Unas elecciones de resultado muy ajustado en Maipú, distrito de la quinta sección electoral bonaerense, en el año 2019, derivaron en una denuncia por maniobras para manipular el resultado y esa investigación decantó en el procesamiento, siete años después, del intendente municipal, Matías Rappallini, y su exsecretaria de Gobierno, Lorena Otermín, actual intendenta interina en reemplazo de Rappallini, que está de licencia.

El juez federal Alejo Ramos Padilla definió este miércoles el procesamiento del jefe comunal, enrolado en la Unión Cívica Radical, por considerar que, junto a Otermín, “organizaron y realizaron acciones coordinadas dirigidas a retener documentos de identidad de terceros mediante engaños y así lograr impedirles ejercer su derecho al voto”.

La causa que derivó en el procesamiento del intendente de Maipú se inició en 2019, en medio de los comicios en los que se impuso por una diferencia de solo 49 votos (4212 contra 4163) a Carlos Coudannes, candidato del Frente de Todos. Se denunció la retención de los documentos de identidad de al menos 27 ciudadanos que habrían sido impedidos de votar, y la posterior entrega de esas identificaciones a cambio de dinero, alimentos u otros bienes.

Los damnificados, según la investigación, fueron mayoritariamente personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, principalmente mujeres con hijos a cargo.

El juez, en el mismo fallo, dispuso la falta de mérito para Marcelo Osvaldo Condoleo, que era jefe comunal de la policía en Maipú, y sobreseyó a Federico Rappallini.

En 2022 y 2023, el juzgado de Ramos Padilla (juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires) dictó los primeros procesamientos contra personas vinculadas a la Municipalidad de Maipú por estos hechos. La Cámara Nacional Electoral consideró acreditada la existencia de un mecanismo organizado para intervenir en el proceso electoral.

La investigación fue delegada en el Ministerio Público Fiscal y, el 25 de abril de 2025, se solicitó la elevación a juicio de imputados que ya estaban procesados. En febrero de 2026, según consignaron desde el juzgado de Ramos Padilla, la fiscalía pidió nuevas declaraciones indagatorias respecto de otros involucrados.

Desde 2024, Rappallini está de licencia como intendente por tiempo indefinido. Solicitó apartarse del cargo para dedicarse a su empresa familiar, la firma de cosméticos Gigot. Otermín asumió en su reemplazo, como intendenta interina. El jefe comunal ganó, en 2023, su tercer mandato consecutivo. Entre 2007 y 2015, gobernó el municipio su hermano, Aníbal Rappallini.

El presidente Javier Milei confirmó, ayer, que reflotará el proyecto de Ficha Limpia para impedir que personas condenadas en segunda instancia se presenten como candidatos para cargos electivos. De aprobarse, la restricción dejaría fuera de competencia a distintos dirigentes del Partido Justicialista (PJ) involucrados en casos de corrupción.

La propuesta del Ejecutivo, según trascendió, se aplicaría para todas aquellas personas condenadas en segunda instancia por casos de corrupción o delitos dolosos. Las penas deben ser confirmadas antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral para ser tenidas en cuenta.

Bajo estas condiciones, el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno es uno de los dirigentes peronistas que no podría volver a postularse en 2027. La Cámara Federal de Casación había confirmado, en mayo de 2025, la condena a tres años de prisión en suspenso del exfuncionario de Cristina Kirchner por alterar los datos de medición de la inflación del Indec. Es decir, enfrenta por ese delito una condena en segunda instancia tal como plantea el proyecto que enviará el gobierno nacional al Congreso.

El exfuncionario cuenta también con condena firme −es decir, confirmada por la Corte Suprema de Justicia, última instancia de apelación− en otras dos causas: una por la compra de cotillón anti-Clarín y otra por amenazas en una asamblea de Papel Prensa.

La pena contra Moreno ya incluía la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo cual plantea la pregunta sobre si Ficha Limpia modifica o no la situación electoral de este y otros exfuncionarios condenados e inhabilitados. El caso ineludible es el de la expresidenta Cristina Kirchner.

En declaraciones radiales, Moreno había deslizado que, de todos modos, buscaría presentarse en 2027 dado que −interpretaba− “la condena es por inhabilitación perpetua para ser funcionario público” y que “un funcionario público es un policía o un ministro”. A su criterio, la restricción no alcanzaría a los cargos electivos. Ahora, de aprobarse Ficha Limpia, quedaría frustrado de antemano cualquier intento de sortear esa condena.

Al igual que Moreno, Cristina Kirchner también cuenta con condena firme. En junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme el fallo contra la expresidenta en la Causa Vialidad y la pena a seis años de prisión −que cumple en su domicilio de San José 1111, en Constitución− e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Otro de los dirigentes del PJ que podría verse afectado por Ficha Limpia es el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Había sido condenado por un tribunal oral provincial a ocho años de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública, pena que fue confirmada luego en segunda instancia por la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos.

De aprobarse el proyecto del oficialismo, Urribarri no podría postularse para cargos nacionales. Sí podría presentarse a cargos provinciales, dado que Entre Ríos aún no logró sancionar una ley provincial de Ficha Limpia.

Otro de los exfuncionarios kirchneristas que podría verse afectado por la aprobación de Ficha Limpia a nivel nacional es Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP (hoy, ARCA). El mes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su condena a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública por haber favorecido a la empresa Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles. De aprobarse la reforma electoral que impulsa el Gobierno, no podría integrar una lista electoral.

También quedaría fuera de juego el empresario de la carne y dirigente peronista Alberto Samid, habitual animador de las contiendas electorales, por dentro o por fuera de la estructura del PJ. En 2019, el matarife recibió la confirmación por parte de la Casación Penal de una condena a cuatro años de prisión por haber integrado una asociación ilícita que evadió impuestos en los 90.

La sanción de Ficha Limpia no alcanzaría, en tanto, a dirigentes de otros partidos políticos que están siendo investigados por la Justicia como José Luis Espert. El exdiputado nacional y excandidato de La Libertad Avanza (LLA) quedó imputado, en octubre de 2025, por presunto lavado de dinero a instancias de una denuncia que presentó el legislador y dirigente social Juan Grabois luego de que se conociera que había cobrado 200.000 dólares de Federico Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico.

Aunque enfrenta esta denuncia, Espert no tiene condenas en su contra, ni siquiera en primera instancia, por lo que, incluso si se aprobara Ficha Limpia, no existiría ninguna restricción legal a una candidatura en caso de que decidiera volver a la arena política.

Otros dirigentes inhabilitados

A estos dirigentes afectados, se suman otros exfuncionarios kirchneristas que, incluso de no sancionarse Ficha Limpia, ya enfrentan algún tipo de inhabilitación para competir en elecciones. Es el caso, entre otros, del exvicepresidente de Cristina Kirchner, Amado Boudou. En 2020, la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Ciccone.

Algo similar sucede con el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por la Tragedia de Once. En noviembre del año pasado, la Corte Suprema dejó firme el fallo por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa por el siniestro ferroviario.

El exministro de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner Ricardo Jaime también tiene condena firme en la causa por la Tragedia de Once, de modo que tampoco podría ser candidato.