POLITICA
El documento explosivo de EE.UU. que apunta a dinero negro de funcionarios argentinos
Sergio Massa amenazó anteayer con meter presos a los que realicen operaciones que debiliten todavía más las penosas reservas del Banco Central. No supuso que ese mismo día, en Manhattan, alguien tendría una idea parecida. Sólo que, en este caso, las rejas servirían para penalizar a funcionarios del gobierno nacional y provincial que hayan realizado operaciones que, además de debilitar las reservas, traficarían dinero mal habido.
El abogado Dennis Hranitzky, del prestigioso estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, se presentó ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para solicitar que conmine al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing, y a American Express, a proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires. Hranitzky representa a dos entidades, Glacial Capital, LLC y TRSE Holdings, LLC, que el 29 de marzo pasado ganaron un juicio contra el Estado bonaerense por US$35,092,958.41. Son bonistas que no habían aceptado el canje ofrecido por Axel Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López.
A Massa se le cruzan, a pocos días de las elecciones, dos cables de alta tensión que se mantenían separados: el desbarajuste financiero y la obscenidad de la corrupción que contamina su distrito, la provincia de Buenos Aires. A prepararse para el chisporroteo.
La presentación de Hranitzky es explosiva porque, al detallar los antecedentes de su reclamo, revela información muy delicada sobre el comportamiento de algunos funcionarios. El abogado describe los resultados de un discovery, es decir, de un procedimiento previsto por las leyes de los Estados Unidos por el cual un imputado está obligado a publicar toda la información relacionada con una demanda. Al hacerlo, consigna que otras ocho entidades financieras ya proporcionaron novedades. Y que sólo falta que lo hagan Bank of New York Mellon, Pershing y American Express.
Hranitzky afirmó ante el tribunal de Manhattan que Bank of New York Mellon, Pershing y American Express estarían obligados a proporcionar los registros de transacciones electrónicas realizadas a través de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift), una red de cooperación financiera radicada en Bélgica.
Los otros ocho bancos que cumplieron con el discovery denunciaron, según Hranitzky, que Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la provincia, y Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense, “parecen haber movido cientos de miles de dólares, dentro y fuera de la Argentina, en los últimos dos años”. Montaña depende del ministro Sergio Berni. Benítez, del ministro Leonardo Nardini. Otro funcionario de Kicillof puesto bajo la lupa de este escrito es Matías García, director del servicio de agua y alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, quién “aparentemente transfirió enormes sumas de dinero a una cuenta bancaria suiza”.
El escrito nombra también a la abogada Ana María Bazán, quien se desempeñaría en la Asesoría General de Gobierno de Kicillof. Bazán figura, según Hranitzky, en los Papeles de Pandora, documentos filtrados en octubre de 2021 a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
El abogado de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan observa una paradoja: que Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial, haya impuesto controles de capital y que, al mismo tiempo, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, haya utilizado “un intermediario para transferir casi un millón de dólares al extranjero”. Un futuro discovery revelará más, promete.
La presentación de Hranitzky no se limita a agentes del Estado. Menciona también a “corporaciones con conexiones políticas”. Habla de que Corporación América, “un operador aeroportuario multimillonario dirigido por Martín Eurnekian, ha movido varios millones de dólares de cuentas bancarias suizas a Argentina”. Para retratar a Eurnekian, recuerda que “estuvo implicado en los infames Cuadernos, que expusieron una red masiva de sobornos controlada por Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta y presidenta de Argentina de 2007 a 2015″.
Para demostrar ante el tribunal el uso indebido de fondos que podría documentarse si Bank of New York Mellon, Pershing y American Express liberaran sus archivos, el abogado informa a la jueza Vyskocil que Martín Insaurralde, quien acaba de renunciar como jefe de Gabinete de la provincia, puede estar vinculado a un escándalo de corrupción. “Fue fotografiado disfrutando de lujos que legítimamente no podía permitirse”, acusa Hranitzky, y menciona que habría pagado 20 millones de dólares en un acuerdo de divorcio. El escrito recoge la versión de que esa suma se habría movido a través de la firma uruguaya Pro Capital. Coincide con la denuncia hecha el lunes pasado por la candidata a senadora de Juntos por el Cambio, María Eugenia Talerico.
