POLITICA
Impulsan un proyecto para regular el propofol y sancionar a hospitales y clínicas que no denuncien su robo
Una serie de muertes asociadas al uso indebido de propofol —anestésico intravenoso de uso exclusivo hospitalario— motivó la presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para instaurar controles reforzados, registro obligatorio y notificación inmediata de incidentes relacionados con la sustancia.
El objetivo es evitar la sustracción y el desvío de este medicamento, que, a diferencia de otros agentes como el fentanilo, carece de antídoto específico capaz de revertir sus efectos en caso de sobredosis, lo que aumenta su peligrosidad y requiere una respuesta regulatoria acorde, según la diputada nacional Silvana Giudici y los legisladores que acompañan la iniciativa.
“Las recientes muertes vinculadas al uso de propofol como droga recreativa encendieron una alarma que no puede ser ignorada. El robo de anestésicos de las áreas quirúrgicas y prequirúrgicas demuestra que es necesario implementar mayores controles dentro de las clínicas y hospitales”, señaló la diputada Giudici a Infobae.
Entre los fundamentos del proyecto de ley se indica que, en la actualidad, las faltas de propofol no se reportan bajo reglas claras y obligatorias para situaciones habituales en hospitales, como roturas de ampollas, descartes o sobrantes.
Esa ausencia de criterios unificados dificulta controlar con precisión el stock disponible, detectar irregularidades a tiempo y mejorar las auditorías en los establecimientos de salud. El proyecto incorpora de manera explícita al propofol dentro del listado oficial de Medicamentos de Alto Riesgo (MER) de la ANMAT, categoría reservada para sustancias que requieren controles reforzados por su potencial impacto ante errores, contaminación o uso no autorizado, y obliga a los establecimientos hospitalarios a informar a las autoridades sanitarias.
Entre los hechos que impulsaron el debate se cuentan:
- La muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar en la Ciudad Buenos Aires, el 20 de febrero de 2026, desató un escándalo y una investigación judicial centrada en el robo sistemático de anestésicos como propofol y fentanilo del Hospital Italiano ubicado en CABA.
- Zalazar fue hallado sin vida en su departamento con una vía intravenosa conectada y drogas reservadas para uso hospitalario. El origen de los medicamentos fue rastreado hasta el Hospital Italiano, institución donde Zalazar no trabajaba.
- La investigación identificó a dos profesionales del hospital, Hernán Boveri (anestesiólogo) y Delfina Lanusse (residente de anestesiología), como sospechosos de desviar estos fármacos entre 2023 y febrero de 2026. Ambos están imputados en la causa; Boveri renunció y Lanusse está de licencia médica.
- Se investiga la presunta realización de fiestas privadas (“Propo Fest”) donde profesionales médicos consumían propofol y fentanilo de forma recreativa, fuera de todo control clínico y con el medicamento robado de las instituciones sanitarias.
- La causa judicial sigue abierta e incluyó allanamientos con resultados positivos en cuanto al hallazgo de evidencia. El Hospital Italiano inició acciones legales internas y los involucrados ya no forman parte de la institución.
Qué propone el proyecto
La propuesta, identificada como expediente 1687-D-2026 y redactada por Giudici junto a otros veintiséis legisladores nacionales, incorpora de manera expresa el propofol en el listado oficial de Medicamentos de Alto Riesgo bajo la órbita de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
Esta categoría implica una obligación reforzada de vigilancia, notificación y registro para sustancias que, por su acción farmacológica, pueden causar daños significativos ante errores de administración, contaminación o uso no autorizado.
Giudici remarcó la ausencia de un recurso eficaz para contrarrestar la acción del propofol en caso de sobredosis: el propofol carece de un “interruptor” químico para revertir sus efectos de inmediato, lo que otorga gravedad a las fugas del anestésico. La ley propuesta exige a todos los establecimientos públicos y privados —hospitales, clínicas y laboratorios— informar cualquier pérdida, desviación o evento adverso vinculado al propofol mediante notificación fehaciente e inmediata a la autoridad sanitaria. El incumplimiento será sancionado conforme a la normativa vigente y puede derivar en denuncias penales si la omisión fuera deliberada o facilitara la comisión de delitos.
El texto establece que el propofol solo podrá utilizarse en entornos hospitalarios autorizados, bajo custodia física restringida y acceso limitado al personal formalmente designado. El almacenamiento adecuado implica resguardo bajo llave, sistemas automatizados de seguridad y la responsabilidad exclusiva de jefaturas de farmacia o anestesiología. En áreas críticas como quirófanos o unidades de terapia intensiva, las ampollas solo podrán almacenarse en carros de anestesia con cierres de seguridad, quedando prohibido el acceso abierto.
