POLITICA
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma electoral: todos los detalles

El Gobierno presentó este miércoles el proyecto de ley para tratar la reforma electoral en la Cámara de Senadores. El presidente Javier Milei anunció ayer desde Israel que mandarían la iniciativa con el objetivo de eliminar las PASO, cambiar el financiamiento e incluir Ficha Limpia.
El escrito ingresó en la tarde de este miércoles en la Cámara Alta y cuenta con un total de 29 páginas. Allí se presenta la reforma de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, el Código Electoral Nacional y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, entre otras normas vinculadas.
Ayer, el mandatario publicó en sus redes sociales que enviarían el proyecto: «ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre. SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!“.
La idea del Ejecutivo es modificar la arquitectura electoral argentina, pero requiere primero un escenario de negociaciones complejas entre el oficialismo y los gobernadores provinciales, quienes no están dispuestos a facilitarle la reelección al Presidente sin tener garantías de que puedan aspirar a hacer lo mismo en sus respectivos territorios.
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Cuáles son los principales cambios que propone el proyecto
Uno de los ejes centrales es la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el ámbito nacional. La propuesta sostiene que las internas partidarias deben ser financiadas y organizadas por las propias fuerzas políticas, sin intervención estatal ni erogación de recursos públicos. Con esa medida, el Gobierno busca reducir gastos y otorgar mayor autonomía a los partidos en la selección de sus candidatos para cargos electivos.
La eliminación de las PASO implica que, en adelante, cada partido o alianza será responsable de definir sus postulantes a través de mecanismos internos, sin participación obligatoria de la ciudadanía en esa etapa. Según el proyecto, la modificación pretende evitar que los contribuyentes financien procesos internos de agrupaciones políticas, reforzando el principio de autosustentabilidad en la vida partidaria.
Entre las principales modificaciones para los partidos políticos, la reforma establece que para obtener personería jurídico-política será necesario contar con al menos 50 electores fundadores por distrito, un acta de fundación, declaración de principios, carta orgánica, designación de autoridades, domicilio partidario y sitio web oficial. Los solicitantes deberán declarar además que no integran ni fundaron otro partido en formación.
Luego del reconocimiento provisorio, la agrupación tendrá un plazo de 180 días para acreditar un número de afiliados no menor al 0,5 % del padrón del distrito, con un tope de 2.000.000 de inscriptos. Además, deberán convocar a elecciones internas para autoridades definitivas en un máximo de 90 días desde la obtención de la personería.
Para acceder al reconocimiento nacional, será requisito contar con personería vigente en al menos diez distritos y acreditar afiliados equivalentes al 0,1 % del padrón nacional. El control y la renovación de esa condición quedarán a cargo del Ministerio Público Fiscal, que podrá solicitar la caducidad en caso de incumplimientos. La ley fija causales específicas de pérdida de personería, como la falta de internas durante cuatro años, la no participación en dos elecciones nacionales consecutivas, no alcanzar el 3 % del padrón en elecciones sucesivas, o el incumplimiento de paridad de género en los órganos directivos.
El proyecto incorpora la figura de Ficha Limpia, que establece la inhabilitación para ser candidato o autoridad partidaria a quienes tengan condena en segunda instancia por delitos dolosos, violaciones graves de derechos humanos, crímenes de guerra o delitos. El registro de antecedentes será gestionado por la Cámara Nacional Electoral y se mantendrá hasta la revocación de la condena o el cumplimiento efectivo de la pena.
La presentación de candidaturas requerirá avales ciudadanos equivalentes al número de afiliados exigido para la personería, tanto en cargos legislativos como en fórmulas presidenciales, estas últimas en al menos diez distritos. Además, se prohíbe la doble postulación: ningún candidato podrá figurar en más de una lista ni para distintas categorías en la misma elección. Las listas deberán garantizar la alternancia de género, con mujeres y varones intercalados desde el primer titular hasta el último suplente.
El texto enviado al Congreso introduce la boleta única en papel como instrumento electoral obligatorio para todos los cargos nacionales. El modelo prevé una estructura diferenciada por categoría y la posibilidad de optar por lista completa. Los partidos tendrán la opción de solicitar un color determinado para la boleta hasta 65 días antes del acto electoral.