La exposición de Hranitzky ante el tribunal neoyorkino pone en el foco a Allaria, descripta como “una firma de corretaje bien conectada”. Para el abogado, la propia Allaria habría realizado operaciones sospechosas, sobre todo “por la utilización de información privilegiada en la recompra de bonos soberanos por parte de la Anses”. Ernesto Allaria, el titular de la firma, aparece en esta descripción como alguien con un ascenso patrimonial infrecuente debido a ser “cercano a la familia Kirchner”.
La sagacidad de Hranitsky como litigante está fuera de duda. En 2012 consiguió, en nombre de un grupo de holdouts que demandaron a la Argentina, el embargo de la Fragata Libertad en el puerto de Ghana; y en 2020 fue el líder de los bonistas que negociaron, con gran éxito, la reestructuración de títulos propuesta por Martín Guzmán. El abogado evocó esos antecedentes este miércoles, cuando explicó a : “Cuando descubrimos el papel de Mossack Fonseca en la Ruta del dinero Kirchner aprendimos que el discovery estadounidense es una herramienta muy poderosa para descubrir el robo de fondos estatales por parte de funcionarios públicos. Todos vimos lo que sucedió en 2013 cuando surgió esa historia, y estamos ansiosos por ver qué más emerge a medida que tiramos de este nuevo hilo”.
Ese conocimiento del país se advierte con claridad en su presentación ante Vyscocil: pega donde duele. Menciona a Massa como jefe directo de Mendiguren, pone en la vidriera judicial a funcionarios bonaerenses como Montaña, mano derecha de Berni, que ya protagonizó algunos escándalos, por ejemplo, cuando se desempeñaba en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y debió presentar su renuncia ante Daniel Arroyo. Montaña fue uno de los vicepresidentes de Independiente bajo el reinado de los Moyano. Benítez, en cambio, pertenece a la cofradía de intendentes que, encabezados por Insaurralde, intervinieron la administración Kicillof. Depende de Nardini, el entrañable “celular”. Pero había estado a cargo del área de infraestructura de Escobar, secundando a Ariel Sujarchuk. En otras palabras: Hranitsky impacta con sus explicaciones en un esquema de poder que tomó las palancas más rentables, por decirlo de algún modo, del gobierno bonaerense, en una operación organizada por Máximo Kirchner para cercar a Kicillof.
Hranitsky tampoco ha de ignorar que cuando menciona a Corporación América está refriéndose a la compañía más cercana al candidato más competitivo de la carrera electoral en curso: Javier MIlei.
El gobernador de Buenos Aires está ante dos problemas principales. Uno muy inmediato y evidente es el riesgo electoral que significa esta catarata de novedades sobre la desagradable calidad moral de su administración. El otro es el desafío de dar una respuesta de gobierno. Es una reacción que viene demorando desde que la indiscreta Sofía Clerici dio a conocer en su cuenta de Instagram los obstinados berretines de Insaurralde. Kicillof atinó a disolver la Jefatura de Gabinete, pero no tocó áreas bajo el control político directo de su colaborador más inmediato. Entre ellas está nada menos que el Tribunal de Cuentas, donde Insaurralde ejerce una influencia decisiva a través de Juan Pablo Peredo, quien fuera su vínculo más directo con el negocio del juego. Peredo era funcionario de Codere, la más importante operadora de bingos de la provincia.
El Instituto del Juego es otro de los reinos de Insaurralde. Lo dirige Omar Galdurralde. Es un área política muy significativa porque allí Insaurralde convive con el candidato a presidente Massa. La segunda de Galdurralde es María Laura García, dirigente del Frente Renovador de General Conesa. El vínculo de Massa e Insaurralde es antiguo y, a pesar de los vaivenes que presentan las lealtades de estos dirigentes, muy estrecho. En 2015, Insaurralde estuvo a punto de volcarse a favor de la candidatura presidencial de Massa.
