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Emiliano Yacobitti volvió a pedir por el financiamiento universitario: “El Gobierno está obligado a dar lo que falló la ley”

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El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, habló en Infobae a la Tarde antes de que este viernes se cumpla el plazo para que el Gobierno presente una apelación al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que obligó al Poder Ejecutivo a cumplir con la ley de financiamiento universitario. La medida estima un gasto equivalente a los 2,5 billones de pesos y podrían haber novedades después de varios intentos para no hacer esa erogación.

En diálogo con Infobae en Vivo, Yacobitti señaló que la cifra que debe destinar el Ejecutivo es menor que lo que el Gobierno dejó de percibir al reducir el impuesto a los bienes personales, un tributo que afecta a quienes poseen mayor riqueza. “Cada servicio que brinda el Estado implica una erogación para el Estado, pero también implica una erogación para el Estado cuando uno aprueba rebajas impositivas”.

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La Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió a fines de marzo que el Ejecutivo debía ampararse en la ley de financiamiento universitario y transferir los fondos requeridos para el funcionamiento de las universidades nacionales. El fallo, que reafirma la vigencia de la normativa, fue consecuencia de amparos presentados ante la falta de actualización presupuestaria y exige el giro de partidas que permitan asegurar salarios, funcionamiento y actividades de investigación.

De acuerdo con la sentencia, la erogación alcanza los 2,5 billones de pesos para todo el sistema universitario y la decisión judicial resultó determinante ante la ausencia de respuestas a los reclamos de los rectores y gremios docentes. La justicia aclaró que el Gobierno debe cumplir con la ley vigente, aunque la administración nacional optó por agotar todas las vías judiciales antes de acatar el fallo.

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La disputa por el financiamiento de las universidades ocurre en medio de tensiones entre el Gobierno y el sistema de universidades públicas. Yacobitti recalcó que, mientras el Estado señala restricciones fiscales, las rebajas impositivas dispuestas desde la asunción de la nueva administración superan el monto exigido por el sistema universitario. “Las rebajas impositivas que aprobó el Gobierno desde que asumieron hasta hoy, el régimen de ganancias, el RIGI y las concesiones; busqué alguno para que sea significativo y parecida la suma. Creo que, independientemente del déficit, acá hay una decisión política de transferencia de recursos”, remarcó el vicerrector, quien apuntó que el ajuste presupuestario afecta directamente a salarios, gastos de funcionamiento y recursos para la investigación en universidades que atienden a más de dos millones de estudiantes.

La falta de actualización de partidas presupuestarias agravó la situación de las universidades públicas en el último año. Según el fallo judicial, el Gobierno está obligado a garantizar los fondos necesarios para salarios y funcionamiento, lo que requiere una transferencia inmediata de recursos. En este sentido, Yacobitti destacó la urgencia de abrir una mesa de diálogo y propuso definir una nueva ley de financiamiento para los próximos períodos: “Lo que es el 2024 y 2025, es lo que está en la ley y eso el Gobierno lo va a tener que cumplir”.

Según dijo Yacobitti: “El Gobierno tomó una estrategia judicial de ir; no solo va a apelar, sino que intentó recusar a un juez y después al otro juez. En el medio, intentó, cuando se aprobó el presupuesto, dar de baja la ley. En el capítulo 11, junto a otros proyectos”.

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Hasta ahora, no se han producido instancias de diálogo directo entre el Ejecutivo y las autoridades universitarias. “No hay instancia de conversaciones, pero es necesario. Necesitamos tener la mesa de diálogo con las autoridades, no solamente por el presupuesto; siempre va a estar en agenda porque el ajuste y el recorte salarial deja a la categoría de profesores, que es la que más cobra, 120.000 pesos por encima de la canasta básica. El resto de los profesionales está muy por debajo de eso. Cuanto más tiempo pasa, más son los docentes que se van porque no aguantan”, según el vicerrector.

