POLITICA
El Ministerio de Capital Humano apelará el fallo que ordenó continuar con el plan Volver al Trabajo

El Gobierno acatará el fallo judicial que ordenó la continuidad del programa Volver al Trabajo, pero avanzará en paralelo con una apelación para revertir la medida cautelar que frenó su reformulación. La decisión implica, en los hechos, sostener el esquema de transferencias que alcanzaba a más de 900 mil beneficiarios con un ingreso mensual de $78.000, pese a que el Ministerio de Capital Humano ya había diseñado un redireccionamiento de esos recursos hacia políticas de capacitación laboral y el establecimiento de la doble jornada en escuelas de sectores vulnerables.
La resolución que condiciona la estrategia oficial fue dictada por el juez federal con jurisdicción en Campana, Adrián González Charvay, que hizo lugar a una cautelar presentada contra la eliminación del programa. El fallo obliga al Ejecutivo a mantener vigente el plan en su formato original, al menos hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que “el Programa Volver al Trabajo finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento su creación”.
“El Ministerio efectuó una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal”, continuó el parte de prensa.
Y agregó: “En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”.
Un cambio frenado por la Justicia
En la Casa Rosada y en el área que conduce Sandra Pettovello interpretan la decisión como una intromisión del Poder Judicial en el diseño de la política pública.
“Vamos a acatar lo que diga la Justicia, como hacemos siempre, aunque no estemos de acuerdo”, sintetizó una fuente del Gobierno ante la consulta de Infobae. La definición expone la línea institucional que busca sostener el oficialismo —cumplimiento formal de las decisiones judiciales—, pero al mismo tiempo deja en claro el desacuerdo de fondo con el criterio adoptado por el magistrado.
El eje del conflicto remite a la reconversión de los planes sociales que había comenzado a delinear el Ministerio de Capital Humano. El programa Volver al Trabajo, heredero de esquemas previos de asistencia, tenía —según explican en el Gobierno— un horizonte temporal definido y una lógica de transición hacia el empleo formal. Esa ingeniería quedó interrumpida por la cautelar que firmó González Charvay.

Desde el Gobierno aseguran que el rediseño contemplaba una reasignación integral de la partida presupuestaria. Por un lado, se proyectaba un sistema de vouchers para capacitación, con adhesión de centros formativos en las provincias, orientado a mejorar la empleabilidad de los beneficiarios. Por otro, se buscaba financiar la extensión de la doble escolaridad en escuelas de contextos vulnerables, como mecanismo de intervención temprana sobre la pobreza estructural.
“La reconversión de los planes de trabajo fue cercenada por esta decisión”, señalaron las fuentes consultadas. En esa lectura, la cautelar no sólo interrumpe un cambio administrativo, sino que altera el sentido estratégico de la política social del Gobierno, que intenta correrse de los esquemas de transferencia directa sin contraprestación.
El argumento central que circula en el oficialismo es que la resolución judicial “obliga a usar el dinero en lo que ya existía”, consolidando —según esa visión— un modelo de asistencia que el Gobierno pretende modificar. “Esto es la perpetuidad del asistencialismo”, describieron en términos críticos. La expresión condensa una idea que atraviesa el diagnóstico libertario: la persistencia de programas sociales como un mecanismo que, lejos de resolver la pobreza, la cristaliza.
En ese marco, el fallo es interpretado como un obstáculo directo a la agenda de transformación que impulsa la administración de Javier Milei. “Una vez más, el Poder Judicial termina haciendo política pública y nos dice cómo asignar los recursos”, agregaron desde Capital Humano, en una crítica que apunta a la expansión del rol de los jueces en decisiones de carácter presupuestario.
El programa Volver al Trabajo, tal como estaba concebido en la transición, tenía un plazo de ejecución acotado. “Era un esquema que empezaba y terminaba en un período determinado”, explicaron cerca de la ministra. La cautelar, en cambio, introduce un factor de indefinición que, en la práctica, extiende la vigencia del plan sin un horizonte claro de salida.
Esa extensión es leída en el oficialismo como un retroceso respecto del objetivo de sustituir la asistencia por herramientas de inserción laboral. La combinación de capacitación y estímulos a la escolaridad formaba parte de una estrategia más amplia, que ahora queda, al menos temporalmente, en suspenso.
