POLITICA
Caso AFA: el fiscal analiza dos alternativas para insistir con el pedido de detención de Tapia y Toviggino

El fiscal Pedro Simón de Santiago del Estero definirá este jueves si apela o solicita la nulidad del rechazo al pedido de detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, firmado por el juez Sebastián Argibay, quien fue apartado del expediente. Según pudo saber TN, el fiscal analiza ambas alternativas y, en principio, presentaría su decisión este viernes.
La definición marcará el próximo paso en una causa que investiga presunto lavado de dinero y que tiene como eje supuestas transferencias millonarias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia un grupo de empresas vinculadas a Toviggino. El pedido de detención había sido rechazado el martes por Argibay, antes de que se concretara su apartamiento por la Cámara Federal de Tucumán.
En su resolución, el magistrado sostuvo que el planteo fiscal “no presenta un hecho penalmente delimitado”, sino “una hipótesis global construida a partir de la agregación de datos e indicios”, lo que consideró insuficiente para esta etapa del proceso. También cuestionó que no se individualizaran “actos concretos de disposición patrimonial” ni “operaciones específicas” que permitieran identificar con claridad la imputación.
El fiscal, en cambio, sostiene que existen elementos probatorios suficientes para avanzar. En su dictamen, afirmó haber acreditado transferencias por casi $5000 millones desde la AFA hacia firmas vinculadas al tesorero de la entidad. La hipótesis central de la investigación es que esos fondos se habrían girado “por servicios que no se habrían prestado”, mediante la utilización de facturas bajo sospecha.
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La causa pone la lupa sobre un total de $4.961.280.195 transferidos entre 2022 y 2025 a sociedades como SOMA SRL, MALTE, SEGON SRL, Servicios Lindor y Servicios Neurus. Parte de esos movimientos se registraron en el Banco Coinag, donde la AFA giró más de $3633 millones en ese período, mientras que otros $1328 millones fueron canalizados a través del Banco Santiago del Estero.
Desde el Banco Coinag confirmaron que estas empresas tenían cuentas en la entidad, aunque precisaron que los fondos provenían del Banco Credicoop. También indicaron que todas las cuentas fueron cerradas a fines de 2025, excepto la de Mauro Javier Paz, luego de la activación de mecanismos de revisión y alerta. La entidad asegura haber operado de forma correcta.
Según la investigación, una porción de esos fondos fue luego colocada en instrumentos financieros para generar rendimientos. Un caso testigo es el de Servicios Lindor, que constituyó plazos fijos por $2.813.000.000 y US$ 2.136.022. Esas operaciones generaron ganancias por $613 millones y US$ 43.000. También se detectaron colocaciones similares en Servicios Neurus, que en 2025 realizó seis plazos fijos por $2720 millones y US$ 2 millones.
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Otro de los focos del expediente está en las facturas emitidas por estas firmas. Entre ellas, una de Servicios Lindor por “vuelos internacionales” por US$ 369.000 y otras de SOMA SRL por servicios aéreos por más de $230 millones. La Justicia también advirtió supuestas inconsistencias en la estructura de algunas sociedades, como la falta de empleados o crecimientos patrimoniales significativos en cortos períodos de tiempo.
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En paralelo, la investigación detectó que parte de los fondos habría sido utilizada para la compra de bienes, incluidos vehículos hallados en la mansión de Pilar atribuida al entorno del tesorero de la AFA. También se analizan conexiones societarias, cambios de directorio y vínculos entre distintas empresas bajo sospecha.
El expediente se inscribe en una trama más amplia que abarca denuncias sobre el patrimonio de Toviggino y sus relaciones empresariales en Santiago del Estero. Allí se identificó un entramado de sociedades con actividades diversas, desde servicios hasta producción vitivinícola.
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El apartamiento de Argibay se produjo a partir de un planteo del fiscal, quien cuestionó su imparcialidad por un vínculo familiar: la hija del juez había realizado una operación inmobiliaria con el hermano de Toviggino. La Cámara hizo lugar a la recusación y dispuso que otro magistrado asuma la causa.