Una de las marchas universitarias que se convocó para pedir el financiamiento de las universidades (Gaston Taylor)

La situación salarial y laboral en las universidades nacionales ha generado que muchos docentes perciban ingresos por debajo de la canasta básica. Esto ha derivado en la salida de profesionales y en medidas de protesta, como el “paro a la japonesa”, que busca visibilizar el conflicto sin suspender las clases. “Lo que no podemos hacer es perder días de clases, porque estamos en una situación muy difícil. Cada vez que vemos una puerta cerrada de un aula por un paro, sabemos que desde el Gobierno no hay ningún tipo de preocupación por eso. No hay un sentimiento a favor de las universidades públicas”, manifestó Yacobitti.

En las últimas semanas, el Ejecutivo presentó un nuevo proyecto de financiamiento. Según el vicerrector, dicho proyecto no fue sometido a discusión ni con el sistema universitario ni con el Consejo Interuniversitario Nacional, el órgano que nuclea a las universidades nacionales. “El Gobierno nunca lo sometió a discusión. Cualquier proyecto que el Gobierno quiera presentar lo tiene que someter a discusión de las partes. Lo ideal sería que sea algo consensuado con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional. El Gobierno prefirió no hacerlo y especular que no iba a haber un fallo a favor de las universidades. Pasó todo lo contrario. La propuesta del Gobierno solo recomponía en varias cuotas lo que se había perdido en el 2025, que fue el año de menor inflación”.

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En la actualidad, el monto que el Ejecutivo está dispuesto a entregar no ha sido comunicado oficialmente, pero el fallo de la justicia obliga a cumplir con la ley. “Hasta ahora lo que el Gobierno está dispuesto a dar no se sabe. Lo que sí está claro es que está obligado a dar lo que falló la ley. Tendríamos que discutir una nueva ley de financiamiento para las universidades para lo que queda del 2026 y el 2027, para tener un margen de previsibilidad para los profesores universitarios”, enfatizó el vicerrector.

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Qué hay detrás de la estrategia de Caputo para conseguir dólares

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La noticia circuló como versión en la reunión del Fondo Monetario Internacional que se está celebrando en Washington. El equipo económico, con Luis Caputo a la cabeza, está negociando con el Banco Mundial un préstamo que rondaría los 2000 millones de dólares, a los que se sumarían otros 2000 millones de la CAF y el BID. El desembolso depende de la aprobación del directorio del Banco. El significado de esta información adquiere su verdadera dimensión cuando se advierte que Caputo y sus colaboradores analizan tomar ese crédito como garantía, en principio, para la emisión de un bono a través del cual recaudar un monto de mayor tamaño: se especula con que tomarían entre 8 y 10.000 millones de dólares.

En el Ministerio de Economía se encargaron de enfriar la expectativa: fuentes oficiales negaron en la tarde del jueves que esté en carpeta una emisión de deuda de esas características. En las últimas horas, en el equipo económico comenzó a estudiarse otra opción: prescindir de un bono y utilizar los préstamos de los multilaterales para respaldar un crédito de un grupo de bancos.

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El Tesoro enfrenta para el resto del año vencimientos por 9000 millones de dólares. El año próximo será mucho más exigente: la cuenta a saldar será de 27.000 millones. La operación que negocia el equipo económico, si se concreta, supone una mejora significativa de las perspectivas del programa económico. Sobre todo por la caída en el índice de riesgo-país. En consecuencia, también iría en ascenso la competitividad política de Javier Milei.

Santiago Bausili y Luis Caputo, en Estados Unidos

La emisión de deuda en el mercado convencional es una cuestión estratégica para Caputo. Pero es posible que, otra vez, quede descartada. El último intento por conseguir ese objetivo fue vetado por Milei. Fue cuando el Presidente desautorizó la emisión de un papel para captar fondos a una tasa superior al 9%. La primera derivación de esa negativa fue la renuncia del secretario de Finanzas, Alejandro Lew. Fue reemplazado por Federico Furiase.

El propósito casi exclusivo de Furiase, bajo la presión de Caputo, fue que se le habilite el acceso a los fondos con un costo inferior. La solución es la que se negocia en estas horas: que parte del riesgo crediticio lo asuma una o varias instituciones más confiables que la República Argentina. Por supuesto, es una salida que provoca controversias, ya que disimula uno de los puntos débiles del Gobierno: su plan económico todavía no inspira confianza en los mercados.

