POLITICA
Darío Nieto se refirió al distanciamiento entre Macri y Milei: “Hace tiempo que no hablan”
Darío Nieto, legislador de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri, delineó la postura del PRO sobre su vínculo con Javier Milei y la perspectiva electoral de 2027.
En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Nieto remarcó las tensiones internas del oficialismo y la presión que enfrenta Macri para definir su futuro político.
“En el 2023 fui el que más le rompía a Mauricio para que sea candidato a presidente. Ahora estoy con la psicología inversa. No le digo nada, a ver si es candidato él”, admitió, y sobre el escenario de 2027 agregó: “Yo hoy no creo que sea candidato. Es mi visión personal esta. Él te dice: ‘Voy a ver qué hago’ y sí y no. Yo creo que no va a ser candidato, pero de vuelta, falta un año y viste que un año en la Argentina es mucho”.
El PRO y Milei: una alianza parlamentaria con límites
La exposición de las internas en redes sociales y la dinámica de la coalición oficialista fueron temas centrales en el intercambio. Nieto consideró: “Que las internas salgan así a plena luz del día no me parece sano, sea en redes sociales, en un diario, en medios tradicionales. Me parece que no está bueno”.
Para el legislador, la “pelea entre referentes” del oficialismo impacta en la imagen institucional y la llegada de inversiones: “Estos ruidos políticos generan incertidumbre. Valoro mucho el equipo económico de Milei, pero la política y la economía van de la mano. Si la economía funciona muy bien, pero tenés ruidos políticos, los inversores te dicen: ‘Pará, no sé si estoy tan seguro de invertir acá’”.
En cuanto a la alianza parlamentaria, Nieto fue concreto: “Por lo que se puede ver en el Congreso, sí. Le hemos votado a Milei la mayoría de las leyes. Todas, de hecho, las importantes, como la Ley Bases, la Ley de Glaciares ahora, la reforma laboral. Ojalá entre pronto una reforma tributaria que baje impuestos y se la vamos a votar seguramente también. Pero somos aliados y muchas veces también los periodistas nos han criticado por decir: ‘Che, pero ustedes se entregan, che, pero no piden nada a cambio’. Pero tampoco podés votar en contra de algo que vos pensás, ¿no?”.
Consultado sobre si la relación es “equilibrada”, Nieto respondió: “El que gobierna es Milei, así que nunca puede ser equilibrado cuando una de las dos partes es la que gobierna. Y está bien que gobierne porque fue electo en elecciones democráticas y ganó él”.
Macri, 2027 y el fantasma del kirchnerismo
La posible candidatura de Mauricio Macri en 2027 fue uno de los temas más insistentes. Nieto relató la presión que recibe el ex presidente: “Él está con mucha presión para ser candidato, de dirigentes, del establishment, del periodismo, de la sociedad”. No obstante, dejó en claro que el PRO no pondrá en riesgo la estabilidad macroeconómica ni dividirá el voto opositor: “No va a ser candidato para favorecer al kirchnerismo. Si hay algún riesgo de que vuelva Kicillof o de que vuelva el kirchnerismo, el PRO no va a poner en jaque a la Argentina por su poder personal”.
Nieto remarcó: “Siempre priorizamos que no vuelva el populismo y que no vuelva el kirchnerismo. Si eso está asegurado, el PRO tendrá una alternativa, siempre sobre la base de lo construido por Milei”.
Sobre la gestión actual, sostuvo: “Valoramos mucho la estabilización macroeconómica que hizo Milei. La estabilidad del dólar, la baja del riesgo país, la baja de la inflación, etcétera. ¿Creemos que falta? Sí, creemos que falta que lleguen inversiones, que se genere empleo, que haya inversión en infraestructura, educación pública, ciencia y tecnología. Pero jamás iríamos en contra del kirchnerismo y jamás iríamos en contra de esta estabilidad macro que ha conseguido Milei”.
Críticas, demandas y la relación Macri-Milei
Nieto no esquivó las diferencias con el oficialismo libertario: “No me gusta la nula inversión en obra pública. Estuvimos en Chaco, en Corrientes, y nos decían: ‘Che, las rutas son un desastre’”.
