No sé si les pasa a ustedes, pero yo tengo la sensación de estar viendo dos películas al mismo tiempo. Una que va muy rápido y otra que va muy lento.

Una tiene como protagonista a Manuel Adorni y podría llamarse “Rápido y Furioso”: una causa judicial que va en “Artemis II”, a toda velocidad.

Y después tenemos otra película que tiene como protagonistas a Martín Insaurralde, o a Sergio Massa, o a Matías Tombolini, o a Pablo Toviggino, o a Claudio Tapia, que bien podría llamarse “Manuelita”. Porque sus causas van en triciclo, a paso de tortuga.

Resulta que a Manuel Adorni le conocemos hasta el inodoro del departamento. Pero al patrimonio de Insaurralde lo empezaron a peritar tres años después de ser descubierto el yate.

A ver si esto resume un poco lo que sentimos muchos.

Hace más de un mes que Adorni se convirtió prácticamente en el “mono-tema” de la tele, de la radio, de los portales y de los streamings. ¿Por qué? Porque la Justicia todos los días brinda nueva información. ¿Por qué? Porque el fiscal avanza a toda velocidad. ¿Eso está mal? No. Está bien. ¿Eso es normal en Argentina? No. Pero debería serlo.

¿Cuál es la normalidad en Argentina? Las causas paradas, las causas dormidas, las causas cajoneadas.

Las camionetas de AySA

Malena Galmarini se gastó U$S 25 millones en la compra de 620 camionetas, pero la causa no se movió absolutamente nada. ¿El juez de la causa? Ariel Lijo. El mismo de la causa Adorni.

Enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde

Vimos el yate, vimos los viajes, vimos los pisos, vimos las mansiones, vimos la fiesta. Pero la causa casi no se movió. ¿El juez de la causa? Luis Armella. El mismo de la causa AFA.

Vacunatorio clandestino

Vimos las vacunas, confesaron, echaron al ministro de Salud. Pero la causa no se movió. ¿El juez de la causa? Ariel Lijo. El mismo de la causa Adorni.

Las “SIRA” de Sergio Massa

Empresarios amigos del poder que se forraron gracias a las importaciones truchas que autorizaba la gente de Sergio Massa: empresarios de medios, laboratorios, dueños de aviones, financistas. Pero la causa no se movió. ¿Quién es el juez? Sebastián Ramos. No pasa nada.

Causa AFA

Vimos absolutamente todo: la mansión en Pilar, el avión de Tapia, los sobres con dólares, la Rosadita, los hoteles de Toviggino, el cementerio de Toviggino, las fiestas con modelos, los partidos arreglados, los árbitros pagos, el piso en Miami. Pero la causa importante no se movió absolutamente nada. ¿Quién es el juez? Adrián González Charvay, amigo de Sergio Massa.

¿Se entiende lo que estamos explicando? ¿O hacemos un dibujito?

Ya conocemos hasta el talle de los calzones de Adorni, y está muy bien porque el fiscal actúa acorde a derecho. Pero no vemos la misma intensidad, la misma pasión, la misma celeridad, la misma dedicación para los demás actores del poder.

Por ejemplo, ¿por qué nadie investiga los viajes de Insaurralde? Parece que a Insaurralde le gustaba mucho tomar café. Sin embargo, la Justicia no se mueve.

Acá tengo algunos hoteles de los viajes de Insaurralde:

• Hotel Fontainebleau de Miami: se alojó 22 veces.
• Hotel Epcot Resort de Orlando: se alojó 2 veces.
• Hotel Harbour House de Miami: se alojó 5 veces.
• Hotel Four Seasons de Santa Bárbara: se alojó 2 veces.
• Hotel W de Miami: se alojó 6 veces.
• Hotel Four Seasons de Chicago: se alojó 2 veces.

¿Me explicás por qué la Justicia ya tiene hasta la comida del vuelo de Adorni a Punta del Este, pero ni siquiera llamó a declarar a Martín Insaurralde?

Yo creo que la respuesta es muy simple: en Argentina hay intocables. En Argentina todavía reina una casta de intocables. ¿Por qué? Porque están protegidos por el verdadero poder: empresarios del juego, laboratorios, medios de comunicación, el mundo del fútbol y financieras.

Insaurralde es el hub que conecta todo esto. Tiene nexo con empresarios del juego como Mautone o Angelici, con financieras como Sur Finanzas, con barras de fútbol como La Doce, con complejos informales como La Salada, con redes policiales de Lomas de Zamora, con medios de comunicación y con políticos como Massa o Máximo Kirchner.

Por eso es tan fácil entrarle a Adorni y tan difícil llegar a otros. Eso no lo vuelve inocente al actual jefe de Gabinete. Pero les pido que no seamos ingenuos en los análisis.

¿Qué efecto político está teniendo esto?

El kirchnerismo, oliendo sangre. ¿Qué pasa cuando esta gente huele debilidad? Te quiere comer, cueste lo que cueste.

