Con la firma de Pablo Bertuzzi, que juró la semana pasada, la Sala II de la Cámara Federal anuló parte de los allanamientos y embargos ordenados en la causa que investiga la contratación de una empresa de Martín Aguirre, exsocio de Martín Menem, por parte de Osprera, la obra social de los peones rurales.

La decisión pone en duda el futuro de la investigación justo en un momento de definiciones: Aguirre y el resto de los imputados fueron indagados hace un mes y esperaban que se defina su situación procesal.

Aguirre, un médico de profesión, había creado la empresa HTECH en abril de 2024 junto a su madre, María Casandra Mirabelli, y Stefano Zanetti, un empresario de 39 años. Cuatro meses después, Aguirre comenzó a asesorar a la primera interventora de Osprera, Virginia Montero, que admitió que se conocían de la actividad profesional y que lo convocó como un “experto en informática”. Pese a ese vínculo, Montero recomendó la contratación de HTECH por escrito en octubre de ese año.

En la causa se probó que tanto Aguirre como Montero se reunieron con Eduardo “Lule” Menem en la Casa Rosada. Los registros oficiales ratifican que esa reunión ocurrió el 5 de julio del año. “Por indicación de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, asistí a una reunión informal en la Casa Rosada, que entendí como una instancia institucional previa a la formalización de mi designación y destinada a que las autoridades nacionales conocieran a quien asumiría la intervención de Osprera, dijo Montero en su indagatoria.

A partir de su desembarco en Osprera, la empresa de Aguirre cobró $266.675.288,43. El último pago data del 11 de julio de 2025, por un total de $18.838.429,80.

En su indagatoria ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, Aguirre justificó las transferencias millonarias y negó haberse involucrado en la elección de su firma, aunque él mismo era asesor de la interventora.

En los registros comerciales Aguirre aparecía como socio del presidente de la Cámara de Diputados desde 2019 en la empresaTR Nutrition SRL, dedicada a la comercialización de suplementos dietarios. En abril de este año, Menem le vendió sus acciones a una mujer identificada Stephanie Daiana Dos Santos.

También declararon los dos interventores de Osprera y los socios de Aguirre por lo que la causa estaba en instancia de definiciones.

En ese contexto, la Sala II de la Cámara Federal, con la firma de Bertuzzi, Roberto Boico y Eduardo Farah, decidió anular el allanamiento en el domicilio de Montero, la primera interventora de Osprera, el secuestro de su teléfono y todas las pruebas que se extrajeron del mismo.

“Tengo a la vista suficientes razones para proponer al acuerdo la nulidad de órdenes de allanamiento realizadas en el marco del legajo de investigación 1 y de lo obrado en su consecuencia por la actividad procesal que las integra, fundamenta y ejecuta se llevó con exclusión de la intervención de las defensas”, sostuvo Farah, que fue acompañado por Bertuzzi.

En otra resolución, la Sala II decidió este jueves dejar sin efecto los embargos ordenados por el juez Casanello sobre el patrimonio de todos los imputados.

El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó al embajador ante la Unión Europea Fernando Iglesias en una causa por enriquecimiento ilícito que le había iniciado en 2021 el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.

El cierre del caso se apoyó en un peritaje contable sobre el patrimonio del entonces legislador y la resolución deja constancia de que el proceso no afectó el buen nombre y honor del imputado.

Según el dictamen fiscal de Ramiro González, el análisis pericial y la evaluación conjunta de los patrimonios de los imputados no advirtieron la existencia de un enriquecimiento sin justificación.

Sin impulso fiscal, el juez Casanello dictó el sobreseimiento.

Los bienes y las variaciones patrimoniales registradas encontraron respaldo adecuado en los ingresos acreditados y en los demás fondos verificados durante los períodos analizados, señala el fiscal.

Tailhade había presentado la denuncia el 4 de febrero de 2021, cuando integraba el bloque del Frente de Todos e Iglesias era diputado nacional.

El expediente se sorteó y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Casanello.

Decía la denuncia que al cierre del ejercicio 2017, según sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, Iglesias declaraba un patrimonio neto de 3.751.753,98 pesos.

Y que al cierre de 2019, en su última declaración jurada presentada al momento de la denuncia, consignaba activos por 12.250.198,90 pesos y deudas por 2.210.000, con un patrimonio neto de 10.040.198,90.

En ese período había incorporado una camioneta 4×4, una propiedad de 100 metros cuadrados y una tenencia en efectivo de 10.000 dólares que no tenía al inicio.

Tailhade sostuvo que ese incremento no guardaba relación con los ingresos declarados y pidió que se lo citara a indagatoria y se ordenara su procesamiento. También cuestionó los viáticos que el diputado percibió por viajes al exterior financiados por la Cámara.

Iglesias respondió desde el recinto y desde las redes. Atribuyó sus ingresos a la venta de sus libros, al alquiler de propiedades y a conferencias, calificó la denuncia de ridícula y dijo que a los 63 años era la primera vez que debía ir a un tribunal a defenderse.

Tailhade replicó que la explicación de los libros era inverosímil porque no había editado ninguno en 2018 ni en 2019.

Casanello delegó la investigación en la fiscalía. El primer fiscal a cargo fue Jorge Di Lello, que imputó a Iglesias el 11 de febrero de 2021 junto con Ana Kliauga y José Bocles, y dispuso las primeras medidas de prueba. Tras la muerte de Di Lello, el expediente pasó a Ramiro González.

En agosto de 2021 se levantaron los secretos bancario y fiscal sobre el entonces diputado, se pidieron sus declaraciones juradas a la AFIP y a la Cámara, y se libraron oficios a entidades bancarias para detectar cuentas no declaradas.

Tailhade amplió la denuncia y sumó una transferencia al exterior por 17.921 dólares desde una cuenta del Banco Ciudad, en junio de 2019. Tras esas medidas se ordenó el peritaje que cerró el caso.