En relación con la campaña electoral, el proyecto fija el inicio 60 días antes de la fecha de votación y el cierre 48 horas previas al comicio. Se establecen sanciones para quienes realicen campaña fuera de plazo, consistentes en la pérdida de financiamiento público por uno a cuatro años y multas de entre 2.000 y 50.000 módulos electorales.
Durante los 25 días anteriores a la elección, quedarán prohibidos los actos inaugurales de obra pública, lanzamientos de planes estatales y cualquier actividad oficial que pueda influir en la voluntad del electorado. La publicidad gubernamental no podrá favorecer ni desalentar el voto por ninguna agrupación o candidato.
En el capítulo de financiamiento partidario, la reforma establece que los aportes estatales solo serán destinados a partidos reconocidos y prohíbe donaciones anónimas, de empresas concesionarias, sindicatos, personas extranjeras, o individuos procesados o condenados por delitos graves. Al menos 10 % de los fondos públicos deberán destinarse obligatoriamente a capacitación e investigación. Todos los movimientos financieros deberán realizarse a través de una única cuenta bancaria por distrito, bajo la supervisión de la Justicia Electoral y la Cámara Nacional Electoral.
El total de aportes permitidos por persona física o jurídica no podrá superar el 35 % del límite fijado por el módulo electoral y la cantidad de electores. Además, la normativa exige la presentación detallada de gastos de campaña, incluyendo el material difundido en internet y redes sociales, con la obligación de discriminar por rubros como administración, publicidad, alquiler de sedes, encuestas, transporte y otros conceptos estrictamente vinculados a la elección.
Los partidos políticos ya existentes contarán con plazo hasta el 30 de junio de 2027 para adecuar su funcionamiento a las nuevas disposiciones. También se prevén restricciones para la designación de personas inhabilitadas en altos cargos ejecutivos, cuerpos colegiados y empresas estatales.
El régimen propuesto alcanza a la elección y funciones de los parlamentarios del MERCOSUR, a provincias que adopten el sistema nacional y a la inclusión de categorías provinciales y municipales en la boleta única.
Diplomacy / Foreign Policy,Middle East
POLITICA
El Concejo Deliberante de Morón aprobó la interpelación al intendente tras el tiroteo frente a una escuela

El Concejo Deliberante de Morón aprobó la interpelación del intendente Lucas Ghi o algún miembro de su gabinete en medio de la crisis de inseguridad que atraviesa el municipio después de que un hombre fue herido frente a una escuela.
Según confirmó la presidenta del Concejo, la audiencia se llevará a cabo el próximo jueves 17 de septiembre a las 9. Si bien la convocatoria es para el intendente municipal, existe la posibilidad de que sea otro miembro del Poder Ejecutivo quien se presente.
Existe la posibilidad de que sea el secretario de Seguridad del municipio, Damián Cardoso. El funcionario se presentará por segunda vez ante el Concejo en el año: ya compareció en mayo tras el escándalo por la funcionaria involucrada en una causa de narcotráfico.
La interpelación tiene como fundamento solicitar al Ejecutivo “un informe detallado sobre la creciente inseguridad que sufren los vecinos de Morón, y las políticas tomadas y/o que tomará en materia de seguridad”. La citación fue votada por bloques opositores como La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Todo por Argentina, Nuevo Pro Morón y Fuerza Patria, agrupación que en el distrito mantiene un enfrentamiento abierto con el intendente.
Según consta en los fundamentos del proyecto aprobado, el pedido de interpelación es el resultado de “varios pedidos de medidas concretas como la instalación y reparación de alarmas, mayor iluminación, incorporación y mantenimiento de cámaras de videovigilancia, incremento del patrullaje y una mayor presencia territorial tanto del personal policial como de los agentes de la guardia urbana”.
