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Emiliano Yacobitti volvió a pedir por el financiamiento universitario: “El Gobierno está obligado a dar lo que falló la ley”

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El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, habló en Infobae a la Tarde antes de que este viernes se cumpla el plazo para que el Gobierno presente una apelación al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que obligó al Poder Ejecutivo a cumplir con la ley de financiamiento universitario. La medida estima un gasto equivalente a los 2,5 billones de pesos y podrían haber novedades después de varios intentos para no hacer esa erogación.

En diálogo con Infobae en Vivo, Yacobitti señaló que la cifra que debe destinar el Ejecutivo es menor que lo que el Gobierno dejó de percibir al reducir el impuesto a los bienes personales, un tributo que afecta a quienes poseen mayor riqueza. “Cada servicio que brinda el Estado implica una erogación para el Estado, pero también implica una erogación para el Estado cuando uno aprueba rebajas impositivas”.

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La Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió a fines de marzo que el Ejecutivo debía ampararse en la ley de financiamiento universitario y transferir los fondos requeridos para el funcionamiento de las universidades nacionales. El fallo, que reafirma la vigencia de la normativa, fue consecuencia de amparos presentados ante la falta de actualización presupuestaria y exige el giro de partidas que permitan asegurar salarios, funcionamiento y actividades de investigación.

De acuerdo con la sentencia, la erogación alcanza los 2,5 billones de pesos para todo el sistema universitario y la decisión judicial resultó determinante ante la ausencia de respuestas a los reclamos de los rectores y gremios docentes. La justicia aclaró que el Gobierno debe cumplir con la ley vigente, aunque la administración nacional optó por agotar todas las vías judiciales antes de acatar el fallo.

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La disputa por el financiamiento de las universidades ocurre en medio de tensiones entre el Gobierno y el sistema de universidades públicas. Yacobitti recalcó que, mientras el Estado señala restricciones fiscales, las rebajas impositivas dispuestas desde la asunción de la nueva administración superan el monto exigido por el sistema universitario. “Las rebajas impositivas que aprobó el Gobierno desde que asumieron hasta hoy, el régimen de ganancias, el RIGI y las concesiones; busqué alguno para que sea significativo y parecida la suma. Creo que, independientemente del déficit, acá hay una decisión política de transferencia de recursos”, remarcó el vicerrector, quien apuntó que el ajuste presupuestario afecta directamente a salarios, gastos de funcionamiento y recursos para la investigación en universidades que atienden a más de dos millones de estudiantes.

La falta de actualización de partidas presupuestarias agravó la situación de las universidades públicas en el último año. Según el fallo judicial, el Gobierno está obligado a garantizar los fondos necesarios para salarios y funcionamiento, lo que requiere una transferencia inmediata de recursos. En este sentido, Yacobitti destacó la urgencia de abrir una mesa de diálogo y propuso definir una nueva ley de financiamiento para los próximos períodos: “Lo que es el 2024 y 2025, es lo que está en la ley y eso el Gobierno lo va a tener que cumplir”.

Según dijo Yacobitti: “El Gobierno tomó una estrategia judicial de ir; no solo va a apelar, sino que intentó recusar a un juez y después al otro juez. En el medio, intentó, cuando se aprobó el presupuesto, dar de baja la ley. En el capítulo 11, junto a otros proyectos”.

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Hasta ahora, no se han producido instancias de diálogo directo entre el Ejecutivo y las autoridades universitarias. “No hay instancia de conversaciones, pero es necesario. Necesitamos tener la mesa de diálogo con las autoridades, no solamente por el presupuesto; siempre va a estar en agenda porque el ajuste y el recorte salarial deja a la categoría de profesores, que es la que más cobra, 120.000 pesos por encima de la canasta básica. El resto de los profesionales está muy por debajo de eso. Cuanto más tiempo pasa, más son los docentes que se van porque no aguantan”, según el vicerrector.

Una de las marchas universitarias que se convocó para pedir el financiamiento de las universidades (Gaston Taylor)

La situación salarial y laboral en las universidades nacionales ha generado que muchos docentes perciban ingresos por debajo de la canasta básica. Esto ha derivado en la salida de profesionales y en medidas de protesta, como el “paro a la japonesa”, que busca visibilizar el conflicto sin suspender las clases. “Lo que no podemos hacer es perder días de clases, porque estamos en una situación muy difícil. Cada vez que vemos una puerta cerrada de un aula por un paro, sabemos que desde el Gobierno no hay ningún tipo de preocupación por eso. No hay un sentimiento a favor de las universidades públicas”, manifestó Yacobitti.

