ECONOMIA
Supermercado mayorista entró en concurso y busca reconvertirse para salir de la crisis
Luego de ingresar en concurso preventivo tras un fuerte deterioro de su negocio, el mayorista de productos de limpieza Caromar, empezó a delinear un cambio de estrategia para intentar sostener su operación. La Justicia autorizó a la compañía a modificar su objeto social y sumar la comercialización de alimentos, en lo que aparece como un primer paso de reconversión en medio de la crisis.
La decisión fue adoptada en el marco del expediente que tramita en el Juzgado Comercial N°1 y habilita a la empresa a incorporar una nueva línea de negocios, con foco inicial en su sucursal de Rosario. La medida no es menor: implica que la firma, históricamente orientada a limpieza, perfumería y consumo masivo no alimenticio, busca ampliar su oferta para recuperar volumen de ventas.
Según surge de la resolución judicial, la modificación fue avalada tras el análisis de la sindicatura, que consideró que la iniciativa «no afecta los derechos de los acreedores» y que se enmarca en una «reestructuración de las actividades comerciales» de la empresa.
Además, el informe señala que la incorporación de alimentos podría «potenciar sus ventas sin mayores costos de implementación«, aprovechando la infraestructura comercial ya existente.
La autorización quedó formalizada a través de un oficio librado a la Municipalidad de Rosario para su correspondiente habilitación.
De supermercado mayorista tradicional a esquema más flexible
El movimiento refleja un intento de adaptación en un contexto que viene golpeando con fuerza al canal mayorista. Caromar, controlada por la familia Manassero, construyó durante décadas un modelo basado en volumen, rotación y una amplia red de sucursales orientadas a abastecer comercios de cercanía.
Ese esquema, sin embargo, empezó a mostrar fisuras a partir de 2024. La propia empresa detalló en su presentación concursal que la caída del consumo impactó directamente en su actividad, en línea con un mercado donde las ventas de supermercados y mayoristas no logran consolidar una recuperación sostenida.
Los números que aportó en el expediente muestran la magnitud del ajuste: las ventas de mercaderías se redujeron un 41,75% interanual entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, en un contexto de menor demanda y mayor presión competitiva.
A ese escenario se sumó un cambio en la dinámica del sector. Según describió la compañía, los competidores comenzaron a bajar precios de forma agresiva, incluso por debajo de sus costos, para sostener participación en un mercado más chico.
El impacto fue directo sobre su estructura. En paralelo al deterioro de ventas, la empresa cerró cuatro sucursales, en Mar del Plata, Burzaco, La Tablada y San Justo, y avanzó con más de 100 despidos, en un proceso de ajuste que también incluyó la salida del negocio industrial.
En el primer semestre de 2024, Caromar decidió cerrar su fábrica de jabón en polvo, una unidad en la que había invertido durante años. Según explicó en su presentación, la operación dejó de ser viable frente a precios de mercado que no cubrían los costos, lo que obligó a desarmar esa parte del negocio.
Concurso de acreedores en marcha
El deterioro no fue sólo comercial. En su presentación ante la Justicia, la empresa también atribuyó parte de la crisis a factores internos y operativos, incluyendo conflictos sindicales y litigios laborales.
En ese sentido, mencionó una «alta conflictividad» con el gremio de Comercio, con asambleas y medidas que, según su versión, afectaron la operatoria diaria. A eso se sumaron dos juicios laborales por montos cercanos a $1.000 millones, que impactaron en su situación financiera.
El quiebre definitivo llegó hacia fines del año pasado, cuando la compañía comenzó a perder capital de trabajo. Según explicó, los proveedores pasaron a exigir pagos anticipados, lo que generó faltantes de mercadería y una nueva caída en las ventas.
Ese circuito, menos stock, menor facturación y mayor presión financiero, terminó por llevar a la empresa a un punto donde no pudo sostener el pago de salarios y obligaciones corrientes, lo que derivó en la presentación en concurso preventivo.
En paralelo, la firma acumula cheques rechazados por más de $1.000 millones, reflejando el nivel de tensión en su cadena de pagos, mientras que su deuda bancaria asciende a alrededor de $53 millones, de los cuales más de $44 millones, tomados con el Banco Credicoop, se encuentran con incumplimientos.
Reconversión en marcha y apuesta a sostener la operación
En ese contexto, la ampliación hacia alimentos aparece como una de las primeras señales de cómo la empresa intenta redefinir su modelo de negocio mientras transita el proceso concursal.
