El Gobierno reglamentó este lunes algunos cambios significativos correspondientes a la Ley de Modernización Laboral. Entre los puntos destacados del decreto 407/2026 que se publicó en Boletín Oficial se encuentran la registración del empleo, la negociación colectiva, el control de licencias médicas, los acuerdos de desvinculación, entre otros.

Esto repercute además en la implementación de esquemas digitales que promueven los sistemas electrónicos de notificación y comunicación entre empleadores, trabajadores y organismos estatales, y la simplificación de trámites.

El texto oficial recordó que la obligación de registrar trabajadores se cumple mediante los sistemas habilitados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y que, a partir de esta publicación,» los empleadores ya no tendrán que llevar los libros laborales (artículo 52 de la LCT) en soporte físico ni digital». El sistema digital del mencionado organismo centralizará las altas, bajas y las modificaciones de los datos laborales, lo que quedará a disposición de los organismos y entidades de trabajo y seguridad social.

En cuanto a los acuerdos extintivos de la contratación laboral por mutuo acuerdo (artículo 241), la autoridad administrativa deberá verificar la legalidad del acto, la inexistencia de vicios y la adecuada composición de intereses, según los parámetros del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Otro de los cambios centrales alcanza al control de enfermedades del trabajador (artículo 210). Según el decreto, las prescripciones médicas que incluyan reposo “deberán ser emitidas electrónicamente mediante sistema de información o plataforma digital” en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias, y firmadas por profesionales habilitados ante la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud. Si existe una discrepancia insalvable entre el diagnóstico inicial y el control médico efectuado por el empleador, las partes podrán recurrir a una junta médica oficial o al dictamen de institutos públicos o privados de reconocida trayectoria.

El Poder Ejecutivo también dispuso reglas sobre la documentación laboral y, en particular, sobre el recibo de haberes. La reglamentación exige que los recibos de haberes contengan información clara y comprensible. El empleador deberá detallar el costo laboral total, los conceptos involucrados en la relación y el monto final percibido por el trabajador.

Para los trámites jubilatorios, se estableció la obligación a ANSES de notificar a los empleadores y agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud sobre el inicio y la finalización del procedimiento.

Uno de los aspectos es el nuevo marco para las Empresas de Servicios Eventuales. El decreto reemplaza la normativa anterior, que había quedado desactualizada, y establece criterios de funcionamiento más flexibles y proporcionales. La exigencia de garantías se adecuará a la cantidad de trabajadores y a la dimensión de la empresa, eliminando rigideces que dificultaban la operación de empresas pequeñas y medianas.

En materia de negociación colectiva, el Gobierno definió que serán considerados vencidos los convenios cuyo plazo original ya haya expirado. En tanto, las asociaciones de empleadores y cámaras empresarias estarán legitimadas para participar en negociaciones colectivas si acreditan representación suficiente en el ámbito personal y territorial correspondiente, que no podrá ser inferior al 10 % de los trabajadores comprendidos. Si la convención aplica en más de una jurisdicción, la autoridad podrá admitir hasta dos representaciones adicionales del sector empleador.

La reglamentación también modifica el régimen sindical. Según el decreto, los cuerpos directivos de asociaciones sindicales deberán guardar una proporcionalidad razonable con el número de afiliados cotizantes; la autoridad de aplicación verificará nóminas con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino y otras bases públicas; y, en casos de superposición de personería gremial, la asociación que la pretenda deberá superar a la que ya la posee por al menos un 5 % adicional de afiliados cotizantes.

La norma fijó además un plazo de 30 días para que la Secretaría de Trabajo convoque a los gremios para renegociar convenios colectivos vencidos, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá adaptar en 120 días sus sistemas para absorber la registración laboral del sector de la construcción.

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Pese a la tensa calma que atraviesa el Gabinete tras la ensayada tregua en la interna entre el asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem —del riñón de Karina Milei—, el Gobierno despliega nuevos intentos por intensificar la gestión, empantanada durante los últimos tres meses, y a imprimirle celeridad en la resolución de conflictos de cada ministerio.

Con algo más de aire en los últimos días, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió retomar las reuniones de seguimiento con los equipos de las nueve carteras tras detectar demoras en la resolución de problemas que marcan la diaria. Además, tiene intenciones de recuperar la idea de fijar objetivos globales. “La intención es que sean a largo plazo para que puedan cumplirse independientemente a futuro”, argumentaron desde el entorno del funcionario.

