POLITICA
El Ministerio de Capital Humano apelará el fallo que ordenó continuar con el plan Volver al Trabajo

El Gobierno acatará el fallo judicial que ordenó la continuidad del programa Volver al Trabajo, pero avanzará en paralelo con una apelación para revertir la medida cautelar que frenó su reformulación. La decisión implica, en los hechos, sostener el esquema de transferencias que alcanzaba a más de 900 mil beneficiarios con un ingreso mensual de $78.000, pese a que el Ministerio de Capital Humano ya había diseñado un redireccionamiento de esos recursos hacia políticas de capacitación laboral y el establecimiento de la doble jornada en escuelas de sectores vulnerables.
La resolución que condiciona la estrategia oficial fue dictada por el juez federal con jurisdicción en Campana, Adrián González Charvay, que hizo lugar a una cautelar presentada contra la eliminación del programa. El fallo obliga al Ejecutivo a mantener vigente el plan en su formato original, al menos hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que “el Programa Volver al Trabajo finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento su creación”.
“El Ministerio efectuó una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal”, continuó el parte de prensa.
Y agregó: “En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”.
Un cambio frenado por la Justicia
En la Casa Rosada y en el área que conduce Sandra Pettovello interpretan la decisión como una intromisión del Poder Judicial en el diseño de la política pública.
“Vamos a acatar lo que diga la Justicia, como hacemos siempre, aunque no estemos de acuerdo”, sintetizó una fuente del Gobierno ante la consulta de Infobae. La definición expone la línea institucional que busca sostener el oficialismo —cumplimiento formal de las decisiones judiciales—, pero al mismo tiempo deja en claro el desacuerdo de fondo con el criterio adoptado por el magistrado.
El eje del conflicto remite a la reconversión de los planes sociales que había comenzado a delinear el Ministerio de Capital Humano. El programa Volver al Trabajo, heredero de esquemas previos de asistencia, tenía —según explican en el Gobierno— un horizonte temporal definido y una lógica de transición hacia el empleo formal. Esa ingeniería quedó interrumpida por la cautelar que firmó González Charvay.

Desde el Gobierno aseguran que el rediseño contemplaba una reasignación integral de la partida presupuestaria. Por un lado, se proyectaba un sistema de vouchers para capacitación, con adhesión de centros formativos en las provincias, orientado a mejorar la empleabilidad de los beneficiarios. Por otro, se buscaba financiar la extensión de la doble escolaridad en escuelas de contextos vulnerables, como mecanismo de intervención temprana sobre la pobreza estructural.
“La reconversión de los planes de trabajo fue cercenada por esta decisión”, señalaron las fuentes consultadas. En esa lectura, la cautelar no sólo interrumpe un cambio administrativo, sino que altera el sentido estratégico de la política social del Gobierno, que intenta correrse de los esquemas de transferencia directa sin contraprestación.
El argumento central que circula en el oficialismo es que la resolución judicial “obliga a usar el dinero en lo que ya existía”, consolidando —según esa visión— un modelo de asistencia que el Gobierno pretende modificar. “Esto es la perpetuidad del asistencialismo”, describieron en términos críticos. La expresión condensa una idea que atraviesa el diagnóstico libertario: la persistencia de programas sociales como un mecanismo que, lejos de resolver la pobreza, la cristaliza.
En ese marco, el fallo es interpretado como un obstáculo directo a la agenda de transformación que impulsa la administración de Javier Milei. “Una vez más, el Poder Judicial termina haciendo política pública y nos dice cómo asignar los recursos”, agregaron desde Capital Humano, en una crítica que apunta a la expansión del rol de los jueces en decisiones de carácter presupuestario.
El programa Volver al Trabajo, tal como estaba concebido en la transición, tenía un plazo de ejecución acotado. “Era un esquema que empezaba y terminaba en un período determinado”, explicaron cerca de la ministra. La cautelar, en cambio, introduce un factor de indefinición que, en la práctica, extiende la vigencia del plan sin un horizonte claro de salida.
Esa extensión es leída en el oficialismo como un retroceso respecto del objetivo de sustituir la asistencia por herramientas de inserción laboral. La combinación de capacitación y estímulos a la escolaridad formaba parte de una estrategia más amplia, que ahora queda, al menos temporalmente, en suspenso.
“Le sacaron la posibilidad a los chicos más vulnerables de acceder a más horas de escuela”, plantearon las fuentes, en referencia al componente educativo que iba a financiarse con los fondos del programa. La doble escolaridad aparecía como una de las apuestas centrales del redireccionamiento, bajo la premisa de que la intervención en la infancia tiene efectos de largo plazo más robustos que la asistencia monetaria directa.
En paralelo, el Gobierno avanzará con la apelación del fallo, con el objetivo de revertir la cautelar y recuperar margen de maniobra sobre el diseño de la política social. La presentación judicial buscará cuestionar los fundamentos de la medida y reponer la potestad del Ejecutivo para definir la asignación de partidas presupuestarias.
“Vamos a hacer las presentaciones correspondientes”, confirmaron en Capital Humano. La estrategia combina, así, dos planos: cumplimiento de la orden judicial y disputa legal para modificarla. Es una lógica que el Gobierno ya aplicó en otros frentes, en los que se vio condicionado por decisiones de la Justicia.
Mientras tanto, la continuidad del programa implica sostener el esquema de transferencias tal como venía funcionando. Para el oficialismo, esa situación refuerza un modelo que considera agotado. Para los sectores que promovieron la cautelar, en cambio, se trata de garantizar ingresos en un contexto de alta vulnerabilidad social.
Para la Casa Rosada, el trasfondo del conflicto excede el destino de un programa puntual, sino que lo que está en discusión es el enfoque de la política social: asistencia directa versus reconversión hacia empleo y educación. La cautelar congeló, por ahora, ese cambio.
POLITICA
Milei puso en marcha su estrategia electoral para evitar una interna con Bullrich y complicar los planes de Kicillof