Los fundamentos del proyecto detallan que, actualmente, la administración de propofol en la Argentina no se rige por criterios de reporte obligatorios y uniformes en los hospitales, lo que dificulta la detección de robos y el control efectivo de los stocks disponibles. Esta carencia de reglas claras afecta tanto a eventos rutinarios, como roturas de ampollas o descartes, como a situaciones irregulares y riesgosas.
La iniciativa se alinea con los estándares internacionales promovidos por el Institute for Safe Medication Practices de Estados Unidos, que reconoce al propofol entre los medicamentos de alto riesgo —categoría reservada a fármacos con potencial significativo de daño en caso de error o mal uso— y recomienda restricciones de acceso, registros minuciosos de administración y sistemas de doble verificación.
En la Argentina, la regulación avanzó recientemente a través de mecanismos de trazabilidad definidos por la ANMAT en las disposiciones 6223/2025, 3752/2025 y 1848/2026. La integración propuesta del propofol en estos circuitos busca garantizar que la custodia y auditoría sobre este anestésico no sea inferior a la ejercida sobre opioides y otras sustancias controladas de alto impacto sanitario.
El proyecto establece sanciones específicas para casos de omisión o inobservancia en el control y reporte, incluidas aquellas cometidas por funcionarios públicos —a quienes resultarán aplicables tanto el artículo 249 como los artículos 200 y 277 del Código Penal, según corresponda—. En caso de detectarse conductas deliberadas para ocultar desvíos o facilitar el uso indebido, la ley prevé una agravación de las responsabilidades civiles y penales.
El texto legal justifica la inclusión del propofol como medicamento de alto riesgo por su mecanismo de depresión inmediata sobre el sistema nervioso central a través de la potenciación del neurotransmisor inhibitorio GABA. Esta acción puede suprimir rápidamente el impulso respiratorio y producir pérdida de conciencia, lo que exige un nivel de control equivalente al de los opioides para proteger la vida de los pacientes.
Entre los antecedentes mencionados, los legisladores hacen referencia al caso de una persona fallecida en el barrio porteño de Palermo, ex trabajador del Hospital Centenario de Gualeguaychú, en cuya vivienda se hallaron ampollas identificadas con lotes de la firma HLB Pharma Group. Según registros de la ANMAT, existían prohibiciones vigentes sobre determinados lotes de “Propofol HLB” (31106, 60001 y 60002) a raíz de las disposiciones 1517/2025 y 2464/2025, como consta en el Boletín Oficial del 6 de marzo y 16 de abril de 2025, respectivamente.
La diputada Silvana Giudici puntualizó, en relación con la peligrosidad del fármaco, que mientras para el fentanilo se dispone de un antagonista químico, el propofol no tiene antídoto: “Esto significa que no tiene un antídoto y de allí su peligrosidad”.
Veintisiete diputados de diversas bancadas respaldan la propuesta legislativa. Figuran, además de Giudici, Nicolás Mayoraz, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Carlos Alberto Almena, Alida Ferreyra, María Luisa González Estevarena, Sabrina Ajmechet, Álvaro García, Guillermo Montenegro, Federico Agustín Pelli, Carlos Raúl Zapata, Gino Visconti, Adrián Brizuela, Rocío Bonacci y otros.
La presentación del proyecto ocurre tras una comisión investigadora impulsada por Giudici sobre las ciento catorce muertes provocadas por fentanilo contaminado en la Argentina y la presentación previa de iniciativas orientadas a la trazabilidad de opioides y anestésicos en el sector hospitalario.
Los impulsores buscan que la nueva ley permita, por primera vez, una supervisión con criterios claros, registros unificados y sanciones penales estandarizadas sobre el uso, almacenamiento y reporte de irregularidades con propofol en todas las instituciones sanitarias del país.
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Adrián Ravier, flamante vocero presidencial, se reunió hoy con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, en su primer día en funciones en el nuevo cargo. Esta mañana, el aún diputado nacional por La Pampa se reunió junto a su antecesor en Balcarce 50, para repasar los términos de su incorporación. Podría ser con rango de ministro –lo que requerirá una jura formal, en los próximos días -o de secretario, a las órdenes de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Javier Lanari, secretario de Prensa y Comunicación, encargado de ejecutar la orden del cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada, dejó hoy su cargo. El anuncio también corrió por cuenta de Adorni, que dijo que le buscarán un reemplazante, que trabajará a la par de Ravier. Cerca de las seis de la tarde, el ministro coordinador confirmó que el lugar de Lanari lo ocupará Fabián Fernández, actual gerente de comunicaciones de YPF y con pasado en la intendencia de Lanús, como encargado de prensa del entonces intendente macrista Néstor Grindetti.
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POLITICA
El Gobierno apuesta a oxigenar la comunicación y se esperanza con un relanzamiento de la gestión
“Nueva etapa”, definió ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial para explicar los cambios en el área de comunicación que comenzaron el pasado viernes y tuvieron continuidad el lunes.
