestre podría ubicarse en torno al 17%, un porcentaje que impactará sobre Ganancias, ya que el monto mínimo desde el cual los trabajadores quedan alcanzados por el tributo se actualiza en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer semestre.

Con esas proyecciones un asalariado soltero comenzaría a pagar Ganancias desde un salario neto de $2.900.000, frente a los $2.500.000 previos. En el caso de un trabajador casado sin hijos, el piso sube de $2.900.000 a $3.371.000, y para un casado con dos hijos, de $3.300.000 a 3.847.000 pesos.

Domínguez puntualizó que el IPC refleja el promedio de los incrementos de precios y que, al tomarse como referencia para actualizar el mínimo no imponible, algunos asalariados resultan beneficiados y otros no. En particular, quienes tuvieron aumentos salariales por debajo del IPC y hoy tributan Ganancias verán reducidas las retenciones, ya que las deducciones y escalas aumentan más que sus ingresos.

La atención también se concentra en el impacto de estos cambios sobre la recaudación de agosto, ya que la nueva actualización de los mínimos no imponibles, sumada a la carrera de los salarios respecto de la inflación, implicará que una menor cantidad de trabajadores pague el impuesto o que lo haga con una alícuota más baja. La dinámica de la recaudación en los próximos meses se encuentra condicionada por la sucesión de ajustes técnicos y la evolución de la inflación, mientras especialistas y funcionarios remarcan la importancia de analizar cada componente en su contexto particular.

El impacto negativo que atraviesa el Atlántico Sur a partir de la pesca industrial que, desde hace décadas, vienen llevando a cabo flotas asiáticas y europeas mantiene a ese ecosistema en un estado de crisis cercano a lo terminal. Al margen de lo que ocurre en las aguas internacionales, esto es, a partir de la milla marítima 201, lo cierto es que buques chinos, coreanos, taiwaneses, portugueses y españoles, también han sido sorprendidos o detectados efectuando capturas ilegales en zonas marítimas bajo soberanía argentina. Dicho de otra forma, el saqueo también comprende el Mar Argentino y en eso coinciden desde la Prefectura Naval Argentina (PNA) hasta sendas organizaciones nacionales e internacionales. Ahora, una investigación realizada en España, y basada en datos de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, afirma que la depredación de especies como el calamar se multiplicó por 10 en los años más recientes.

El trabajo reconoce que al menos 25 barcos españoles operan en el Atlántico Sur, incluida la zona de Malvinas y con permisos de capturas entregados por los kelpers. Al mismo tiempo, el informe coloca en una cifra cercana a los 500 los buques que pescan en esa área y pertenecen a gobiernos o capitales privados de China, Corea del Sur y Taiwán.

Junto a los chinos, los españoles también operan en la Patagonia

«El esfuerzo pesquero de la flota china ha experimentado un aumento explosivo, creciendo un 85% entre 2019 y 2024 y ya extrae entre 1,5 y 3 millones de toneladas anuales de Illex argentinus (una de las especies que denominamos como pota) …», se detalla.

«Para hacerse una idea, en una temporada récord en aguas nacionales argentinas, como la de este 2026, las capturas de este animal difícilmente llegan al millón de toneladas», añade, a modo de comparación.

En el mismo informe, reproducido por el medio español El Confidencial, se subraya que la Patagonia «no es la única costa en la que se da un fenómeno similar aunque no tenga tanto glamour. Solo unos miles de kilómetros más hacia el oeste, en el Pacífico Sudoriental, la flota china también lidera las capturas de otra especie de pota o potón, el Dosidicus gigas o calamar gigante».

«El tirón de este animal, más grande y barato que el calamar tradicional y el Illex, ha hecho que Perú haya pasado de 31 embarcaciones de pota en 2023 a 1.043 en 2026«, precisa.

Otro dato confirma que, al margen de China, España también está a la cabeza del negocio de la pesca en el Atlántico Sur: «Siendo pulcros, España sigue controlando la captura de calamar en el mundo. Lo hace, sobre todo, porque monopoliza las 16 licencias que da Islas Malvinas (o más bien Islas Falklands) para la pesca del Loligo gahi en sus costas. Esta especie es la que realmente se conoce como calamar o calamar patagónico y la que más se asemeja al calamar local, Loligo vulgaris, que puedes encontrar en cualquier litoral».

La flota extranjera depreda Mar Argentino y aguas internacionales

La actividad depredadora que lleva adelante la flota de buques extranjeros apostada sobre la milla 201, pero que irrumpe de forma permanente en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina, sigue arrojando números que se agravan. Integrada en más de un 90% por unidades chinas, la armada en cuestión también integra embarcaciones españolas y portuguesas.

