POLITICA
El Ministerio de Capital Humano apelará el fallo que ordenó continuar con el plan Volver al Trabajo
El Gobierno acatará el fallo judicial que ordenó la continuidad del programa Volver al Trabajo, pero avanzará en paralelo con una apelación para revertir la medida cautelar que frenó su reformulación. La decisión implica, en los hechos, sostener el esquema de transferencias que alcanzaba a más de 900 mil beneficiarios con un ingreso mensual de $78.000, pese a que el Ministerio de Capital Humano ya había diseñado un redireccionamiento de esos recursos hacia políticas de capacitación laboral y el establecimiento de la doble jornada en escuelas de sectores vulnerables.
La resolución que condiciona la estrategia oficial fue dictada por el juez federal con jurisdicción en Campana, Adrián González Charvay, que hizo lugar a una cautelar presentada contra la eliminación del programa. El fallo obliga al Ejecutivo a mantener vigente el plan en su formato original, al menos hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que “el Programa Volver al Trabajo finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento su creación”.
“El Ministerio efectuó una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal”, continuó el parte de prensa.
Y agregó: “En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”.
Un cambio frenado por la Justicia
En la Casa Rosada y en el área que conduce Sandra Pettovello interpretan la decisión como una intromisión del Poder Judicial en el diseño de la política pública.
“Vamos a acatar lo que diga la Justicia, como hacemos siempre, aunque no estemos de acuerdo”, sintetizó una fuente del Gobierno ante la consulta de Infobae. La definición expone la línea institucional que busca sostener el oficialismo —cumplimiento formal de las decisiones judiciales—, pero al mismo tiempo deja en claro el desacuerdo de fondo con el criterio adoptado por el magistrado.
El eje del conflicto remite a la reconversión de los planes sociales que había comenzado a delinear el Ministerio de Capital Humano. El programa Volver al Trabajo, heredero de esquemas previos de asistencia, tenía —según explican en el Gobierno— un horizonte temporal definido y una lógica de transición hacia el empleo formal. Esa ingeniería quedó interrumpida por la cautelar que firmó González Charvay.
Desde el Gobierno aseguran que el rediseño contemplaba una reasignación integral de la partida presupuestaria. Por un lado, se proyectaba un sistema de vouchers para capacitación, con adhesión de centros formativos en las provincias, orientado a mejorar la empleabilidad de los beneficiarios. Por otro, se buscaba financiar la extensión de la doble escolaridad en escuelas de contextos vulnerables, como mecanismo de intervención temprana sobre la pobreza estructural.
“La reconversión de los planes de trabajo fue cercenada por esta decisión”, señalaron las fuentes consultadas. En esa lectura, la cautelar no sólo interrumpe un cambio administrativo, sino que altera el sentido estratégico de la política social del Gobierno, que intenta correrse de los esquemas de transferencia directa sin contraprestación.
El argumento central que circula en el oficialismo es que la resolución judicial “obliga a usar el dinero en lo que ya existía”, consolidando —según esa visión— un modelo de asistencia que el Gobierno pretende modificar. “Esto es la perpetuidad del asistencialismo”, describieron en términos críticos. La expresión condensa una idea que atraviesa el diagnóstico libertario: la persistencia de programas sociales como un mecanismo que, lejos de resolver la pobreza, la cristaliza.
En ese marco, el fallo es interpretado como un obstáculo directo a la agenda de transformación que impulsa la administración de Javier Milei. “Una vez más, el Poder Judicial termina haciendo política pública y nos dice cómo asignar los recursos”, agregaron desde Capital Humano, en una crítica que apunta a la expansión del rol de los jueces en decisiones de carácter presupuestario.
El programa Volver al Trabajo, tal como estaba concebido en la transición, tenía un plazo de ejecución acotado. “Era un esquema que empezaba y terminaba en un período determinado”, explicaron cerca de la ministra. La cautelar, en cambio, introduce un factor de indefinición que, en la práctica, extiende la vigencia del plan sin un horizonte claro de salida.
Esa extensión es leída en el oficialismo como un retroceso respecto del objetivo de sustituir la asistencia por herramientas de inserción laboral. La combinación de capacitación y estímulos a la escolaridad formaba parte de una estrategia más amplia, que ahora queda, al menos temporalmente, en suspenso.
