POLITICA
Punto por punto, cómo quedó la reforma laboral tras el aval de la Cámara del Trabajo
La Cámara del Trabajo otorgó este jueves efecto suspensivo a la apelación que había hecho el Estado nacional contra la medida cautelar que frenaba más de 80 artículos de la reforma laboral, por lo que la normativa vuelve a estar en vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Así lo dispusieron los camaristas de la Sala VIII María Dora González y Víctor Pesino, quienes dejaron en suspenso el fallo en primera instancia del juez Horacio Ojeda que había hecho lugar a un pedido de la CGT para suspender 82 artículos de la reforma.
La medida cautelar de Ojeda había frenado por tres semanas la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga, el cálculo de las indemnizaciones sin contemplar aguinaldos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones y el traspaso de la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires, entre otros puntos.
Pero la Sala VIII señaló que cuando una cautelar contra el Estado suspende, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal, la apelación debe concederse con efecto suspensivo.
“La medida cautelar [presentada por la CGT] suspendió la vigencia de una gran cantidad de artículos de una ley del Congreso y esta circunstancia torna aplicable la norma antes aludida”, expresaron los jueces.
De esta forma, los 82 artículos que estaban puestos en duda vuelven a estar vigentes y la norma mantiene activas las siguietes modificaciones:
Los salarios deben ser pagados en dinero, sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. Se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que puede ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa e incluso por decisión del empleador, como pagos al “mérito personal” del trabajador o productividad. Los únicos habilitados para el pago de salarios serán las entidades bancarias (se eliminó la posibilidad de incorporar a las billeteras virtuales).
Se propone una reducción de la base de cálculo: ya no se considerarán conceptos como vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. Se impone un tope salarial como base remuneratoria, que no puede exceder 3 veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador.
Para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual. En estos casos, las sentencias podrán ser canceladas en un plazo de 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plazo se estira a 12 cuotas para las pymes.
Se crean los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes.
El empleador deberá conceder el goce de vacaciones durante el período entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes pueden acordar disponerlas fuera de dicho período. También de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento de las vacaciones siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días.
Se establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas entre días de trabajo.
El empleador y el trabajador podrán acordar de manera voluntaria un régimen de compensación a partir de un banco de horas o bien francos compensatorios. Se incorporan los contratos a tiempo parcial por un período de tiempo inferior a la jornada legal.
Se la computará desde el inicio de la relación laboral, incluyendo los sucesivos contratos a plazo que las partes hubieran celebrado. Asimismo, se computará como antigüedad el tiempo de servicio anterior en los casos en que el trabajador hubiese cesado por cualquier causa y reingrese bajo las órdenes del mismo empleador, salvo si hubiese transcurrido un plazo de tres años entre la desvinculación y su reingreso.
Se mantendrá en el 6% la alícuota de aportes patronales que deberán hacer los empleadores a las obras sociales. Permanece vigente la llamada “cuota sindical” compulsiva que pagan los trabajadores (estén o no afiliados) a los gremios, aunque con un tope del 2% del salario mensual y por dos años. El tope baja al 0,5% en los aportes a las cámaras empresarias.
El Gobierno mantiene firme la prioridad de los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales. En el caso de los convenios que estuviesen vencidos, el Ministerio de Capital Humano convocará a las partes para renegociar dichos convenios. En los convenios vigentes por ultraactividad, por petición de cualquiera de las partes legitimadas, el PEN podrá decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación cuando se alegare que su aplicación genera distorsiones económicas graves.
El proyecto creó la figura de repartidor independiente y habilitó la libertad de formas de contrato. La iniciativa establece que este vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.
La reforma fija porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas, según el tipo de actividad. Los servicios “esenciales” deberán asegurar una cobertura del 75%, mientras que los servicios “trascendentales”, al menos el 50%.
El proyecto amplía el número de actividades alcanzadas: se incluyen, entre otros, los servicios educativos en sus tres niveles. Las fuerzas de seguridad deberán prestar cobertura en un 100%. Las asambleas de trabajadores tendrán que contar con autorización previa del empleador.