En las últimas semanas, el Ejecutivo presentó un nuevo proyecto de financiamiento. Según el vicerrector, dicho proyecto no fue sometido a discusión ni con el sistema universitario ni con el Consejo Interuniversitario Nacional, el órgano que nuclea a las universidades nacionales. “El Gobierno nunca lo sometió a discusión. Cualquier proyecto que el Gobierno quiera presentar lo tiene que someter a discusión de las partes. Lo ideal sería que sea algo consensuado con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional. El Gobierno prefirió no hacerlo y especular que no iba a haber un fallo a favor de las universidades. Pasó todo lo contrario. La propuesta del Gobierno solo recomponía en varias cuotas lo que se había perdido en el 2025, que fue el año de menor inflación”.

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En la actualidad, el monto que el Ejecutivo está dispuesto a entregar no ha sido comunicado oficialmente, pero el fallo de la justicia obliga a cumplir con la ley. “Hasta ahora lo que el Gobierno está dispuesto a dar no se sabe. Lo que sí está claro es que está obligado a dar lo que falló la ley. Tendríamos que discutir una nueva ley de financiamiento para las universidades para lo que queda del 2026 y el 2027, para tener un margen de previsibilidad para los profesores universitarios”, enfatizó el vicerrector.

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El Presupuesto bajo presión: las concesiones en discapacidad le abren al Gobierno un complicado flanco fiscal

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La Cámara de Diputados ya giró al Senado el proyecto de ley de Discapacidad, luego de que fuera aprobado por 237 votos a favor, como consecuencia de que el oficialismo aceptó todos los cambios que pidió la oposición, incluidos los que planteó el peronismo.

Eso, que es una buena noticia para el colectivo de discapacidad y que fue, en principio, una idea del oficialismo para contener el reclamo, está generando un nuevo problema de cara a otra discusión que la Casa Rosada quiere resolver rápidamente: el Presupuesto 2027.

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El cronograma planteado para el dictamen en Diputados establece que quedan dos reuniones de comisión, el martes 27 y el miércoles 28 de octubre. El objetivo es firmar los dictámenes y llevar el proyecto al recinto durante la segunda semana de noviembre, después de la visita del papa León XIV a la Argentina.

En esa hoja de ruta no se estableció la visita de ningún otro miembro del Ejecutivo, por lo que el oficialismo busca cerrar el debate tras las exposiciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro García.

Pero la media sanción de Discapacidad generó un nuevo conflicto, ya que se opone al texto enviado por el Ejecutivo en el Presupuesto. Así lo dejó en claro Guberman cuando señaló que no estaban de acuerdo con el proyecto que impulsaba el bloque de LLA, más acotado que el que terminó saliendo.

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“Ese no es nuestro proyecto”, dijo el secretario, que fue al Congreso en representación del Ministerio de Economía.

El proyecto de Presupuesto 2027 había asignado $7,275 billones para el sistema de discapacidad, divididos en $6,094 billones para Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y $1,165 billones para atención médica de beneficiarios, además de partidas menores para integración y prevención. Esa propuesta establecía, sin embargo, una incompatibilidad absoluta entre la pensión y cualquier empleo formal, sin importar el nivel de ingresos, eliminaba el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y suprimía el Nomenclador, lo que dejaba a las personas en una especie de negociación individual con su cobertura de salud.

Carlos Torrrendell y Alejandro Álvarez

La ley que obtuvo media sanción en Diputados mantuvo el esquema vigente de compatibilidad laboral, que permite conservar la pensión mientras los ingresos no superen dos salarios mínimos, equivalentes a $782.400 mensuales en octubre (monto que subirá a $797.600 en noviembre). Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, sostener este régimen más amplio —junto con la actualización mensual por inflación y el arancel único del nomenclador— implicará reforzar las partidas del Presupuesto 2027 en $600.000 millones adicionales, equivalentes al 0,04% del PBI.

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Aunque el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se comprometió a garantizar “al 100%” los fondos, en la oposición persiste la desconfianza y piden que se eliminen los artículos del 36 al 41 del proyecto de Presupuesto, algo que todavía no sucedió.

“No es un problema, lo que vamos a hacer es un copy paste de la ley que se votó en la de Presupuesto”, auguró un diputado libertario que participa de la comisión y es uno de los referentes del bloque.

Aunque el viernes hasta no había llegado el llamado para la comisión de Presupuesto y Hacienda la convocatoria para la semana próxima llegó a los despachos de los diputados este viernes por la tarde, por lo que el oficialismo avanza con la idea de dictaminar la semana que viene.

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En medio del debate, además de discapacidad, el financiamiento de las universidades y el cumplimiento de la ley vigente se mantienen como uno de los principales focos de conflicto con la oposición.

