“Vine a ver al domado”, dijo el presidente Javier Milei, mientras estrechaba la mano del periodista Fabián Waldman, de FM La Patriada. Corría junio de 2024, y el Presidente llegaba por primera y única vez a la sala de conferencias de la Casa Rosada en lo que va de su mandato. No fue hasta allí para dar declaraciones ni una conferencia de prensa –algo que no lo haría nunca en sus dos años de gestión- sino para chicanear a uno de los periodistas acreditados en la sede de Balcarce 50.

El retiro de las acreditaciones a los más de 60 periodistas que cumplen diariamente funciones en la sala de prensa de la Casa Rosada no es, por cierto, un hecho aislado. La denuncia penal por presunto espionaje ilegal contra dos periodistas de TN, efectivizada por la Casa Militar, que depende de Karina Milei, fue la razón esgrimida para la sanción colectiva, aunque combina a la perfección con los insultos que, día a día, salen de las redes sociales del Presidente y son replicadas por funcionarios y simpatizantes libertarios. Para Milei, lo repitió recientemente en una conversación en la TV Pública, “el 95 por ciento de los periodistas son delincuentes y ensobrados”. Ayer, a Luciana Geuna e Ignacio Salerno, los dos profesionales de TN denunciados, los calificó de “bauras repugnantes”. Hace apenas unos días, en tanto, el blanco de sus críticas fueron columnistas de , a los que atacó con insultos.

Los insultos del Presidente a la prensa se convirtieron en una constante y se potenciaron en las últimas semanas al compás de los vaivenes del plan económico y las novedades judiciales sobre el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de gabinete, Manuel Adorni; los avances en la causa $LIBRA, en la que se investiga una presunta mega estafa, y la acusación de corrupción del fiscal que impulsa la causa por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Tal como publicó , la cuenta de Milei en X se viene convirtiendo en una ametralladora de mensajes contra el periodismo en general, los medios de comunicación y distintos profesionales a los que insultó y acusó de conspirar contra su gobierno. La novedad no fue la línea argumental sino la magnitud: en los cuatro días del fin de semana de Pascua, por caso, escribió 86 tuits contra la prensa y republicó otros 874 emitidos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos.

En relación a la sala de prensa, los chispazos tampoco son nuevos. A principios de abril, el Gobierno quitó las acreditaciones a periodistas de los medios El Destape, La Patriada, Ambito Financiero, Tiempo Argentino, C5N y América 24, acusados de participar de un presunto complot orquestado por el Kremlin para distribuir noticias favorables a Rusia en el conflicto bélico con Ucrania, y atacar al Gobierno. Devolvió las acreditaciones recién la semana pasada.

A diferencia de lo que ocurrió con otros gobiernos, los periodistas no tienen permitido transitar libremente por determinadas alas de la Casa Rosada, como el Salón de los Científicos. Además, se les corta el paso hacia el Patio de las Palmeras cada vez que el Presidente ingresa o sale del edificio. Funcionarios de la Casa Militar suelen interponerse delante de las puertas vidriadas que apuntan a la explanada de la calle Rivadavia, con el objetivo de impedir siquiera la visión de los movimientos del primer mandatario. Las conferencias de prensa del entonces vocero Manuel Adorni tenían como cometido ser “la voz del Presidente”. Pero el jefe de Gabinete espació cada vez más las conferencias, guiadas siempre por un ida y vuelta tenso.

Desde que llegó a la Casa Rosada, Milei nunca dio una conferencia de prensa. Sí, en cambio, conversó con distintos programas de streaming, radio o televisión, en su mayoría afines al oficialismo. El Presidente, pese a sus reiteradas críticas a los medios tradicionales, publicó columnas de opinión en , Clarín e Infobae.

Mientras que en la Casa Rosada se cerraban oficinas y se ocultaban con papeles o vidrios opacos salones habitualmente abiertos, se impusieron luego medidas más estrictas para renovar las acreditaciones de prensa, de acuerdo a un protocolo establecido por resolución el año pasado. Los periodistas debieron firmar una declaración jurada en la que debían prestar conformidad a ciertas restricciones, que incluían hasta la implementación de un código de vestimenta, que hasta ahora no se efectivizó.

