POLITICA
Propiedad privada: dudas y avales en el Senado a la ley libertaria en una nueva ronda de exposiciones
Con un ramillete de dudas y algunos guiños desde lo constitucional y administrativo, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado consumó esta tarde la segunda ronda de expositores para la ley libertaria que busca blindar el derecho a la propiedad privada, defendida la semana pasada en la Cámara alta por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La iniciativa en cuestión modifica normas sobre expropiaciones, barrios populares, tierras rurales y el criticado régimen de manejo del fuego sancionado durante la administración kirchnerista de Alberto Fernández. Otro punto importante y temido desde una parte de la oposición apunta a los juicios sumarísimos para desalojos.
Entre los primeros lotes de disertantes apareció el exdiputado cristinista Santiago Igon, que hizo un ping pong con los senadores peronistas para fustigar el texto en debate hasta que la filo radical Edith Terenzi (Chubut) le recordó, delante de todo el plenario, que fue un vacunado vip en los inicios de la era Covid. Un verdadero papelón.
Al lado de Igon estuvo Matías Oberlin Molina, del Observatorio de Tierras del CONICET. Tras una consulta sobre la extranjerización, señaló: “Son 13 millones de hectáreas. Es el equivalente a la provincia de Santa Fe y se va acelerar”. Por las dudas, aclaró que los datos son oficiales del Gobierno y están a la vista de cualquier ciudadano.
Más curiosa fue la mención a “paraísos fiscales” que suman más volumen en la Argentina que “en su lugar de origen”, como “Luxemburgo o Andorra”. No olvidó poner la lupa en las fronteras y mencionó focos de “contrabando, tráfico de cosas ilegales, trata de personas” y “narcotráfico”, lo cual lleva a una situación “grave en términos de defensa y geopolítica”.
Después fue el turno de los abogados Daniel Sabsay -constitucionalista- y Mariano Marcucci -derecho administrativo-, quienes dejaron de lado la cuestión política -que sí fueron a impregnar otros invitados- y mostraron, de manera concisa, el “semáforo” del articulado, según su capítulo.
El primero agradeció, pese a no compartir muchas visiones de Sturzenegger, el llamado a exponer que le realizó la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. Este gesto, que debería ser menor y habitual, no se veía hacía tiempo en el Senado.
Tras ello, se refirió a “orientar una reducción de las restricciones regulatorias y la agilización procedimientos”, aunque direccionó la mira hacia la “protección del medio ambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa del problema habitacional, en el actual contexto económico”. Y añadió: “Se habla de villa miseria. Pensé que estaba superado ese término. Da un tono de qué es lo que se persigue”.
Por su parte, Marcucci manifestó que se “avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado”, con la posibilidad de “producir prueba”, junto a la favorecer la “garantía de los particulares”. Retomó Sabsay para resaltar que no encontraba “mayores inconvenientes” sobre tierras rurales, “pero hay que ver cómo se va a reglamentar, ya que es como un marco muy general”; y para mostrarse “muy de acuerdo en desalojos” de “falsos mapuches” que se hicieron de tierras “de manera tan violenta, donde se han producido muertes”, aunque remarcó la necesidad de “evitar afectaciones en el debido proceso y la defensa en juicio, que son aspectos primordiales”.
“Se debería acompañar una política de vivienda con una ley complementaria”, puntualizó el constitucionalista. Y concluyó con “dos áreas críticas” en la iniciativa en cuanto al registro socio urbano y la “protección ambiental” en la ley de manejo de fuego “que debería ser revisada”.
Las reflexiones de Sabsay llevaron a las senadoras cristinistas Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, experimentadas y veloces a la hora de interpretar su discurso, a preguntarle si estar “en contra” de varios capítulos del proyecto implicaba no modificar nada sobre la ley de fuego y registro socio urbano. En el sentido contrario fue Bullrich. El abogado zigzagueó con cintura a ambos bandos. Algunas palabras quedaron fuera del registro de los micrófonos.