El pasado miércoles, el ministro coordinador recibió a Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) junto a su equipo en el salón de los Escudos, y el viernes continuó con Juan Bautista Mahiques (Justicia) en lo que configuró las primeras reuniones de trabajo de la nueva tanda. Este martes continuará la serie con Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa) en un encuentro conjunto.

Se trata de una política que adoptó el exvocero al asumir su nuevo cargo para dinamizar la comunicación entre los ministerios, pero que debió suspender, asediado por los movimientos en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. “Hicimos un repaso de prioridades 2026 y ejes 2027. Son cosas que venimos hablando de forma cotidiana. Tenemos un diálogo muy fluido con Jefatura”, sostuvo uno de los asistentes a este medio.

En ese contexto, en Balcarce 50 aspiran a que la calma interna, con aires de triunfo para el asesor, se traduzca también en una reactivación de la dinámica de gestión y de la agenda parlamentaria. Luego de la reunión de Gabinete y de mesa política, el Poder Ejecutivo envió al Congreso la Ley de Sociedades Comerciales, diseñada por Sturzenegger, que busca habilitar la creación de empresas gestionadas por inteligencia artificial. Además, tiene intenciones de avanzar con un proyecto que introduzca cambios en Inocencia Fiscal.

Como contó este medio, el próximo jueves 4 de junio, el oficialismo buscará tratar en la Cámara de Senadores un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones, la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada y algunos pliegos judiciales ya dictaminados.

Sin embargo, el Congreso aún acumula una extensa lista de iniciativas pendientes. Entre ellas figuran los proyectos de salud mental, Hojarasca, falsas denuncias, financiamiento universitario, etiquetado frontal, zonas frías y la postergada reforma política, además de las iniciativas vinculadas al fraude en pensiones por invalidez, la ley de lobby, el Súper RIGI y el PCT. “De todo lo enviado, las prioridades son reforma electoral, lobby, super RIGI y etiquetado frontal”, sintetizó ante Infobae un integrante de la mesa política encargada de definir la hoja de ruta legislativa.

Aunque la agenda parlamentaria vuelve a mostrar movimiento, dentro del oficialismo persiste la preocupación por el efecto que las tensiones internas podrían tener sobre la gestión. Algunos funcionarios creen que el conflicto ya impacta en el funcionamiento cotidiano del Gobierno desde hace meses. Con ese temor, le reclaman la intervención del presidente Javier Milei, que se niega a laudar, y que este martes participará del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Tras la baja del riesgo país, que se ubicó en los 493 puntos básicos, y la aceleración de las compras de reservas por parte del Banco Central, la administración transita una leve mejoría. En paralelo a los esfuerzos por intentar recomponer la dinámica, Adorni enfrenta además los movimientos en la causa judicial que lo involucra. Esta semana deberá terminar de definir la fecha para la presentación de su declaración jurada, reclamada por la senadora Patricia Bullrich. “Ni Bullrich ni Villarruel lo van a apurar”, sostuvo una fuente inobjetable.

Mientras tanto, la cúpula de poder se prepara para convocar a una nueva reunión de Gabinete, que podría tener lugar la próxima semana, en la que, bajo el argumento de “cuestiones de temario”, se limitarían solo a la plana del Ejecutivo, lo que significaría la exclusión de Bullrich y Martín Menem de esa edición.

A poco más de una semana del inicio del Mundial, en el oficialismo se esperanzan con que la fiebre mundialista aplaque las diferencias y apacigüe la situación judicial del jefe de Gabinete, quien promete que oficializará el detalle patrimonial antes del 15 de junio. “No creo que genere mucho impacto, aunque algo de mediatización va a tener. El Mundial barre con todo”, sostuvo un funcionario ajeno al equipo de Adorni.

El torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá también funciona como una suerte de marcador temporal para La Libertad Avanza, que posterga hasta su finalización las definiciones electorales rumbo a las presidenciales de 2027. Mientras tanto, la actividad de gestión comienza a recuperar movimiento, aunque en el oficialismo admiten que el verdadero interrogante sigue siendo político: cuánto durará la tregua entre los principales actores del poder y si alcanzará para sostener la reactivación que el Gobierno intenta poner en marcha desde hace semanas.

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