A poco más de un año de las elecciones de 2027, un grupo de jefes comunales bonaerenses impulsa cambios en la legislación vigente para eliminar el límite que les impediría competir nuevamente. Sucede que, si la ley no se modifica, 80 de los 135 intendentes que hoy gobiernan municipios bonaerenses no podrán competir por otro mandato.

Según el reparto actual, 51 de esos intendentes son de Unión por la Patria, 16 corresponden al radicalismo, siete al PRO, cinco integran espacios vecinales y uno responde a La Libertad Avanza tras haber abandonado el PRO.

La discusión gira alrededor de la ley sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, que fijó un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares.

Cinco años después, la Legislatura modificó esa norma para establecer que, en el caso de los intendentes, el primer período a computar sería el iniciado en 2019. Esa reforma permitió que muchos jefes comunales pudieran competir nuevamente en 2023, pero también fijó el escenario actual: quienes fueron reelegidos ese año no podrán volver a presentarse en 2027 si el régimen no cambia.

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Desde hace meses, varios intendentes, especialmente los alineados con el gobernador Axel Kicillof, presionan para que la Legislatura elimine ese límite. El argumento que sostienen es que la norma restringe el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades locales.

El propio gobernador y el ministro de Gobierno Carlos Bianco expresaron públicamente su respaldo a esa postura y calificaron la prohibición como una limitación que debería ser revisada.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta fuertes obstáculos políticos. La interna entre el sector que responde a Kicillof y La Cámpora dificulta cualquier acuerdo dentro de Unión por la Patria. A eso se suma la resistencia del Frente Renovador, impulsor original de la ley, que mantiene su rechazo a las reelecciones indefinidas.

Las chances reales de llevar adelante una reforma

En la oposición tampoco existe un respaldo amplio a una reforma. Tanto el PRO como La Libertad Avanza cuestionan la posibilidad de extender los mandatos, mientras que en la UCR conviven posiciones más favorables al cambio, aunque sin un impulso público para modificar la legislación.

“Todo indica que no hay chances, a nivel cero”, sentenciaron desde un municipio peronista del AMBA a TN. En tanto, un intendente opositor indicó a este medio que “hay gente que está tratando de darle la vuelta a esa modificación”.

“Depende del Gobernador”, resaltó a este medio un jefe comunal peronista que no está alineado. “Conmigo no hablan”, subrayó, pero hizo hincapié en que “todos los intendentes quieren la reelección”.

En el oficialismo admiten que cualquier intento de modificar la ley quedará inevitablemente atado a la negociación política entre los distintos sectores del peronismo. Por esa razón, en la Legislatura consideran que las posibilidades de avanzar con una reforma siguen siendo reducidas, al menos en el corto plazo.

Los intendentes con más años en el poder

Entre los actuales jefes comunales hay varios que acumulan más de dos décadas al frente de sus municipios. Mario Secco, en Ensenada; Ricardo Curutchet, en Marcos Paz; Héctor Olivera, en Tordillo; y el radical Miguel Ángel Lunghi, en Tandil, gobiernan desde 2003 y son los dirigentes con mayor permanencia en sus cargos. En total, 44 intendentes llevan más de diez años consecutivos al frente de sus distritos.

El conurbano concentra buena parte de los intendentes alcanzados por la prohibición. De los 40 municipios que integran el Gran Buenos Aires, 28 tienen jefes comunales que hoy no podrían competir por otro mandato.

Mientras el debate legislativo permanece estancado, algunos intendentes analizan otra vía para intentar competir nuevamente en 2027: recurrir a la Justicia. La estrategia consiste en cuestionar la constitucionalidad de la limitación de mandatos para obtener un fallo favorable antes del cierre del calendario electoral, evitando así depender de una reforma aprobada por la Legislatura.

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La Jefatura de Gabinete de Ministros formalizó una decisión que impacta directamente en la administración de los recursos destinados a las provincias argentinas, con la gestión del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Mediante la Resolución 64/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, le otorgaron al vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, la facultad para asignar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, un instrumento clave para atender emergencias y desequilibrios financieros en los diferentes gobiernos provinciales. Esta medida busca optimizar la gestión y distribución de fondos, reforzando los principios de legalidad, eficacia y celeridad en los procedimientos administrativos.

El cambio responde a la dinámica institucional introducida por el Decreto N° 571/26, que modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 y transfirió al jefe de Gabinete de Ministros las competencias que hasta entonces correspondían al Ministerio del Interior.

Desde la entrada en vigencia de ese decreto, la estructura de la cartera de ministros sumó dos figuras claves: el vicejefe de Gabinete y el vicejefe de Gabinete del Interior, a quienes el titular puede delegar funciones específicas.

El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional fue creado por el inciso d) del artículo 3° de la Ley 23.548 y su administración ha sido históricamente una herramienta fundamental para sostener la estabilidad económica de los gobiernos provinciales en situaciones excepcionales. Según lo dispuesto, estos recursos se asignan con el objetivo de atender emergencias y corregir desequilibrios financieros, garantizando la continuidad de los servicios públicos y la gestión provincial.

Coria llegó a la Jefatura de Gabinete, de la mano de Diego Santilli. Se trata de un dirigente de su más extrema confianza. De hecho, se había desempeñado hasta entonces como viceministro del Interior, cuando “El Colo” desembarcó en la gestión libertaria.

Anteriormente, formó parte del Gobierno porteño. Antes de finalizar su mandato como jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta designó a Coria como ministro de Seguridad y Justicia en reemplazo de Eugenio Burzaco, y en medio de la conmoción que generó en aquel momento el asesinato del ingeniero civil Mariano Barbieri en el barrio de Palermo.