Miguel Pichetto, otrora vice de Mauricio Macri, hoy es el armador político del nuevo frente anti-Milei: Moreno, La Cámpora, Kicillof, Cristina, Lousteau, Larreta. Todos adentro. ¿Qué extrañan? El poder. Las cajas.

Pregunta simple: ¿cómo le fue a la Argentina hasta ahora con esta gente? Vamos a los datos. El tiempo de gobierno peronista en cada provincia:

• Santa Cruz: 43 años
• Chubut: 24 años
• La Pampa: 43 años
• Buenos Aires: 35 años
• Mendoza: 20 años
• Entre Ríos: 32 años
• Córdoba: 27 años
• La Rioja: 43 años
• Salta: 43 años
• Formosa: 43 años
• Misiones: 39 años
• CABA: 7 años
• Santa Fe: 28 años
• Río Negro: 14 años
• Tucumán: 39 años

Pero por supuesto que no les alcanzó y quieren volver.

Y vos te preguntarás: ¿cuál es la principal consigna de gobierno del peronismo? ¿Qué es lo primero que van a hacer apenas vuelvan? La respuesta es muy simple: “Cristina libre”. Nada más. Volver para liberar a la jefa de la banda.

Son los mismos que se quejan por el departamento de Adorni en Caballito. Pero quieren volver para liberar a una persona que se robó —por lo menos— U$S 547 millones solo en rutas.

Me parece que estos días la Justicia argentina está quedando muy expuesta.

Amado Boudou se robó una imprenta y camina tranquilo por la calle. Sergio Massa le regaló más de U$S 7.000 millones en “SIRA” a sus amigos y camina tranquilo por la calle. Alberto Fernández fajeó a su mujer embarazada y camina tranquilo por la calle.

Es una Justicia rara, que se pone las pilas solamente cuando se quiere poner las pilas.

Ironías del destino: pensar que alguna vez Manuel Adorni justificó el nombramiento por decreto del presidente Milei para que Ariel Lijo sea ministro de la Corte Suprema. Adorni, como vocero del Gobierno, defendió ese nombramiento. Un año después, el juez Ariel Lijo lo tiene contra las cuerdas.

¿Por qué será? Las malas lenguas dicen que quiere ser procurador. Y las lenguas malditas dicen que el “team Lijo” está furioso porque el ministro de Justicia debía ser Guillermo Montenegro.

Probablemente sea mala información.

Las brujas no existen. Pero que las hay… las hay.

Opiniones libres, hechos sagrados.

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Con importantes votaciones para el Gobierno en la agenda del Congreso, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, celebró los acuerdos que se vienen alcanzando en el recinto y les solicitó a los empresarios que inviertan y que “hagan propias” las leyes que se aprobaron hasta el momento.

La referente del oficialismo fue una de las oradoras del AmCham Summit, que se realiza en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires (CEC), y habló ante un auditorio no tan lleno como en otros paneles, pero integrado por representantes de distintas compañías locales e internacionales.

En ese marco, habló en uno de los paneles legislativos de la jornada, acompañado por su par de la Unión Cívica Radical, Eduardo Vischi, y dio su visión de la actualidad política y de las próximas reformas que se discutirán.

Al cerrar su discurso, Bullrich remarcó que se están “sacando un montón de leyes y, la verdad, que con acuerdo”, razón por la cual le agradeció especialmente al integrante de la UCR “y a todos los que acompañan los proyectos del Poder Ejecutivo”.

Luego, se dirigió directamente a los directivos que estaban en el salón: “Pero les quiero decir algo. Ahora las leyes ustedes las tienen que convertir en realidad. La modernización laboral ahora está en manos de las empresas”.

“Hagan sindicatos por empresa, anímense, anímense a contratar trabajadores que ahora tienen un setenta por ciento de descuento. Anímense a armar esta capacidad de poder tener el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral. Háganse dueños de las leyes como la inocencia fiscal, saquen los dólares de los colchones, de las cajas fuertes, llévenlas, inviertan. Inviertan, que la Argentina puede tener estabilidad“, agregó.

Luego de su exposición, brindó algunas declaraciones ante la prensa, en las que minimizó las polémicas que rodean a la cúpula libertaria, como las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y respondió que “gran parte del país le interesa” que la administración nacional “siga en el camino de la estabilidad, de lograr que la Argentina crezca, que se desarrolle, que no imprima más billetes”.

“Hoy hay ley de modernización laboral. Los empresarios pueden hacer, junto con sus trabajadores, convenios colectivos por empresa, sindicato por empresa. Es decir, bajar muchísimo a la realidad los acuerdos laborales. Hay un REMI, que significa que las empresas puedan tener aceleración del impuesto a las Ganancias, rebaja de IVA”, señaló.

Asimismo, y en línea con el discurso que viene teniendo desde hace tiempo todo el Gobierno, remarcó que “es necesario el esfuerzo fiscal que se hace a nivel nacional, también lo hagan las provincias y las municipalidades”.

“Porque es muy importante bajar gastos. No se puede bajar impuestos si no se bajan gastos. Hay que bajar gastos, mandar el capital hacia lo privado, tener menos Estado y más puestos de trabajo”, consideró.

