El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, no declaró ante las autoridades argentinas al menos cinco propiedades en Estados Unidos que verificó en registros oficiales del estado de Florida. Otras tres unidades fueron mencionadas en una revelación del canal A24, lo que elevaría a ocho el total de inmuebles bajo sospecha.

Frugoni controla algunos de esos inmuebles a través de dos sociedades de responsabilidad limitada constituidas en 2021 y 2025 en el estado de Delaware, una de las jurisdicciones más opacas de los Estados Unidos. Identificadas como Genova LLC y Waki LLC, habrían servido como vehículos para adquirir y administrar departamentos cuyos valores oscilan entre los 140.000 y 310.000 dólares en Florida.

Máximo responsable de las áreas de Infraestructura y Transporte del gobierno de Javier Milei, bajo el ala específica del ministro Luis Caputo, Frugoni ya estuvo bajo la lupa pública años atrás, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando se desempeñó como presidente de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), empresa a cargo de la obra del “Paseo del Bajo” en la ciudad de Buenos Aires.

Según surge de la documentación societaria y registral disponible en los Estados Unidos que obtuvo , Genova LLC y Wika LLC fueron creadas en Delaware por Harvard Business Services Inc. como agente registrador (registered agent), en 2021 y 2025, respectivamente. Frugoni figuraría como su controlante y beneficiario final, de acuerdo con la documentación que exhibió al aire el canal A24.

Cinco de las propiedades inmuebles que Frugoni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) —ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), según reveló A24, están ubicadas en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida.

La primera propiedad sería el departamento 309 de 300 Waterway Drive South, en la localidad de Lantana, con una valuación fiscal de 187.000 dólares, según el registro oficial de propiedades inmobiliarias del condado. La segunda, en 13212 Glenmoor Drive, West Palm Beach, valuada en 216.000 dólares. La tercera, el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive, también en West Palm Beach, tasada en 193.000 dólares. Y la cuarta, el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard, en South Palm Beach, valuado en 212.000 dólares.

Una de esas propiedades aporta una particularidad. Al consignar cuál es el “domicilio postal” asociado a ese inmueble, se anotó “Avenida Juan Domingo Perón, Benovidor [sic], provincia de Buenos Aires, Prov Bueno [sic] Aires 7245 B1621 Argentina”. Esa dirección coincide con la sede del club Newman, en la localidad bonaerense de Benavídez.

Frugoni egresó del Colegio Newman en 1977 y, según su propio perfil de LinkedIn, trabajó para el club entre 1997 y 2008 como project manager y representante técnico, en el marco de un estudio de arquitectura, tanto en la sede de Benavídez como en España.

El eslabón documental más concluyente, sin embargo, está a nombre propio del funcionario. Se trata de un quinto inmueble, también ubicado en el condado de Palm Beach: el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane, en la ciudad de Delray Beach. De acuerdo con la ficha oficial del “Property Appraiser” del condado, Frugoni lo adquirió el 1 de julio de 2021 por 215.000 dólares, mediante una “warranty deed” asentada en el registro oficial 32692, página 845.

La valuación fiscal de la propiedad para 2025 asciende a 230.000 dólares, según ese mismo registro, aunque la tasación que circula en portales inmobiliarios ronda los 310.500 dólares. La unidad, de tres ambientes y dos baños, tiene 136 metros cuadrados cubiertos y el funcionario del Ministerio de Economía figura como su único titular.

Según la misma ficha del “Property Appraiser”, el inmueble obtuvo una exención especial de 50.500 dólares durante el ejercicio fiscal 2021, un beneficio que, bajo la legislación del estado de Florida, se otorga exclusivamente a quienes declaran la propiedad como su residencia principal permanente, aunque Frugoni reside y trabaja como funcionario público en la Argentina.

Frugoni se suma así a otros funcionarios del Gobierno que afrontaron cuestionamientos e investigaciones por no declarar bienes ante las autoridades argentinas. Entre ellos, el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el actual titular de ARCA (exAFIP), Andrés Edgardo Vázquez, quien adquirió cuatro propiedades en el condado de Miami-Dade, valuadas en conjunto en más de US$ 2 millones mediante un entramado de sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá.

Vázquez enfrenta una investigación penal por la presunta comisión de los delitos de omisión maliciosa, evasión tributaria y lavado de activos, a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Guillermo Marijuán.

