Fernando Marín debutó con su columna en Infobae en Vivo y repasó historias de su trayectoria en la televisión argentina, su vínculo con figuras del deporte y su mirada sobre Diego Maradona, en medio del desarrollo del juicio por las condiciones en que sucedió su muerte. “No tenés derecho a dejar morir una leyenda”, expresó.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el productor, responsable de ciclos como Mesa de Noticias, Video Show, Calabromas y Cantaniños, trazó un recorrido por los hitos de la televisión argentina.

“Mesa de Noticias se terminaba de escribir diez minutos antes del vivo. Le metíamos actualidad hasta último momento”, explicó. En ese contexto, describió el ritmo de trabajo: “Era maravilloso”. También mencionó al equipo que lo acompañaba, entre ellos Gustavo Yankelevich, Cris Morena y Fernando Bravo.

Además, se refirió a su relación con Maradona, a quien conoció cuando el futbolista tenía 17 o 18 años. Allí evocó su experiencia durante el Copa Mundial de la FIFA 2018. “Ese lapso que estuve con Maradona en Rusia, lo que desplegaba era algo tan fuerte, tan especial”, dijo. Y agregó: “Me agarró fuerte el brazo y me dice: ‘¿Usted sabe todo lo que yo lo respeto a usted?’”.

Al referirse a la figura del exfutbolista, planteó una distinción entre ídolo y leyenda. “Para mí Maradona es una de las pocas leyendas que tiene la Argentina”, afirmó. En ese sentido, explicó: “Ser leyenda o ídolo hay un océano entre una cosa y la otra”.

Comparó esa categoría con otras figuras como René Favaloro, Carlos Monzón y Juan Domingo Perón. “La leyenda trasciende los espacios”, sostuvo. Sobre Lionel Messi, indicó: “Es un ídolo, pero todavía no es una leyenda”.

El productor también cuestionó las explicaciones en torno a la muerte de Maradona. “No tenés ningún derecho a dejar morir una leyenda”, expresó. Y añadió: “Me da mucha bronca escuchar que dicen que el carácter de Maradona impedía ayudarlo”.

En su análisis, destacó la intensidad del exjugador. “Nunca fue contradictorio a sus sentimientos”, dijo. Y señaló: “Sabía que tenía problemas y que no los dominaba”.

Marín repasó además su trayectoria en el mundo del deporte, donde produjo peleas de Monzón y eventos como la Copa Davis. También recordó su vínculo con el ambiente nocturno internacional y figuras del espectáculo, aunque aclaró que esas historias “quedan para otro día”.

En el cierre, volvió sobre la figura de Maradona y su impacto. “Era una persona que provocaba una mirada de amor”, afirmó. “No podías caminar sin que la gente quisiera mirarlo”.

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El Gobierno reconoce que no tiene asegurados los votos para avanzar con la eliminación de las PASO y ya abrió una etapa de negociaciones con los gobernadores para intentar destrabar la reforma electoral. En el Ejecutivo admiten que el escenario es complejo y que, si no logran las adhesiones necesarias para derogarlas, están dispuestos a discutir una suspensión como alternativa.

En la Casa Rosada sostienen que la eliminación sigue siendo el objetivo de máxima, pero reconocen que hoy no cuentan con la mayoría absoluta que exige una reforma electoral. Es por eso que, además de una eventual suspensión, en el oficialismo ya circulan otras alternativas para rediseñar el sistema de primarias, como esquemas optativos o mecanismos de participación más acotados para ordenar internas partidarias sin mantener el modelo actual.

La negociación con las provincias aparece así como una condición central para definir hasta dónde puede avanzar la reforma. En Balcarce 50 apuntan a cerrar acuerdos “uno a uno” con los gobernadores y esperan más reuniones en los próximos días para afinar la estrategia. En el oficialismo entienden que el poroteo no se resolverá en una sola instancia y que deberán sostener conversaciones sucesivas para medir qué margen real hay para la derogación y qué cambios podrían admitir los sectores dialoguistas.

La mesa política del presidente busca ganar tiempo con un esquema de reuniones informativas y contactos políticos paralelos mientras calibra el texto final que intentará defender en el recinto. Los contactos los encabezarán la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de Diputados, Martín Menem. “La idea es empezar a debatirlo en mayo”, agregan.

En el Gobierno advierten que deberán hacer concesiones dentro del texto y dan por hecho que algunos apartados generarán polémica entre los aliados, como el artículo que establece que las agrupaciones políticas no podrán contratar “los servicios de personas extranjeras”. No quedó redactado sólo sobre asesores, sino en una fórmula más amplia, lo que abre margen para una discusión política y jurídica sobre su alcance concreto en las campañas nacionales.