La lógica detrás del movimiento es clara: sumar categorías de alta rotación que le permitan aumentar el tráfico en sus sucursales y mejorar la utilización de su estructura, sin necesidad de grandes inversiones adicionales.
Desde la sindicatura, de hecho, remarcaron que la iniciativa resulta «razonable» en función del perfil de la compañía y su red comercial, y que puede contribuir a mejorar su desempeño sin afectar a los acreedores.
El proceso concursal, mientras tanto, sigue su curso. El expediente fijó como fecha límite el 28 de mayo próximo para la verificación de créditos, etapa en la que ya comenzaron a presentarse acreedores, incluidos ex empleados que reclaman el pago de indemnizaciones tras los despidos.
Luego se abrirán las instancias de revisión e informes de la sindicatura, en un cronograma que se extenderá hasta 2027, cuando se definirá si el supermercado mayorista logra alcanzar un acuerdo con sus acreedores.
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ECONOMIA
OIT: entre adaptar un esquema institucional rígido a las transformaciones del mercado laboral y la contienda por su liderazgo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), el organismo global creado en 1919 tras el Tratado de Versalles bajo la premisa de que la paz permanente sólo se construye sobre la justicia social, atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente.
Con 187 Estados miembros, la institución se enfrenta hoy a un doble desafío: adaptar un esquema institucional rígido a las transformaciones del mercado laboral y definir quién asumirá las riendas de su Dirección General para el mandato 2027-2032.
Un modelo centenario frente a la marea de la informalidad
Nacida con un formato de gobernanza tripartito único, conformado por gobiernos, sindicatos y empleadores, la OIT impulsó a lo largo del siglo XX hitos como la jornada de 8 horas, la Declaración de Filadelfia, los convenios sobre libertad sindical e igualdad salarial, e incluso el Premio Nobel de la Paz en 1969. Sin embargo, el analista coincide en que el auge de la informalidad laboral y el desempleo ha dejado desfasada esta estructura.
En diversas regiones, la suma de trabajadores no registrados y desocupados supera holgadamente a la de los empleados formales. Esta realidad, en mi opinión, debería plantear una reforma estructural: abrir la gobernanza tripartita para incorporar la representación formal del trabajo autónomo como desocupados y sector informal, la cual se intentó hacerlo en una mesa en la CIT 2022. La advertencia es clara: cuando la masa de trabajadores sin registro ni empleo aumenta, los salarios formales se precarizan y las presiones patronales crecen, diluyendo la incidencia real del organismo. La OIT reconoce ante los entornos laborales cambiantes, las nuevas modalidades de trabajo, la dinámica de la sociedad, los trabajadores constantemente están enfrentando nuevos peligros junto con los que además ya existían, laborando en algunas ocasiones en condiciones inseguras y poco saludables, es así que a través de la Estrategia Global en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Acción (2024-2030), busca establecer directrices para afrontar los peligros emergentes adicionales a los tradicionales (OIT, 2023).
Estas transformaciones en el mundo del trabajo son efecto de la digitalización, la inteligencia artificial, el cambio climático, los cambios demográficos y las nuevas formas de empleo, lo cual genera riesgos que exigen nuevas respuestas regulatorias y preventivas, resaltando la importancia que los Estados miembros respeten y cumplan progresivamente los principios preventivos contenidos en los Convenios 155 y 187, a partir de la implementación de políticas, programas y sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Estos convenios en 2022 (post pandemia) se agregaron al corpus de convenios fundamentales, que son los que todos los países tienen que rendir cuentas (memorias) sin importar si los hubieran ratificado o no.
Dentro de los cinco grandes grupos de peligros emergentes identificados por la OIT se encuentran (OIT, 2024):
- Cambio climático y fenómenos ambientales extremos.
- Digitalización, inteligencia artificial y automatización.
- Riesgos psicosociales y salud mental.
- Nuevas formas de trabajo (teletrabajo, plataformas digitales, trabajo híbrido).
- Transición ecológica y tecnologías limpias.
Transición política
La actual administración del togolés Gilbert F. Houngbo —quien asumió en 2022 como el primer líder africano del organismo— busca la reelección para un segundo mandato. Houngbo ha enfocado su gestión en la creación de la Coalición Mundial por la Justicia Social.