El detonante político tuvo un correlato directo en las calles. El jueves 10 de septiembre, alrededor de las 7.15, Hernán Mariano Catarraso, de 51 años y excomisario mayor de la Policía Bonaerense, llevaba a su hija al jardín de infantes del Colegio Emaús, en la localidad de El Palomar, cuando tres delincuentes descendieron de un vehículo sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900 e intentaron robarle la camioneta. Catarraso se identificó como miembro de la fuerza de seguridad, lo que derivó en un enfrentamiento armado: recibió un disparo en el abdomen y quedó tendido sobre el asfalto, aunque consciente. Según informó Infobae, testigos del hecho aseguraron que el exoficial llegó a dispararle a dos de los asaltantes. Fue trasladado de urgencia al Hospital Posadas, donde ingresó a terapia intensiva.
Ya herido, la primera reacción de Catarraso fue preguntar por su hija. “¿Te fijás la nena? Ey, ¡la nena!”, se escuchó decir al hombre en uno de los videos registrados tras el ataque, según reprodujo el mismo medio. Fueron vecinos de la cuadra y otros padres que en ese momento llegaban al establecimiento quienes asistieron a la menor y llamaron al 911.
Lucila, una madre que presenció el ataque, describió lo ocurrido en declaraciones a TN: “Nosotros llegábamos y frenaron dos autos, empezaron a bajar personas y a apuntarle a todos los autos que estaban estacionados. Y ahí empezaron los disparos”. Según su relato, durante la huida los delincuentes también le robaron el vehículo a otra mujer que se dirigía al colegio con sus dos hijos.
La violencia del episodio no fue un caso aislado para los residentes del barrio. Claudio C., vecino de El Palomar desde hace 13 años, contó a Infobae que semanas antes del tiroteo se había producido otro robo en la puerta del mismo colegio, mientras los alumnos salían de clases. Dijo que tras aquel incidente el municipio dispuso la presencia de agentes de la Guardia Urbana en los alrededores, pero que la medida duró apenas unos días. “No hay policías, no hay patrulleros. Es todo el barrio igual”, afirmó. La causa quedó en manos del fiscal Pablo Masferrer, titular de la UFI N.° 2 del Departamento Judicial Morón, para identificar a los sospechosos, aún prófugos.

Horas después del tiroteo, padres de alumnos y vecinos se movilizaron en reclamo de mayor seguridad. La concentración partió desde la intersección de Dinamarca y Gobernador D’Amico y avanzó hasta la puerta de la casa del intendente Lucas Ghi, con cacerolazos y al grito de “Seguridad”. “No podemos vivir más así”, expresaron algunas de las mujeres que participaron. Una vecina sintetizó la situación con una frase: “En El Palomar es jugar a la ruleta: te bajás del auto y no sabés qué te va a pasar”, según recogió Infobae. La protesta tuvo continuidad al día siguiente frente a la Municipalidad de Morón.
En paralelo al reclamo por más presencia policial, otro de los ejes sobre los que los concejales interrogarán al funcionario convocado está vinculado a la Policía Municipal, una fuerza que se encuentra en proceso de creación y que cuenta con el respaldo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y del Departamento Judicial Morón. Sin embargo, los fundamentos del proyecto aprobado cuestionaron su naturaleza jurídica: “La propia normativa recientemente difundida establece que la estructura creada por el Departamento Ejecutivo es, más allá de la denominación elegida públicamente, no se trata jurídicamente de una fuerza policial en sentido estricto”, indica el texto. La discusión sobre el alcance legal y operativo de esa fuerza será uno de los puntos centrales de la audiencia del 17 de septiembre.
POLITICA
Gildo Insfrán tiene sus olimpíadas, con desfile de equipos, mascotas y la participación de 2600 estatales

POSADAS. A pesar de que está en el poder desde 1995, recién ahora que podría terminarse su largo mandato por un fallo de la Corte Suprema, el gobernador peronista de Formosa, Gildo Insfrán, lanzó sus propios Juegos Olímpicos.
Las Olimpíadas Deportivas “Mes del Empleado Público”, en las que participan equipos de 60 organismos estatales en 10 disciplinas deportivas, ya van este año por su tercera edición y se consolidan.