La relación de la dirigencia bonaerense con el negocio de las apuestas diseña un mapa de complicidades muy extenso. Así queda unido Insaurralde con Federico Achával, el intendente de Pilar. Es el hijo del Federico de Achával que, en sociedad con Cristóbal López, explota desde hace años el opulento casino que funciona en el Hipódromo de Palermo. Achával consiguió que su hijo se integrara a la política provincial gracias a su vínculo con el entonces intendente de Pilar Humberto Zúccaro, figura relevante del turf que recibía un tratamiento privilegiado del concesionario del hipódromo. Los Achával son, como se ve, expertos en carreras.
Sin embargo, el rentable negocio del socio de Cristóbal López está expuesto a algunos accidentes. Los grandes protagonistas del turf se han levantado en su contra, para exigirle que vuelque en la actividad una parte más significativa de sus ganancias en Palermo. Achával cumple con lo mínimo: 5% de lo recaudado en las tragamonedas. Pero se reserva para sí un caudal incalculable de fondos procedentes de las mil actividades que montó en el predio que el Estado le concesiona. Por supuesto, el gobierno de Alberto Fernández no reclama una moneda. Los kirchneristas todavía no descubrieron la soberanía turfística. Es una discusión crucial, porque dentro de dos años vence la concesión de esa mina de oro, que Néstor Kirchner extendió con un decreto de necesidad y urgencia días antes de abandonar el poder, en diciembre de 2007. Esa norma llevaba la firma de Fernández, que era su jefe de Gabinete.
Sería un error imaginar que la fortuna que ha exhibido Insaurralde en sus últimos movimientos se deba con exclusividad a su vínculo con el juego. Aun cuando por esa relación deba dar explicaciones. Por ejemplo, por la publicidad de las empresas del binguero Daniel Mautone, socio de Daniel Angelici, en los programas televisivos de Jésica Cirio, cuando era la esposa del jefe de Gabinete de Kicillof. Mautone explica que no fueron dádivas. Mucho menos sobornos. Que esos avisos de Casino Victoria, emitidos por Telefé en los programas La Peña del Morfi y Mujeres de la Selección, nunca se pagaron. Y que no eran destinados a la cónyuge de un funcionarios sino a alguien que es referente del bienestar físico. Aunque ambas fueran la misma persona. Temas para que desentrañe algún fiscal inquieto.
La red de vinculaciones de Insaurralde con empresarios del conurbano bonaerense es inabarcable. Una de sus líneas lleva hacia los hermanos Russo, Eber y Nahuel. Dos constructores a los que Insaurralde conoció gracias a Cirio, quien los presentó como amigos de una prima. En 2017 los Russo fueron investigados por una gigantesca operación de lavado de dinero efectuada a través de facturas apócrifas. En aquel momento el fraude sumó 4000 millones de pesos. A Eber Russo, que fue el principal protagonista de ese escándalo, se le encontraron 77 propiedades, 240 autos de alta gama, ocho barcos y 35 camiones. En uno de los allanamientos, realizados por la policía bonaerense en un gran depósito de Lanús, apareció un auto puesto a nombre de Cirio. Una versión muy insistente indica que el galpón pertenecía al municipio a cuyo frente está Néstor Grindetti. ¿La maquinaria de lavado de los Russo estaba puesta al servicio de la política? Otra pregunta para ese fiscal imaginario.
La trama de intereses relacionados con el opulento Insaurralde lleva también a empresas de servicios eléctricos. Se menciona, en la primera fila, a Servilum. Es una compañía que realiza el mantenimiento del alumbrado público de Lomas de Zamora y Almirante Brown. En el municipio de Lomas todas las versiones apuntan que pertenece a un hijo de Insaurralde, aunque no está puesta a nombre de él. Uno de los proveedores de Servilum es la empresa Jeluz, de materiales eléctricos. Otro avisador inesperado de los programas de Jésica Cirio. Su dueño, Gustavo Lema, es una estrella del automovilismo. Lo recuerdan los vecinos de Lomas de Zamora, porque cuando Cristina Kirchner concurrió a inaugurar las obras de entubamiento del arroyo Unamuno, en abril de 2010, las relucientes máquinas de Lema hicieron un desfile sobre el cemento todavía fresco. Aplaudían José López y José Luis Lingeri, dos “fierreros”. Postales deprimentes de una economía regional.
