Después de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley de la reforma electoral, la Oficina del Presidente (OPRA) emitió un comunicado en el que aseguró que el objetivo de la normativa es «corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar“. Además detalló los motivos de los principales cambios.

“El sistema electoral argentino tiene un problema de fondo: es caro, opaco, empuja al financiamiento con plata negra y subsidia insensatamente a la dirigencia política. Está hecho a medida para que la política se proteja a si misma. El presidente Javier Milei fue electo con el mandato claro de terminar con los privilegios de la casta política, y esta reforma es un paso crucial en este camino. Llego la hora de devolverle el poder a los argentinos y que la política vuelva a estar al servicio de la gente“, aseveró.

Uno de los puntos clave del proyecto es la eliminación de las PASO, una herramienta que desde hace tiempo el oficialismo considera un gasto para los argentinos. La Oficina del Presidente, en tanto, las definió como un “experimento fallido que intentó impulsar la falsa dicotomía de internas abiertas” y justificó que en las elecciones de 2023 tuvieron un costo de 45.000 millones de pesos y “no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante“.

“De acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos”, subrayó.

Por otra parte, con la reforma se elevarán los pisos de afiliación para registrar un partido y los pisos de votos con el fin de “mantener la personería” y terminar con el régimen de los “sellos de goma”, que desde el Gobierno indicaron que “hacen de cada elección un negocio”. “A su vez, se incorpora la afiliación digital, que moderniza el trámite y termina con el filtro burocrático que la propia dirigencia usaba para bloquear nuevas expresiones políticas”, agregaron en el comunicado.

El proyecto también plantea la eliminación del régimen de espacios cedidos, que establece que los medios deben dar lugar a propaganda partidaria gratuita. “Es un subsidio mediático escondido que los argentinos nunca votaron en ningún presupuesto”, sostuvieron.

El último punto destacado del proyecto es la incorporación de ficha limpia, la ley aprobada el año pasado que prohíbe que personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos puedan ser candidatos u ocupar cargos en la administración pública. Al respecto afirmó: “No es una idea radical: es la decencia mínima que se le pide a una democracia. Y es coherente: si alguien no puede ser candidato, tampoco puede ser funcionario”.

Según el comunicado, el Gobierno propone, con la reforma, “transparentar” el financiamiento de los partidos políticos y argumentó que se calcula que solo el 10% del dinero que financia campañas electorales está registrado, mientras que el otro 90% es “plata negra que muchas veces viene de actividades ilícitas”.

“Las democracias modernas ya resolvieron esto: permiten que personas y empresas aporten de manera regulada, transparente y trazable. Este proyecto hace lo mismo y suma la opción de que los partidos que quieran renunciar completamente al aporte estatal y financiarse íntegramente con aportes voluntarios puedan hacerlo”, indicó.

El Gobierno presentó hoy ante el Congreso un ambicioso proyecto de la ley electoral que apunta a modificar el sistema político argentino, cuando falta un año y tres meses para los comicios presidenciales en los que Javier Milei intentará acceder a un eventual segundo mandato.

En el texto de la iniciativa que ingresó esta tarde en el Senado, el Ejecutivo propone eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO); modificar las reglas de financiamiento de los partidos políticos e incluir la denominada “Ficha limpia” para impedir que las personas condenadas en segunda instancia se postulen a cargos electivos.

No obstante, uno de los cambios más relevantes de la reforma electoral que diseñó la administración de Milei tiene que ver con la implementación y el funcionamiento de la Boleta Única de Papel (BUP). El proyecto establece que la BUP deberá presentar un casillero para el voto de lista completa.

Y abre la puerta para incluir dentro de ese casillero la elección de categorías nacionales y las locales, como legisladores o concejales, en caso de simultaneidad con elecciones provinciales. Es decir, aquel gobernador que logre un acuerdo con Milei podrá beneficiarse de un posible efecto arrastre de la categoría principal -candidato a presidente- en una elección provincial concurrente con al.

A su vez, La Libertad Avanza (LLA), que tiene a Milei como su figura electoral más competitiva, podría incrementar su cosecha con ese sistema. Es que los libertarios no cuentan con referentes con un alto nivel de conocimiento o competitivos en la mayoría de las provincias.

Desde el radicalismo, como la diputada Karina Banfi, ya habían presentado proyectos para incluir el botón de lista completa en la BUP, pero estableciendo que la elección de autoridades nacionales y locales debe realizarse en mesas y urnas distintas. De esa manera, se evita el efecto arrastre para cargos provinciales y municipales.