También cuestionó el destrato a los periodistas y la falta de diálogo institucional: “Mauricio Macri fue la persona que más conferencias de prensa dio en la historia siendo presidente de la Argentina. No creemos que el destrato a los periodistas esté bien. Hoy en día tenemos a veces al presidente que ataca directamente a todos los diputados y senadores”.
En cuanto a la gestión económica, reconoció avances en la macro, pero advirtió: “Hoy falta que baje eso a la micro, que haya más consumo, más empleo, etcétera”. Y propuso mejorar el gasto estatal mediante tecnología: “Si hoy en día aplicaras mucho más inteligencia artificial y nuevas tecnologías al gobierno, podrías bajar el gasto público muy eficientemente. En Argentina perdés hasta siete puntos del PBI por ineficiencia en compras del Estado. Todo eso se puede eficientizar y sería un montón de plata extra”.
El episodio reciente de Macri en Chaco también fue tema de consulta. Nieto relató: “Mauricio había pactado hablar en la conferencia de prensa, hacer dos preguntas, levantarse e irse. Esa es la tercera pregunta. Lo que hizo mal para mí es no decir: ‘Muchachos, me levanto, gracias por todo’. Salió caminando, charló conmigo y se fue riendo. No fue enojo ni desaire”. Y sobre el vínculo actual con Milei, fue tajante: “Hoy en día no, hace tiempo no hablan ya. Creo que no hablan desde la última cena esa que no salió muy bien con lo de Adorni, Marín y todo eso”.
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POLITICA
Sandra Pettovello designó a su nuevo jefe de Gabinete tras la polémica por los créditos del Banco Nación
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, designó a Mauro Brandi como su nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Leandro Massaccesi, quien fue recientemente desplazado luego de que se generara una polémica cuando se conoció que había accedido a un crédito hipotecario en el Banco Nación.
Tal como consignó el Decreto 265/2026 publicado en el Boletín Oficial de este lunes, la ministra oficializó el nombramiento del abogado, que ya llevaba más de dos años dentro de la cartera de Capital Humano.
Como detalla su perfil de LinkedIn, Brandi desempeñó la mayor parte de su carrera en el sector público, en un comienzo en el Ministerio de Educación y luego en Capital Humano, a donde ingresó en 2024 con el cargo de director de Planificación, Transparencia y Evaluación de Gestión. Sus últimos roles habían sido como director general de Gestión Documental, Integridad y Transparencia y de enlace de Integridad Pública ante la Oficina Anticorrupción.
Brandi asumió en un contexto de creciente exposición sobre los préstamos otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo.
Según indicaron fuentes del Gobierno a , la ministra no cuestiona el otorgamiento de estos préstamos, pero evaluó que se trató de una decisión de “alto perfil” que debió haber sido consultada previamente y que generó “ruido” público.
En tanto, la oposición en el Congreso pidió investigar estas operaciones, mientras que la entidad financiera aseguró en un comunicado que el proceso de acceso es “homogéneo y sin excepciones”, aunque desde 2024 existe una línea diferencial para empleados públicos con condiciones más favorables.
A través de su cuenta de X, el ahora exfuncionario aseguró que no cometió “ningún acto ajeno a la ley” y realizó un extenso descargo.
“A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos”, introdujo el exfuncionario oriundo de Viedma, Río Negro.
Y justificó: “La solicitud fue realizada de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida. Se trata de una línea de crédito impulsada por este Gobierno, a la que accedieron miles de argentinos y que representa una oportunidad concreta para la clase media, especialmente para generaciones que han visto cada vez más difícil el acceso a su primera vivienda. Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”.
Tras ello, insistió en que “quienes tienen responsabilidades públicas” pueden acceder “a las mismas herramientas que cualquier ciudadano” mientras que “cumplan las reglas” y que eso “no constituye un ilícito”.
“Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi dos años en el Ministerio de Capital Humano donde, junto a un gran equipo —al que agradezco especialmente—, impulsamos reformas y dimos pasos importantes hacia un país más ordenado y con mayores oportunidades. En ese tiempo conocí a grandes personas y profesionales, y valoro profundamente el trabajo compartido», enumeró Massaccesi.
había accedido a un crédito hipotecario,Decreto 265/2026,Sandra Pettovello,Jefatura de Gabinete de Ministros,Actualidad política,Conforme a,,Gestos. El Gobierno intenta recomponer su vínculo con la Iglesia tras varios desencuentros,,“Prejuicios ideológicos”. La embajada de China en la Argentina apuntó contra Peter Lamelas, representante de Estados Unidos,,Emblemático y polémico. Ceremonia de las antorchas: cuál es el significado del evento donde estará Milei en Israel,Sandra Pettovello,,Cambio de rumbo. Tras semanas de paro, las universidades ahora protestan “a la japonesa”: odontólogos y veterinarios gratis,,Deuda millonaria del PAMI. Los ministros Lugones y Caputo se reunieron para tratar los reclamos de las prestadoras de salud,,En medio de una investigación judicial. El curioso comunicado de Pettovello que aclara que Discapacidad y PAMI no dependen de Capital Humano
POLITICA
CIPPEC convocó al “círculo rojo” y propuso un amplio consenso político para sostener las reformas y proyectar el largo plazo
Más de mil referentes de la política, el empresariado, la diplomacia, el sindicalismo y los organismos internacionales participaron este lunes por la noche en la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en un encuentro que marcó el inicio de una nueva etapa institucional bajo la conducción de Luciano Laspina y que volvió a reunir al denominado “círculo rojo” en torno a un diagnóstico compartido: la Argentina atraviesa una oportunidad concreta, pero su aprovechamiento dependerá de la capacidad de la dirigencia para sostener las reformas en curso y construir consensos políticos duraderos.
El evento funcionó como un punto de convergencia del sistema político y económico argentino, con una convocatoria transversal que incluyó funcionarios del Gobierno nacional, gobernadores, legisladores de distintos bloques, dirigentes sindicales, empresarios, miembros del Poder Judicial y representantes diplomáticos. En ese marco, la presencia de referentes del kirchnerismo —tanto del plano nacional como del ámbito bonaerense y provincial— volvió a destacar el carácter plural del encuentro y la intención de sostener un espacio de diálogo más allá de las divisiones partidarias.
El presidente del Consejo de Administración de CIPPEC, José Orlando, abrió la noche en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, con un diagnóstico que combinó el escenario internacional con la coyuntura local y sostuvo que la Argentina se encuentra “más que en la antesala, en la sala de una gran oportunidad”, impulsada por sus recursos naturales y por una sociedad que demanda cambios, pero condicionada por un contexto global cada vez más exigente.
En ese sentido, describió un escenario internacional atravesado por tensiones económicas, comerciales y geopolíticas que están redefiniendo las condiciones del crecimiento, elevando el costo del financiamiento y poniendo en cuestión los equilibrios que durante décadas permitieron compatibilizar estabilidad macroeconómica, seguridad y gobernabilidad democrática. Según planteó, ese contexto configura un nuevo “trilema” global que obliga a los países a administrar demandas crecientes en materia de seguridad, estabilidad financiera y capacidad de respuesta institucional.
Diagnóstico y propuestas para la agenda nacional
A partir de ese encuadre, Orlando trasladó la discusión al plano doméstico y advirtió que la disponibilidad de recursos naturales no garantiza por sí misma el desarrollo. “Los países no son automáticamente ricos en proporción a sus recursos naturales, lo son cuando promueven políticas que incentivan la creatividad y la iniciativa económica”, afirmó, en una definición que funcionó como uno de los ejes conceptuales de la noche.
Sobre ese diagnóstico, el discurso de Laspina buscó ordenar la agenda en dos planos. Por un lado, la “agenda del presente”, vinculada a la estabilización económica y a las reformas en curso; por otro, la “agenda del futuro”, orientada a definir el perfil productivo del país en los próximos diez años.
En relación con el presente, destacó que el Gobierno avanzó en medidas como la desintermediación de planes sociales, la simplificación de trámites administrativos y la modernización laboral, aunque advirtió que aún quedan pendientes reformas estructurales —como la previsional, la impositiva y la del régimen fiscal federal— de las que dependen la solvencia fiscal de largo plazo, la competitividad de las empresas y el desarrollo territorial.