En semanas recientes, dichos barcos fueron penalizados por la Prefectura Naval Argentina tras detectarse que efectuaban maniobras coincidentes con la captura de especies marinas mediante redes de arrastre. Otro informe detalló que la flota extranjera extrae de Mar Argentino hasta cuatro veces más recursos que la industria pesquera nacional. Y que eso produce una depredación de fuerte impacto a nivel económico y laboral.

De acuerdo a un informe elaborado por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), los volúmenes de extracción pesquera en la zona crecieron 65% entre 2019 y 2024. Al mismo tiempo, se informó que la flota china aumentó 85% su «esfuerzo», amenazando con un agotamiento de especies en apenas uno o dos años más.

Según el trabajo mencionado, mientras la pesca argentina desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales, las flotas internacionales llegan a capturar entre 1,5 y 3 millones de toneladas cada año.

Se estima que la pesca ilícita en la ZEE, con foco en la captura del calamar, representa un negocio que alcanza los 1.000 millones de dólares.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será una de las prioridades del Gobierno en los próximos meses. El adelanto realizado por Javier Milei a un grupo de legisladores de La Libertad Avanza procura restringir al máximo o directamente prohibir la emisión monetaria para financiar al fisco. Se trata de un fuerte cambio respecto a un esquema mucho más laxo que está vigente desde 2012, aunque el texto todavía no se conoce.

En aquel momento se dispuso a través del artículo 20 de la Carta Orgánica que el BCRA puede otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional hasta el equivalente de 12% de la base monetaria. Adicionalmente, puede prestar hasta 10% de los recursos en efectivo de la recaudación obtenida durante los últimos doce meses.

Pero eso no es todo. En la última modificación se agregó que en situaciones extraordinarias, cuando “la situación o las perspectivas de la economía nacional o internacional así lo justificaran”, el Central queda autorizado a financiar al Tesoro, vía adelantos transitorios, por otro monto adicional de hasta 10% de los recursos en efectivo de los últimos 12 meses.

El modelo peruano aparece como el que más se adapta a los próximos pasos que quiere dar el Gobierno en materia monetaria y cambiaria. Perú implementó el esquema que está vigente en la actualidad a principios de la década de 1990, con Alberto Fujimori en el poder y como respuesta a la hiperinflación que había dejado su antecesor, Alan García. Fue casi al mismo tiempo que el inicio de la Convertibilidad. La diferencia es que en ese país el modelo ya lleva inalterado más de 30 años, mientras que el “1 a 1″ duró poco más de diez años.

En Perú, la política monetaria se encuentra, desde 1993, enmarcada dentro de la Constitución Nacional, donde se establece la autonomía de su Banco Central junto con su propia Carta Orgánica.

Por ley, se dispuso que la autoridad monetaria tiene prohibido “establecer regímenes de tipos de cambio múltiples”. En otras palabras, no puede constituir cepos cambiarios como viene sucediendo en la Argentina. Además, el Central tiene vedado el financiamiento al sector público y dar créditos sectoriales.

En la estrategia peruana, el dólar pasaría a tener vigencia legal y se puede utilizarse para cualquier transacción, con poder cancelatorio. Esto lo acerca al esquema de competencia de monedas que también quiere imponer el gobierno argentino.

Otro aspecto polémico tiene que ver con la transferencia de utilidades del Central al Tesoro, algo que sí ha efectuado este Gobierno. Este año ese giro fue de $ 24,4 billones, producto de las ganancias obtenidas en 2025. Sin embargo, como parte de esas ganancias se obtuvieron por la revaluación de las reservas al tipo de cambio oficial muchos lo critican por considerarlo una manera encubierta de financiación al fisco.

La reforma del 2012, impulsada por la presidenta del BCRA de entonces, Mercedes Marcó del Pont, dispuso diversos cambios. El kirchnerismo puso especial énfasis en modificar el artículo 3, que establecía como “función primaria y fundamental” de la entidad “preservar el valor de la moneda”. Esa función se reemplazó por un mandato múltiple que sumó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

Con ello, se aspiraba a que el rol del Central no se limite a contener la inflación sino que tenga también obligaciones que la orienten a fomentar el crecimiento de la economía y promocionar el empleo, pese a existir otros organismos del Estado a cargo de esas tareas. Tal fue el impulso a esa idea, que Marcó del Pont mandó a cambiar el cartel montado en el ingreso al edificio de Reconquista 266 con el antiguo artículo 3 para que pudiera leerse el nuevo.