No es necesario odiarnos. No es necesario usar un lenguaje violento. Hay que ocuparse de los más pobres. Son tres de las observaciones que, hace una semana y a puertas cerradas, el papa León XIV le hizo a Javier Milei.
Milei es un hombre muy espiritual, pero sus dogmas económicos son más fuertes que cualquier religión y lo ubican en las antípodas del Sumo Pontífice. Durante bastante tiempo, se guardó sus respuestas.
El lunes por la noche, en la cena organizada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Milei les pidió a los empresarios que se jueguen e inviertan, porque son ellos los que van a sacar el país adelante. Un aparente elogio al sector que, en realidad, encubre una advertencia: son ustedes, los empresarios, y el resto de las personas los encargados de generar recursos; es decir, no esperen nada del Estado. Y el jueves reiteró que no habrá ningún plan de estímulo.
Pero Milei sentía que necesitaba decir algo sobre la justicia social. Sin ser agresivo ni confrontar con el Papa, quería expresarse, y finalmente lo hizo: afirmó que la justicia social (uno de los pilares de la doctrina social de la Iglesia) es “un robo, una estafa, algo moralmente incorrecto”.
POLITICA
El incómodo conflicto de intereses que enfrenta el Gobierno y traba dos proyectos clave en Diputados

La sesión en la Cámara de Diputados que este miércoles fracasó por falta de quórum fue un llamado de atención para el oficialismo y ahora las espadas legislativas de La Libertad Avanza analizan alternativas para destrabar los dos proyectos que la Casa Rosada había marcado como prioritarios: el de Defensa de la Soberanía Nacional (Ley Malvinas) y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Los principales responsables de hacer naufragar la convocatoria fueron los diputados de Provincias Unidas que, entre otros puntos, reclamaban avances concretos en la ley de biocombustibles, un lugar en el Consejo de la Magistratura -se disputan un representante con el PRO-, una rebaja en el Impuesto a los Combustibles Líquidos, fondos para las cajas previsionales provinciales y obras viales.
Según pudo saber Infobae, el bloque donde pisan fuerte los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) no recibió hasta el momento ninguna señal concreta por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre ninguno de estos reclamos.
Este viernes se venció el plazo para dictaminar en comisión la ley de biocombustibles y eso dificulta aún más la situación ya que debería tratarse en una sesión “sobre tablas” (sin dictamen) para lo que se necesita una mayoría especial de dos tercios. Fuentes libertarias adelantaron que tratar este proyecto el mismo día que el Presupuesto sería inviable porque el debate podría durar “unas 32 horas”. Por otro lado, no están seguros de poder conseguir los dos tercios.