Las elecciones se celebrarán el 16 de noviembre de 2026, cuando el Consejo de Administración elija al nuevo Director General mediante votación secreta. Los tres candidatos oficializados son:
- Gilbert F. Houngbo (Togo): Actual Director General que busca revalidar su gestión.
- Yolanda Díaz Pérez (España): Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, cuya propuesta encarna un perfil enfocado en la protección tradicional de derechos. De resultar electa, se convertiría en la primera mujer al frente de la OIT.
- Javier González-Olaechea Franco (Perú): Excanciller peruano.
La cuenta regresiva hacia 2027
El calendario institucional establece un periodo de transición de casi diez meses entre la votación (noviembre de 2026) y la toma de posesión del elegido (1 de octubre de 2027).
Lejos de ser una excepción, esta brecha responde a los tiempos requeridos para el traspaso de mando, la desvinculación de los candidatos de sus altos cargos nacionales y la sincronización con el presupuesto bienal de Naciones Unidas.
El debate no solo pasa por quién ocupará la oficina principal en Ginebra, sino por la capacidad del elegido para rescatar la relevancia del organismo en un mapa geopolítico fragmentado y adaptar sus normas a un mundo del trabajo que ya no se parece en nada al de 1919.
El autor es analista laboral
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ECONOMIA
El dólar volvió a subir y la cotización en el Banco Nación alcanzó un nuevo máximo histórico
El mercado de cambios negoció este lunes un discreto monto de USD 318,3 millones en el segmento de contado, donde el dólar mayorista ganó 11,50 pesos o 0,7%, a $1.545,50, un nuevo máximo nominal.
El dólar comercial anota un incremento de 90,50 pesos o 0,2% en 2026, mientras que en una comparación interanual la suba alcanza los 63,50 pesos o 4,3%, desde los $1.482 del 3 de noviembre del año pasado.
El BCRA estableció el techo del régimen de bandas cambiarias en los 1.954,48 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 408,98 pesos o un 26,5% de ese límite para la flotación administrada de la divisa.
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El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.565 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.566,99 para la venta y $1.513,57 para la compra.
“Más allá de mantenerse ajeno a los vaivenes externos, y con una modesta respuesta a la fuerte depreciación del real brasileño tras el ballottage, el dólar mayorista sigue ‘haciendo la suya’, aunque hoy arranca más cerca de los $1.540″, definió el economista Gustavo Ber.
“Tras un octubre que dejó un saldo positivo de compras para el BCRA, las miradas se posan en si dicha dinámica se extenderá en noviembre, no solo ante la constante dolarización de los ahorristas, sino también porque se comienza a transitar un período de mayor demanda de dinero. De ahí que también será crucial ver la respuesta de la política monetaria y de las tasas de interés en pesos”, consideró el titular del Estudio Ber.
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“La posibilidad de un real más débil vuelve a poner bajo la lupa la competitividad cambiaria argentina y el margen para acumular reservas. A ese frente regional se suman las dudas sobre el programa financiero de 2027, la dinámica de la actividad y las elecciones presidenciales, que comienzan a ganar protagonismo en la lectura del mercado”, indicó un reporte de Portfolio Personal Inversiones.
CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales) informaron que las liquidaciones de exportaciones agrícolas en el mercado de cambios totalizaron USD 2.880 millones en octubre, monto récord para ese mes del año.
“Se registró un salto extraordinario en relación a octubre 2025, que había estado afectado por la eliminación transitoria de retenciones en septiembre 2025, que se tradujo en un adelantamiento de las liquidaciones habituales”, afirmó Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Compañía.
“En lo que va del año las liquidaciones acumulan USD 25.156 millones (-15% interanual), aunque se espera que la caída continúe achicándose en lo que queda del año dada la baja base de comparación de noviembre-diciembre de 2025″, completó Ortiz Villafañe.
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En cuanto a los pesos disponibles, el Tesoro Nacional adjudicó la semana anterior $11,6 billones en la segunda licitación de octubre y renovó el 107% de los vencimientos.
“En esta oportunidad, la mayor demanda se concentró en el bono dual CER/Tamar con vencimiento en diciembre de 2028, que explicó el 30% del total adjudicado a un rendimiento anual de CER +6,2%. En tanto, la Letra Dollar-Linked a enero de 2027 y la Lecap a febrero de 2027 representaron el 22% y 17,8% del total adjudicado, respectivamente”, precisaron los analistas de Puente.
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