La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lamentó “tener que volver a rechazar agresiones verbales contra periodistas desde cuentas en redes sociales del presidente de la Nación”, Javier Milei.

“En los últimos días, se han registrado agresiones contra los periodistas Carlos Pagni, Jorge Liotti, Joaquín Morales Solá, Ignacio Girón y Manu Jove, así como contra distintos medios de comunicación”, recordó la entidad, en un comunicado.

Para señalar los límites, la asociación reiteró que “la réplica, la crítica o la aclaración son parte del debate democrático, mientras el insulto y el agravio lo intoxican y enrarecen el clima para la labor periodística”.

“ADEPA recuerda que el debate público sobre la labor periodística es legítimo y bienvenido -agrega la entidad-. Sin embargo, el insulto y la estigmatización personal, máxime cuando provienen de altas autoridades, pueden generar intimidación y hostilidad hacia el ejercicio del periodismo. Y esto afecta el acceso a la información de la ciudadanía”.

Las expresiones de preocupación se repitieron en los últimos meses frente a las reacciones del Gobierno y de dirigentes oficialistas.

A principio de mes, la asociación había manifestado su inquietud ante “la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero” contra el gobierno del presidente Javier Milei. Y al mismo tiempo, pidió “evitar generalizaciones” que puedan motivar cuestionamientos al ejercicio del oficio periodístico.

En una comunicación titulada “Sobre las revelaciones de una presunta operación de espionaje y desinformación”, ADEPA expuso “su preocupación ante las recientes revelaciones difundidas por un consorcio internacional de periodistas, que dan cuenta de la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero, orientada a desacreditar al gobierno argentino y que, según se indica, habría utilizado contenidos publicados en medios locales”.

“De confirmarse, se trataría de una maniobra inaceptable de injerencia externa y un intento de manipular el debate público bajo la fachada de producción de información profesional”, subrayó la entidad periodística.

Las revelaciones sobre la red de difusión de noticias apócrifas que habría contado con financiamiento de Rusia motivaron una reacción del gobierno, incluso con mensajes de tono agresivo del presidente Javier Milei hacia el periodismo y trabajadores de prensa. ADEPA abordó el tema con un pedido de evitar las generalizaciones.

El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea comenzaron a regularizar el pago de contribuciones patronales que se derivan a la obra social de los militares, lo que permitiría reducir la elevada deuda de $212.000 millones que mantiene paralizadas las prestaciones y el alcance de las coberturas médicas.

Fuentes de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), la nueva estructura que sucedió al debilitado Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), informaron a que las Fuerzas Armadas comenzaron a hacer frente al pago de unos $80.000 millones, que equivalen al 40% de la deuda.

La suma restante, precisaron, corresponde a contribuciones impagas de la Gendarmería y la Prefectura, que tras la división de Iosfa dispuesta por el Gobierno en febrero, pasaron a integrar la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffseg), que prestará cobertura social mediante acuerdos con una empresa de medicina prepaga.

Con el desdoblamiento, la Obra Social de las Fuerzas Armadas tiene un plantel de 343.000 afiliados y la Osffseg contará con 187.000.

Pese a la consulta de , en el Ministerio de Defensa no explicaron de dónde salieron los fondos de las Fuerzas Armadas para cubrir la deuda con la obra social. El ministro del área, teniente general Carlos Presti, había anunciado en diciembre pasado que el Estado se haría cargo del pasivo, lo que hasta ahora no se concretó en su totalidad.

“Se paga con el presupuesto de las Fuerzas Armadas porque en el Ministerio de Economía se negaron a asumir la totalidad de la deuda”, sostuvo una fuente militar, al insistir en que todavía no se cubrió la mayor parte del pasivo, que corresponde a las fuerzas de seguridad.

Respecto de la suma aportada por las Fuerzas Armadas, voceros de la obra social señalaron que “se realizó un relevamiento integral de la situación financiera que permitió identificar una deuda acumulada desde 2017, originada en diferencias en la liquidación de aportes y contribuciones de las cinco fuerzas integrantes de la obra social”.

Esa deuda se acumuló porque las Fuerzas Armadas realizaban los aportes y contribuciones sobre el salario en blanco, sin tener en cuenta otras sumas remunerativas que formaban parte de las remuneraciones, lo que generó el monto que ahora se deriva a la obra social. “Con ese error que ahora se corrige se cubren las pésimas gestiones de Oscar Sagás y Roberto Fiochi en Iosfa, en los dos años de gestión del entonces ministro Luis Petri”, advirtió una fuente de la entidad.

Por el momento, se mantienen en varias partes del país los cortes de prestaciones, incluso en casos de atenciones de alta complejidad, según denuncias que se activan en redes sociales.

“Recién viene ingresando la plata desde la semana pasada. Lo que se cobró es un tercio de la deuda, por lo que están llamando a prestadores y renegociando el resto de lo que se debe”, precisó una fuente que conoce el día a día de la obra social.

Un comunicado de la cartera que conduce Presti informó que “a partir del trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y la conducción de la obra social se avanzó en el ordenamiento de la situación financiera y en la regularización de pagos, lo que permite ir recuperando y y sostener el funcionamiento del sistema en todas las provincias”.

Así, se especificó que el Ejército saldó la totalidad de su deuda, la Armada avanzó en su regularización y la Fuerza Aérea emitió las órdenes de pago correspondientes, en un proceso que refleja el compromiso de las fuerzas con el sostenimiento del sistema de salud.

En la obra social señalaron que “hay pagos directos a prestadores y proveedores; y otros que son indirectos a todas las provincias, a partir de contar con más fondos de los que se venía disponiendo, para abonar reintegros, medicamentos y prótesis”.

En algunas zonas del país, según pudo advertir , se registran muy pequeños cambios. “El panorama sigue siendo complejo y seguimos sin prestaciones básicas. En el hospital local están dando turnos a 40 días –antes no se conseguían– y hay atención en consultorios, previo cobro de un copago de $18.000. Las atenciones de urgencia cuestan $38.000 la consulta, lo mismo que para las personas sin cobertura social”, explico un oficial retirado en Mar del Plata, donde se asientan principalmente unidades de la Armada, pero también del Ejército y la Fuerza Aérea.

En la obra social OSFA, finalmente, confirmaron que “Queda pendiente de regularización lo correspondiente a la Gendarmería nacional y la Prefectura para consolidar el saneamiento”.