Hannover (Alemania), 19 abr (.).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asistieron este domingo a la inauguración de la Feria de Hannover, la más grande del mundo de tecnología industrial, en el primer día de una visita de dos jornadas del líder brasileño destinada a estrechar los lazos con la mayor economía de Europa.

Merz y Lula se reunieron en el neobarroco Palacio de Herrenhausen de Hannover después de que el brasileño y su esposa, Janja Lula da Silva, fueran recibidos en un acto con honores militares.

Ambos líderes tomaron el pulso a la relación de sus países con una reunión bilateral dentro de una de las salas superiores del palacio, antes de poner rumbo al recinto ferial que acoge la Feria de Hannover.

Allí, Merz puso de relieve el papel de Brasil, «país invitado» de la feria, y de Sudamérica en general, en vista de que con la entrada en vigor provisional del acuerdo UE-Mercosur el próximo 1 de mayo, europeos y sudamericanos entrarán en «una nueva fase» de sus relaciones.

«Tras más de 25 años de negociaciones intensas, la próxima semana estará hecho; muchos países de Sudamérica y de la Unión Europea entran en una nueva relación de cooperación y construimos el mercado más grande del mundo con más de 700 millones de consumidores», incidió en alusión al acuerdo UE-Mercosur.

En este sentido, Merz destacó que «es una buena señal» verse en Hannover con Brasil.

Merz y Lula asistieron a la apertura de una 79ª edición con acento brasileño, pues, como «país invitado» del evento, la nación sudamericana cuenta con unos 2.700 metros cuadrados de superficie de exposición.

Brasil está representado en la Feria de Hannover a través de 300 empresas brasileñas y unos 140 estands.

Los emprendedores brasileños presentes en Hannover acuden bajo el lema «la industria del presente», un mensaje que anima a mirar los aspectos industriales y tecnológicos de la potencia económica sudamericana, por encima de otros sectores relevantes en Brasil, como la agricultura, la ganadería o las materias primas.

Jornadas alemano-brasileñas

Tras la visita a la feria, ambos líderes tenían previsto este domingo participar en una cena de trabajo con representantes del sector empresarial de ambos países.

El lunes, dentro del recinto ferial, se desarrollará la 42ª edición de las jornadas alemano-brasileñas en presencia de Merz y Lula.

Ese evento constituye «la mayor conferencia bilateral con Brasil», que ofrece a las compañías una «plataforma ideal» para encontrar nuevos socios y oportunidades, además de fortalecer los vínculos entre emprendedores en áreas tan diversas como la automatización, la inteligencia artificial, la seguridad, la minería, el sector sanitario o el aeroespacial, según los organizadores de la feria.

Consultas junto a la feria

También el lunes, tras el desarrollo de esos encuentros de carácter económico, los Gobiernos de Alemania y Brasil mantendrán sus terceras consultas, una cita en la que Berlín espera que se firmen acuerdos con los que profundizar la relación germano-brasileña.

El Gobierno alemán ha indicado que, entre los temas que se abordarán en las consultas, figuran el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, las materias primas, la cooperación en defensa, la digitalización y la innovación.

El lema de las consultas ya indica el interés económico, aunque también geopolítico, de la reunión entre ambos Ejecutivos: «Brasil y Alemania. Juntos por el crecimiento, el empleo, la paz y la seguridad».

Las reuniones regulares entre los Gobiernos de Alemania y Brasil comenzaron en tiempos de la canciller Ángela Merkel y de la presidenta Dilma Rousseff, en 2014.

Aunque estos encuentros se suspendieron durante los años de la gestión del presidente Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2022, con Lula en la Presidencia de Brasil y Olaf Scholz en la Cancillería Federal se retomaron las consultas en 2023.

Para Alemania, Brasil es el socio comercial más importante en Sudamérica, y el país centroeuropeo es el principal proveedor de la economía brasileña dentro de la Unión Europea.

Las relaciones comerciales entre ambos países totalizaron unos 20.000 millones de euros (unos 17.000 millones de dólares al cambio actual) en 2024, de acuerdo con datos del Ejecutivo germano.

(foto)(video)

El clima de incertidumbre en la economía volvió a ganar protagonismo en el debate público durante marzo. Las expectativas sociales atraviesan una etapa de preocupación, alimentada por factores políticos, laborales y vinculados con la evolución de los precios. De todos modos, esta percepción no se relaciona necesariamente con la posibilidad de un shock o inestabilidad.

La UCA publicó el Índice de Incertidumbre Económica (IIE), el cual anotó una suba al alcanzar un valor de 54, luego de haberse ubicado en 49,6 en diciembre, en 49,7 en enero y en 53,3 en febrero. El informe remarcó que este aumento deriva en conductas defensivas, menores niveles de actividad y mayor volatilidad. Pese al deterioro del IIE, aseguran que los registros aún son mejores que los de 2024 y algunos meses de 2025.