“Sobre esa agenda del presente hay mucho escrito y muy poco hecho”, señaló Laspina, al tiempo que anticipó que CIPPEC buscará seguir impulsando esos debates para facilitar su implementación. Sin embargo, el núcleo de su exposición estuvo puesto en la necesidad de ir más allá de la coyuntura y construir una hoja de ruta que permita adaptar a la Argentina a un mundo en transformación.
La propuesta de CIPPEC, presentada durante su cena anual en Buenos Aires, sostiene que la Argentina atraviesa una oportunidad relevante para el desarrollo económico y social, aunque su éxito dependerá de la capacidad de las dirigencias políticas y empresariales para acordar y mantener reformas de largo plazo. El evento convocó a más de mil referentes y enfatizó la importancia de consensos básicos para garantizar estabilidad y avanzar en una agenda estratégica, según expusieron José Orlando y Luciano Laspina, autoridades de la institución.
Esa agenda de futuro, explicó Laspina, debe contemplar cambios estructurales que ya están en marcha, como la caída de la natalidad, el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo, la reconfiguración del mapa productivo y las nuevas dinámicas del comercio internacional, que abren una oportunidad para que el país se integre a cadenas globales de valor más dinámicas.
En ese contexto, planteó que la estrategia de desarrollo debería orientarse hacia una economía más integrada al mercado externo, apoyada en una articulación entre el sector privado y el Estado en sus distintos niveles. Y subrayó un punto central: la transición hacia ese modelo no debería hacerse “sobre las ruinas de la economía actual, sino sobre sus cimientos”, integrando las capacidades existentes —empresas, capital humano y recursos productivos— para acelerar el proceso con el menor costo social posible.
Participación plural y repercusiones institucionales
El planteo incluyó también una dimensión política. Laspina sostuvo que el principal desafío no es únicamente económico, sino la construcción de una visión de futuro compartida que permita superar la lógica de confrontación que, según describió, marcó a la Argentina en las últimas décadas. En ese sentido, propuso dejar atrás la dinámica de “dos Argentinas” enfrentadas y avanzar hacia consensos básicos que funcionen como reglas estables en el tiempo.
Esa idea derivó en la propuesta más concreta de la noche: la construcción de un acuerdo político “simple, básico y duradero”, basado en tres principios —respeto por los contratos, equilibrio fiscal y eliminación del financiamiento monetario del déficit— que funcione como un piso común entre oficialismo y oposición. “No entre los que piensan igual, sino entre los que piensan distinto”, enfatizó.
En línea con ese planteo, Laspina amplió el alcance de su llamado a la necesidad de construir reglas compartidas y mejorar la calidad del debate público. En ese marco, incluyó una referencia al rol del periodismo y agradeció la tarea de los medios en la difusión del trabajo de la institución. “A los periodistas, gracias por difundir siempre nuestro trabajo y por intentar que la libertad de expresión no se convierta en libertad de agresión”, señaló, al incorporar esa dimensión como parte de un clima más amplio de consensos institucionales.
La convocatoria tuvo una fuerte impronta plural. Entre los funcionarios nacionales estuvieron Sandra Pettovello (Capital Humano), Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
También asistieron los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), así como dirigentes provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Teresita Madera (La Rioja), Fabián Martín (San Juan) y Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteña.
La presencia legislativa fue amplia y diversa. Participaron los diputados Lisandro Almirón, Fernanda ávila, Gabriel Bornoroni, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás Massot, Germán Martínez, Sebastián Pareja, Luis Petri, Cristian Ritondo, Gisela Scaglia, Victoria Tolosa Paz y Nicolás Trotta, junto a los senadores Maximiliano Abad, Bartolomé Abdala, Patricia Bullrich, Carolina Losada, Flavia Royón, Silvana Schneider y Gerardo Zamora.
También participaron dirigentes con trayectoria en la gestión pública y el sistema político, como María Eugenia Vidal, Marco Lavagna, Emilio Monzó, Federico Pinedo, Mario Negri, Juan Manuel Abal Medina, Rodrigo de Loredo y Diego Bossio, entre otros.
El ámbito sindical estuvo representado por Cristian Jerónimo (CGT) y Gerardo Martínez (UOCRA), mientras que el componente internacional tuvo un peso significativo, con la presencia de embajadores y representantes de Alemania, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Congo, Emiratos árabes Unidos, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, la Unión Europea y Uruguay.