Un momento con mayor tensión fue el de la ministra de Ambiente de Axel Kicillof, la camporista Daniel Vilar. “La ley de manejo del fuego no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios, sino que intenta desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso de suelo”. “Con ella libre -en referencia a la hoy condenada Cristina Kirchner-, se defendería esto”, cerró.
Bullrich no se la dejó pasar. “La señora llegó hasta la Corte Suprema de justicia y no respetan eso. Ningún derecho va a ser respetado porque no respetan el primer derecho básico, que es la aceptación del máximo tribunal de nuestro país”, sostuvo. Se sumó la titular de Legislación General y pastora evangélica libertaria, Nadia Márquez.
A esta altura, la neuquina pareció tomar las riendas del plenario, ante un Agustín Coto -también oficialista y presidente de Asuntos Constitucionales, cabecera del debate- que miraba el celular o hacia otros lados del salón Azul y evitaba cruzarse con la oposición K. El fueguino se ofuscó con su compañera y le espetó: “Dejame terminar de hablar. Si no, es imposible”.
Después de oír duros relatos sobre los recientes incendios en el sur del país y el sablazo de fondos desde la Casa Rosada, el jefe de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi, contó: “En los incendios en mi provincia -Corrientes, habían sacado el manejo de plan de fuego del Ministerio de Seguridad -post macrismo- y se lo dieron a -el exministro de Ambiente del Frente de Todos, Juan- Cabandié. No aparecían insumos, había un fondo fiduciario y no aparecieron nunca. Recién lo hicieron en marzo, después de tres meses. Ni siquiera cuidaron el parque nacional en Corrientes“.
“Hoy, que tanto se critica a este gobierno, que no es mi gobierno, se lo critica muchas veces por errores que han cometido ustedes”, sentenció. Sí pidió prestar atención sobre el Renabap -barrios populares-, ya que nadie sabe de dónde saldrán los recursos si se traspasaran -con el proyecto- las decisiones a provincias y municipios. En esa línea, expresó: “Sobre un buen proyecto se hacen cosas malas. Después, se vota a una persona que viene a romper todo”.
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POLITICA
La Justicia federal investigará a Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo en la CEAMSE
La Justicia federal de Comodoro Py investigará una denuncia contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito en su función como directivo de la CEAMSE, la empresa estatal mixta entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires que gestiona los residuos del Área Metropolitana.
La denuncia fue presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia, y sostiene que el dirigente registró “un crecimiento real de la liquidez” de aproximadamente el 1.000% entre 2017 y 2024, un salto que, según planteó, “excede con creces cualquier índice inflacionario del período” y no encuentra correlato en los ingresos lícitos que el propio Tapia declaró en ese lapso.
El caso había sido presentado originalmente ante la Justicia porteña, pero se abrió una disputa de competencia porque la CEAMSE es un organismo interjurisdiccional. El fiscal Gerardo Pollicita entendió en una primera instancia que la causa debía tramitar en la Ciudad, mientras que el fiscal José Agüero Iturbe sostuvo que correspondía a la Justicia federal; finalmente la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió que el expediente quede radicado en el fuero federal, a cargo del juez Ariel Lijo. El magistrado ya había tenido un rol en otra causa vinculada a Tapia: en 2021 cerró una investigación por irregularidades en contratos firmados por la AFA, en la que Tofoni también resultó sobreseído. Hasta el momento no se produjeron medidas de prueba en el nuevo expediente.
Según el análisis que Tofoni acompañó en su presentación, en 2017 Tapia había declarado un patrimonio compuesto por cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. La declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, consigna más de $1.002 millones en depósitos distribuidos en múltiples cuentas bancarias —entre ellas una cuenta corriente con más de 517 millones—, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en caja de ahorro a valor oficial, lo que representa una liquidez total cercana al millón de dólares. La denuncia también repara en los ingresos que Tapia declaró por sus otras funciones: $100.233.144 anuales como presidente de la CEAMSE y $718.536.500 anuales como vicepresidente de la CONMEBOL. La presidencia de la AFA, en tanto, es un cargo ad honorem.