La decisión que adopte Simón en las próximas horas será clave para definir el rumbo inmediato del expediente. Si opta por apelar, la discusión pasará a la Cámara de Casación de Tucumán. Si, en cambio, pide la nulidad, se abrirá otro frente procesal sobre la validez de la resolución ya dictada.
Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Chiqui Tapia, AFA, AFA (Asociación de Fútbol Argentino), Santiago del Estero
POLITICA
El Gobierno prorrogó por dos años la emergencia penitenciaria federal ante la falta de cupos en las cárceles

Por segunda vez, el Gobierno oficializó una nueva prórroga de la emergencia en el sistema penitenciario federal tras constatar que la capacidad de alojamiento se encuentra superada y que la demanda de ingresos sigue en aumento. Pese a que destacaron la inauguración de la Unidad N° 36 de Coronda, Santa Fe, reconocieron que aún no se logró solucionar la problemática.
Por medio de la publicación de la Resolución 439/2026 en el Boletín Oficial, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aprobó la extensión de “la ‘emergencia en materia penitenciaria’ declarada por la Resolución N° RESOL-2019-184-APN-MJ, por el término de dos años desde la fecha de vencimiento del plazo establecido por la Resolución N° RESOL-2024-254-APN-MSG».
Esta categorización ya había sido prorrogada en 2022 y 2024. De la misma manera, indicaron que actualmente el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aloja a 12.248 personas. Esto representaría un 106% de su capacidad operativa, que es de 10.932 plazas.
Bajo el punto de vista de las autoridades, esta situación afectaría la gestión de la custodia y la reinserción social de los internos. Asimismo, detallaron que el 61,83% de los alojados corresponde a condenados, mientras que el 38,17% permanece detenido bajo proceso.

En línea con los datos recabados, entre el 11 de diciembre de 2023 y el 1 de marzo de 2026, ingresaron 15.041 personas privadas de la libertad al sistema federal. De este total, 4.695 se encontraban a disposición de la Justicia Federal, 9.675 de la Justicia Nacional, 418 de la Justicia Penal Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y 253 de otros tribunales provinciales.
Pese a que la capacidad máxima ya fue superada, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que hay otras 2.657 personas detenidas por la Justicia Federal y 2.416 por causas ante la Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que están a la espera de ingresar al sistema.
Por este motivo, en la resolución las autoridades destacaron que la cifra de plazas disponibles resulta insuficiente para recibir nuevos detenidos y advirtieron que el Servicio Penitenciario Federal aún se encuentra a cargo de la custodia de 5.983 personas implicadas en causas de la Justicia Ordinaria porteña, lo que representa el 48,85% de la población alojada.
Desde el Gobierno, atribuyeron este desbalance, en parte, a que no se concretó el traspaso de la Justicia Penal Ordinaria al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Así, consideraron que la continuidad de esa estructura organizativa limitaría la capacidad de alojamiento para detenidos con causas federales.
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Entre las estrategias para abordar la problemática, el Ministerio de Seguridad Nacional resaltó la implementación del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, que desde abril de 2024 incorporó a 1.291 personas y actualmente supervisa 1.503 arrestos domiciliarios. De la misma forma, informaron que se distribuyeron 310 dispositivos electrónicos en 23 convenios con provincias.
En cuanto a infraestructura, la gestión actual recordó la inauguración de la Cárcel Federal de Coronda (Unidad 36) y la habilitación de la Unidad Residencial IV del Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. Aunque estas contribuyeron a ampliar la capacidad, reconocieron que no era suficiente.
Además, indicaron que se encuentra en marcha la construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, con un avance del 72,37%, y la relocalización del Complejo Penitenciario Federal Devoto al partido bonaerense de Marcos Paz. No obstante, la segunda obra que permanece inconclusa tras haber sido suspendida por el Gobierno porteño en 2020.
A raíz de esto, las autoridades resaltaron que, de concretarse la construcción de la cárcel de Marcos Paz, se sumarían un total de 700 plazas en el sistema federal. Por este motivo, destacaron que permitiría un “flujo de ingresos y egresos de detenidos al sistema”.