De paso, es otro evento donde se rinde culto a la personalidad de este veterinario de Laguna Blanca de 75 años, que gobierna la provincia más pobre del país desde hace 31 años de forma ininterrumpida, ganando cada elección por guarismos que siempre rondan el 70% para el cacique peronista y el 30% para el eventual opositor.
En estos últimos años en el poder, Insfrán decidió impulsar las Olimpíadas de los Estatales, en la provincia con más alta proporción de empleados provinciales y municipales, en relación al empleo privado.
El evento se lanzó en 2024 y ya va por su tercera edición. Cuenta con su propia mascota (“Yacaré”) y en la ceremonia de apertura se lo vio a Insfrán ingresando al Estadio Cincuentenario de la capital formoseña, al son de la marcha peronista.
La competencia se inauguró el domingo, con un desfile de las delegaciones de cada repartición, que ingresaban al microestadio con un cartel, igual que los países cuando comienzan los Juegos Olímpicos. Acá desfilaban, en cambio, el “Instituto de Previsión”, “Canal 11″ o la “Subsecretaría de Empleo”.
Las competencias se realizarán durante tres semanas hasta el 24 de septiembre, en 10 disciplinas: fútbol, básquet, vóley, pádel, carrera de 3 y 5 kilómetros, vóley playero, newcom (vóley pero atrapando la pelota, muy popular entre adultos mayores), pesca, bochas y truco.
Para Insfrán es también una manera de reivindicar al empleado estatal, en momentos en que sufre los embates libertarios en Formosa y a nivel nacional, con recortes, caída de salarios y la promesa de Milei de “destruir al Estado desde adentro”.
Edgar Pérez, administrador general del Instituto de Asistencia Social (IAS), destacó el contrapunto que plantea Insfrán con la Casa Rosada. “Con un conductor como el compañero Gildo Insfrán, que ha hecho desde el inicio de su gestión una defensa de un Estado presente, las banderas de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica siguen bien en alto”.
“Apropiarse del Estado”
Del otro lado de la vereda, la oposición lo ve como otro caso de un abuso del poder por parte de Insfrán, quien no distingue lo partidario de lo estatal. También se sostiene que, después de tantos años, los formoseños toman como normal esta apropiación de lo estatal.
“La verdad, una vergüenza. Olimpíadas del trabajador peronista le quedaba mejor. Hacen las Olimpíadas del Empleado Público y ponen la marcha peronista de fondo, como si ser empleado del Estado significara ser del PJ. Y, para colmo, organizan un campeonato de fútbol femenino el nombre del tornero es ´copa Gildo Insfrán´“, afirmó Agostina Villaggi, diputada provincial y titular de la UCR-Formosa, ante la consulta de LA NACIÓN.
Para Villaggi, una de las impulsoras del histórico fallo de la Corte, de diciembre de 2024, que le pone fin al larguísimo mandato de Insfrán al frente de Formosa, el hecho de estar transitando sus últimos años en el poder exalta en el mandatario sus tendencias personalistas.
“Como todo autoritario, Insfrán tiene una necesidad permanente de exaltación de su persona, que se agudizó después del fallo de la Corte”, indicó la abogada.
Gildo Insfrán deberá dejar el poder en Formosa a más tardar en 2031, por un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reelección indefinida.
El jefe político de la provincia reaccionó acatando el fallo del máximo tribunal, como siempre hizo, pero llamando a una Convención Constituyente para reformar la carta magna e incluir, a último momento, una cláusula transitoria que lo habilita a un “mandato de despedida” entre 2027 y 2031, siempre y cuando gane las elecciones el año que viene.
Pero la oposición, con Villaggi a la cabeza, busca que la Corte Suprema haga caer esa cláusula transitoria que Insfrán metió con astucia en el último día de sesiones de la Convención Constituyente.
Villaggi impulsó esta nueva demanda ante el máximo tribunal de la Nación, para que se declare inconstitucional esa cláusula y ahora está a la espera de definiciones políticas de la CSJN.
“La Corte aceptó la competencia para tratar el planteo y ahora estamos a la espera de la respuesta del Gobierno, que debe hacerlo antes del 26 de noviembre”, indicó.