Pese al blindaje de Javier Milei al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, en el oficialismo detectaron una parálisis en la comunicación de la administración y dificultades para capitalizar los logros de la administración libertaria a raíz de la polémica, por lo que actuaron en consecuencia.
El diagnóstico es certero. Desde principios de marzo, cuando se detectó la presencia de Bettina Angeletti, esposa del ministro coordinador, en la delegación presidencial que viajó a la Argentina Week en Nueva York, la discusión pública alternó entre las novedades sobre los viajes y el patrimonio del funcionario y los movimientos de la interna que atraviesa a la plana del poder.
Con la salida del hasta entonces secretario de Prensa, Javier Lanari, quien integraba el entorno de Adorni, y el desembarco de Adrián Ravier como vocero presidencial, el mandatario buscó imprimirle una nueva impronta a la estrategia comunicacional. Como nuevo secretario de Prensa, asumirá el actual gerente de Prensa y Medios de YPF, Fabián Fernández, un enroque que fue anunciado horas después del triunfo de la Selección Argentina contra Austria, designado con la idea de potenciar lo que definieron como “el nuevo ciclo económico”.
“La idea es que Manuel (Adorni) esté plenamente enfocado en la gestión”, planteó un integrante de la mesa política que no tiene prevista una nueva reunión para esta semana. “Los cambios buscan oxigenar”, precisó un funcionario ante este medio.
Durante los últimos tres meses, el jefe de Gabinete -que asumió el compromiso de continuar al frente de la comunicación- apenas encabezó tres conferencias: en dos de ellas confrontó con el periodismo acreditado a raíz de su situación judicial, y en la última, escoltó a los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), pero las consultas giraron en torno al tema patrimonial del funcionario.
No obstante, y pese a los esfuerzos, dentro del oficialismo hay quienes creen que la estrategia puede funcionar, pero alertan que la permanencia de Adorni dificultará la meta trazada. “Es el objetivo, pero el clavo en el zapato sigue”, sostuvo un legislador ante este medio. “Ravier puede andar bien, pero hay que ver cómo madura la cosa en el Congreso. Este cambio sirve para bajarle temperatura al tema”, confió otra fuente del espacio.
Las modificaciones, que se ajustan estrictamente al área de comunicación, llegan como respuesta al reclamo de la oposición, los aliados y algunos propios, que pedían la salida de Adorni. En su lugar, el mandatario resolvió sostener a su ministro coordinador y habilitar variantes bajo la idea de retomar la iniciativa política. Para la nueva etapa convocó a un legislador que le responde directamente y que, pese a la buena sintonía, no se ubica en ninguna de las tribus en pugna.
Desde los dos vértices del Triángulo de Hierro celebraron la designación del economista y destacaron el perfil del referente libertario pampeano que este martes se mostrará junto al mandatario en una actividad de la Fundación Faro. «Es un outsider, sin carrera política. Más fresco», sintetizó una fuente que transita a diario los pasillos de Casa Rosada.
En paralelo al reunionismo en Casa Rosada, que incluyó la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el Congreso, el bloque de La Libertad Avanza logró negociar con los aliados para evitar los pedidos de interpelación de la oposición en la Cámara de Diputados. El titular de la Cámara Baja, Martín Menem, de regreso al país, cerró un acuerdo con el PRO y la UCR, en el que se comprometió a habilitar la comisión de Asuntos Constitucionales para discutir el tema el martes 30 de junio, y así ganar tiempo.
A la par de los primeros pasos de Ravier en el Ejecutivo, que deberá definir el perfil que le imprimirá a la Vocería Presidencial, los equipos de la Jefatura de Gabinete trabajan en el informe de gestión que espera brindar Adorni el jueves 2 de julio con intención de saciar las dudas y reclamos de las bancas en el Senado.
En plena época mundialista, en Balcarce 50 confían en que la combinación del buen momento de los dirigidos por Lionel Scaloni y el rediseño le permitan al Gobierno Nacional ganar aire, dar vuelta la página de la polémica que involucra a Adorni, recuperar la agenda mediática y reimpulsar la gestión que desde hace meses parece empantanada.
En un nuevo intento por blindar al cuestionado Manuel Adorni el oficialismo pidió una reunión de jefes de bloque en el Senado para este martes con la intención de volver a discutir las condiciones necesarias para habilitar, en la sesión del jueves, el debate de un pedido de interpelación para el próximo 2 de julio contra el jefe de Gabinete, que se sostiene en el cargo por decisión de Javier Milei y su hermana Karina Milei.