El episodio de hoy con la quita de la huella digital del personal de prensa acreditado registra pocos antecedentes. Según los memoriosos asistentes a la Casa Rosada, luego del golpe militar de marzo de 1976, el ingreso de la prensa estuvo suspendido por unos días. Desde entonces, no volvieron a registrarse episodios similares.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidirá sobre el conflicto desatado en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, ampliado por iniciativa del gobernador Claudio Vidal en una reforma que fue bloqueada por los jueces del kirchnerismo que controlan el máximo tribunal local.

La Corte resolvió este jueves rechazar la recusación que se había impulsado contra sus tres integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y ordenar que les envíen todas las causas vinculadas a ese conflicto.

“Requerir al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Cruz que, con carácter urgente, remita las actuaciones principales y todos los incidentes vinculados con la causa 917/2025 en la que se dictó sentencia definitiva el 17 de diciembre de 2025”, dijeron los jueces.

De esta manera, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se abocará a estudiar el escenario sobre la constitucionalidad de la ley que amplió el tribunal local de cinco a nueve miembros y las decisiones que se tomaron sobre ello en la Justicia de Santa Cruz.

Los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz declararon inconstitucional la ley que amplió el tribunal, impulsada por Vidal, que denunció que buscan retener el control del organismo para condicionar sus políticas.

En agosto pasado, la Legislatura de Santa Cruz aprobó la ley 3949 para ampliar de cinco a nueve miembros el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El proyecto fue impulsado por el bloque oficialista “Por Santa Cruz” con el argumento de modernizar y agilizar el máximo tribunal provincial. Chocó con la oposición del kirchnerismo, que dejó el poder después de más de 20 años al frente del Ejecutivo local.

Con la ley aprobada, el gobernador Claudio Vidal envió cuatro ternas de candidatos a jueces (una por cada uno) para ser elegidos por la Legislatura.

Allí se designaron dos de los cuatro postulantes: se eligió a Sergio Acevedo (exgobernador de la provincia y exjefe de la SIDE durante el gobierno de Néstor Kirchner) y José Antonio González Nora.

“No me importan los aprietes, la justicia debe ser independiente y tiene que trabajar en beneficio del pueblo de Santa Cruz”, afirmó Vidal en la sala de audiencias en donde el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Mariani, les tomó juramento a los dos nuevos integrantes.

Sin embargo, un rato después, los otros cuatro miembros del máximo tribunal de Santa Cruz que responden al kirchnerismo declararon nula la decisión que permitió la llegada de los nuevos jueces.

“La jura celebrada carece de los presupuestos de validez que exige el orden constitucional”, señaló la resolución con la firma de los vocales Alicia Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta.

En el gobierno de Santa Cruz tildaron a esos magistrados de kirchneristas: Basanta fue ministro de Alicia Kirchner, Fernández fue asesora de la Secretaria Legal y Técnica de Néstor Kirchner y Ludueña es hija de un senador kirchnerista y esposa de un exsecretario privado de Alicia Kirchner.

Esos jueces tomaron como justificación una cautelar que había firmado un juez de primera instancia que había sido abogado de Cristina Kirchner.

“Han operado un golpe judicial en Santa Cruz”, dijo Vidal acusando directamente a la expresidenta y su hijo Máximo Kirchner.

Los cuestionamientos en busca de medidas cautelares que frenaran la reforma partieron de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz.

Tras considerar inválidos los juramentos de Acevedo y González Nora, los cuatro “viejos” jueces desplazaron de la presidencia del Tribunal a Mariani.

Pero Acevedo y González llegaron en queja a la Corte Suprema de la Nación, que el 17 de diciembre último anuló esas decisiones.

Justo ese mismo día, con la firma de cuatro vocales −y una vocal subrogante−, los jueces kirchneristas de la Corte provincial declararon inconstitucional la ley 3949, que elevó de cinco a nueve miembros la integración del máximo tribunal.

Ese fallo desató una crisis institucional entre el Poder Judicial y los otros poderes del Estado.

A fines de marzo, el gobernador Claudio Vidal se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que intervenga en el conflicto.

Consideró que el Poder Judicial provincial “actúa de forma destituyente”. También llegó el recurso de los cuatro jueces. En la provincia, en tanto, existirían otras causas por reclamos similares.

En ese contexto, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti decidieron hoy intervenir: rechazaron la recusación que se había entablado sobre ellos y reclamaron en forma urgente que les envíen todas las causas que tengan que ver con este conflicto.