Carlos Guberman,Bertie Benegas Lynch,Cámara de Diputados,Argentina,presupuesto

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Pese a las tensiones, en el Gobierno miden a Patricia Bullrich y la imaginan como compañera de fórmula de Javier Milei en 2027

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La Casa Rosada impulsa a Patricia Bullrich como candidata a vicepresidenta de Javier Milei para las elecciones de 2027 y busca contener las tensiones que generaron sus últimas declaraciones sobre una eventual postulación presidencial. En el Ejecutivo consideran que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado es la alternativa más fuerte para completar la fórmula y descartan que termine compitiendo contra el mandatario. La definición se proyecta para el verano y quedará bajo la órbita de Karina Milei.

“Es la opción más fuerte. No creemos que vaya a jugar por afuera o a competirle en una PASO a Milei”, aseguran en Nación. En sectores de la conducción libertaria interpretan que Bullrich busca fortalecer su posición antes de negociar su lugar en el armado presidencial y sostienen que están dispuestos a reconocerle mayor protagonismo. “Se está subiendo el precio para negociar y se lo vamos a convalidar. No vamos a pisar el palito”, agregan.

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La decisión que transmiten en Balcarce 50 es no responder públicamente a los movimientos de la senadora ni transformar las diferencias en una ruptura política. Funcionarios cercanos al Presidente consideran que Bullrich conserva un volumen electoral propio y una capacidad de interlocución con sectores que acompañaron a Juntos por el Cambio en 2023. En ese marco, sostienen que excluirla del armado nacional tendría mayores costos que aceptar una negociación sobre su lugar en la fórmula.

El Gobierno maneja un grupo reducido de alternativas para la vicepresidencia, entre las que ubica a Bullrich, Martín Menem y Karina Milei. Sin embargo, funcionarios que intervienen en las conversaciones aseguran que la preferencia actual es avanzar con la jefa del bloque oficialista. “Queremos que sea Patricia”, expresan. En el Ejecutivo reconocen que también se analizó el nombre de la senadora neuquina Nadia Márquez, una dirigente cercana a la secretaria general de la Presidencia, pero señalan que esa posibilidad fue desestimada.

En la Casa Rosada sostienen además que Milei prefiere a Bullrich como compañera de fórmula desde el inicio de las conversaciones sobre su reelección, aunque aclaran que todavía no existe una decisión formal. “Milei quiere que sea Bullrich desde el minuto uno, pero la que pone el gancho en estas cosas es Karina”, explican en el oficialismo. La secretaria general conserva el control de las definiciones electorales de La Libertad Avanza y tendrá la última palabra sobre la integración de la boleta nacional.

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Bullrich difundió un video en sus redes sociales que volvió a alimentar las especulaciones sobre su futuro electoral (Foto: Reuters).

El calendario que manejan en Nación ubica la definición durante el verano, cuando el oficialismo espera contar con un panorama más claro sobre la evolución económica y las posibilidades electorales del Presidente. La conducción libertaria pretende evitar que una confirmación anticipada genere nuevas disputas internas o reduzca su margen para negociar con aliados. Por eso, mantiene abiertas las alternativas pese a la preferencia que distintos funcionarios expresan por Bullrich.

La estrategia de contención convive, sin embargo, con un creciente malestar de Milei por las intervenciones públicas de la senadora. Funcionarios que mantienen contacto con el mandatario aseguran que interpreta sus diferencias como un factor que debilita al Gobierno y aumenta la incertidumbre política. “Milei se enoja cada vez que hace este tipo de movimientos, pero no lo va a exteriorizar”, reconocen en su entorno. La indicación interna es evitar respuestas que puedan profundizar la confrontación.

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La Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina en la causa $LIBRA – Nexofin

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La Justicia federal sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei en la causa $LIBRA, que investigaba una presunta estafa vinculada con el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda en febrero de 2025. El fallo también alcanzó a otros nueve investigados.

La resolución fue firmada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, quien hizo lugar al pedido presentado por el fiscal Eduardo Taiano. El magistrado concluyó que los hechos denunciados no encuadran en las figuras penales analizadas y dispuso el archivo del expediente una vez que la decisión quede firme.

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En su resolución de 60 páginas, el juez sostuvo que no se acreditó un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa. Si bien reconoció que la publicación presidencial pudo otorgarle una visibilidad particular al proyecto, consideró que esa circunstancia no demostraba por sí sola la existencia de una maniobra fraudulenta.

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El magistrado también descartó los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública atribuidos a Milei. Para ello, tuvo en cuenta que la Oficina Anticorrupción había determinado que la publicación en redes sociales no constituyó un acto institucional ni implicó la utilización de recursos estatales.

En el caso de Karina Milei, la investigación no logró acreditar que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar reuniones entre el Presidente y empresarios vinculados con el lanzamiento del activo digital.

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Además de los hermanos Milei, fueron sobreseídos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Chyi Haur Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

La entrada La Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina en la causa $LIBRA se publicó primero en Nexofin.

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