El debate girará en torno a las mayorías que se requieren para discutir la interpelación. Tras aceptar el miércoles de la semana que la moción podía tratarse si la habilitaba la mayoría absoluta del cuerpo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich (Capital), dio marcha atrás y ahora quiere exigir el voto de los dos tercios de los presentes, ya que el proyecto de resolución presentado por el kirchnerismo no tiene dictamen de comisión y, por lo tanto, debería discutirse sobre tablas.
“Nosotros no vamos a ir porque ya acordamos la semana pasada, y Bullrich estuvo de acuerdo, que se necesitaba mayoría absoluta y quedamos que íbamos a discutir el tema directamente en el recinto”, anticipó el jefe del bloque kirchneristas, José Mayans (Formosa), en diálogo con .
La nueva cita para discutir los términos de la sesión será este martes a las 18 y fue convocada a pedido de Bullrich, que le presentó este mediodía una nota ante la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Todo indica que la reunión no tendrá ninguna definición y que el debate entre las dos posturas terminará saldándose, como siempre, con una votación en el recinto.
“Se ve que a Karina no le gustó lo que (Bullrich) acordó con nosotros y ahora quiere cambiar los términos”, se quejó Mayans, quien insistió en que fue la propia jefa de la bancada oficialista la que había aceptado el criterio de que el artículo 101 de la Constitución Nacional es operativo y que, por lo tanto, no necesita de debate previo en comisiones, sino que puede discutirse directamente en el recinto.
Mayans se refirió así al compromiso público asumido por Bullrich el último miércoles, cuando actuó como vocera de la reunión de Labor Parlamentaria y comunicó a los periodistas acreditados en el Senado que todos los bloques habían acordado suspender por una semana la sesión que estaba prevista para el jueves pasado, pero que a cambio se había decidido someter a discusión la interpelación de Adorni siempre y cuando se alcanzase la mayoría absoluta que establece la Constitución.
Según pudo reconstruir en diálogo con legisladores que participaron de la reunión de jefes de bloque de la semana pasada, esa fue la postura que terminó imponiéndose y que aceptaron todos los bloques luego de un extenso debate.
Si bien algunos senadores, como el libertario Agustín Coto (Tierra del Fuego) y el peronista Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes), plantearon su disidencia y dijeron que se necesitaban los dos tercios porque el proyecto del kirchnerismo no tenía dictamen, la interpretación de que el pedido de interpelación se podía reclamar como una moción invocando el artículo 101 de la Constitución cerró la discusión.
Por esa razón, el acta de Labor Parlamentaria no menciona ninguno de los proyectos que reclaman interpelación y moción de censura del jefe de Gabinete, destacó un senador que firmó el acuerdo de jefes de bloque.
El documento no habla de expedientes sino que plantea el tratamiento de “mociones de interpelación al Jefe de Gabinete de Ministros en virtud del artículo 101 de la Constitución Nacional y 214 del Reglamento de la Cámara de Senadores”.
El acuerdo sellado por Bullrich disgustó a la Casa Rosada, por el simple hecho de que va a contramano de la decisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina de Milei, de sostener contra viento y marea a Adorni. Así, en la noche del jueves comenzaron a deslizar la idea de que no pensaban cumplir con el compromiso asumido por la jefa de la bancada oficialista de la Cámara alta.
A las quejas del Gobierno se sumaron las palabras de Espínola a manifestando su rechazo a la acordado en Labor Parlamentaria y anticipando que, en la sesión del jueves, pedirá que se exija una mayoría de los dos tercios de los presentes para habilitar el debate porque así lo establece el reglamento del Senado para los proyectos que no tienen dictamen de comisión.
Como si esto fuera poco, el peronista correntino que suele jugar como aliado de la Casa Rosada anticipó su rechazo a la idea de someter a Adorni a una interpelación, al afirmar que su continuidad en el Gobierno era facultad exclusiva del Presidente y que, en su defecto, para que el Congreso pudiera intervenir hace falta mejores “herramientas” aportadas por la justicia sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete.
En las últimas horas se sumó a favor de exigir una mayoría agravada de dos tercios el misionero Martín Goerling (Pro), quien adhirió a la idea de que permitir el debate con mayoría absoluta haría muy fácil el proceso de remoción de un jefe de Gabinete.
De imponerse la postura de los dos tercios, al oficialismo le alcanzará con sumar cuatro votos a los 21 senadores que ya tiene para bloquear cualquier intento de obligar a Adorni a comparecer ante la Cámara alta para someterse a las preguntas de los senadores.
palabras de Espínola a,Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a,Senado de la Nación,,“Ecocidio”. Avanza en el Senado un polémico proyecto que prevé hasta 25 años de prisión: lo apoyó Patricia Bullrich y en la Rural dicen que es un “desastre”,,Caso Adorni: es hora de que el Gobierno dé vuelta la página,,“Robots cuidando ancianos”. Cómo podría cambiar el trabajo en la Argentina y qué empresas podrían llegar con la nueva ley que propone Sturzenegger
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