“Le sacaron la posibilidad a los chicos más vulnerables de acceder a más horas de escuela”, plantearon las fuentes, en referencia al componente educativo que iba a financiarse con los fondos del programa. La doble escolaridad aparecía como una de las apuestas centrales del redireccionamiento, bajo la premisa de que la intervención en la infancia tiene efectos de largo plazo más robustos que la asistencia monetaria directa.
En paralelo, el Gobierno avanzará con la apelación del fallo, con el objetivo de revertir la cautelar y recuperar margen de maniobra sobre el diseño de la política social. La presentación judicial buscará cuestionar los fundamentos de la medida y reponer la potestad del Ejecutivo para definir la asignación de partidas presupuestarias.
“Vamos a hacer las presentaciones correspondientes”, confirmaron en Capital Humano. La estrategia combina, así, dos planos: cumplimiento de la orden judicial y disputa legal para modificarla. Es una lógica que el Gobierno ya aplicó en otros frentes, en los que se vio condicionado por decisiones de la Justicia.
Mientras tanto, la continuidad del programa implica sostener el esquema de transferencias tal como venía funcionando. Para el oficialismo, esa situación refuerza un modelo que considera agotado. Para los sectores que promovieron la cautelar, en cambio, se trata de garantizar ingresos en un contexto de alta vulnerabilidad social.
Para la Casa Rosada, el trasfondo del conflicto excede el destino de un programa puntual, sino que lo que está en discusión es el enfoque de la política social: asistencia directa versus reconversión hacia empleo y educación. La cautelar congeló, por ahora, ese cambio.
POLITICA
Jorge Macri le respondió a Patricia Bullrich por sus cuestionamientos al estado del subte en la Ciudad
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le respondió a la senadora de La Libertad Avanza y probable candidata a sucederlo en el cargo Patricia Bullrich, quien cuestionó este miércoles el estado del subte de la ciudad de Buenos Aires.
“Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!”, respondió Macri en X, en una velada crítica a su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta.
En ese sentido, Macri le remarcó que el subte es una “prioridad” para su gobierno y enumeró las acciones que tomó la administración porteña en ese ámbito:
“Ya licitamos la Línea F, la primera en 25 años. Compramos 174 coches para renovar toda la Línea B, que no hace falta ni que te diga en qué estado la recibimos, y 50 más para las Líneas A y C. Todos 0KM”, precisó.
Asimismo, destacó que CABA es una de las primeras ciudades del mundo en incorporar el multipago en el subte. “Antes eras rehén de la SUBE, hoy tenés libertad para pagar como quieras”, indicó.
Y por último, aseguró que el gobierno porteño avanzó en la licitación para renovar “77 escaleras mecánicas”, algunas con más de 70 años de antigüedad y en la modernización de “30 estaciones”.
En un posteo en X por la mañana, Bullrich había criticado que la Argentina no figuraba entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión del sistema de subte.
“Un servicio que funciona mal, líneas que no conectan y una Ciudad donde moverse de punta a punta es cada vez más complicado. Mientras otras capitales avanzaron, Buenos Aires perdió el ritmo”, criticó la senadora libertaria.
De esa manera, Bullrich volvió a mostrarse en modo campaña mientras su nombre se impulsa como la principal candidata oficialista a jefa de Gobierno porteño en las elecciones de 2027 en momentos en los que la figura de Manuel Adonri que aparecía como potencial candidato—se debilita en medio del escándalo por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Desde LLA apuestan a desbancar a Pro, la fuerza que lidera Mauricio Macri, el principal aliado parlamentario de Milei, de su histórico bastión de poder.
Hace pocos días encabezó una recorrida por el centro comercial de Villa Lugano, en el sur de la ciudad, en donde caminó una cuadra y dialogó con comerciantes y vecinos que salían a su encuentro cuando la reconocían. Más temprano, visitó una fábrica de juguetes en Villa Soldati, en donde LLA carece de un fuerte arraigo territorial.