meter presos,Javier Milei ratificó sus declaraciones contra el peso y los plazos fijos por las que lo denunció Alberto Fernández,El juez Guillermo Atencio suspendió el peritaje del teléfono de “Chocolate” Rigau,Carlos Pagni,Axel Kicillof,Martín Insaurralde,Actualidad política,Conforme a,,Raíces de la crisis. El Estado no puede quedar atrás en la inteligencia artificial y la transformación digital,,Secretos de campaña. Cuando Milei se presentaba como el “economista jefe” de un think tank que apoyaba la candidatura presidencial de Scioli,,Los 70. El tercer ascenso de Perón al poder, en medio de la Guerra de Yom Kipur,Axel Kicillof,,Diez pedidos. Con apoyo de Kicillof, los intendentes fueron al Ministerio de Economía con reclamos para Luis Caputo,,Diferencias en el PJ. El viaje de Kicillof a España a una cumbre progresista reavivó la interna con el kirchnerismo,,Polémica con la obra social. El IOMA acumula reclamos y denuncias, pero Kicillof respalda a su conducción
Hay un atributo del que no se puede carecer a la hora de liderar: la intuición. Javier Milei la tiene. Por eso sabe que no alcanza con los resultados positivos de la economía en los promedios del Excel. A la Presidencia lo llevaron, también, los votos de los varones jóvenes de los barrios marginales del Conurbano bonaerense. Barrios en los que hoy no consiguen trabajo ni de soldaditos para el narco y se termina peleando por un cartón por el que cada vez pagan menos. Un electorado enojado y triste al que tampoco convoca el peronismo y a la hora de votar prefiere quedarse en casa.
Falta mucho para las elecciones presidenciales, pero queda poco para construir un candidato. Nadie sabe hacia donde va la Argentina, pero un sector del Gobierno está convencido que solo hay espacio para la nitidez. “Incierto es peor que malo”, repite siempre el economista del CITI, Ricardo Dessi. Si las buenas noticias de la macroeconomía no se sienten en los bolsillos de la mayoría, la única alternativa es apostar a los propios. Y en el caso de Milei no son pocos: tiene un piso en torno al 30%.
Si el escenario de 2027 es una suerte de Perú 2026 –el domingo pasaron a la segunda vuelta Keiko Fujimori con 17 puntos y Roberto Sánchez con 12– de híper fragmentación política y desencanto, ese piso de 30% le da ventaja a Milei. Pero también supone un desafío. Si con poco cualquiera es competitivo, todos pueden soñar. Hasta un evangélico que vive en California, como Dante Gebel, quien llegará a Buenos Aires la semana que viene probarse el traje. Ya lo advertía un hombre de la Iglesia Católica: “En el barrio, lo único que crece son los evangélicos”.
Argentina tuvo, no hace tanto, una elección en un contexto de profunda fragmentación política. En 2003, el candidato presidencial más votado fue Carlos Menem con el 24% de los votos. Lo siguieron Néstor Kirchner con 21,7%, Ricardo López Murphy con 17% y Elisa Carrió y Adolfo Rodríguez Saá con casi 14%. Lo que siguió es historia conocida.
Por eso, quizá, el Presidente no dudó en levantar el teléfono y llamar a quien le había mandado un whatsapp alertado por lo que veía en en la calle. “¿Qué estas viendo? ¿Te metiste al supermercado?”, quiso saber. Escuchó y tomó nota. Y trató de dar un mensaje alentador: “Este es el piso, la recaudación mejoró en marzo y la inflación arrancó a bajar”. Creer o reventar.
Por ahora, el presente muestra una microeconomía arrasada. “En mi barrio todo el mundo tiene un préstamo personal, de $200 mil o $300 mil, que lo sacas para comprar comida, no para hacerte las manos”, cuenta Mariela, que trabaja en un salón de belleza en Capital pero vive en La Matanza. Otra de las “estrategias de las familias” en este tiempo de escasez, son los círculos de ahorro informales y también préstamos por fuera del sistema. Algo así como el prendario del ministro Adorni, pero en pesos y para comprar comida, no propiedades. También aparecen intermediarias para el juego online: una suerte de cajeras que levantan apuestas de terceros. La ingeniería del rebusque es infinita.