“Le sacaron la posibilidad a los chicos más vulnerables de acceder a más horas de escuela”, plantearon las fuentes, en referencia al componente educativo que iba a financiarse con los fondos del programa. La doble escolaridad aparecía como una de las apuestas centrales del redireccionamiento, bajo la premisa de que la intervención en la infancia tiene efectos de largo plazo más robustos que la asistencia monetaria directa.
En paralelo, el Gobierno avanzará con la apelación del fallo, con el objetivo de revertir la cautelar y recuperar margen de maniobra sobre el diseño de la política social. La presentación judicial buscará cuestionar los fundamentos de la medida y reponer la potestad del Ejecutivo para definir la asignación de partidas presupuestarias.
“Vamos a hacer las presentaciones correspondientes”, confirmaron en Capital Humano. La estrategia combina, así, dos planos: cumplimiento de la orden judicial y disputa legal para modificarla. Es una lógica que el Gobierno ya aplicó en otros frentes, en los que se vio condicionado por decisiones de la Justicia.
Mientras tanto, la continuidad del programa implica sostener el esquema de transferencias tal como venía funcionando. Para el oficialismo, esa situación refuerza un modelo que considera agotado. Para los sectores que promovieron la cautelar, en cambio, se trata de garantizar ingresos en un contexto de alta vulnerabilidad social.
Para la Casa Rosada, el trasfondo del conflicto excede el destino de un programa puntual, sino que lo que está en discusión es el enfoque de la política social: asistencia directa versus reconversión hacia empleo y educación. La cautelar congeló, por ahora, ese cambio.
POLITICA
Milei se reunirá mañana Peter Thiel, el magnate de la industria tecnológica y militar que es cercano a Trump

Javier Milei recibirá este jueves al empresario estadounidense Peter Thiel, uno de los más influyentes de Silicon Valley y con fuerte presencia en la industria tecnológica y militar de Estados Unidos y otros países.
La reunión será este jueves, a las 14, según confirmaron a fuentes oficiales de la Casa Rosada. En tanto, Thiel ya se reunió la semana pasada con el asesor presidencial, Santiago Caputo, según confirmaron fuentes cercanas al asesor presidencial.
La de este jueves será la segunda visita de Thiel a Balcarce 50, adonde en mayo de 2024 llegó acompañado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford, para reunirse con Milei.
Milei y Thiel también se habían visto anteriormente en Estados Unidos, durante uno de los primeros viajes del mandatario a ese país. Fue en el marco del foro en el Milken Institute en la ciudad de Los Ángeles, en el que expuso el mandatario argentino.
El encuentro con Thiel será además uno de los primeros eventos en la agenda del Presidente en suelo argentino tras haber vuelto al país luego de una gira por Israel, a la que viajó acompañado por su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.
Thiel es propietario, entre otras firmas, de Palantir Technologies, creada en 2003 con apoyo de la CIA, que desarrolla plataformas de análisis de datos utilizadas por agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales. Tiene contratos con el gobierno de Estados Unidos, el ejército y el sector privado a nivel global.
Cercano al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien apoyó en sus dos carreras rumbo a la presidencia, en 2020 y 2024, el actual vicepresidente de ese país, J.D Vance, fue incluso su socio.
Thiel tiene un patrimonio que ronda los US$27mil millones en una fortuna que construyó como cofundador de la plataforma PayPal en 1998, una plataforma pionera en pagos digitales que luego fue adquirida por eBay.
De 58 años, uno de los picos de su carrera se dio cuando en 2004 invirtió US$500.000 en Facebook, fundada por Mark Zuckerberg.
A lo largo de su carrera también acumuló episodios polémicos que pusieron su nombre en el centro de la escena. Uno de ellos está vinculado al financista Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales, con quien mantuvo intercambios que trascendieron en documentos judiciales, entre fines de 2025 y 2026.