Jorge Macri,principal candidata oficialista a jefa de Gobierno porteño,Jorge Macri,Patricia Bullrich,Subte,Conforme a,,»Siempre tan democrática». Petri acusó a Villarruel de querer imponerle una “mordaza legal” y Milei lo respaldó,,»Buenos Aires perdió el ritmo». Patricia Bullrich, en modo campaña: cuestionó duramente el estado del subte en la Ciudad,,“La ley nació muerta”. Nueva respuesta del Gobierno tras la marcha universitaria en todo el país,Jorge Macri,,»Buenos Aires perdió el ritmo». Patricia Bullrich, en modo campaña: cuestionó duramente el estado del subte en la Ciudad,,Radio y TV. Pese a la advertencia de Nación, Jorge Macri avanza con la concesión de los medios públicos de la Ciudad,,Avanzan con la concesión de los medios públicos porteños. Hubo dos propuestas para el Canal de la Ciudad
POLITICA
Presti restableció la función de contrainteligencia militar y deroga una resolución de la gestión de Nilda Garré
El ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, firmó una resolución que restablece las funciones de contrainteligencia militar dentro de las Fuerzas Armadas y deroga una normativa vigente desde 2006, dictada durante la gestión de Nilda Garré. La medida fue publicada este mediodía y representa una de las reformas más relevantes impulsadas por el Gobierno en materia de inteligencia de la defensa.
La nueva disposición reorganiza el Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF) y vuelve a integrar funciones de inteligencia y contrainteligencia militar que habían quedado separadas hace casi dos décadas por una decisión doctrinaria adoptada durante el kirchnerismo.
Según pudo confirmar Infobae, uno de los cambios centrales de la reforma es que el área de contrainteligencia militar pasará a depender del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en línea con el objetivo oficial de fortalecer la conducción conjunta del sistema de inteligencia de defensa y unificar criterios operativos entre las distintas fuerzas.
La resolución establece además que el Sistema de Inteligencia de Defensa estará conformado por la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DGIEMCO) y las direcciones de inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
El texto firmado por Presti también dispone que las direcciones generales de inteligencia de las Fuerzas Armadas deberán considerarse “componentes independientes entre sí y bajo control funcional” de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.
En el Gobierno sostienen que la resolución vigente desde 2006 había generado una situación excepcional respecto de los sistemas de defensa modernos, al impedir que las Fuerzas Armadas contaran con herramientas básicas de prevención y resguardo frente a amenazas externas dirigidas contra personal militar, infraestructura sensible, sistemas de información y capacidades estratégicas.
La propia resolución sostiene que la normativa impulsada durante la gestión Garré “debilitó el Sistema de Inteligencia en el ámbito de la Defensa Nacional, tornándolo vulnerable a las actividades de Inteligencia de actores externos”.
La reforma busca adecuar el sistema argentino de inteligencia militar al escenario internacional actual y a los lineamientos fijados por el presidente Javier Milei en el marco de la reorganización más amplia del Sistema de Inteligencia Nacional impulsada junto a la SIDE.
Entre los fundamentos de la resolución, el Ministerio de Defensa sostiene que “la evolución de la situación regional y mundial en la última década pone en evidencia el surgimiento de diferentes amenazas, la concreción de complejos tipos de agresiones, nuevas formas de accionar en conflictos bélicos e incluso la configuración de escenarios de crisis o tensión donde se manifiestan tácticas híbridas”.
El texto agrega que entre esas amenazas “destacan los ciberataques y las actividades en el marco cognitivo”.
En el Ministerio de Defensa sostienen que la normativa derogada respondía a un criterio doctrinario de fuerte sesgo ideológico que fragmentó funciones consideradas complementarias en cualquier estructura moderna de defensa. La visión oficial es que ningún país con capacidades estratégicas relevantes separa las funciones de inteligencia y contrainteligencia militar.
La contrainteligencia militar comprende tareas orientadas a prevenir, detectar y neutralizar acciones de espionaje, infiltración, sabotaje, obtención ilegal de información sensible y operaciones destinadas a afectar capacidades militares o estratégicas de un país.
En esa línea, la resolución cita el Decreto 941/25 y señala que la contrainteligencia militar deberá prevenir infiltraciones, espionaje, sabotaje e injerencia de factores externos sobre el proceso decisorio de las autoridades constitucionales y los intereses estratégicos nacionales.
Dentro del Gobierno afirman que la separación impuesta en 2006 limitó durante años mecanismos básicos de autoprotección institucional frente a amenazas externas y nuevas formas de conflictividad internacional.
En ese marco, la Casa Rosada menciona como amenazas concretas el crecimiento de organizaciones terroristas y paraestatales con capacidad operativa internacional, como Hezbollah y Hamas, y el avance de operaciones de injerencia promovidas por potencias extranjeras.