“El mercado de soldaditos está saturado”. Sí, como el de Uber. El ejemplo brutal lo da un cura que camina los barrios más carenciados de Quilmes hace 30 años y que sabe que hoy ya no les pagan $1.500.000 por custodiar una esquina: hay demasiada oferta, el precio bajó. “Hoy en el barrio nadie trabaja. No hay nada. La pelea es por la informalidad, por el cartón; que como cayó el consumo hay menos y también se paga peor”. Mayra Mendoza, ex intendente de Quilmes, contó esta semana en Infobae en vivo que todos los días hay 60 nuevas familias reclamando comida al municipio.
El Gobierno sabe que está en un mal momento. Lo consuela el año par, no hay elecciones, tiene tiempo. ¿Tiene tiempo? El Presidente se chocó de frente esta semana con dos de sus principales obsesiones: la inflación y el déficit fiscal. La primera por el 3,4% de marzo que marcó el decimo mes de suba y lo obligó a prometer que ahora sí pegará la vuelta. Realmente lo cree y se entusiasma con los datos de abril que le indican que la inflación viene corriendo al 2,4% mensual. La segunda, por el martillo judicial que lo intima a cumplir con la ley de financiamiento universitario y desembolsar $2,5 billones que no tiene. ¿Qué privilegiará el Presidente: el cumplimiento de las reglas de la democracia o su promesa de no romper el equilibrio fiscal?.
En agosto del año pasado, por cadena nacional, y a propósito de la sanción de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, Milei explicaba que “cualquier gasto adicional debería recurrir a la emisión monetaria o el alza de impuestos” y avisaba: “No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. Y al Congreso le digo: si ustedes quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”.
Habrá que esperar y ver para conocer que camino toma el Presidente, pero hay una certeza: está contrareloj. La micro entró en tiempo de descuento en octubre de 2025 y la macro, aunque ordenada, nunca está libre de sobresaltos. Tal es así, que uno de los bancos más importantes del país le pidió a su asesor financiero un estudio para estimar cuántos dólares podrían salir del país por Argentinos que viajen al mundial. Sin cepo para particulares y un tipo de cambio apreciado, algunos temen que cambie la tendencia de las copas del mundo de Qatar y Rusia y en junio se genere una salida importante de divisas por turismo emisivo.
Esta semana, sin embargo, llegaron buenas noticias en cuanto a dólares. El Fondo Monetario acaba de habilitarle mil millones de dólares y el Banco Mundial un respaldo de otros dos mil millones. Todo suma, nada alcanza. Pero al menos hasta noviembre, cuando se celebran las elecciones de medio término en Estados Unidos, el gobierno de la Libertad Avanza podría contar con el apoyo de la administración de Donald Trump.
Frente a este escenario hoy adverso, lo paradójico es que esa premura no logra capitalizarla su principal opositor, el gobernador bonaerense. Está igual de urgido. Con la actividad retraída, la recaudación en baja y la amenaza siempre latente de la inseguridad, el Gobierno bonaerense se esfuerza en creatividad para sostener aquella promesa de la provincia como escudo a la motosierra de Milei. Realismo mágico, diría el Presidente.
En las últimas semanas, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, defendió los fondos para su ministerio ante los números en rojo que exponían el jefe de Gabinete, Carlos Bianco y el ministro de Economía, Pablo López. El objetivo es imposible: satisfacer una demanda de asistencia alimentaria en alza con baja de la recaudación y sin auxilio de la Nación.
Por eso, el gobierno de la provincia evalúa una “reestructuración del modelo de asistencia social” que implica la eliminación del programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria). Un mecanismo por el que más de 2 millones de personas retiran todos los meses de la escuela de sus hijos una caja de alimentos de entre 9 y 15 productos y que le cuesta a la Provincia unos $31 mil millones al mes.