“Eso sería muy importante para poder tener las reglas bien claras para las elecciones que seguramente serán en junio del 2027″, explicó la dirigente radical, que trabaja para que Insfrán se vaya a su casa el 10 de diciembre del año próximo, completando un mandato de 32 años ininterrumpidos en el poder provincial y que no se extienda a 36.
un fallo de la Corte Suprema,Martín Boerr,Gildo Insfrán,Conforme a
POLITICA
Los abogados de Cristina Kirchner aseguran que encontraron una prueba que la podría beneficiar en la causa Vialidad

Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner aseguraron que hallaron una prueba en la causa Vialidad que consideran clave para exigir su libertad. “Fue mal condenada”, apuntó Alberto Beraldi en una conferencia de prensa este martes, luego de anunciar novedades en la presentación que hicieron ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según explitó Beraldi, un testigo en la causa Cuadernos, donde se investiga la trama de corrupción en el kirchnerismo, aportó bajo juramento una base de datos donde se destacan los proveedores de la obra pública durante aquellos años. Y señaló que al empresario Lázaro Báez solo le correspondió el 1% de la obra pública total. El abogado dijo que el hallazgo “es monumental” porque a Cristina Kirchner se la juzgó como jefa de una supuesta asociación ilícita solo por haber firmado un decreto presidencial.
“La declaración de un testigo de la causa Cuadernos convocado por la fiscalía aportó una base de datos que nos permitió hacer este hallazgo monumental: que entre 2009 al 2015 la inversión en vialidad era enorme: más de US$2000 millones. Pero a Lázaro Báez solo se le asignó el 1%. Es una prueba que tiene que ser mostrada y llevada al Comité de Naciones Unidas”, planteó el defensor. “Es falso lo que se dijo en la sentencia de que se quería beneficiaer a Lázaro Báez”.
Beraldi da la conferencia junto con los otros abogados de la exmandataria, Rafael Valim y Javier Borrego, desde las 15. Buscan reforzar su reclamo ante el organismo multilateral por la condena en la causa Vialidad, por corrupción en la obra pública en Santa Cruz.
La presentación busca que a Cristina Kirchner se le suspenda su inhabilitación para ejercer cargos públicos y revise su prisión domiciliaria. En su departamento de Constitución, la expresidenta cumple una condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Las claves de la presentación de los abogados de Cristina Kirchner ante la ONU por la causa Vialidad
Previamente los abogados detallaron que la presentación incluyó tres cautelares: la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria y la recomposición de miembros de la Corte Suprema de la Nación, de la que dijeron que es “imposible que funcione con tres miembros”.
Los abogados aclararon, en conferencia de prensa, que las observaciones o dictámenes del Comité podrían “salir en cuestión de meses” en cuanto a las cautelares, pero que las resoluciones en cuanto a la decisión de fondo de la presentación “podrían tardar algunos años”. La próxima reunión del Comité de Derechos Humanos de la ONU está prevista para el período del 19 de octubre al 6 de noviembre.
Borrego explicó que una de las cautelares es “en relación a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, que tiene dos policías permanentemente en la puerta, lleva una tobillera que cada dos por tres no funciona y tiene muy restringido el derecho de visita, hasta subir a la azotea a tomar aire”.
El abogado español calificó la condena a la expresidenta de “maniobra de distracción para evitar que se piense en la proscripción, para que no se presente a elecciones porque puede ganar y eso no gusta a algunos”.
Mientras que Valim, que defendió al actual presidente de Brasil Lula da Silva en la causa Lava Jato, dijo que la presentación “no es un acto de agresión a la Argentina ni a su sistema judicial”: “Estamos planteando que se respeten los derechos de una ciudadana argentina”.
El abogado brasileño dijo que en caso que el comité haga lugar a los planteos presentados, esas eventuales decisiones “son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas”. Aclaró que la presentación únicamente “es documental” y que “no se permiten declaraciones”, consultado sobre la posibilidad de un descargo de la expresidenta.
cristina kirchner, ONU
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