En materia de financiamiento, la reforma mantiene el aporte público anual para el funcionamiento de los partidos, pero reordena el régimen de campaña y endurece controles sobre aportes, publicidad y rendiciones. La reforma incorpora además Ficha Limpia con una redacción más amplia que la discutida en antecedentes recientes.

Leé también: El Gobierno reunirá a la mesa política para definir la estrategia para darle impulso a la reforma electoral

El texto también redefine el funcionamiento de los partidos políticos. Exige afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón del distrito, con tope de dos millones de electores, eleva de cinco a diez distritos el requisito para constituir un partido nacional y fija la caducidad para las fuerzas que no alcancen al menos el 3% del padrón en una de dos elecciones nacionales sucesivas. A eso agrega mecanismos de autenticación biométrica y herramientas digitales para respaldar afiliaciones y postulaciones.

Dentro del paquete aparece también una modificación sobre la Boleta Única de Papel. El Ejecutivo impulsa un casillero para votar lista completa con una sola marca, bajo el argumento de que en la implementación inicial del sistema hubo confusiones entre categorías. El proyecto, además, suspende la elección directa de los parlamentarios del Mercosur hasta que exista una fecha simultánea en todo el bloque y dispone que, mientras tanto, la representación quede atada a la proporcionalidad política de la Cámara de Diputados.

Gobierno, PASO, Gobernadores

Una serie de muertes asociadas al uso indebido de propofol —anestésico intravenoso de uso exclusivo hospitalario— motivó la presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para instaurar controles reforzados, registro obligatorio y notificación inmediata de incidentes relacionados con la sustancia.

El objetivo es evitar la sustracción y el desvío de este medicamento, que, a diferencia de otros agentes como el fentanilo, carece de antídoto específico capaz de revertir sus efectos en caso de sobredosis, lo que aumenta su peligrosidad y requiere una respuesta regulatoria acorde, según la diputada nacional Silvana Giudici y los legisladores que acompañan la iniciativa.

“Las recientes muertes vinculadas al uso de propofol como droga recreativa encendieron una alarma que no puede ser ignorada. El robo de anestésicos de las áreas quirúrgicas y prequirúrgicas demuestra que es necesario implementar mayores controles dentro de las clínicas y hospitales”, señaló la diputada Giudici a Infobae.

Entre los fundamentos del proyecto de ley se indica que, en la actualidad, las faltas de propofol no se reportan bajo reglas claras y obligatorias para situaciones habituales en hospitales, como roturas de ampollas, descartes o sobrantes.

Esa ausencia de criterios unificados dificulta controlar con precisión el stock disponible, detectar irregularidades a tiempo y mejorar las auditorías en los establecimientos de salud. El proyecto incorpora de manera explícita al propofol dentro del listado oficial de Medicamentos de Alto Riesgo (MER) de la ANMAT, categoría reservada para sustancias que requieren controles reforzados por su potencial impacto ante errores, contaminación o uso no autorizado, y obliga a los establecimientos hospitalarios a informar a las autoridades sanitarias.

Entre los hechos que impulsaron el debate se cuentan:

• La muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar en la Ciudad Buenos Aires, el 20 de febrero de 2026, desató un escándalo y una investigación judicial centrada en el robo sistemático de anestésicos como propofol y fentanilo del Hospital Italiano ubicado en CABA.
• Zalazar fue hallado sin vida en su departamento con una vía intravenosa conectada y drogas reservadas para uso hospitalario. El origen de los medicamentos fue rastreado hasta el Hospital Italiano, institución donde Zalazar no trabajaba.
• La investigación identificó a dos profesionales del hospital, Hernán Boveri (anestesiólogo) y Delfina Lanusse (residente de anestesiología), como sospechosos de desviar estos fármacos entre 2023 y febrero de 2026. Ambos están imputados en la causa; Boveri renunció y Lanusse está de licencia médica.
• Se investiga la presunta realización de fiestas privadas (“Propo Fest”) donde profesionales médicos consumían propofol y fentanilo de forma recreativa, fuera de todo control clínico y con el medicamento robado de las instituciones sanitarias.
• La causa judicial sigue abierta e incluyó allanamientos con resultados positivos en cuanto al hallazgo de evidencia. El Hospital Italiano inició acciones legales internas y los involucrados ya no forman parte de la institución.

Qué propone el proyecto

La propuesta, identificada como expediente 1687-D-2026 y redactada por Giudici junto a otros veintiséis legisladores nacionales, incorpora de manera expresa el propofol en el listado oficial de Medicamentos de Alto Riesgo bajo la órbita de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

Esta categoría implica una obligación reforzada de vigilancia, notificación y registro para sustancias que, por su acción farmacológica, pueden causar daños significativos ante errores de administración, contaminación o uso no autorizado.