La casa de estudios identificó varias preocupaciones disparadoras de dicho malestar en los últimos meses. En primer lugar, cobró relevancia la categoría Política debido a la intensa actividad legislativa durante el verano. También tuvieron impacto en la opinión pública las discusiones vinculadas a sospechas de corrupción por parte de funcionarios del Ejecutivo.

Daniel Aromí, encargado del relevamiento, consideró que esto despierta dudas en cuanto a la fortaleza del Gobierno para implementar medidas que estabilicen la economía.

En lo relativo al tema Trabajo, la reforma laboral tuvo una alta incidencia y acaparó gran parte del debate en febrero.

La categoría Pobreza recuperó peso, lo que es consistente con la publicación del dato del Indec a fines de marzo y con cuestionamientos metodológicos que señalan que la baja del indicador no fue tan pronunciada como la informada oficialmente.

La última encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés (Udesa) arrojó que el 68% de los argentinos está insatisfecho con la marcha general de las cosas.

El reporte destacó que la falta de trabajo (40%), los bajos salarios (39%) y la corrupción (38%) se posicionan como los principales problemas que afectan al país. Además, subrayó que regresó la preocupación por la inflación, tras haber perdido centralidad en relevamientos anteriores.

“El sentimiento de que el país está peor que en 2025 se acentuó: un 56% tiene una visión retrospectiva negativa. Hacia adelante, el 43% cree que la situación empeorará en el próximo año, con un aumento del pesimismo en todos los segmentos”, precisó Udesa.

El economista Jorge Colina, director de la consultora Idesa, dijo a Infobae que la incertidumbre responde a la compleja situación del mercado laboral, donde acceder a un empleo no resulta sencillo. Quienes trabajan por cuenta propia también enfrentan dificultades, ya que las ventas siguen débiles.

Colina expresó que si bien los ingresos mostraron cierta recuperación respecto de 2024, el salario real se mantiene en niveles similares a fines de 2023, en medio de la espiral inflacionaria. Para el especialista, “la percepción general es que no hubo mejoras en la situación laboral: ocupación, actividad económica y poder adquisitivo continúan estancados”.

En el corto plazo, Colina no observa una salida a esta situación porque el Gobierno prioriza la meta de llevar la inflación a 0% mensual. Para lograrlo, aplica una política de tasas elevadas junto con una fuerte contracción monetaria, lo que tiende a generar recesión.

Al mismo tiempo, el economista sostuvo que intentar impulsar el consumo mediante incrementos forzados de ingresos suele fracasar, ya que termina acelerando la inflación y erosionando esos aumentos.

Una alternativa para reactivar las ventas sin presionar sobre los precios, afirmó Colina, es fomentar el crédito, especialmente a través de tarjetas y préstamos personales que permitan financiar gastos. Esto también ayudaría a las empresas a invertir en capital de trabajo y producir más.

Sin embargo, explicó que la suba de tasas encareció y restringió opciones, lo cual se refleja, por ejemplo, en una mayor morosidad.

Según el director de Idesa, la expansión de la actividad es la condición necesaria para mejorar los salarios y no al revés, como ha sucedido en los últimos años.

Maximiliano Gutiérrez, economista del Ieral de Fundación Mediterránea, apuntó que la incertidumbre económica actual no proviene de la sensación de una crisis inminente, sino de la falta de claridad en la comunicación del Gobierno, que eleva las expectativas de más. A su vez, cree que hace ruido la cuestión del empleo y la actividad. “Hay un cambio de modelo, donde los perdedores se ven rápido y los ganadores tardan en aparecer”, dijo.

Gutiérrez planteó que la crítica al equipo económico sobre los altos impuestos es válida, aunque se vuelve crucial que cada empresario busque formas de mejorar su competitividad.

En números, según el Indec, en febrero de 2026, el índice de salarios mostró un avance de 2,4%, ubicándose por debajo de la inflación de ese mes (2,9 por ciento).

Los datos de la Secretaría de Trabajo indican que, en términos reales, los salarios de los empleados registrados del sector privado cayeron 0,2% mensual en febrero, mientras que aquellos acordados en los principales Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) lo hicieron en 1,7%. En relación a igual mes de 2025, la retracción fue de 0,2% y 5,9%, respectivamente.

En otro orden, en el cuarto trimestre de 2025, el desempleo alcanzó al 7,5% de la población económicamente activa, lo que representa un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior.

La consultora LCG detalló que aumentó la proporción de trabajadores no asalariados dentro del total de ocupados. “Esto está directamente relacionado con el crecimiento del monotributo y del empleo como repartidores y conductores independientes”.