Peter Thiel,propietario,Uno de ellos está vinculado al financista Jeffrey Epstein,Javier Milei,Conforme a,,Evasión fiscal. El fiscal y la ARCA rechazaron la “reparación integral” que propusieron Tapia y Toviggino para hacer caer la causa,,Regresa de Israel. El caldo de cultivo que recibe a Milei: internas, economía y los avances judiciales sobre Adorni y el Banco Nación,,Reforma electoral. Quiénes son los dirigentes y exfuncionarios que no podrían ser candidatos si se aprueba Ficha Limpia,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas: se reaviva la agenda parlamentaria y repercusiones de los homenajes a Francisco,,»La superstición ya no tiene vigencia». Un diputado opositor y el Gobierno buscan derogar la “ley del lobizón”,,Regresa de Israel. El caldo de cultivo que recibe a Milei: internas, economía y los avances judiciales sobre Adorni y el Banco Nación
POLITICA
Críticas en el peronismo y la oposición a la reforma electoral de Milei: “Nuestra respuesta debe ser más democracia”

El anuncio del gobierno de Javier Milei sobre el inminente envío al Congreso de un proyecto de reforma electoral que elimina las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), provocó reacciones inmediatas y transversales en el arco opositor. Dirigentes del peronismo, de los bloques provinciales y la izquierda respondieron con rechazo y advertencias sobre la iniciativa de la Casa Rosada.
El diputado nacional, Sergio Uñac, referente del peronismo y aspirante presidencial para 2027, planteó la necesidad de que el peronismo recupere la iniciativa política, y defina sus diferencias en una “interna abierta”.
“El anuncio del Gobierno sobre la eliminación de las PASO no hace más que confirmar algo que planteamos en su momento: debido a nuestra responsabilidad histórica no podemos seguir reaccionando a lo que otros deciden. La Argentina necesita una fuerza política que vuelva a proponer, a debatir y a construir una alternativa que incluya a todos”, sostuvo el ex gobernador de San Juan, que en el último tiempo retomó la cercanía con la ex presidenta Cristina Kirchner.
“Por eso propuse una interna amplia, abierta y participativa para el peronismo y aliados. No para discutir nombres, sino para debatir ideas y ordenar liderazgos”, agregó en su cuenta personal de X, y dijo: “El peronismo siempre fue más fuerte cuando supo interpretar a la sociedad y representar una esperanza colectiva. Hoy ese desafío vuelve a estar planteado”.

“No podemos ser extras en la película de nadie. Tenemos que volver a ser protagonistas y tener agenda propia”, exhortó.
Desde otro campamento, el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, consideró en redes sociales que la decisión es “política y oportunista”. “Eliminar las PASO no es una reforma profunda. Cambia las reglas del juego en favor del que ya está en el poder. Reduce la competencia visible, ordena al oficialismo sin exposición interna y le quita a la oposición una herramienta clave para dirimir liderazgos”, consideró el legislador nacional y ex jefe de la bancada PRO en la Cámara baja, durante la gestión de Mauricio Macri.
“En lugar de discutir cómo estabilizar la economía o recuperar el poder adquisitivo, pasamos a discutir el calendario electoral. No es una reforma del sistema. Es un movimiento dentro del sistema. Una reforma de verdad sería integral, consensuada y pensada para mejorar la representación y la confianza en la política, no para administrar mejor una elección en un contexto adverso”, alertó Massot.

Desde la izquierda, el diputado Gabriel Solano, del Partido Obrero-Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), rechazó tajantemente la reforma: “Estoy en contra de la reforma electoral del gobierno por proscriptiva y privatista, y estoy en contra de que discutamos ahora una reforma electoral cuando la mayoría del pueblo no llega a fin de mes, cae el consumo, el salario y solo crece la inflación, la desocupación y el endeudamiento familiar. Ese debate es la agenda de la casta”.
El Partido Socialista (PS), que preside la diputada santafesina Mónica Fein, definió planteó en un comunicado: “NO a la contrarreforma política de Milei. Elimina las PASO y reduce la participación, debilita la competencia al quitar financiamiento público, usa la “ficha limpia” con oportunismo y pone trabas a los partidos. Menos pluralidad es menos democracia».
Los ejes centrales de la reforma
Cuando el proyecto sea girado al Congreso, el Poder Ejecutivo prevé que la cámara de origen será el Senado, con el objetivo de buscar consensos con los gobernadores.
El eje central es la eliminación de las PASO, que sería reemplazada por un sistema de avales ciudadanos verificados digitalmente mediante una plataforma oficial y validación biométrica. Cada precandidato deberá reunir apoyos certificados, y desalentando la proliferación de partidos sin representatividad.