Entre ellos se encontraban Dieter Lamlé (Alemania), Ruzanna Azroyan (Armenia), Sarah Roberts (Australia), Ramzi Teymurov (Azerbaiyán), Hubert Cooreman (Bélgica), Julio Glinternick Bitelli (Brasil), Stewart Ross Wheeler (Canadá), Gonzalo Uriarte (Chile), Wei Wang (China), Daniel Marius CibanguI Kasonga Mubabinge (Congo), Saeed Abdulla Saif Alqemzi (Emiratos árabes Unidos), Joaquín María de Aristegui Laborde (España), Peter Lamelas (Estados Unidos), Nicola Lindertz (Finlandia), Romain Nadal (Francia), Gerard McCoy (Irlanda), Anna Keinan (Israel), Fabrizio Nicoletti (Italia), Yoshitaka Hoshino (Japón), Camila Aviña (México), Robert Muller (Países Bajos), Juan Luis Correa Esquivel (Panamá), Helena Felip (Paraguay), Carlos Chocano Burga (Perú), Gonçalo Teles Gomes (Portugal), Veljko Lazic (Serbia), Torsten Sven Ericsson (Suecia), Andrea Semadeni (Suiza), Süleyman Ömür Budak (Turquía), Erik Høeg (Unión Europea) y Diego Cánepa Baccino (Uruguay).
También participaron representantes de organismos internacionales y de cooperación como Lorena Chara (AFD), Viviana Alva Hart (BID), Susana Edjang (CAF), Romain Zivy (CEPAL), María Elena Araneo (Fonplata), María Julia Reyna (ICLEI), Claudia Mojica (ONU), Ernesto Fernández Polcuch (UNESCO), Mariana Isasi (UNPFA) y Rafael Ramírez (UNICEF).
Con esa composición, la cena anual de CIPPEC volvió a funcionar como una síntesis del sistema político y económico argentino. Pero, a diferencia de otras ediciones, el mensaje central no estuvo puesto únicamente en el diagnóstico, sino en la necesidad de construir condiciones de estabilidad que permitan sostener en el tiempo el proceso de transformación en marcha.
En ese sentido, la coincidencia entre Orlando y Laspina fue clara: la oportunidad existe, pero su aprovechamiento dependerá de la capacidad de la dirigencia para acordar reglas básicas y sostenerlas en el tiempo. “Sin reglas, sin acuerdos, no hay futuro”, resumió el director ejecutivo, en una definición que sintetizó el tono general de la convocatoria.
*Fotos: Jaime Olivos, Gustavo Gavotti y prensa CIPPEC.
Cippec 2026
POLITICA
Emergencia en discapacidad: Lugones propone nuevos cambios y reaviva un conflicto con alto costo político para el Gobierno
El Gobierno retoma una batalla legislativa que perdió pocos meses atrás. El ministro de Salud, Mario Lugones, envió al Senado un proyecto que desarma los principales pilares de la ley de emergencia en discapacidad sancionada e insistida por el Congreso el año pasado. Reabre así una discusión que tuvo un costo político alto para el oficialismo.
La nueva iniciativa, titulada “contra el fraude de pensiones por invalidez”, ingresó por la Cámara alta, donde La Libertad Avanza (LLA) cuenta con una correlación de fuerzas más favorable que en Diputados.
Pero el antecedente reciente no es auspicioso: la emergencia en discapacidad, junto con el presupuesto universitario, no solo unificó a la oposición sino que también le hizo perder al Gobierno un capítulo entero del Presupuesto 2026. Se trata de dos debates sensibles que ahora vuelven a escena.
El movimiento, además, expone tensiones internas. Lugones responde al asesor presidencial Santiago Caputo, cuyo vínculo con Karina Milei -según coinciden fuentes oficiales- atraviesa un punto de fricción difícil de revertir.
En ese esquema, la avanzada sobre discapacidad vuelve a mostrar las diferencias de estrategia entre el ala “caputista”, que empuja reformas sin contemplaciones, y el sector alineado con la secretaria general, que busca administrar los tiempos políticos.
