POLITICA
Emiliano Yacobitti volvió a pedir por el financiamiento universitario: “El Gobierno está obligado a dar lo que falló la ley”
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, habló en Infobae a la Tarde antes de que este viernes se cumpla el plazo para que el Gobierno presente una apelación al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que obligó al Poder Ejecutivo a cumplir con la ley de financiamiento universitario. La medida estima un gasto equivalente a los 2,5 billones de pesos y podrían haber novedades después de varios intentos para no hacer esa erogación.
En diálogo con Infobae en Vivo, Yacobitti señaló que la cifra que debe destinar el Ejecutivo es menor que lo que el Gobierno dejó de percibir al reducir el impuesto a los bienes personales, un tributo que afecta a quienes poseen mayor riqueza. “Cada servicio que brinda el Estado implica una erogación para el Estado, pero también implica una erogación para el Estado cuando uno aprueba rebajas impositivas”.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió a fines de marzo que el Ejecutivo debía ampararse en la ley de financiamiento universitario y transferir los fondos requeridos para el funcionamiento de las universidades nacionales. El fallo, que reafirma la vigencia de la normativa, fue consecuencia de amparos presentados ante la falta de actualización presupuestaria y exige el giro de partidas que permitan asegurar salarios, funcionamiento y actividades de investigación.
De acuerdo con la sentencia, la erogación alcanza los 2,5 billones de pesos para todo el sistema universitario y la decisión judicial resultó determinante ante la ausencia de respuestas a los reclamos de los rectores y gremios docentes. La justicia aclaró que el Gobierno debe cumplir con la ley vigente, aunque la administración nacional optó por agotar todas las vías judiciales antes de acatar el fallo.
La disputa por el financiamiento de las universidades ocurre en medio de tensiones entre el Gobierno y el sistema de universidades públicas. Yacobitti recalcó que, mientras el Estado señala restricciones fiscales, las rebajas impositivas dispuestas desde la asunción de la nueva administración superan el monto exigido por el sistema universitario. “Las rebajas impositivas que aprobó el Gobierno desde que asumieron hasta hoy, el régimen de ganancias, el RIGI y las concesiones; busqué alguno para que sea significativo y parecida la suma. Creo que, independientemente del déficit, acá hay una decisión política de transferencia de recursos”, remarcó el vicerrector, quien apuntó que el ajuste presupuestario afecta directamente a salarios, gastos de funcionamiento y recursos para la investigación en universidades que atienden a más de dos millones de estudiantes.
La falta de actualización de partidas presupuestarias agravó la situación de las universidades públicas en el último año. Según el fallo judicial, el Gobierno está obligado a garantizar los fondos necesarios para salarios y funcionamiento, lo que requiere una transferencia inmediata de recursos. En este sentido, Yacobitti destacó la urgencia de abrir una mesa de diálogo y propuso definir una nueva ley de financiamiento para los próximos períodos: “Lo que es el 2024 y 2025, es lo que está en la ley y eso el Gobierno lo va a tener que cumplir”.
Según dijo Yacobitti: “El Gobierno tomó una estrategia judicial de ir; no solo va a apelar, sino que intentó recusar a un juez y después al otro juez. En el medio, intentó, cuando se aprobó el presupuesto, dar de baja la ley. En el capítulo 11, junto a otros proyectos”.
Hasta ahora, no se han producido instancias de diálogo directo entre el Ejecutivo y las autoridades universitarias. “No hay instancia de conversaciones, pero es necesario. Necesitamos tener la mesa de diálogo con las autoridades, no solamente por el presupuesto; siempre va a estar en agenda porque el ajuste y el recorte salarial deja a la categoría de profesores, que es la que más cobra, 120.000 pesos por encima de la canasta básica. El resto de los profesionales está muy por debajo de eso. Cuanto más tiempo pasa, más son los docentes que se van porque no aguantan”, según el vicerrector.