Giudici remarcó la ausencia de un recurso eficaz para contrarrestar la acción del propofol en caso de sobredosis: el propofol carece de un “interruptor” químico para revertir sus efectos de inmediato, lo que otorga gravedad a las fugas del anestésico. La ley propuesta exige a todos los establecimientos públicos y privados —hospitales, clínicas y laboratorios— informar cualquier pérdida, desviación o evento adverso vinculado al propofol mediante notificación fehaciente e inmediata a la autoridad sanitaria. El incumplimiento será sancionado conforme a la normativa vigente y puede derivar en denuncias penales si la omisión fuera deliberada o facilitara la comisión de delitos.

El texto establece que el propofol solo podrá utilizarse en entornos hospitalarios autorizados, bajo custodia física restringida y acceso limitado al personal formalmente designado. El almacenamiento adecuado implica resguardo bajo llave, sistemas automatizados de seguridad y la responsabilidad exclusiva de jefaturas de farmacia o anestesiología. En áreas críticas como quirófanos o unidades de terapia intensiva, las ampollas solo podrán almacenarse en carros de anestesia con cierres de seguridad, quedando prohibido el acceso abierto.

Los fundamentos del proyecto detallan que, actualmente, la administración de propofol en la Argentina no se rige por criterios de reporte obligatorios y uniformes en los hospitales, lo que dificulta la detección de robos y el control efectivo de los stocks disponibles. Esta carencia de reglas claras afecta tanto a eventos rutinarios, como roturas de ampollas o descartes, como a situaciones irregulares y riesgosas.

La iniciativa se alinea con los estándares internacionales promovidos por el Institute for Safe Medication Practices de Estados Unidos, que reconoce al propofol entre los medicamentos de alto riesgo —categoría reservada a fármacos con potencial significativo de daño en caso de error o mal uso— y recomienda restricciones de acceso, registros minuciosos de administración y sistemas de doble verificación.

En la Argentina, la regulación avanzó recientemente a través de mecanismos de trazabilidad definidos por la ANMAT en las disposiciones 6223/2025, 3752/2025 y 1848/2026. La integración propuesta del propofol en estos circuitos busca garantizar que la custodia y auditoría sobre este anestésico no sea inferior a la ejercida sobre opioides y otras sustancias controladas de alto impacto sanitario.

El proyecto establece sanciones específicas para casos de omisión o inobservancia en el control y reporte, incluidas aquellas cometidas por funcionarios públicos —a quienes resultarán aplicables tanto el artículo 249 como los artículos 200 y 277 del Código Penal, según corresponda—. En caso de detectarse conductas deliberadas para ocultar desvíos o facilitar el uso indebido, la ley prevé una agravación de las responsabilidades civiles y penales.

El texto legal justifica la inclusión del propofol como medicamento de alto riesgo por su mecanismo de depresión inmediata sobre el sistema nervioso central a través de la potenciación del neurotransmisor inhibitorio GABA. Esta acción puede suprimir rápidamente el impulso respiratorio y producir pérdida de conciencia, lo que exige un nivel de control equivalente al de los opioides para proteger la vida de los pacientes.

Entre los antecedentes mencionados, los legisladores hacen referencia al caso de una persona fallecida en el barrio porteño de Palermo, ex trabajador del Hospital Centenario de Gualeguaychú, en cuya vivienda se hallaron ampollas identificadas con lotes de la firma HLB Pharma Group. Según registros de la ANMAT, existían prohibiciones vigentes sobre determinados lotes de “Propofol HLB” (31106, 60001 y 60002) a raíz de las disposiciones 1517/2025 y 2464/2025, como consta en el Boletín Oficial del 6 de marzo y 16 de abril de 2025, respectivamente.

La diputada Silvana Giudici puntualizó, en relación con la peligrosidad del fármaco, que mientras para el fentanilo se dispone de un antagonista químico, el propofol no tiene antídoto: “Esto significa que no tiene un antídoto y de allí su peligrosidad”.

Veintisiete diputados de diversas bancadas respaldan la propuesta legislativa. Figuran, además de Giudici, Nicolás Mayoraz, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Carlos Alberto Almena, Alida Ferreyra, María Luisa González Estevarena, Sabrina Ajmechet, Álvaro García, Guillermo Montenegro, Federico Agustín Pelli, Carlos Raúl Zapata, Gino Visconti, Adrián Brizuela, Rocío Bonacci y otros.

La presentación del proyecto ocurre tras una comisión investigadora impulsada por Giudici sobre las ciento catorce muertes provocadas por fentanilo contaminado en la Argentina y la presentación previa de iniciativas orientadas a la trazabilidad de opioides y anestésicos en el sector hospitalario.

Los impulsores buscan que la nueva ley permita, por primera vez, una supervisión con criterios claros, registros unificados y sanciones penales estandarizadas sobre el uso, almacenamiento y reporte de irregularidades con propofol en todas las instituciones sanitarias del país.

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