La Justicia civil de Mar del Plata condenó a una entidad bancaria pública a pagar más de $26 millones a una clienta que sufrió la sustracción de los fondos de sus cuentas mediante una maniobra de phishing.

El fallo, emitido por el Juzgado Civil y Comercial 4, responsabilizó a la institución por incumplir sus deberes de seguridad y colaboración, tras determinar que el fraude fue facilitado por deficiencias en el sistema digital de la entidad.

La reclamante tenía una caja de ahorro y una cuenta corriente en la entidad desde 2019. El 29 de julio de 2023, la mujer recibió un correo electrónico que simulaba provenir del banco, con el logo institucional y una advertencia sobre un supuesto bloqueo de su cuenta de homebanking. El mensaje la instaba a ingresar a un enlace y suministrar su clave token.

Según el fallo, luego de ingresar los datos, la clienta vio un mensaje de error y, al día siguiente, comprobó que se habían realizado transferencias no autorizadas por un total de $3.731.000. Los fondos fueron transferidos a una cuenta de una firma identificada como «Clara Balbin de Baston e Hijo», superando ampliamente el límite diario autorizado para extracciones.

La demandante denunció que el banco no restituyó el dinero ni ofreció una explicación satisfactoria, por lo que realizó una denuncia penal y envió una carta documento. La entidad, en su respuesta, rechazó su responsabilidad y alegó que la clienta habría facilitado voluntariamente sus claves, argumento que la usuaria calificó como falso y estandarizado.

El proceso judicial examinó si la relación entre la clienta y la entidad se encontraba amparada por la Ley de Defensa del Consumidor, considerando el destino final del servicio bancario. El juez determinó que, aunque parte de los fondos provenían de la actividad comercial de la mujer, el servicio de seguridad electrónica funcionaba como protección patrimonial y no como insumo productivo, por lo que correspondía la protección legal del consumidor.

Durante el juicio, la pericia informática resultó clave para reconstruir la maniobra. La experta designada por el tribunal determinó que el correo recibido era un caso de suplantación de identidad y que el acceso al sistema se había realizado desde direcciones IP extranjeras, distintas a las habituales de la usuaria. El análisis técnico evidenció que las transferencias se realizaron en horarios atípicos y por montos inusuales, sin que el sistema activara bloqueos o alertas reforzadas.

El fallo deja en claro que el sistema informático del banco permitía validar operaciones desde ubicaciones y dispositivos no habituales, lo que debió ser detectado y bloqueado preventivamente por los mecanismos de seguridad internos. La sentencia sostiene que el riesgo tecnológico es propio de la actividad bancaria digital y no puede trasladarse al consumidor.

El juez aseguró que la obligación de seguridad en materia financiera es de resultado y tiene respaldo constitucional. La sentencia cita jurisprudencia que define a la banca electrónica como una actividad riesgosa, cuyo riesgo debe permanecer bajo la órbita de quien diseña y administra los sistemas.

El banco intentó justificar su postura al argumentar que la clienta habría compartido indebidamente sus credenciales, pero la resolución rechazó esa defensa. El tribunal sostuvo que las técnicas de phishing, como la que ocurrió en este caso, son parte de los riesgos inherentes al servicio digital y deben ser previstas y controladas por la entidad financiera.

El fallo también también deja en claro que el deber de información no se agota en la publicación de advertencias generales en la web, sino que requiere comunicaciones específicas y en tiempo real ante conductas sospechosas. El banco no demostró haber activado alertas o bloqueos pese a la detección de transferencias atípicas y accesos desde el extranjero.

La sentencia valoró negativamente la conducta posterior de la entidad, que cerró el reclamo interno atribuyendo el hecho a la propia clienta y no acreditó una investigación exhaustiva ni gestiones efectivas para recuperar los fondos. El magistrado consideró que la actitud pasiva y la falta de colaboración agravan el incumplimiento del deber de buena fe.

El tribunal tuvo en cuenta también la afectación sufrida por la clienta, quien perdió todos sus ahorros y vio frustrados sus proyectos personales y familiares. El juez reconoció el daño moral derivado de la angustia, la incertidumbre y la pérdida de confianza en el sistema financiero.

El juez dispuso que la suma total, que asciende a más de $26,7 millones, deberá abonarse dentro de los diez días de quedar firme el pronunciamiento, más los intereses fijados para cada rubro y las costas del proceso.

La sentencia deja en claro que la seguridad bancaria digital es una obligación institucional, no una carga para el usuario. El magistrado remarcó que la confianza y la protección de los fondos depositados constituyen el núcleo del contrato bancario moderno.

En efecto, la conducta de la entidad fue desaprensiva, exculpatoria y carente de una respuesta técnica eficaz ante el reclamo. El juez entendió que la condena no solo repara el daño individual, sino que cumple una función preventiva y disuasoria para el sector.