La situación salarial y laboral en las universidades nacionales ha generado que muchos docentes perciban ingresos por debajo de la canasta básica. Esto ha derivado en la salida de profesionales y en medidas de protesta, como el “paro a la japonesa”, que busca visibilizar el conflicto sin suspender las clases. “Lo que no podemos hacer es perder días de clases, porque estamos en una situación muy difícil. Cada vez que vemos una puerta cerrada de un aula por un paro, sabemos que desde el Gobierno no hay ningún tipo de preocupación por eso. No hay un sentimiento a favor de las universidades públicas”, manifestó Yacobitti.
En las últimas semanas, el Ejecutivo presentó un nuevo proyecto de financiamiento. Según el vicerrector, dicho proyecto no fue sometido a discusión ni con el sistema universitario ni con el Consejo Interuniversitario Nacional, el órgano que nuclea a las universidades nacionales. “El Gobierno nunca lo sometió a discusión. Cualquier proyecto que el Gobierno quiera presentar lo tiene que someter a discusión de las partes. Lo ideal sería que sea algo consensuado con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional. El Gobierno prefirió no hacerlo y especular que no iba a haber un fallo a favor de las universidades. Pasó todo lo contrario. La propuesta del Gobierno solo recomponía en varias cuotas lo que se había perdido en el 2025, que fue el año de menor inflación”.
En la actualidad, el monto que el Ejecutivo está dispuesto a entregar no ha sido comunicado oficialmente, pero el fallo de la justicia obliga a cumplir con la ley. “Hasta ahora lo que el Gobierno está dispuesto a dar no se sabe. Lo que sí está claro es que está obligado a dar lo que falló la ley. Tendríamos que discutir una nueva ley de financiamiento para las universidades para lo que queda del 2026 y el 2027, para tener un margen de previsibilidad para los profesores universitarios”, enfatizó el vicerrector.
POLITICA
El oficialismo apura la fecha para que Manuel Adorni brinde su informe de gestión en el Senado
La fecha para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concurra al Senado a brindar su informe de gestión aparece como una posible salida a la presión de la oposición. La propuesta será llevada por la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo, a la reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para el miércoles 17 a las 18.
Según pudo saber TN al consultar a una alta fuente libertaria, el planteo busca responder a una de las principales quejas de los bloques opositores: saber cuándo Adorni asistirá al Congreso. La Cámara alta tiene previsto sesionar el jueves 18 con una agenda que incluye temas de interés del oficialismo, aunque la oposición dialoguista pidió antes resolver la situación del ministro coordinador.
La presión de Villarruel y el reclamo opositor
“Esta obligación es, al menos, una vez al mes. Sin embargo, el jefe de Gabinete no lo hace desde que asumiera en noviembre del 2025”, planteó Villarruel al convocar a los jefes de bancada para la semana próxima.
La agenda del Senado incluye el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, solicitado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y los pliegos ya dictaminados para cubrir cargos judiciales, principalmente en el fuero laboral. Sin embargo, la discusión quedó atravesada por el pedido para que Adorni se presente ante la Cámara alta.
Fijar una fecha para su exposición podría funcionar como una primera salida política ante la presión legislativa.
La declaración jurada que complicó al jefe de Gabinete
La situación política de Adorni se agravó a partir de la presentación de su declaración jurada de bienes y de sus declaraciones periodísticas para justificar el ocultamiento de 500.000 dólares en sus presentaciones anteriores.
A los cuestionamientos de sectores aliados como la UCR y el PRO se sumaron también dirigentes referenciados en Juan Schiaretti y Carlos Gutiérrez desde la Cámara de Diputados.
En el Senado, las bancadas del PRO y de la UCR, que lideran Martín Goerling Lara y Eduardo Vischi, también solicitaron la presencia del ministro en el recinto.
Leé también: El PRO presiona a Javier Milei: “Queremos que defienda el cambio en vez de defender a Manuel Adorni”
“Adorni nunca vino a rendir cuentas”, señaló Goerling Lara, y recordó que la última presentación de un jefe de Gabinete en la Cámara alta fue el 26 de junio de 2025, cuando concurrió el entonces ministro Guillermo Francos.
Los pedidos de interpelación son impulsados por la oposición más dura en ambas cámaras del Congreso. En el Senado ingresó una presentación firmada por legisladores del interbloque Justicialista, entre ellos José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Martín Soria.