Derogados cuatro estatutos profesionales (viajante de comercio, peluquero, choferes particulares y operadores de radio/telegrafía) transcurridos seis meses de la sanción de la ley. El estatuto del periodista profesional se derogará a partir del 1° de enero de 2027.
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POLITICA
La Casa Rosada evita escalar la tensión con Brasil tras los insultos de un funcionario de Lula a Milei
Pese a las resonantes declaraciones contra Javier Milei de un funcionario del Gobierno de Lula da Silva, la Casa Rosada evitó escalar las tensiones diplomáticas con Brasil en la previa del próximo viaje del Presidente a San Pablo.
“Nada para comentar”, se limitaron a responder en Balcarce 50 y la Cancillería a TN luego de que el secretario General de la Presidencia de Lula, Guilherme Boulos, insultara a Milei por su inminente visita a Brasil para apoyar al principal candidato presidencial de la oposición.
“¡GRAN NOTICIA! Javier Milei anunció hoy que vendrá a Brasil para participar en la campaña de Flavio Bolsonaro. Es el presidente más rechazado de América Latina, que elevó la jornada de trabajo a 12 horas por día y quiere legalizar el tráfico de órganos humanos. Va a quitar votos al Bolsonarinho. ¿Qué cree este imbécil que tiene para enseñarle al pueblo brasileño?“, escribió Boulos en sus redes.
El exabrupto del funcionario del Planalto puso en evidencia el momento que atraviesan las relaciones entre los dos Gobiernos, que desde el inicio de la gestión de Milei se limitó a los carriles diplomáticos formales para evitar cualquier contacto entre los mandatarios.
Además de las diferencias ideológicas, el vínculo con Lula da Silva se resintió por las reiteradas manifestaciones de apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, principal dirigente de la oposición brasileña que está inhabilitado para competir electoralmente por el intento de golpe de Estado contra Lula en 2022.
En ese contexto, quien representará a la oposición en su lugar será uno de sus hijos, el senador por Río de Janeiro Flavio Bolsonaro, a quien Milei recibió en la Quinta de Olivos dos semanas atrás.
«Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro. VLLC!”, enfatizó el Presidente tras el encuentro, que acompañó con una foto en sus redes sociales. Sin embargo, Milei quiso ir más allá y el viernes pasado confirmó que viajará a San Pablo el próximo 25 de julio para participar de la unción de su aliado ideológico como candidato para las elecciones de octubre. Luego, irá a Brasilia para reunirse con el propio Jair Bolsonaro, a quien vio por última vez en julio de 2024 por una edición de la CPAC en Camboriú.
Los movimientos de Milei forman parte de la búsqueda del Gobierno de afianzar el bloque geopolítico con los líderes de centroderecha que se impusieron recientemente en la región.
En ese sentido, el Presidente ya confirmó su participación en las ceremonias de asunción de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo De la Espriella en Colombia, el 28 de julio y el 7 de agosto, respectivamente.
Los mandatarios electos, a quienes Milei apoyó en la previa de sus definiciones electorales, se suman a un grupo afín a las ideas de la Casa Rosada que incluye a Santiago Peña en Paraguay; Rodrigo Paz en Bolivia; Daniel Noboa en Ecuador; José Antonio Kast en Chile; Nayib Bukele en El Salvador; Nasry Asfura en Honduras; Luis Abinader en República Dominicana; Laura Fernández en Costa Rica; y José Raúl Mulino en Panamá.
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Del lado contrario, quedaron el uruguayo Yamandú Orsi, la mexicana Claudia Sheinbaum y Lula da Silva en Brasil, además de Miguel Díaz Canel en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua y Delcy Rodríguez en Venezuela.
En ese contexto, pese a las manifestaciones de rechazo del Planalto, la Cancillería evitó pronunciarse públicamente y mantiene las relaciones diplomáticas formales a través de la Embajada en Brasilia que lidera Guillermo Daniel Raimondi. Por su parte, desde la sede diplomática brasileña en Buenos Aires también evitaron dar comentarios sobre el tenso vínculo con la Casa Rosada.