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La fórmula en la que se contaría con la garantía del Banco Mundial, la CAF y el BID, funcionaría del modo que sigue: en el terreno de las hipótesis, partiendo de la base de una operación de 10.000 millones de dólares, 4000 millones de dólares se tomarían a una tasa de alrededor del 4%, que es la que cobran esas instituciones multilaterales. Y los 6000 restantes se tomarían con una tasa del 9%. Quiere decir que para el volumen total del préstamo se estaría pagando una tasa del 7%. El recurso a estos organismos multilaterales completa una iniciativa de financiamiento que se está trabajando en el seno del equipo económico desde hace semanas, con la colaboración de un banco suizo.

La resistencia a emitir un bono privaría al Gobierno de la posibilidad de aplaudir un objetivo muy valioso: la posibilidad de financiarse en el mercado voluntario de deuda. La imposibilidad de hacerlo es una de las principales carencias del programa liderado por Milei. Los funcionarios celebran el programa como el mejor elaborado de la historia, pero los financistas no están dispuestos todavía a apostar por el experimento. Es cierto que, aun cuando se emita un título, el atractivo de ese papel no estaría dado por la solidez de la política económica sino por la garantía de organismos multilaterales.

La dificultad para tomar deuda en el mercado convencional promete una discusión política. Desde temprano, algunos economistas de la oposición elaboran argumentos para objetar la operación que estudia, todavía de manera preliminar, el equipo económico. El reparo principal es que el Tesoro desvía para el pago de deuda recursos del Banco Mundial, el BID y la CAF que podrían destinarse a mejorar la infraestructura y, de ese modo, reanimar la economía. “Si pudiéramos salir al mercado con un bono, con la sola garantía de la calidad de la política económica, se podrían utilizar los préstamos de los multilaterales para sacar a la economía del punto de inercia en que se encuentra”, explica uno de esos técnicos.

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Javier Milei y su ministro de Economía, Luis CaputoNatacha Pisarenko – AP

El recurso a garantías externas es una lógica que Caputo viene ensayando con contratiempos desde mediados del año pasado. Una vez que recibió el cheque de 20.000 millones de dólares del Tesoro de los Estados Unidos, buscó conseguir una suma similar para la recompra de deuda. Los bancos invitados para aportar los fondos pidieron una garantía del Tesoro, que Scott Bessent se negó a extender. El proyecto fracasó. Ahora se pretende ensayar el mismo truco de manera más modesta. Y con una diferencia: el dinero de los bancos respaldados por el Tesoro no sustraía recursos a emprendimientos que podrían impulsar una reactivación.

Entre el fallido experimento con el Tesoro y varios bancos y el que ahora se realiza con el Banco Mundial reaparece un factor vital para Milei: la vocación de los Estados Unidos, en rigor, de Donald Trump, para sostener la gestión de su aliado. La influencia del Tesoro sobre el Banco Mundial es determinante, aun cuando el actual presidente de la entidad, Ajay Banga, haya sido propuesto por el demócrata Joe Biden.

Javier Milei y Donald Trump en el foro economico de Davos 2026Benedikt von Loebell

Durante la semana hubo un indicio de esta estrategia. Estaba en el párrafo del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional que se refiere a financiamiento. Dice así: “Se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones cambiarias mediante la emisión continua de deuda nacional denominada en dólares, la venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales. Se espera que, con el tiempo, esta estrategia impulse un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales”.

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La novedad, aunque genere controversias, ofrece grandes beneficios al Gobierno. Un problema crítico para Milei y Caputo es el del financiamiento del gasto público mientras se persevera en el equilibrio fiscal. La decisión de poner todo el peso en la reducción de las erogaciones no sólo llegó a su límite. Lo traspasó. Los recortes están produciendo crujidos en toda la administración, como se advierte en el conflicto que se abrió con los proveedores del PAMI, por citar el caso más estridente. Las autoridades podrán ejecutar el presupuesto de manera menos dramática.

Otro frente importantísimo es el de las reservas del Banco Central. Acumularlas es un imperativo categórico para la gestión de Milei. Pero esa mejora en el activo del Central resultaría ilusoria si los dólares que se adquieren son destinados al pago de la deuda del Tesoro. Si se confirma la posibilidad de endeudarse a una tasa más razonable el perfil de reservas del Central mejorará en términos absolutos.