En Diputados, los reclamos fueron acompañados por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, los radicales críticos, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.
El jefe de UxP, Germán Martínez, encabezó la presentación: “Manuel Adorni le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales. Es urgente aplicar el art. 101 de la Constitución Nacional”, dijo.
El artículo 101 de la Constitución Nacional establece las facultades y obligaciones del jefe de Gabinete. Entre ellas, habilita al Congreso a interpelarlo, someterlo a una moción de censura y, eventualmente, removerlo mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.
En la misma línea, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro pidió directamente su remoción: “Los argentinos no merecen un jefe de Gabinete que miente descaradamente para “justificar” su patrimonio. Es inadmisible que siga en su cargo”.
Manuel Adorni, Senado, Patricia Bullrich
Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunciaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la presunta comisión del delito de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025.
La presentación judicial sostiene que el funcionario habría incurrido en el delito de falsedad ideológica al ocultar deliberadamente activos e inmuebles durante su gestión, contraviniendo los principios de transparencia exigidos por la Ley de Ética Pública.
En el texto de la denuncia, los legisladores subrayan que Adorni, quien posee formación profesional como contador, atribuyó las omisiones a un “error involuntario” por desconocimiento de las obligaciones legales.
Sin embargo, la presentación desestima el argumento y sostiene que el ocultamiento de bienes —que incluyen criptomonedas, dinero en efectivo y propiedades— evidencia una “intención deliberada” de eludir tanto los controles de legalidad como las obligaciones tributarias correspondientes.
Todavía no se sorteó el juzgado que definirá si avanza con la nueva denuncia, pero es posible que finalmente quede en manos del juez Ariel Lijo, quien tiene en su poder las otras denuncias.
La denuncia también hace foco en el perjuicio institucional generado por las declaraciones públicas del funcionario, quien pasó de afirmar que su patrimonio estaba correctamente declarado a admitir ante la opinión pública que mantenía activos fuera del circuito formal.
Adorni reconoció el miércoles pasado que escondió ingresos en sus declaraciones juradas por unos US$500.000; según él, provenientes de una inversión previa a llegar al Gobierno. Aspira a que eso lo ayude en su causa por enriquecimiento ilícito, donde debe explicar el salto en su nivel de vida, pero quedó al límite de la confesión de otro delito: el de omisión maliciosa.
El artículo 268 (3) del Código Penal castiga a quien, por su cargo, “estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo” y a quien «maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas».
La pena de la “omisión maliciosa” es de quince días a dos años de prisión y de inhabilitación perpetua. Es un delito más leve que el de enriquecimiento ilícito, que Adorni aspira a eludir con esta admisión.
En la investigación que está en marcha en los tribunales de Comodoro Py ya estaba claro que los ingresos declarados por él no bastaban para explicar los más de 406.681 US$ en gastos -sin contar los corrientes- que se le detectaron desde que es funcionario. A eso se suman los 335.000 US$ en nuevas deudas. Tal como informó , a los investigadores los números no les cierran (sobre todo, los gastos) y el fiscal Gerardo Pollicita se preparaba para avanzar contra Adorni con un requerimiento para que justifique sus bienes.
reconoció el miércoles pasado,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,Análisis. La “ocultación” como política de Estado,,Minuto a minuto. Santilli, ministro del Interior, se reunió con los gobernadores de Chaco y San Juan,,Repercusiones del caso Adorni. La publicación de Elisa Carrió sobre el Gobierno y la corrupción
POLITICA
La extitular de la UIF sostuvo que el accionar de Adorni podría configurar el delito de “lavado de activos”
Alicia López, extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), cuestionó las explicaciones del jefe de Gabinete Manuel Adorni sobre la incorporación de activos no declarados en sus declaraciones patrimoniales.
En diálogo con Infobae al Amanecer, advirtió sobre dificultades técnicas y legales en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y señaló una posible derivación hacia lavado de activos.
La exposición pública de Adorni, quien admitió haber ahorrado en negro y justificó la existencia de fondos sin declarar a través de inversiones en Bitcoin entre 2013 y 2018, motivó la presentación de nuevas declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La rectificación patrimonial incorpora USD 513.000 en criptomonedas y concentra el eje de la investigación judicial.