La reforma endurece los requisitos para registrar partidos políticos, exigiendo afiliados equivalentes al 0,5% del padrón electoral con un tope de dos millones. Para ser partido nacional, pasará de 5 a 10 distritos. Además, se perderá la personería si no se alcanza al menos el 3% del padrón en una de dos elecciones consecutivas.

La Boleta Única de Papel (BUP) permitirá votar una lista completa mediante un casillero específico y sumará cargos nacionales, provinciales y municipales en simultáneo. Por otro lado, el financiamiento privado elevará sus topes y se eliminan los límites de gasto de campaña. Asimismo, se prohíben donaciones de personas procesadas por delitos graves y se endurecen sanciones para agrupaciones que incurran en infracciones.
Uno de los puntos que genera también resistencia es la inclusión de la “Ficha Limpia”, el proyecto que inhabilita a quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia para ser candidatos o ejercer cargos ejecutivos y jerárquicos.
Otros aspectos que se regulan es el debate presidencial, que dejará de ser obligatorio, y la elección directa de parlamentarios del Mercosur, que quedará suspendida hasta unificar un “Día del Mercosur Ciudadano” en el bloque, designándose mientras tanto los representantes argentinos en la Cámara de Diputados.
La viabilidad de la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei depende en gran medida de la negociación con los gobernadores. El antecedente de otras leyes aprobadas en el Congreso sugiere que el acuerdo podría incluir un “toma y daca” que involucre Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y fondos federales, en un contexto en que las provincias afrontan recortes presupuestarios y crecientes exigencias de recursos para salud, educación y obras de infraestructura.
La disposición de los bloques provinciales dependerá de cómo quede organizado el texto del proyecto. Algunos imaginan que, si la “Ficha Limpia” y la eliminación de las PASO se presentan en capítulos separados, podría haber apoyos parciales. Sin embargo, existe el temor de que el oficialismo unifique todo en un solo título, forzando un voto en bloque sobre todas las medidas.
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POLITICA
El fiscal rechazó la “reparación integral” que propusieron Tapia y Toviggino para hacer caer la causa por evasión

El fiscal del fuero penal económico Claudio Navas Rial dictaminó en contra del planteo que presentaron Claudio “Chiqui” Tapia y Ariel Pablo Toviggino con la intención de hacer caer la causa, sin pena ni juicio, que los tiene procesados junto a otros dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por no pagar en plazo una millonaria deuda al fisco.
Tapia y Toviggino habían propuesto una “reparación integral”, una figura todavía novedosa, discutida dentro y fuera de los tribunales, que cobró especial protagonismo en la antesala del juicio de los Cuadernos de las Coimas.
“El simple monto al que el obligado se encontraba en condiciones de ingresar en tiempo y forma al sistema no alcanza ni reviste en sí mismo el carácter integral que exige la salida alternativa que se pretende por cuanto de ninguna manera cuantifica el perjuicio que el sistema tributario y de la seguridad social ha sufrido en conjunto vulnerando el rol específico y la obligación asumida por el agente involucrado”, sostuvo el fiscal en su dictamen, según informó Clarín.
La decisión quedó en manos ahora del juez de la causa, Diego Amarante. Deberá tener en cuenta si la opinión del fiscal, en tanto representante del interés público, al que apunta la reparación, es o no vinculante.
Aprobada en 2015, la herramienta está diseñada para cerrar procesos en etapas tempranas, a cambio de que el acusado brinde alguna “contraprestación” que pueda compensar la totalidad del daño ocasionado. Puede ser dinero, aunque no exclusivamente.
No hay una huella totalmente definida en la jurisprudencia sobre el alcance de su aplicación, pero según las fuentes consultadas existe un consenso mayoritario en que su objetivo es barrer con los casos menores, donde es fácil definir los daños y extinguir el conflicto.
En la causa del fútbol, donde la Justicia constató una “evasión” de más de 19.000 millones de pesos, el enfoque de la reparación integral fue introducido por el abogado del tesorero Toviggino, Marcelo Rochetti, pero fuentes judiciales señalaron que rápidamente se plegaron al planteo Tapia y la propia AFA, que también está procesada en tanto persona jurídica.
El mecanismo tiene buena recepción en el fuero Penal Económico, pero en delitos distintos a los tributarios. El impositivo es justamente el terreno en el que Tapia y Toviggino debaten su suerte.
