El Gobierno de la Ciudad entregará este jueves a la Nación el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, en un paso clave para avanzar con el cierre de la cárcel de Villa Devoto. El traspaso formal de la obra dará inicio a la etapa previa al traslado de los internos, que se realizará de manera gradual.

El convenio será firmado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el titular de esa cartera en la Ciudad, Horacio Giménez. A partir de ese acuerdo comenzará a tomar forma el operativo conjunto diseñado para trasladar a los presos desde el penal porteño hasta el nuevo establecimiento.

Para organizar el procedimiento se conformará un Comando Unificado Federal, integrado por representantes de las fuerzas federales, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El organismo tendrá a su cargo definir la estrategia, coordinar a las distintas fuerzas y ejecutar el traslado.

El movimiento de los internos será progresivo y estará diseñado en función de las características de cada detenido. El esquema contempla evaluar los perfiles criminológicos y establecer medidas para reducir los riesgos durante los recorridos y las distintas etapas del operativo.

Enacom,Cecilia Devanna,Diego Santilli,Santiago Caputo,Conforme a

El gobierno de Entre Ríos anunció que enviará una reforma laboral para terminar con la industria del juicio en la provincia. El gobernador Rogelio Frigerio busca avanzar con los cambios en el Código Procesal Laboral y así reducir la litigiosidad, ordenar el sistema de pericias médicas y generar mayor previsibilidad a empresas, trabajadores y aseguradoras.

El proyecto introduce cuatro modificaciones centrales al sistema de justicia laboral provincial. La primera es la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dependiente del Poder Judicial, cuyos integrantes serán seleccionados por concurso público. La clave del diseño es la remuneración: sus miembros cobrarán un sueldo fijo, de modo que sus ingresos no variarán según el porcentaje de incapacidad que determinen ni según el monto de una eventual indemnización. El objetivo es desacoplar el resultado de la pericia del beneficio económico del perito.

El segundo cambio es la aplicación obligatoria del baremo nacional para determinar incapacidades laborales. Hasta ahora, la ausencia de un criterio uniforme habilitaba evaluaciones dispares entre peritos, lo que generaba incertidumbre para todas las partes. Con la reforma, los profesionales deberán fundamentar técnicamente sus conclusiones dentro de ese marco común, con el fin de unificar criterios y reducir las diferencias entre evaluaciones.

El tercer eje modifica la forma en que se calculan los honorarios periciales. En el sistema actual, esos honorarios se calculan en función del monto reclamado, de la condena o del porcentaje de incapacidad reconocido, lo que genera un incentivo directo para inflar los valores. La reforma establece que la retribución se determinará por la complejidad, la calidad y la utilidad del trabajo realizado, con un límite máximo fijado de antemano.

El cuarto punto elimina la obligación de depositar previamente el monto de la condena, los intereses y las costas —o de ofrecer bienes suficientes a embargo— como requisito para que un empleador pueda apelar una sentencia laboral. La modificación apunta a garantizar el acceso a una segunda instancia judicial sin suprimir las medidas cautelares destinadas a asegurar el eventual cumplimiento del fallo.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) respaldó la iniciativa y la calificó como un “primer paso concreto y necesario” frente al crecimiento sostenido de la litigiosidad en la provincia. Con la reforma, el gobierno entrerriano apunta a construir un sistema con pericias independientes, reglas uniformes y menos incentivos para judicializar, con el propósito de reducir costos y generar mayor previsibilidad para quienes trabajan, producen e invierten en Entre Ríos.

El contexto que motivó la iniciativa es concreto: según datos de la UART, en 2025 se iniciaron 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo en la provincia, un 25% más que el año anterior. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, ese crecimiento llegó al 38%, la cifra más alta entre las nueve principales jurisdicciones del país. La suba se produce pese a que los índices de siniestralidad laboral disminuyen de manera sostenida, lo que indica que el aumento de demandas no responde a un incremento real de accidentes.

Ese fenómeno no es exclusivo de Entre Ríos. A nivel nacional, según un informe de la UART, los juicios por accidentes de trabajo alcanzaron 14.966 en agosto de 2026, un 11,3% más que un año antes. En los primeros ocho meses del año se acumularon 87.553 nuevas demandas, y la proyección para el cierre de 2026 supera los 138.000 juicios, lo que marcaría un nuevo récord histórico.

La entidad señaló que la brecha entre la evaluación de las Comisiones Médicas y lo que resuelve la Justicia alimenta el problema de fondo. “Aún cuando las Comisiones Médicas determinan que un caso ya fue cerrado y la persona atendida y recuperada sin incapacidad, al judicializarse, en la casi totalidad de los casos los peritos judiciales, luego avalados por los jueces laborales, reconocen algún porcentaje de incapacidad. Eso termina generando un incentivo muy fuerte a reclamar, incluso en casos ya resueltos por la vía administrativa”, señaló una fuente sectorial.

La UART viene reclamando la constitución de Cuerpos Médicos Forenses en todas las provincias del país como medida estructural para revertir esa dinámica, y la reforma de Entre Ríos avanza precisamente en ese sentido.

Rogelio Frigerio