Lula Da Silva, Javier Milei, Brasil
POLITICA
Removieron al funcionario que se enfrentó al embajador argentino en España por quitarle su despacho
El episodio que escaló en un conflicto interno entre el consejero y cónsul general de Argentina ante España, Alejandro Nimo, y el embajador Wenceslao Bunge Saravia, puso un punto y aparte este martes con una decisión que tomó el Gobierno mediante un decreto publicado en Boletín Oficial que dispuso el cese del primer funcionario diplomático.
El decreto 588/2026, firmado por el canciller Pablo Quirno, estableció que Nimo, quien se desempeñaba como Agregado Especializado en el Área de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional de la Embajada desde agosto de 2024, concluya con sus tareas después de casi dos años al frente de un área clave para la captación de capital europeo para el país. Lo habían elegido por reunir “las condiciones de idoneidad profesional necesarias para desempeñar dicho cargo”.
Por su parte, la administración libertaria fundamentó la necesidad de “lograr una mejor eficiencia del funcionamiento” de la representación diplomática en Madrid. En el documento, el Ejecutivo argumentó que “el ejercicio de las funciones asignadas exige una actuación acorde con los lineamientos, directrices e instrucciones impartidos por el Estado Nacional en materia de política exterior”.
La designación original del “mileista, menemista y guerrero de la Batalla Cultural!”, como se define en su perfil, partía de argumentar la necesidad de “fortalecer la presencia” del Estado argentino en distintas representaciones en el exterior, con el objetivo de “acompañar las proyecciones de las políticas comerciales y económicas” del Gobierno, en particular en materia de comercio internacional e inversiones.
Al momento de su nombramiento, Nimo recibió rango de Consejero de Embajada y Cónsul General al solo efecto protocolar, mientras durara su función.
La disputa entre ambos funcionarios saltó a la luz tres meses antes de que el Gobierno firmara el cese. Nimo y Bunge Saravia habían tenido un desencuentro que anticipó el desenlace que se formalizó este martes en el Boletín Oficial. El episodio que detonó el conflicto fue la decisión del embajador de retirarle el despacho a Nimo dentro de la sede diplomática, ubicada en la calle Fernando El Santo 15, en el barrio de Salamanca, Madrid.
Según supo Infobae en aquel entonces, la medida se enmarcó formalmente en una reestructuración interna. La Embajada Argentina no renovaría el alquiler del piso donde funcionaba el Consulado General, lo que obligó a redistribuir los espacios disponibles entre el personal. Esa decisión fue comunicada mediante un memo interno enviado por correo electrónico oficial a los más de 40 empleados que trabajan en el edificio.
Nimo, sin embargo, no aceptó esa explicación y llevó el conflicto a la red social X. “Quiero aclarar que no se trata de que me hayan desplazado del cargo, sino que simplemente, por decisión del embajador Bunge, me han quitado el despacho en la que trabajaba y atendía a los empresarios que invierten en Argentina“, escribió. En ese mismo mensaje sostuvo que ese espacio “se había convertido en un símbolo y un sitio de convergencia” de quienes apoyan las ideas del presidente Javier Milei en España, y concluyó con una frase que sintetizó su lectura del episodio: “Deshacerse de mi oficina no fue deshacerse de mí. Fue deshacerse de un símbolo.”
El posteo derivó en una impugnación política directa al embajador. “Me preocupa su falta de compromiso con el achicamiento del Estado y el cumplimiento de las premisas de responsabilidad fiscal que pregona nuestro Presidente”, afirmó Nimo. También señaló que había intentado acercarle propuestas para reducir el gasto de la representación diplomática, sin obtener respuesta.
Detrás de ese episodio puntual existía una tensión acumulada durante meses, según pudo conocer este medio. El abogado, identificado con el ideario libertario y discípulo del economista español Jesús Huerta de Soto, había desarrollado en Madrid una agenda propia de reuniones con empresarios y actores del sector privado, con contactos en los sectores alimentario y ferroviario y compromisos de inversión por más de 2.500 millones de euros. Esa actividad, desplegada en paralelo a la agenda institucional de la embajada, generó fricciones por la superposición de interlocutores y la autonomía en la gestión de reuniones.
El factor que terminó de escalar el conflicto fue una entrevista que Nimo concedió a un influencer en redes sociales, donde defendió la política de austeridad fiscal del Gobierno argentino, reivindicó la “batalla cultural” y formuló críticas al gobierno de Pedro Sánchez.