Para mitigar el impacto político de la medida, el Gobierno provincial diseña un anuncio integral: eliminar el MESA, pero aumentar el presupuesto para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que alcanza a más de 2.400.000 chicos y hoy implica un presupuesto de $40 mil millones. Un reclamo de los intendentes. Y lanzar, al mismo tiempo, un plan de emergencia alimentaria coordinado con los municipios que lleve alimentos a aquellas personas que ya ni llegan al circuito escolar.
“El MESA era un programa de complementación alimentaria que mantuvimos después de la pandemia, ahora ya no alcanza con complementar, hay emergencia”, se justifican en la Provincia, al tiempo que reconocen que en el contexto de escasez de recursos, hay que definir prioridades.
Lo dicho, el desbarajuste del conurbano complica los planes de Milei para mantenerse en el sillón de Rivadavia, pero antes los de Kicillof para probarlo. A los dos, también, le restan las internas de sus propios espacios. Sin ir más lejos, el periodista Horacio Vertbisky, de línea directa a Cristina Fernández, publicó que la ex Presidente quiere a cualquiera de candidato por el peronismo, menos al Gobernador. Y se sabe: el PJ solo tiene chances cuando compite unido. A menos que, como se planteó al principio, la foto de las elecciones del domingo pasado en Perú, sea un recuerdo del futuro para la Argentina.
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: las negociaciones con el Banco Mundial y el nuevo recurso por la reforma laboral
Durante su último año “en el llano”, el ahora jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió dinero por parte de Imhouse, la productora de su amigo periodista Marcelo Grandio, que luego trabó contratos con el Estado.
Los trasferencias, registradas en la causa por dádivas que lleva el juez Ariel Lijo, suman un total de alrededor de 1 millón 600 mil pesos y se repartieron entre finales de 2022 y todo el 2023. Se interrumpieron cuando Adorni se convirtió en funcionario libertario, en diciembre de aquel año, con el cambio de Gobierno.
El último de aquellos pagos fue por poco más de 600.000 pesos, según precisó una fuente judicial que conoce el expediente. Fue el más importante de todos.
Las transferencias refuerzan la relación entre ambos periodistas y, más especialmente, el vínculo de Adorni con la productora de Grandio, que celebró con la TV estatal al menos tres contratos durante el gobierno libertario.
De acusado en la “causa $LIBRA”, Mauricio Novelli quiso pasar a acusador en una investigación vinculada, pero le dijeron que no, en ambas instancias. La Cámara Federal porteña confirmó la decisión del juez Julián Ercolini y rechazó el pedido del “abrepuertas” de la Casa Rosada, que pretendía ser querellante en la pesquisa por la presunta filtración del peritaje sobre el contenido de su teléfono celular.
Con las firmas de los camaristas Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun, la Sala II de la Cámara estimó que Novelli no cumple con los requisitos previstos por la ley para ser aceptado como querellante, ya que la pesquisa se circunscribe −por ahora− a delitos de acción pública impulsados por la fiscalía y “no es posible sostener, objetivamente, la presencia de un perjuicio directo”. Por lo tanto, no podrá impulsar el proceso, aportar pruebas, argumentar sobre el desarrollo de la investigación ni apelar decisiones del juez Ercolini.
El Gobierno presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema para que levante la suspensión que se había impuesto sobre los principales artículos de la reforma laboral a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El recurso señala que con la sola presentación debe tener “efecto suspensivo” sobre la sentencia del juez Raúl Horacio Ojeda dictó una medida cautelar que suspendió 82 artículos de la reforma laboral sancionada por el Congreso.
Ahora el Gobierno reaccionó para revertir esa sentencia y la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio legal de la Procuración del Tesoro, que encabeza Sebastián Amerio, realizó esta presentación.
La noticia circuló como versión en la reunión del Fondo Monetario Internacional que se está celebrando en Washington. El equipo económico, con Luis Caputo a la cabeza, está negociando con el Banco Mundial un préstamo que rondaría los 2000 millones de dólares, a los que se sumarían otros 2000 millones de la CAF y el BID.
El desembolso depende de la aprobación del directorio del Banco. El significado de esta información adquiere su verdadera dimensión cuando se advierte que Caputo y sus colaboradores analizan tomar ese crédito como garantía, en principio, para la emisión de un bono a través del cual recaudar un monto de mayor tamaño: se especula con que tomarían entre 8 y 10.000 millones de dólares.