Este último frente es siempre importantísimo. Pero adquiere una relevancia mayor en el actual contexto internacional. Aun cuando la guerra de Medio Oriente llegue a su fin, la crisis económica que se desencadenó por su culpa tendrá una duración inconveniente. Muchos bienes se van a encarecer. Sobre todo, los hidrocarburos y sus derivados estratégicos. Por lo tanto, hay que esperar una amenaza inflacionaria, que los bancos centrales intentarán conjurar subiendo la tasa de interés. El primero de todos, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esa decisión financiera se proyectaría sobre la escena global como suele hacerlo: los países más necesitados de tener dólares son los primeros en recibir el azote del mercado. Es lo que sucedió en abril de 2018, inaugurando la lenta declinación del gobierno de Macri. Es el gran riesgo que enfrenta Milei, por culpa de una paradoja: su principal benefactor bilateral, Trump, es su máximo verdugo por sus jugadas en la arena internacional.

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Chaco reformará su Constitución para proteger a inversores y evitar subas impositivas

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El gobierno de Chaco presentó ante la Legislatura provincial un proyecto de reforma constitucional. La iniciativa impulsada por el gobernador Leandro Zdero busca incorporar un nuevo artículo al texto aprobado en 1994, el cual suma varias garantías para quienes coloquen sus capitales en la provincia norteña.

El sistema de enmienda establece un requisito complejo: tiene que lograrse la unanimidad de los 32 diputados. A fin de sancionarla, “se necesita la totalidad de los miembros de la cámara”, explicó a Infobae Iván Gyoker, presidente de la bancada oficialista. El bloque de Zdero, aliado de la Casa Rosada, está conformado por la UCR y La Libertad Avanza.

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Para alcanzar la meta, el oficialismo requerirá los votos del PJ. “Esperemos que nos acompañen. No creo que estén en contra de garantizar seguridad jurídica a quienes quieran producir bienes y servicios y generar trabajo en nuestra provincia”, planteó el legislador.

“Apelamos a poner el interés de los chaqueños por sobre las mezquindades de la política o su voracidad recaudatoria”, argumentó. Sin embargo, aseguró que no es del todo optimista.

El peronismo, en tanto, ha mantenido el silencio sobre el tema. Zdero había anticipado en la apertura de sesiones que promovería una reforma con estas características.

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¿Qué dice el proyecto?

El primer párrafo de la enmienda propuesta establece: “La Provincia del Chaco garantiza estabilidad y protección jurídica a la radicación, realización y desarrollo de inversiones productivas en su territorio, en especial aquellas comprendidas en regímenes nacionales o provinciales de promoción de inversiones”.

Asimismo, fija como mandato constitucional la promoción activa de inversiones productivas “garantizando previsibilidad normativa, seguridad jurídica, igualdad ante la ley y protección frente a medidas arbitrarias”. Este esquema se desenvolverá “en un marco de desarrollo sostenible y respeto al interés público”. La propuesta reconoce a la inversión privada como “instrumento esencial para el desarrollo económico, la generación de empleo y la innovación”.

Zdero está alineado al gobierno nacional

En sintonía con estos ejes, el proyecto contempla una serie de prohibiciones. Entre ellas, “la creación de nuevos tributos provinciales o municipales”. En el mismo sentido, clausura la posibilidad de incrementar alícuotas o modificar de bases imponibles existentes. El impedimento alcanza a los gravámenes que recaigan de forma directa o indirecta “sobre las inversiones alcanzadas por esta cláusula”.

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Sin embargo, hay algunas excepciones. Quedan fuera de esta veda “aquellos tributos cuya potestad tributaria sea delegada, transferida o restituida por la Nación a la Provincia con posterioridad a la vigencia de esta cláusula”. Pero para ello se requerirá ”que su aplicación no implique una duplicación de la carga tributaria preexistente sobre el mismo hecho imponible”.