POLITICA
Fuerte cruce entre Alejandro Álvarez y el presidente del Consejo Interuniversitario: “A ustedes les ofende la verdad”

El subsesecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, protagonizaron este miércoles por la noche un fuerte debate sobre el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
El debate incluyó acusaciones de “politización” del sistema universitario, cuestionamientos por el manejo presupuestario y discusiones sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “A ustedes les ofende la verdad, los datos”, lanzó el funcionario nacional durante uno de los momentos de mayor tensión del intercambio.
La discusión se produjo en el programa A Dos Voces, emitido por TN, un día después de la marcha federal universitaria realizada en distintos puntos del país. Allí, Bartolacci defendió la movilización y reclamó el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso, mientras que Álvarez sostuvo que el Gobierno debe actuar bajo una “restricción presupuestaria” heredada de la gestión anterior.
El intercambio comenzó con diferencias sobre el sentido de la protesta universitaria. Bartolacci afirmó que la movilización expresó un respaldo social amplio a las universidades públicas y sostuvo que se trató de una manifestación “transversal”, no limitada a un sector político. Según señaló, la sociedad argentina valora el rol de las universidades porque “le transforma todos los días la vida a mucha gente”.
Álvarez respondió que las universidades fueron “colonizadas” por la política y buscó respaldar esa acusación mostrando durante el programa publicaciones de dirigentes opositores que apoyaron la marcha o vinculaciones con autoridades de diferentes casas de estudios. Entre ellas, exhibió una imagen de un mensaje del gobernador bonaerense Axel Kicillof en defensa de la universidad pública.
El funcionario también cuestionó al vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, por haber entregado un doctorado honoris causa a Cristina Kirchner. “La politización de la educación superior ha infiltrado las estructuras de decisión”, afirmó.
Bartolacci rechazó ese planteo y acusó al oficialismo de intentar instalar sospechas sobre las universidades públicas para justificar el ajuste presupuestario. “Son todo el tiempo frases hechas que intentan desprestigiar el sistema universitario para que eso fundamente el desfinanciamiento”, sostuvo.
El rector agregó, además, que en las marchas participan incluso personas que apoyan al presidente Javier Milei, pero que igualmente consideran necesario defender el sistema universitario. Sostuvo también que el Gobierno realiza una lectura equivocada de la protesta y de los sectores que acompañan el reclamo.
Otro de los ejes centrales del debate fue la situación presupuestaria de las universidades. Bartolacci marcó que el sistema público universitario atraviesa un escenario crítico y advirtió que “hoy está en riesgo la capacidad del sistema universitario público si no aparecen respuestas”.
Álvarez replicó que el Estado no puede ignorar la situación fiscal y cuestionó al CIN por “reclamar mayores recursos sin contemplar las limitaciones presupuestarias”. “Usted puede hacer una marcha de 250.000 personas, pero al otro día seguimos teniendo la restricción presupuestaria ahí mirándonos”, afirmó.
El funcionario insistió además en que la Ley de Financiamiento Universitario no podía aplicarse porque contradice disposiciones de la Ley de Administración Financiera. “Les avisamos que esa ley nacía muerta”, subrayó.
Bartolacci respondió que la iniciativa fue debatida en un contexto sin presupuesto nacional aprobado y remarcó que la norma no crea nuevas partidas, sino que actualiza fondos ya existentes para el funcionamiento de las universidades. También planteó que corresponde al Poder Ejecutivo cumplir con la ley sancionada por el Congreso.
La tensión volvió a escalar cuando Álvarez mostró una placa con presuntos salarios de rectores universitarios y aseguró que algunos superan el sueldo del Presidente. Incluso mencionó remuneraciones cercanas a los $14 millones mensuales.
“Vos sabés perfectamente que ese no es mi caso”, respondió Bartolacci, que además pidió “un debate razonable” y “en serio”.