La ley de Ética Pública obliga a los funcionarios, además, a presentar una declaración jurada patrimonial anual ante la Oficina Anticorrupción. Allí deben constar la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, así como su participación en sociedades nacionales y extranjeras.

La omisión de bienes puede derivar en una condena por el delito de omisión maliciosa, con penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

Golpeado por las peripecias patrimoniales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno de Javier Milei busca recuperar la iniciativa con el anuncio del envío de una reforma política al Congreso. Sin embargo, los primeros indicios muestran que el Senado, la cámara que elegiría el Poder Ejecutivo para iniciar el debate, sería un terreno adverso a la posibilidad de eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

El mal clima se percibe incluso en los cuarteles oficialistas, donde ya se manejan propuestas alternativas ante la eventualidad de que la eliminación permanente de las PASO no reúna la mayoría absoluta que establece la Constitución para aprobar una reforma electoral. En el caso del Senado se necesitan 37 votos afirmativos, la mitad más uno de los 72 miembros de la Cámara alta.

Por lo pronto, el radicalismo se inclinaría en su mayoría por modificar la ley y convertir las elecciones primarias en optativas, pero bajo ningún punto de vista apoyarían su eliminación. El mismo camino seguirían algunas fuerzas provinciales. El Pro, por su parte, recién tomará una definición cuando se reúna la mesa del partido con Mauricio Macri a la cabeza.

Si los votos escasean en la oposición dialoguista, son menos aun en el lado peronista de la Cámara alta. El kirchnerismo puro rechazará de manera cerrada la eliminación de las PASO. Y si bien se espera el apoyo al Gobierno nacional de mandatarios como el catamarqueño Raúl Jalil, es muy difícil que otros gobernadores sigan el mismo camino cuando las primarias se perfilan como el proceso que podría ordenar al PJ de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En algunos despachos libertarios ya se manejan ideas alternativas, como implementar un proceso optativo, con un sistema de inscripción voluntario de los ciudadanos para votar en las primarias de aquellos partidos que decidan dirimir sus internas en las urnas. Este registro sería oficial e invalidaría al ciudadano de participar en la compulsa de otra fuerza, “como ocurre con las primaras en lo Estados Unidos”, le explicó a un legislador del oficialismo.

“Si yo fuera radical o del Pro, no lo votaría”, se sinceró ante un senador de La Libertad Avanza, que entiende que en este momento la propuesta sólo favorece al oficialismo, que tiene en la figura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a “E jefe” que pretende llevar al partido con rienda corta desde su despacho de la Casa Rosada.

Antes de que el proyecto ingresara de manera oficial en el Congreso, el propio presidente Milei se encargó de informar que uno de los puntos centrales de la reforma política será la eliminación de las PASO.

Con esa premisa, este diario consultó a legisladores de la oposición dialoguista. Y la primera impresión, ya que todavía falta mucho camino por recorrer, muestra números adversos a las pretensiones del oficialismo.

Por lo pronto, la UCR votaría en masa en contra de la eliminación lisa y llana de las primarias que propone el Gobierno. Tampoco estaría de acuerdo con la suspensión de la herramienta, como sí lo hizo la gran mayoría de la bancada del centenario partido en febrero del año pasado.

En el radicalismo coinciden con el argumento oficialista de que hay que bajar los costos de la política en general y los que implica la realización de las PASO, en particular; pero consideran que no se le puede quitar a las fuerzas políticas una herramienta que les permita ordenar sus vidas internas. Más cuando el próximo turno electoral es presidencial.

En ese sentido, en el radicalismo también proponen “tomar en consideración la experiencia de los Estados Unidos”, encontrar mecanismos para que las internas sean optativas y hasta la posibilidad de permitirle a las fuerzas políticas elegir las fechas de la elección y, por lo tanto, que no haya una convocatoria simultánea. El mecanismo para hacerlo es, todavía, una incógnita.

Esta no sería la primera vez que el Gobierno busca cancelar las PASO por considerarlas un gasto innecesario. Tras amagar con su eliminación, el año pasado debió conformarse con la suspensión ante la inminencia del proceso electoral de cara a la definición de las listas legislativas. Era la única opción que reunía las mayorías necesarias para poder sancionar la ley en el Congreso.

Ahora, el panorama parece más complejo. La mayoría de las fuerzas políticas también rechaza la suspensión, ya que pretende reservarse esa herramienta para ordenar sus internas ante lo que será la contienda en 2027 por la presidencia y ya no sólo una elección legislativa, como la del año pasado.