Según pudo saber Infobae, funcionarios nacionales toman como referencia el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, donde comandos armados ingresaron en territorio israelí, atacaron bases militares y asesinaron a más de 1.000 personas. En el oficialismo consideran que ese episodio mostró el tipo de amenazas híbridas y acciones coordinadas que hoy obligan a revisar doctrinas de inteligencia y defensa.
En paralelo, el Gobierno observa con preocupación las disputas geopolíticas y las operaciones de injerencia desarrolladas por actores estatales como Rusia y China, especialmente en áreas vinculadas a infraestructura estratégica, ciberseguridad, inteligencia tecnológica y control de información sensible.
La resolución también incorpora el concepto de “operaciones en el campo cognitivo” y sostiene que esas acciones “son asiduamente ejecutadas por organismos estatales y paraestatales estratégicos extranjeros” y por organizaciones criminales.
Según el texto oficial, esas operaciones buscan afectar “la confianza en las instituciones y la cohesión social” e “incidir negativamente sobre el Sistema de Defensa de la Nación Argentina”.
Según pudo confirmar Infobae, uno de los argumentos centrales de la resolución es que las Fuerzas Armadas argentinas necesitan recuperar capacidades de prevención y resguardo frente a amenazas complejas que combinan espionaje, presión geopolítica, ciberguerra, terrorismo y operaciones de injerencia.
El texto firmado por Presti también cuestiona que la resolución de 2006 hubiera prohibido las actividades de operaciones psicológicas dirigidas a enemigos o el monitoreo de las que pudieran realizarse contra las propias fuerzas. Según el nuevo esquema, esa restricción dejó “inermes” a las Fuerzas Armadas frente a acciones orientadas a procurar “el quiebre de su moral”.
La resolución también fortalece la conducción conjunta del sistema de inteligencia militar y redefine el funcionamiento interno del SIDEF, en línea con la estrategia oficial de modernización de las capacidades de defensa y seguridad.
En ese marco, la resolución establece que la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto tendrá una doble responsabilidad de asesoramiento y asistencia tanto al ministro de Defensa como al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Además, dispone que el Comando de Operaciones Conjuntas desarrollará la inteligencia operacional en tiempo de paz y fuera de los teatros de operaciones en tiempos de guerra.
En el Ministerio de Defensa remarcan que la medida mantiene expresamente todas las prohibiciones legales vinculadas al espionaje interno. Según explican, la resolución no habilita tareas sobre actividades políticas, sindicales, sociales ni sobre organizaciones civiles ajenas al ámbito específico de la defensa nacional.
El artículo 8 de la resolución prohíbe expresamente obtener información o producir inteligencia sobre personas por razones vinculadas a raza, religión, opinión política o pertenencia a organizaciones partidarias, sindicales o sociales. También impide influir sobre la situación institucional, política, económica o social del país.
Ese punto aparece como uno de los ejes centrales del mensaje oficial para evitar cuestionamientos vinculados a posibles desvíos sobre inteligencia interior, un tema especialmente sensible en la Argentina desde el retorno democrático y las posteriores reformas legislativas impulsadas tras los abusos cometidos durante la última dictadura militar.
La resolución se apoya en la idea de que el escenario internacional actual exige revisar doctrinas diseñadas para otro contexto geopolítico y adaptar las capacidades estatales frente a amenazas híbridas, ciberataques, operaciones de injerencia, terrorismo y organizaciones criminales transnacionales.
La reforma se inscribe además en el proceso más amplio de reconfiguración del sistema de inteligencia que impulsa el Gobierno nacional desde el año pasado. En los últimos meses, la administración Milei avanzó con distintos cambios normativos y operativos orientados a fortalecer la articulación entre organismos de inteligencia, seguridad y defensa.
Entre otras iniciativas recientes, la SIDE inauguró el Centro Nacional Antiterrorista (CNA) con participación del FBI y autoridades estadounidenses, en una señal de profundización de la cooperación internacional en materia de inteligencia y contraterrorismo.
En el oficialismo consideran que la resolución firmada por Presti corrige una anomalía estructural que había dejado a las Fuerzas Armadas argentinas en una situación atípica respecto de otros sistemas de defensa occidentales.