Sin embargo, contra todo pronóstico, los dirigentes de AFA consideraron que con la nueva ley de inocencia fiscal, sancionada a fines del año pasado junto al presupuesto 2026, el Gobierno entreabrió una puerta por la que pueden colar su planteo, que es técnico y se juega en unos pocos renglones de la norma.
Tapia y Toviggino sostienen que la reparación integral debe aplicarse en su caso particular porque la nueva normativa -que elevó exponencialmente los montos a partir de los cuales se configuran los delitos- prohíbe expresamente en uno de sus párrafos el uso de la reparación integral solo para un grupo puntual de delitos, en los que no figuran aquellos por los que fueron acusados, que son la apropiación indebida de recursos de la seguridad social y la apropiación indebida de tributos.
En esa omisión del texto de la ley anclan sus expectativas Tapia y Toviggino. El planteo adquiere una dosis adicional de arrojo: considera que el daño ocasionado ya fue enmendado con el pago de la deuda y sus intereses.
Es decir que, a diferencia de otras causas, como en Cuadernos, donde empresarios llegaron a ofrecer hasta más de un millón de dólares para evitar ir a juicio, en su propuesta de reparación integral Tapia y Toviggino no ofrecieron a la Justicia nada más de lo que debían y ya pagaron.
Es una visión sobre el perjuicio, pero hay otras, más amplias, que suponen que el daño va más allá de lo que el Estado dejó de percibir en su cuenta corriente. Una fuente del fuero penal económico respalda esta postura con una sentencia de la Casación de abril del año pasado en una causa por evasión. En el fallo, el juez Gustavo Hornos refrenda a ARCA como querellante y “víctima directa” del delito, pero subraya especialmente que el daño no es meramente patrimonial, sino también “social”.
“(…) el bien jurídico protegido no es exclusivamente el patrimonio estatal, sino la perturbación ocasionada a la actividad recaudatoria del mismo, como presupuesto básico para cubrir patrimonialmente imperiosas necesidades públicas”, sostiene el juez.
El juez del caso AFA, Diego Amarante, también reparó en la dimensión social de haber privado al fisco miles de millones pesos.
Al procesar a Tapia y Toviggino -junto a Cristian Malaspina (Secretario General), Víctor Blanco (ex Secretario General) y Gustavo Lorenzo– el magistrado sostuvo que, estando la AFA en condiciones económicas de afrontar el pago, no lo hizo, lo que no solo significó una mayor “disponibilidad” de dinero para la casa matriz del futbol, sino también un “desprecio” contra el pueblo.
“Muy en especial [contra] el colectivo al que se encontraban destinados esos recursos, como lo son los jubilados y demás beneficiarios del sistema de la seguridad social”, precisó el juez.
Distintas fuentes judiciales coinciden en señalar que en asuntos tributarios hay una “inclinación marcada” tanto en la Cámara Penal como de la Casación de marginar a la reparación como mecanismo en causa tributarias, por lo que las chances del planteo de prosperar son escasas, sugieren.
“Los delitos tributarios tienen una forma particular de extinguir la acción penal, prevista en el art 16 del régimen penal tributario”, advierte una de esas voces.
La defensa del dirigente Malaspina, en manos del abogado Lucio Simonetti, pidió el fiscal Navas Rial opine sobre el planteo antes que las partes. El fiscal rechazó hoy la reparación.
Los Cuadernos
Algunas notas de esta discusión ya se escucharon en la antesala del juicio de los Cuadernos de las Coimas, en simultáneo a los ofrecimientos que hicieron los empresarios para no ser juzgados y extinguir la acción penal en su contra.
La fiscal Fabiana León
La fiscal Fabiana León y la UIF como querella se opusieron a los planteos y a la idea general, por ser una suerte de “mercantilización de la corrupción”. “Mi fiscalía no vende impunidad”, dijo la fiscal, que consideró que “el daño causado no resulta medible patrimonialmente ni susceptible de transacción con una víctima”.
El Tribunal rechazó los planteos de los empresarios imputados, al considerar vinculante la postura de la fiscal León. Sin embargo, no faltaron quienes marcaran tras el fallo que el instituto de la reparación integral se encuentra plenamente vigente y que el Tribunal no debió rechazarlas, sino en todo caso considerar las ofertas de reparación como “insuficientes”.
causa, sin pena ni juicio, que los tiene procesados,Conforme a
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