Leer más: Yategate: la Justicia reactivó la causa contra Insaurralde y busca información sobre sus comunicaciones y cuentas en el exterior
Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente por Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno porteño, y pasó a presidir el organismo a partir de 2024 por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Se trata de la segunda causa judicial que involucra el patrimonio de Tapia como funcionario público: el resto de los expedientes que enfrenta están vinculados a su gestión en la AFA, donde él y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, están procesados por retención indebida de impuestos, y son investigados además por el manejo de los fondos de la asociación, por presuntas facturas falsas y por la compra de una mansión en Pilar que se le atribuye a Tapia. Varias de esas denuncias también fueron presentadas por Tofoni, dueño de World Eleven, la empresa que organizaba partidos amistosos de la Selección argentina y cuyo contrato con la AFA fue dado de baja durante la gestión de Tapia.
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POLITICA
Los cuadernos de las coimas: Baratta amplía su descargo con críticas a los empresarios que aseguraron haberle entregado dinero
Luego de que su situación en el juicio por los Cuadernos de las coimas se complicara con la declaración de directivos del grupo Techint, el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido y uno de los principales recaudadores de la maniobra, amplía su declaración indagatoria por pedido de sus defensores y apunta contra los testigos que aseguraron haberle entregado dinero.
“Zabaleta, Betnaza y Paolo Rocca están todos sobreseídos. El único imputado y elevado a juicio oral por estos hechos soy yo”, sostuvo el exfuncionario.
Su descargo tiene como protagonistas a Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, que declararon como testigos y admitieron haber realizado pagos a Baratta, en un tramo del juicio que lo tiene solo al exfuncionario como acusado.
“Hubo una clara diferenciación en el trato y en los procesos de la etapa de instrucción. Hubo una clara asimetría procesal de Techint con respecto a otros empresarios”, siguió, con críticas a la instrucción y a la causa en general, a la que definió como una “operación de inteligencia”.
Los directivos de Techint fueron sobreseídos en el caso, en un expediente separado, porque la Justicia entendió que sus entregas de dinero no fueron parte del esquema de pagos ligado a la obra pública, sino que se habían producido en la crisis que el grupo atravesaba en Venezuela durante la expropiación de una de sus empresas. “Nadie apeló”, se quejó el exfuncionario.
Baratta, exsubsecretario de Planificación, está acusado como miembro organizador de la asociación ilícita que, según la fiscalía, habrían liderado Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015.
Su situación es una de las más comprometidas en el caso: lo señalan los cuadernos de su exchofer Oscar Centeno, los dedos de muchos de los arrepentidos y testigos y distintos registros telefónicos.
Apoyado en diapositivas, ofreció un descargo que combinó una defensa de la gestión de Cristina Kirchner, críticas al actual Gobierno y la identificación de presuntas contradicciones en el relato de Betnaza y Zabaleta.
No aportó elementos que permitieran sostener que esos pagos no se ejecutaron, pero los negó. “A mí no me pagaron nada”, decía una de sus filminas. “Ni Zabaleta ni Betnaza me dieron nunca ningún pago, nunca, a través de un llamado telefónico, de los cientos que tuve, les solicité nada”, completó.
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POLITICA
El oficialismo cambió de estrategia en Diputados y acompañó el debate sobre morosidad y discapacidad: “No quisieron dar la foto de más de 133”
La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento para que las comisiones avancen con proyectos sobre discapacidad y morosidad. La votación reunió 249 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención. El cronograma prevé debates sobre discapacidad el 16 y 23 de septiembre, y sobre morosidad el 29 de septiembre. Así lo afirmó en Infobae A las Nueve Pablo Juliano, diputado nacional de Provincias Unidas.