La resolución fija además un plazo de 90 días para adecuar la doctrina de inteligencia y contrainteligencia militar y de 120 días para organizar, equipar, adiestrar y alistar los nuevos elementos de contrainteligencia militar y contrainteligencia militar en el dominio informacional.
El texto también señala como objetivo “dejar de ser vulnerable ante las acciones de actores estratégicos estatales o paraestatales y de organizaciones criminales de origen externo”.
Fuentes oficiales señalaron a Infobae que la medida busca fortalecer la capacidad del Estado para proteger personal, infraestructura e información sensible frente a amenazas externas, operaciones de injerencia y organizaciones criminales.
El diputado nacional Luis Petri volvió a cruzar a la vicepresidenta Victoria Villarruel en redes sociales: se quejó de esté insistiendo contra él en la Justicia y puso en duda su vocación democrática. Fue respaldado, con un retuit, por el presidente Javier Milei, enfrentado con su excompañera de fórmula.
“No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática!“, expresó el exfuncionario en su cuenta de X.
El mes pasado, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, desestimó la denuncia penal que la vicepresidenta había presentado contra Petri por “calumnias e injurias”. El letrado consideró que los actos señalados no configuran delitos de acción pública. El exministro de Defensa la había acusado de “golpista” y de favorecer a la oposición porque “apostó por el fracaso del Gobierno”.
“Cuando el Presidente habló de ‘aquellos que desde la oposición y el Gobierno se relamen por sentarse en el sillón de Rivadavia’ hizo alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”, había dicho a TN el diputado nacional en referencia al discurso del primer mandatario en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. Durante la transmisión oficial, las cámaras apenas enfocaron a Villarruel, un síntoma adicional del quiebre entre Villarruel y Milei.
Petri incluso había cuestionado la decisión de la vicepresidenta de habilitar sesiones en la Cámara alta para tratar proyectos de la oposición. “Debe haber pensado en ser presidenta. Creo que apostó al fracaso de nuestro gobierno. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas”, sostuvo en la misma entrevista.
Ahora, la vicepresidenta insistirá en su cruzada judicial contra Petri y -según denunció públicamente el diputado- le impuso una “mordaza legal” para impedir que vuelva a referirse a su persona. El exministro ironizó en redes sociales sobre el carácter democrático de ese tipo de prácticas.
La publicación del exfuncionario contra la vicepresidenta fue retuiteada esta mañana por Milei, quien desde hace más de un año está enfrentado con Villarruel. En más de una oportunidad, el Presidente se refirió a quien fue su compañera de fórmula en 2023 como una “traidora” y la acusó, en la misma línea que Petri, de actuar en contra de los intereses de la administración nacional.
Entre otras cuestiones, el líder de La Libertad Avanza (LLA) le reclama a Villarruel haber habilitado y presidido la sesión en la que se debatieron, el año pasado, los proyectos de aumento jubilatorio y emergencia en discapacidad. Se trata de dos iniciativas que el oficialismo buscaba bloquear con el argumento de que atentaban contra el equilibrio de las cuentas públicas. En más de una oportunidad, la cuestionó también por autorizar subas en las dietas de los senadores.
Las publicaciones de Villarruel en contra del aumento de los fondos reservados para la SIDE y los periplos oficiales del Presidente, por ejemplo, también contribuyeron a deteriorar la relación entre ambos dirigentes. Un efecto similar tuvieron los guiños de la vicepresidenta a figuras del Partido Justicialista (PJ), como Ricardo Quintela, con quien se mostró en un acto oficial de La Rioja, o su visita a María Estela Martínez, viuda de Perón.
https://t.co/2syvfYeeQR,May 13, 2026,denuncia penal,Asamblea Legislativa del 1 de marzo.,le reclama a Villarruel haber habilitado,contra del aumento de los fondos reservados para la SIDE,Luis Petri,Victoria Villarruel,La Libertad Avanza,Conforme a,Luis Petri,,Quiebre total. Petri criticó a Villarruel y la vice contraatacó: «Quieren mi renuncia pero no se les va a dar»,,»Si uno no es genuino, se nota». Cristina Pérez: de su vuelta a LN+ a cómo enfrentar las fake news y cómo busca unir a su familia,,Se hará en Córdoba. La Argentina vuelve a tener un avión de fabricación nacional
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