POLITICA
Rumbo al 2027, el Gobierno ratificó acuerdos políticos con dos gobernadores y busca ampliar su red de aliados
Si bien el Gobierno de Javier Milei está enfocado en la gestión, parte de su estructura ya piensa en el armado político rumbo a las elecciones del 2027. En este sentido, en los últimos días hubo un avance claro con aliados estratégicos en las provincias.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron días atrás a los gobernadores de Entre Ríos y de Mendoza, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo. Con ambos se acordó repetir la alianza electoral de 2025 y no serán los únicos que reciban esa propuesta.
Según pudo saber TN, el Gobierno hará lo mismo con varios gobernadores aliados, entre ellos, Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggo (San Luis). Allí completarían el cuarteto de mandatarios que los respaldó en el 2025 y la intención es ampliar esa red.
“Fue un apoyo fuerte a Cornejo y Frigerio”, confirmaron a TN en el entorno de los mandatarios. Pese a que la reunión fue con ambos, se trata de escenarios diferentes.
Leé también: El Gobierno presentó un recurso para que la Corte resuelva el conflicto judicial por la reforma laboral
Cornejo no puede ir por la reelección y allí habrá una PASO entre un candidato del gobernador y quienes quieran competir por el mismo espacio. Frigerio no confirmó nada sobre la posibilidad de ir por un nuevo mandato, pero en el caso de que así lo decida, desde Casa Rosada le transmitieron un respaldo total. El compromiso es que no haya candidato del Gobierno en ninguna de las dos provincias.
“El principio de acuerdo incluye no interferirse a nivel nacional ni en la provincia”, remarcaron cerca de uno de los mandatarios a este medio. El entendimiento incluye no competir en la provincia y, como contrapartida, los gobernadores prestarán sus votos en el Congreso, además de apoyar explícitamente el rumbo del Gobierno.
Durante la reunión, los funcionarios y los mandatarios provinciales conversaron además sobre la agenda conjunta que comparten las provincias y la Nación. Allí, el Gobierno les confirmó a los gobernadores que avanzará con un decreto para que algunas provincias puedan, mediante inversiones privadas, avanzar con la realización de obras de infraestructura en los tramos de rutas nacionales que se encuentran dentro del territorio de esas provincias.
En lo que va de los meses de marzo y abril, Santilli se reunió con los gobernadores de Chubut, Corrientes, Jujuy, Mendoza, San Juan y San Luis. Las reuniones se inscriben en una ronda más amplia de contactos con mandatarios provinciales que el Gobierno retomó en los últimos días.
El objetivo es ordenar respaldos en un Congreso fragmentado y con votaciones ajustadas. Además de intentar frenar pedidos de interpelaciones, investigaciones abiertas en comisiones y hasta posibles intentos de juicio político.
El guiño de otro gobernador aliado a Milei
En las últimas horas, el debate por el futuro de las elecciones primarias sumó un nuevo capítulo en el interior del país. En Chaco, el gobernador Leandro Zdero avanzó con una iniciativa para suspender las PASO en los comicios provinciales del próximo año.
El proyecto fue presentado en la Legislatura por el interbloque oficialista Chaco Puede, que responde al gobernador radical. El principal argumento es económico: aseguran que evitar la instancia previa permitiría ahorrar alrededor de $3000 millones.
En el oficialismo también plantearon que la eliminación de las PASO simplificaría el calendario electoral y evitaría que los ciudadanos deban votar más de una vez en el año. Además, cuestionaron el rol de las primarias como herramienta política: consideran que muchas veces funcionan como una “gran encuesta financiada por el Estado” y que terminan condicionando la elección general.
Se trata de un guiño al presidente Javier Milei, que también está a favor de la eliminación de las primarias. En efecto, el oficialismo evalúa avanzar en el Congreso con un proyecto para eliminar las PASO a nivel nacional, reducir el financiamiento estatal de los partidos políticos y endurecer los requisitos para su reconocimiento.
Gobierno, Gobernadores, Elecciones
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