Sin embargo, el proyecto que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% es prioritario para provincias como Córdoba y Santa Fe, donde están ubicadas las grandes plantas productoras.
En la vereda de enfrente, durante el debate en comisión el PRO propuso mantener la participación del 6% del mercado para las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiesel, bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores. Eso frenó las negociaciones
“Primero biocombustibles, después hablamos lo que quieran. Ellos -por el Gobierno- tienen que hacer alguna propuesta”, explicaron a Infobae desde Provincias Unidas.
Cerca de Martín Menem reconocen que una solución podría ser incluir el proyecto de biocombustibles en las sesiones extraordinarias de diciembre y que el decreto de la convocatoria salga antes de la sesión prevista para la semana que viene donde se tratará el Presupuesto 2027.

En cambio, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central podría sumarse el temario de la próxima sesión ya que tiene dictamen y su debate no debería ser demasiado extenso dado que ya pasó por Diputados, solo se deben ratificar los cambios que hizo el Senado.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados tiene en sus manos otra controversia que lo obliga a hacer equilibrio. Esta semana los bloques mayoritarios enviaron a sus representantes para el Consejo de la Magistratura. La Ley 24.937 establece que el bloque mayoritario, en este caso La Libertad Avanza, tendrá dos lugares (Gonzalo Roca y Giselle Castelnuovo), mientras que la primera y la segunda minoría se repartirán un lugar para cada uno. Unión por la Patria eligió al massista Guillermo Michel, pero el cuarto lugar se lo disputan Provincias Unidas y el PRO.
Provincias Unidas postuló a Juan Brügge, porque asegura que con sus 18 diputados es la segunda minoría. No obstante, el PRO, que tiene 12 integrantes, pretende quedarse con ese lugar para la ritondista Florencia De Sensi porque según su visión Provincias Unidas en realidad no es un bloque sino un interbloque. “Es un espacio político que se hizo solo para conseguir cargos. Es lo mismo que la Corte rechazó en el caso de Luis Juez”, señalaron desde el bloque PRO.
La Presidencia de la Cámara ya elevó los tres primeros nombres a la Corte Suprema. Pero no tomó ninguna definición respecto al cuarto lugar. “No vamos a mandar nada que se judicialice. La Corte ya fue clara: la política no debe judicializar sus temas. Esto se debe resolver puertas adentro. Es algo que tienen que charlar ambos bloques, incluso sus presidentes son del mismo partido”, explicaron en referencia a Ritondo y Scaglia, ambos formalmente parte del PRO.
“El lugar en el Consejo nos corresponde, no lo negociamos con nadie”, adelantó un importante integrante de Provincias Unidas.
Ante la consulta de Infobae, desde la mesa parlamentaria de La Libertad Avanza aseguraron que están concentrados en avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027, que se tratará en el recinto el próximo miércoles. Según sus cálculos, los números favorecen al oficialismo, incluso sin contar con el apoyo de Provincias Unidas.
POLITICA
Mansión de Pilar: la nueva pista que seguirá la Justicia para reconstruir el origen del dinero y su vínculo con la AFA de Chiqui Tapia

La investigación por la mansión de Pilar vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tendrá una nueva etapa después de que la Corte Suprema resolviera que el expediente quede en manos del juez federal Daniel Rafecas. El foco estará puesto en reconstruir el origen y el recorrido del dinero utilizado para adquirir la propiedad y los vehículos de lujo encontrados en el lugar.
Según pudo saber TN, tanto la Justicia buscará determinar si existió un circuito de lavado de activos detrás de la adquisición de esos bienes, que podrían haber sido comprados con fondos provenientes de presuntas maniobras ilícitas vinculadas con la AFA.
De esta manera, la investigación no se limitará a establecer quién es el verdadero dueño de la mansión, sino que intentará reconstruir cómo se generaron y circularon los fondos utilizados para comprarla, además de identificar a todas las personas y sociedades que pudieron haber intervenido en esas operaciones.
En ese sentido, las fuentes consultadas señalaron que el análisis tampoco se concentrará exclusivamente en Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes aparecen como titulares de Real Central SRL, la sociedad propietaria de la quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar.
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