El año pasado, Martín Menem intentó evitar el costo de una derrota en el recinto. Propuso otorgar un aumento a los prestadores -cuyos aranceles estaban congelados- para desactivar el frente legislativo, pero finalmente se avanzó en otra dirección. El resultado fue adverso y, como presidente de la Cámara de Diputados, terminó gestionando las consecuencias de una discusión mal calibrada.
Ahora, el primer filtro estará en el Senado. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, deberá ordenar la estrategia y contener las resistencias que ya empiezan a aflorar. En el entorno de Menem habían anticipado que el tema volvería este año, pero con un enfoque centrado en controles más estrictos sobre las pensiones. El proyecto, sin embargo, va más allá y reabre el núcleo del conflicto: el monto de las prestaciones.
El margen político es estrecho. Solo un puñado de aliados provinciales, de Pro y la UCR acompañó al oficialismo en los intentos previos de frenar aumentos e indexaciones para prestadores. En paralelo, sigue abierto el frente judicial en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde el exdirector Diego Spagnuolo quedó bajo investigación por presuntos pedidos de coimas de funcionarios de alto rango a empresarios proveedores de insumos. La causa, a cargo del fiscal Franco Piccardi, agrega ruido a una discusión de por sí sensible. Allí figuran, entre otros mencionados, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
En ese contexto, organizaciones y familias de personas con discapacidad ya convocaron a una movilización para el miércoles a las 11 frente al Ministerio de Salud. El conflicto puede volver a escalar.
El texto, firmado por Lugones, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fundamenta los cambios sobre la base de que la ley vigente amplió el universo de beneficiarios y flexibilizó condiciones “sin tener en consideración los recursos públicos disponibles”.
El primer cambio fuerte está en el acceso a las pensiones. Se mantiene el monto -equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio-, pero se abandona el criterio de “protección social” basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En su lugar, se vuelve a un esquema de invalidez laboral: solo podrán acceder quienes estén imposibilitados de trabajar. En los hechos, esto reduce el universo de beneficiarios y deja afuera a quienes hoy combinan discapacidad con inserción laboral parcial.
En esa misma línea, la pensión deja de ser compatible con el empleo formal. A diferencia del régimen actual, que permitía trabajar dentro de ciertos límites de ingresos, el nuevo esquema establece incompatibilidad total con cualquier vínculo laboral registrado o inscripción tributaria.
El segundo eje apunta al sistema de prestaciones. El proyecto elimina los aranceles únicos y universales -el nomenclador- que fijaban valores homogéneos para todo el país. En adelante, los precios de terapias, acompañantes, centros de día o transporte quedarán sujetos a negociaciones entre obras sociales, prepagas y prestadores.
El Estado solo intervendrá cuando sea financiador directo -como en Incluir Salud o PAMI-, con actualizaciones trimestrales que no estarán atadas de manera automática a la inflación, como establece la ley de emergencia. En la práctica, esto implica que los valores podrían quedar rezagados.
Este punto impacta directamente en el funcionamiento del sistema solidario. Hoy, el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) -financiado con el 15% de los aportes de obras sociales y prepagas funciona como sostén del nomenclador único: es decir, garantiza valores homogéneos para todas las prestaciones y ayuda a cubrir los costos, especialmente en las entidades con menor capacidad financiera.
Al desregular los aranceles y eliminar el nomenclador, los valores dejarán de ser comunes y pasarán a definirse en negociaciones individuales entre prepagas u obras sociales y prestadores. En ese esquema, las grandes prepagas -con mayor volumen de aportes- quedarían en mejor posición para negociar directamente, mientras que las obras sociales más pequeñas, que se beneficiaban del sistema solidario, podrían tener dificultades para afrontar los costos de algunos servicios.
En la práctica, el cambio tiende a fragmentar el sistema y a debilitar el mecanismo de redistribución que hasta ahora permitía equilibrar las diferencias entre entidades.
El proyecto también endurece los controles. Establece auditorías con cruces de datos entre Anses y ARCA, que podrían derivar en suspensiones preventivas ante inconsistencias. Además, define un reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios en un plazo no menor a 90 días: quien no actualice su información podrá perder automáticamente la prestación.
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