Por su parte, Vischi opinó que “puede haber muchas propuestas, más en este distinguido auditorio, que tiene que ver con los desafíos” parlamentarios y aprovecho para impulsar un proyecto propio, referido a “la gestión de intereses o la ley del lobby”.

“Es muy importante transparentar nuestra institución y, para eso, necesitamos poner todo a la luz. Discutamos los intereses de todos los sectores a la luz del día y que cada legislador pueda decirle a la sociedad de frente para qué está trabajando”, subrayó.

Además, el dirigente radical pidió que “se mantengan permanentemente las conversaciones del gobierno nacional con las distintas provincias y que no sea intermitentemente, como por ahí sucede hoy”.

“Es necesario un diálogo permanente, incluso en la discusión de coparticipación, cómo se van a definir el reparto de los impuestos. Muchas veces, municipios y provincias van a aumentar los impuestos porque no les alcanza para dar el servicio que necesariamente tiene que dar a su ciudadanía. Tenemos todos claro que es necesario bajar impuestos, pero para bajar impuestos hay que dialogar, hay que permitirse discutir, pactar fiscalmente cuáles son las nuevas reglas de juego”, agregó.

Al respecto, consideró que “lo más importante es definir responsabilidades en los distintos niveles de gobierno” para que “cada uno se haga cargo de su responsabilidad y que lo haga de forma eficiente”.

“Cuanto más eficiente, menor va a ser el gasto y, por supuesto, se va a poder lograr bajar los impuestos y hacerlo de tal manera que pueda definir la posibilidad de que haya más inversión, más fuentes de trabajo, más ingresos para los estados, que permita también, de alguna forma, que el sector privado resuelva los problemas que hoy el mismo gobierno se viene haciendo cargo”, cerró.

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El Gobierno presentó un recurso extraordinario per saltum para que se resuelva en la Corte Suprema el conflicto judicial por la reforma laboral, tras la suspensión cautelar de más de 80 artículos dictada por un juez del fuero laboral a pedido de la CGT.

La medida, impulsada por la Procuración del Tesoro de la Nación, busca acelerar el trámite y llevar directamente al máximo tribunal la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma.

En el escrito, de más de 40 páginas, el Estado sostuvo que el juez laboral actuó sin competencia, que no existía “caso” ni legitimación activa de la CGT y que la medida cautelar viola el principio de división de poderes al suspender una ley del Congreso Nacional.

El documento, al que tuvo acceso TN, constituye un duro cuestionamiento a la decisión de primera instancia y busca que la Corte Suprema intervenga de inmediato sin pasar por las instancias intermedias.

La decisión del gobierno llegó luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Horacio Ojeda, hizo lugar al amparo colectivo presentado por la central obrera y suspendió provisoriamente la aplicación de varios artículos de la ley.

Entre los artículos frenados figuran modificaciones en materia de indemnizaciones por despido, modalidades de contratación, banco de horas, fraccionamiento de vacaciones y límites a las contribuciones sindicales, entre otros. La CGT argumentó que varias disposiciones vulneran derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Según explicó el juez, este tipo de decisiones no requieren certeza absoluta sobre la validez del planteo, sino la verificación de una “apariencia razonable” del derecho invocado, junto con el riesgo de que la demora judicial pueda generar daños de difícil reparación.

“Es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria. No hemos tenido leyes que creen situaciones extraordinarias como estas”, aseguró Ojeda en declaraciones a Radio Rivadavia.

Tras conocerse esa sentencia, la cartera que conduce Sandra Pettovello adelantó que apelarían el fallo para intentar revertir la cautelar y restituir la vigencia de los artículos suspendidos mientras se tramita el proceso principal.

Leé también: Un juez suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral tras un reclamo de la CGT

En esa línea, el Gobierno logró un primer avance al cuestionar la competencia del fuero laboral. La jueza federal Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12, aceptó el planteo de inhibitoria presentado por el Ministerio de Capital Humano y ordenó el traslado del expediente a su fuero, al considerar que se trata de una ley nacional y un conflicto contra el Estado.

Ahora, el gobierno retomó esa línea y aseguró que la nueva redacción del artículo 20 de la Ley N° 18.345 impide al fuero laboral entender en causas contra el Estado Nacional y que los jueces nacionales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires no son tribunales federales.

Además, la Procuración remarcó que la CGT impugnó artículos “sin identificar un solo acto concreto de aplicación que le haya causado un perjuicio determinado”. La mera vigencia de la ley no genera el perjuicio actual, reiteró el gobierno.

Los representantes del Estado también cuestionaron la legitimación activa colectiva, al sostener que la CGT, como entidad de tercer grado, pueda representar transitivamente a todos los trabajadores del país sin demostrar afectación concreta ni cumplir los recaudos de las acciones colectivas.

El escrito también denunció arbitrariedad de la sentencia por fundarse en “afirmaciones meramente dogmáticas” y omitir los argumentos del Estado sobre legitimación, caso y jurisdicción.

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