La extitular de la UIF sostuvo que la estrategia declarativa de Adorni implica riesgos penales más graves que los discutidos al inicio. Según López, “es grave porque Adorni en una de las declaraciones dijo: ‘Yo ahorré en negro, o sea, soy evasor, como todas las personas’. Entonces, está diciendo que todas las personas son evasores, que también es un delito. Es un delito tributario”.
La especialista explicó que, como las inversiones declaradas por Adorni corresponden a un período anterior a su desempeño como funcionario público, la figura de enriquecimiento ilícito pierde peso y la investigación podría encuadrarse en el delito de lavado de activos. “En la ley que se modificó del lavado de activos en 2012, el delito tributario pasó a ser un delito antecedente. Por ende, en el periodo que él está declarando, al no ser funcionario público, este origen espurio entra dentro de la configuración del delito de lavado de activos”, indicó.
También planteó que la situación procesal de Adorni y del fiscal a cargo se vuelve más compleja por la necesidad de demostrar el origen y la trazabilidad del dinero involucrado, en especial por la naturaleza de las inversiones en criptomonedas.
Las dudas sobre el relato patrimonial
Para la exfuncionaria, el argumento de Adorni resulta poco verosímil desde el punto de vista técnico y de la experiencia del mercado. “Me da la impresión que Adorni se metió en un tema que está mal asesorado. Primero porque habla de colocaciones que hizo en un periodo, 2013-2018, yo soy contadora y en el 2013 poco y nada podía saber de las inversiones en criptomonedas, bitcoin fundamentalmente, y tampoco me hubiera atrevido a utilizar mis ahorros en algo que desconocía. La conclusión es poco creíble, esa es la realidad”, sentenció.
López consideró que las inconsistencias en los relatos de Adorni se suman a otras declaraciones previas cuestionadas y que la rectificación patrimonial no despeja las sospechas. “Es poco creíble todo lo que dijo antes. O sea que esto es algo que viene a acompañar todas las cosas que dijo antes con dos jubiladas, con mutuos, exactamente”.
López advirtió que la operatoria con criptomonedas dificulta la posibilidad de probar el origen de los fondos y su titularidad real. “Cuando vos iniciaste el ahorro en cripto, tuviste que tener cash. No hay forma de iniciar ninguna inversión si no es a través de cash. Hay que encontrar a dónde lo depositó”, explicó.
La extitular de la UIF detalló que, para acreditar la legitimidad de la inversión, Adorni debería presentar comprobantes financieros de una entidad reconocida que respalden el movimiento inicial de fondos. “Lo que sirve es el comprobante financiero de una entidad en la cual él puso el dinero cash y que le otorgó ese algoritmo”, señaló.
López agregó que las criptomonedas adquiridas en negro y la ausencia de regulación en 2013 dificultan la reconstrucción documental. “El primer problema es encontrar en dónde se puso el dinero. Si es que se transforma en lavado de activos, como yo pienso, porque no era funcionario público, ya ahora queda en manos de la Justicia empezar a demostrar toda esta trazabilidad”, afirmó.
Además, mencionó la posibilidad de simular titularidad mediante la compra de billeteras virtuales ajenas. “Una persona que tenía una billetera en 2013, son algoritmos y tienen una clave secreta, o sea, no dice que es Adorni. Él perfectamente le pueden dar una de aquella época y decir: ‘Es esta’”.
En su intervención, López también repasó el uso de instrumentos como los mutuos y las operaciones back to back en maniobras de lavado de dinero. “Los mutuos son muy utilizados por los lavadores. Porque es un instrumento válido para el back to back. Yo te doy la plata y vos me prestás algo. Y se registra todo en un mutuo”, comentó.
La exfuncionaria expresó su escepticismo sobre la transparencia y el control de los nuevos instrumentos financieros no regulados, y sostuvo que las explicaciones de Adorni resultan insuficientes para sostener su versión. “Me parece que realmente cada vez la va empeorando más”, cerró.
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