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POLITICA
Se reactiva la pelea por las reelecciones: 80 intendentes bonaerenses no podrían competir en 2027
A poco más de un año de las elecciones de 2027, un grupo de jefes comunales bonaerenses impulsa cambios en la legislación vigente para eliminar el límite que les impediría competir nuevamente. Sucede que, si la ley no se modifica, 80 de los 135 intendentes que hoy gobiernan municipios bonaerenses no podrán competir por otro mandato.
Según el reparto actual, 51 de esos intendentes son de Unión por la Patria, 16 corresponden al radicalismo, siete al PRO, cinco integran espacios vecinales y uno responde a La Libertad Avanza tras haber abandonado el PRO.
La discusión gira alrededor de la ley sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, que fijó un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares.
Cinco años después, la Legislatura modificó esa norma para establecer que, en el caso de los intendentes, el primer período a computar sería el iniciado en 2019. Esa reforma permitió que muchos jefes comunales pudieran competir nuevamente en 2023, pero también fijó el escenario actual: quienes fueron reelegidos ese año no podrán volver a presentarse en 2027 si el régimen no cambia.
Leé también: El Gobierno acelera la agenda legislativa y se concentra en la reforma electoral y cambios en el régimen de Zona Fría
Desde hace meses, varios intendentes, especialmente los alineados con el gobernador Axel Kicillof, presionan para que la Legislatura elimine ese límite. El argumento que sostienen es que la norma restringe el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades locales.
El propio gobernador y el ministro de Gobierno Carlos Bianco expresaron públicamente su respaldo a esa postura y calificaron la prohibición como una limitación que debería ser revisada.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta fuertes obstáculos políticos. La interna entre el sector que responde a Kicillof y La Cámpora dificulta cualquier acuerdo dentro de Unión por la Patria. A eso se suma la resistencia del Frente Renovador, impulsor original de la ley, que mantiene su rechazo a las reelecciones indefinidas.
Las chances reales de llevar adelante una reforma
En la oposición tampoco existe un respaldo amplio a una reforma. Tanto el PRO como La Libertad Avanza cuestionan la posibilidad de extender los mandatos, mientras que en la UCR conviven posiciones más favorables al cambio, aunque sin un impulso público para modificar la legislación.
“Todo indica que no hay chances, a nivel cero”, sentenciaron desde un municipio peronista del AMBA a TN. En tanto, un intendente opositor indicó a este medio que “hay gente que está tratando de darle la vuelta a esa modificación”.
“Depende del Gobernador”, resaltó a este medio un jefe comunal peronista que no está alineado. “Conmigo no hablan”, subrayó, pero hizo hincapié en que “todos los intendentes quieren la reelección”.
En el oficialismo admiten que cualquier intento de modificar la ley quedará inevitablemente atado a la negociación política entre los distintos sectores del peronismo. Por esa razón, en la Legislatura consideran que las posibilidades de avanzar con una reforma siguen siendo reducidas, al menos en el corto plazo.
Los intendentes con más años en el poder
Entre los actuales jefes comunales hay varios que acumulan más de dos décadas al frente de sus municipios. Mario Secco, en Ensenada; Ricardo Curutchet, en Marcos Paz; Héctor Olivera, en Tordillo; y el radical Miguel Ángel Lunghi, en Tandil, gobiernan desde 2003 y son los dirigentes con mayor permanencia en sus cargos. En total, 44 intendentes llevan más de diez años consecutivos al frente de sus distritos.
El conurbano concentra buena parte de los intendentes alcanzados por la prohibición. De los 40 municipios que integran el Gran Buenos Aires, 28 tienen jefes comunales que hoy no podrían competir por otro mandato.
Mientras el debate legislativo permanece estancado, algunos intendentes analizan otra vía para intentar competir nuevamente en 2027: recurrir a la Justicia. La estrategia consiste en cuestionar la constitucionalidad de la limitación de mandatos para obtener un fallo favorable antes del cierre del calendario electoral, evitando así depender de una reforma aprobada por la Legislatura.
intendentes, Provincia de Buenos Aires, reelección
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