Entre los fundamentos de la iniciativa, el Ejecutivo aclaró este punto. “Se establece expresamente que ante un eventual proceso de descentralización fiscal nacional, la Provincia del Chaco no renuncia a percibir tributos que la Nación le transfiera o restituya”.

“La condición de ‘no duplicación de la carga’ garantiza que el inversor no vea incrementada su erogación total. Se consagra así un principio de sustitución jurisdiccional: el Estado Chaqueño captura la renta fiscal que la Nación libera, manteniendo la estabilidad para el contribuyente”, agregó.

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Garantías y nulidades

Una vez incorporados estos mandatos a la Constitución provincial, la creación de tributos que no respeten la regla será nula de pleno derecho. El nuevo artículo que se busca incorporar “obliga a la administración a la devolución inmediata de lo percibido” de forma indebida. Así, se elimina “la necesidad de largos procesos judiciales de repetición”. Y también se otorga “una herramienta de defensa sumaria al inversor”, explicó el Poder Ejecutivo en el mensaje a la Legislatura.

El último apartado del proyecto de reforma estableció que las nuevas disposiciones deberán interpretarse “de manera armónica con la Constitución Nacional, los tratados internacionales vigentes y el régimen federal de distribución de competencias”.

En la fundamentación, el Gobierno aclaró que la iniciativa “reconoce la autonomía municipal”. Sin embargo, la subordina al orden constitucional superior ”en materia de promoción de inversiones”.

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“Al prohibir que los gravámenes municipales afecten indirectamente las inversiones protegidas, se termina con la incertidumbre que generan las tasas locales sin contraprestación efectiva, alineando a toda la Provincia tras un único objetivo de crecimiento”, concluyó.

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Manuel Adorni recibió dinero de Marcelo Grandio antes de asumir

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Durante su último año “en el llano”, el ahora jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió dinero por parte de Imhouse, la productora de su amigo periodista Marcelo Grandio, que luego trabó contratos con el Estado.

Los trasferencias, registradas en la causa por dádivas que lleva el juez Ariel Lijo, suman un total de alrededor de 1 millón 600 mil pesos y se repartieron entre finales de 2022 y todo el 2023. Se interrumpieron cuando Adorni se convirtió en funcionario libertario, en diciembre de aquel año, con el cambio de Gobierno.

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El último de aquellos pagos fue por poco más de 600.000 pesos, según precisó una fuente judicial que conoce el expediente. Fue el más importante de todos.

Las transferencias refuerzan la relación entre ambos periodistas y, más especialmente, el vínculo de Adorni con la productora de Grandio, que celebró con la TV estatal al menos tres contratos durante el gobierno libertario.

La productora de Grandio, además, fue quien pagó parte de los vuelos privados en los que Adorni y su familia fueron por unos días a Punta del Este, en febrero de este año.

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El piloto y broker Agustín Issin confirmó en los tribunales de Comodoro Py que Grandio pagó los pasajesGentileza

Esta información fue ratificada en sede judicial por quien vendió aquellos pasajes privados, el broker Agustín Issin. El hombre -que es también piloto- precisó que el vuelo de ida lo pagó Grandio y fue facturado a su productora, y que el de vuelta fue pagado por su empresa (Jag Executive Aviation) y que luego fue revendido a Grandio por 3000 dólares.

La causa se inició cuando se conoció que Adorni viajó a Nueva York en un viaje oficial junto a su mujer, Betina Angeletti, y comenzaron a surgir dudas sobre cómo se había financiado ese traslado.

Es una causa distinta, aunque conexa, a la que lleva el fiscal Gerardo Pollicita, donde el funcionario libertario es investigado por presunto enriquecimiento ilícito luego de que se conociera que durante su tiempo como funcionario compró al menos dos inmuebles sin desprenderse del que ya tenía.

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Caso Adorni,Manuel Adorni,Conforme a,Caso Adorni,,Respaldo al jefe de Gabinete. En medio de las denuncias, Karina Milei y Manuel Adorni viajan juntos a Vaca Muerta,,Antes y después. La Justicia investiga la refacción del piso de Adorni en Caballito: cocina, baños y cerramientos,,El patrimonio de Adorni. Declararon las jubiladas que le vendieron el departamento: una de ellas no recordó detalles de la operación

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