El funcionario indicó que el oficialismo decidió participar ante la posibilidad de que el respaldo parlamentario creciera. “No quisieron dar la foto de más de 133”, sostuvo al referirse al número de legisladores que había apoyado una propuesta previa.
Juliano señaló que la Cámara alcanzó el quórum con 135 diputados, mientras integrantes de La Libertad Avanza permanecían de pie en el recinto. Según su interpretación, el Gobierno evaluó que no podía quedar fuera de una sesión centrada en asuntos que afectan a personas con deudas y a beneficiarios de prestaciones por discapacidad.
El emplazamiento fijó fechas para discapacidad y morosidad
El emplazamiento obliga a las comisiones a tratar los proyectos dentro de un calendario definido. La Cámara debatirá iniciativas sobre discapacidad los días 16 y 23 de septiembre. Las comisiones abordarán la morosidad el 29 de septiembre.
El diputado sostuvo que el debate sobre morosidad acumuló demoras. Indicó que presentó la misma propuesta 15 días antes de la sesión y que entonces obtuvo 133 votos. Para Juliano, ese antecedente permitió convocar la reunión parlamentaria que definió el nuevo cronograma.
Juliano cuestionó la posición inicial del oficialismo frente al quórum. Relató que representantes del Gobierno contactaron a su espacio durante la mañana de la sesión para comunicar que asistirían. También afirmó que La Libertad Avanza discutió internamente quiénes concurrirían al recinto.
El legislador vinculó la decisión con el respaldo de bloques provinciales. Dijo que esos espacios aportaron votos para alcanzar el quórum y para aprobar el emplazamiento. A su vez, planteó que las dificultades financieras tienen expresiones distintas en cada región del país.
Deudas y acceso al crédito
El funcionario planteó que el Congreso debe buscar una respuesta para las personas con morosidad sin afectar el acceso al crédito. “Yo quiero que el Congreso pueda colocar alguna especie de solución”, afirmó. Su propuesta busca combinar herramientas de refinanciación, criterios de segmentación y un mecanismo no judicial para resolver conflictos.
Al mismo tiempo sostuvo que la Comisión de Presupuesto podía demorar el debate. Explicó que el Gobierno propuso sumar a ese cuerpo junto con las comisiones de Usuarios y Consumidores y Finanzas. Juliano pidió excluirla para evitar iniciativas con impacto fiscal y acelerar la elaboración de un dictamen.
Según explicó, el tratamiento debe concentrarse en medidas que no expongan el proyecto a un veto presidencial. Propuso revisar experiencias de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja. Mencionó planes de refinanciación y programas dirigidos a trabajadores del sector público.
El legislador también propuso crear una instancia extrajudicial inspirada en la mediación. Ese procedimiento buscaría ofrecer una salida para quienes acumulan deudas y evitar nuevas situaciones de mora. Juliano afirmó que la medida podría reunir consensos entre bloques con posiciones distintas.
Consecuencias de la mora
Juliano advirtió que las deudas impagas pueden dejar a personas fuera del sistema financiero durante años. Señaló que su proyecto, llamado Segunda oportunidad, busca revisar ese efecto. La iniciativa apunta a distinguir entre quienes acumulan obligaciones de bajo monto y quienes registran incumplimientos mayores.
El diputado afirmó que el 40% de las personas con morosidad tiene menos de 25 años. Consideró que una deuda inicial no debería impedir el acceso posterior a créditos. También cuestionó que una persona quede registrada durante cinco años por obligaciones que luego regularizó.
Aismimos citó cifras que, según dijo, surgen de estudios del Banco Central. Indicó que las personas con más de tres meses de mora arrastran entre $370.000 y $420.000. Añadió que cerca de 1,8 millones no logran salir de esa situación.
El legislador diferenció los niveles de morosidad según el tipo de prestador. Afirmó que los bancos registran cerca de 7%, las billeteras virtuales entre 19% y 21%, y los prestadores no bancarios alcanzan 36%.
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