El intercambio derivó luego en acusaciones cruzadas sobre la utilización de datos vinculados al sistema universitario. “El problema es que a ustedes les ofende la verdad, los datos. Tienen una rivalidad con los datos”, afirmó Álvarez.
Bartolacci contestó que el subsecretario “tergiversa datos” y le reprochó desconocer el funcionamiento del sistema universitario argentino. “Quiero ayudarte a tener mejores elementos para tomar mejores decisiones”, señaló.
En otro tramo del debate emitido por TN, el rector del CIN también vinculó el conflicto universitario con el funcionamiento institucional y advirtió que “no es un buen antecedente” que el Poder Ejecutivo no aplique una ley aprobada por el Congreso. Álvarez, por su parte, sostuvo que el Gobierno actúa para “defender los intereses de la Nación” y no los de un sector particular.
universidades públicas,Universidades,Conforme a,,»Es su vehículo personal». Un diputado libertario fue al Congreso con un Tesla y lo inscribió en la “batalla cultural”,
POLITICA
Con críticas al PRO y señales a Karina Milei, Bullrich intensifica su actividad en CABA camino a 2027

Patricia Bullrich prepara más recorridas en la Ciudad de Buenos Aires y prevé volver a mostrarse este viernes con Pilar Ramírez, la principal dirigente de Karina Milei en el distrito. La decisión se da en medio de las tensiones internas por la situación de Manuel Adorni y mientras La Libertad Avanza empieza a ordenar su estrategia para disputar la jefatura de Gobierno porteño en 2027.
Según pudo saber TN, la senadora planea realizar actividades territoriales cada una o dos semanas, de acuerdo con la agenda legislativa del Senado. En su entorno explican que el objetivo es sostener un esquema de presencia continua en barrios porteños, con recorridas, despachos abiertos y reuniones temáticas vinculadas a problemas de gestión local.
Cerca de la senadora sostienen que la lógica que busca replicar está inspirada en los sistemas de territorialidad norteamericano e inglés, basados en circunscripciones uninominales. En el equipo de la senadora lo traducen como una modalidad de “despliegue” y “contacto con el votante”, sin esperar la campaña formal y con foco en la construcción barrial.
La nueva actividad prevista para este viernes todavía no tiene sede definida. Bullrich prepara un despacho abierto para hablar de subte y transporte, y también invitó a Ramírez, que ese mismo día tiene una actividad en las oficinas de Netflix. La legisladora es la armadora de La Libertad Avanza en el territorio porteño.
El movimiento ocurre después de la recorrida que ambas compartieron la semana pasada en Villa Lugano y Villa Soldati. En el entorno de Bullrich sostienen que la agenda porteña no se frenará por el ruido interno nacional y que la intención es avanzar con presencia territorial en comunas donde La Libertad Avanza busca ampliar su estructura.
La disputa por la Ciudad también se aceleró con el video que la senadora publicó este miércoles sobre el estado del subte. Allí cuestionó la conectividad del sistema y marcó diferencias con la gestión porteña de Jorge Macri. En el oficialismo leen ese mensaje como parte de una estrategia más amplia: instalar agenda local, tensar con el PRO y marcar que LLA no quiere quedar subordinada a una negociación con el macrismo.
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El trasfondo está atravesado además por las tensiones internas que generaron las investigaciones judiciales sobre Adorni. La presentación de su declaración jurada abrió diferencias entre Bullrich, Javier Milei y Karina Milei, que sostiene al jefe de Gabinete y lo tenía como uno de sus nombres preferidos para competir en la Ciudad en 2027. La senadora pidió acelerar las explicaciones patrimoniales del funcionario y desde entonces mantiene una relación más tirante con la mesa chica oficialista.
En Balcarce 50, de todos modos, aseguran que el plan sigue siendo competir por la jefatura de Gobierno porteño el año que viene y desestimar, por ahora, un acuerdo electoral con el PRO. Bullrich empezó a ocupar ese espacio con recorridas, agenda de gestión y señales hacia Karina Milei, con la que mantiene tensiones.
Patricia Bullrich, CABA, Karina Milei
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