En cuanto al diseño de la Boleta Única Papel (BUP), el Gobierno plantea en su proyecto que se “incluirá todas las categorías para las que se realiza la elección, claramente distinguidas”. Y propone que esté “dividida en espacios, franjas o filas horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en espacios, franjas o columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas de personas propuestas para ocupar los cargos públicos electivos”.

La iniciativa oficial, además, fija requisitos más estrictos para obtener la personería jurídica y modifica la elección de los parlamentarios del Mercosur.

Por otra parte, el Gobierno pretende que las agrupaciones políticas no puedan contratar “los servicios” de personas extranjeras. La inclusión de esa “cláusula” parece orientada a evitar que la oposición recurra a consultores extranjeros, como el ecuatoriano Jaime Durán Barba, quien trabajó para Pro durante años, o el catalán Antoni Gutiérrez Rubí, quien asesoró a Cristina Kirchner, Sergio Massa o Jorge Macri en distintas campañas electorales. Milei tiene un encono personal con Gutiérrez Rubí: lo calificó de “basura humana” y lo acusó de haber orquestado una campaña negativa en su contra.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente (OPRA), el Gobierno destacó que la reforma “tiene por objetivo corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”.

Frente a las resistencias de los aliados para suprimir las PASO, el Ejecutivo sostuvo que las primarias fueron “un experimento fallido” que intentó impulsar “la falsa dicotomía de internas abiertas”. Desde la Casa Rosada hicieron hincapié en “solo en 2023 le costaron a los argentinos $45.000 millones y no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante”. “De acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos”, indicaron.

El ambicioso proyecto de Milei modifica artículos de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Por ejemplo, cambia las condiciones para obtener y conservar la personería jurídica. Las fuerzas distritales requerirán afiliaciones no inferiores al 0,5% del padrón. Para ser reconocido como partido nacional, tiene que lograr personería vigente en al menos diez distritos (anteriormente eran cinco) y contar con afiliados equivalentes al 0,1% del padrón nacional. Además, los partidos caducarán si no alcanzan el 3% del padrón en dos elecciones sucesivas

El gobierno de Milei aseguró que el objetivo es “terminar con el régimen de los sellos de goma, que hacen de cada elección un negocio”. A su vez, se incorpora la afiliación digital.

Respecto del financiamiento público, el 20% se distribuirá igualitariamente y el 80% de forma proporcional a los votos obtenidos (mínimo 1% del padrón). El Gobierno propone prohibir donaciones anónimas, de empresas concesionarias, gremios, personas extranjeras, o individuos procesados o condenados por delitos graves.

Los movimientos financieros deberán realizarse a través de una única cuenta bancaria por distrito, bajo la supervisión de la Justicia Electoral y la Cámara Nacional Electoral.

“Esta reforma buscará transparentar el financiamiento de los partidos políticos”, consignó el gobierno. “Hoy se calcula que solo el 10% del dinero que financia campañas electorales está registrado; el otro 90% es “plata negra que muchas veces viene de actividades ilícitas”, apuntaron.

Por otra parte, el proyecto indica que las agrupaciones deben registrar sus cuentas de redes sociales y canales digitales, y rendir los gastos de publicidad.

La reforma integral del sistema electoral es una de las prioridades que se fijó el Ejecutivo. Es que procura que el Congreso aprueba los cambios que espera implementar a partir de 2027.

Tal como había anticipado , Milei optó incluir la ficha limpia dentro de la reforma política para vencer la resistencia opositora a derogar las PASO entre sus aliados de Pro y la UCR.

Mientras surgen revelaciones judiciales del caso de Manuel Adorni, propone impedir que los condenados en segunda instancia por delitos dolosos puedan ser candidatos. Se trata del proyecto que fue rechazada el año pasado en medio de un escándalo.

La restricción se extiende también a la designación en cargos del Poder Ejecutivo, como ministros, secretarios y directores de empresas estatales. El proyecto del Gobierno indica que, para su control, la Cámara Nacional Electoral creará un Registro Público de Ficha Limpia.

En Casa Rosada reconocen que la derogación de las PASO es una parada “difícil”, al no contar eventualmente con el apoyo de todos sus aliados. De no lograr la eliminación, como se propone el proyecto, buscarían al menos la “suspensión” para 2027.