Coria tejió su carrera política al lado del ex diputado nacional del PRO. Entre 2019 y 2021, fue el jefe de Gabinete de la cartera durante la gestión a cargo de Marcelo D’Alessandro. Y atravesó la pandemia de COVID-19 desde ese lugar operativo.

Nacido en General Levalle, provincia de Córdoba, Coria conoce a Santilli desde hace muchos años. Su primer cargo de exposición pública estuvo relacionado a la gestión de la basura y la temática ambiental. Entre 2016 y 2018, fue titular de la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), desde donde se vinculó con intendentes de los distintos espacios políticos que gobiernan el conurbano bonaerense. Incluso, trabó vínculos con referentes de otros sectores como el actual presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Egresado del Liceo Militar General Paz en 1986, el currículum de Coria cuenta con un título de grado como Licenciado en Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba en 1991 y Estudios Intensivos de Defensa Nacional en la Escuela de Defensa Nacional. Fue miembro investigador del Instituto de Teoría del Estado y Política Económica entre 1990 y 1991. En el sector privado se desempeñó como Secretario del Directorio de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A, y entre 2002 y 2008 fue Jefe de Relaciones Institucionales de la empresa.

Más allá de sus roles de gestión, Coria también acompañó a Santilli en sus campañas bonaerenses. En los comicios provinciales, ocupó el quinto lugar en la lista de la Sexta Sección y se encaminaba a asumir como diputado provincial el 10 de diciembre. Ahora, ese lugar fue ocupado por la libertaria María Fernanda Coitinho, titular de ANSES y directora académica de la Escuela de Formación Debate y Análisis Político.

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Javier Milei recibió ayer a legisladores nacionales para explicar detalles de un proyecto que aún no nació y que buscará reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para modificar los cambios instrumentados por la entonces titular de la entidad, la kirchnerista Mercedes Marcó Del Pont, en 2012. En medio de consultas y opiniones nada trascendentes de varios invitados, el diputado y titular de la comisión de Legislación General de la Cámara baja, Santiago Santurio, realizó una advertencia que llamó la atención al jefe de Estado antes de enviar la iniciativa al Congreso: blindar al INDEC para evitar picardías -en el futuro- desde las administraciones centrales.

Según pudo reconstruir Infobae, las explicaciones del primer mandatario apuntaron, como ya fue informado desde que se conoció la intención de la Casa Rosada de presentar un articulado sobre este tema, restringir al máximo cualquier ventana que encuentre un gobierno de turno para aumentar la base monetaria, más la utilización indiscriminada -bolsillo del payaso- de utilidades y dividendos. Seguido a ello, Milei remarcó la diferencia entre una situación con inflación a la de deflación, que llevaría -según la ley en estudio- a otro tipo de medidas.

A partir de ese momento es cuando Santurio recordó las causas judiciales del kirchnerismo relacionadas con las cifras del INDEC -algunas, en curso- y planteó que sería prudente revisar todo esto ante hipotéticas “subdeclaraciones” de inflación. A diferencia de las “preguntontas” -así califican desde despachos sobre los que hacen uso de la palabra delante del Presidente, en este tipo de cumbres-, el diputado por Buenos Aires recibió un guiño. Todo lo que implique o signifique no emitir dinero, será aplaudido en Balcarce 50.

Tras horas de finalizado el cónclave, el diputado Damián Arabia (La Libertad Avanza-Ciudad de Buenos Aires) señaló a este medio: “La única función será preservar el valor de la moneda de todos los argentinos. Se va a prohibir el financiamiento del Tesoro, tanto de manera indirecta como directa desde el Banco Central, así como restringir utilidades. Además, se va a fortalecer el esquema de gobernanza y a endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para futuras autoridades”.

El convite contó con parte de los principales funcionarios del Ejecutivo, quienes mantendrán este martes una nueva reunión de la denominada “mesa política” con el fin de peinar, entre otras cuestiones, el camino legislativo. Lo cierto es que hay en mente varios proyectos que aún no se materializaron y muchos más que ya se mandaron al Congreso y siguen en ansiosa espera. A diferencia de lo que uno presuponía en marzo último, Diputados se movió más rápido que el Senado y quedó con un sendero más ligero que el que enfrenta ahora la jefa libertaria, Patricia Bullrich, en la Cámara alta.

De hecho, para el jueves al mediodía hay una sesión programada allí. Hay una urgencia oficialista por el pliego judicial para que continúe en vigencia el camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral -si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar- y la aprobación de la ley de inviolabilidad de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que la oposición dialoguista ya se la desplumó a la propia Bullrich, sin defensa alguna de parte de la porteña.

En las últimas semanas, ya post dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, aparecieron 13 borradores extra. “Y vamos por la versión 14 para el jueves”, reconocieron anoche desde el oficialismo senatorial. Ya se dinamitó -previo a la firma del despacho- el capítulo relacionado con barrios populares y persisten quejas sobre venta de tierra a extranjeros y el manejo de fuego.

Todo esto podría saldarse, siempre y cuando el pleno logre reunirse pasado mañana. Precisará de 37 sentados. Algunos ya anunciaron que arrancó el receso invernal en sus provincias y quizá no aparezcan. En filas libertarias mantienen, por ahora, la calma. De hecho, de manera preventiva, la semana pasada ya se dejó fijada una sesión para los primeros días de agosto próximo, como una especie de premio consuelo, para que la lupa no esté direccionada ante una potencial caída del encuentro y la clásica acusación a legisladores -a veces, infundada e injusta- en cuanto a que no trabajan. En las preguntas de ayer a Milei, tan solo un diputado logró llamar la atención.

damián arabia