En un contexto de contracción del crédito al sector privado y suba de la mora bancaria, el titular de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Javier Bolzico, anticipó que el financiamiento a privados volverá a crecer en 2026 y proyectó una reducción en los niveles de morosidad para el segundo semestre del año.

Durante el tradicional cocktail por el Día del Periodista, Bolzico habló sobre las perspectivas del crédito para el año en curso y vislumbró que “en 2026 el crédito volverá a crecer y marcará 3 años consecutivos de crecimiento”.

No obstante, advirtió que “aún estamos en niveles bajos de bancarización; los préstamos solo representan actualmente el 12,5% del PBI”. Planteó como meta que el crédito llegue a 25% del PBI en los próximos años y “a partir de allí alcanzar el promedio de la región, en torno al 50%”.

El presidente de Adeba también abordó la cuestión de la morosidad: “En este camino tuvimos un fenómeno coyuntural, la suba de la mora crediticia a partir de la segunda mitad de 2025”. Frente a ese escenario, detalló que “los bancos actuaron proactivamente trabajando con sus clientes en busca de las soluciones según cada situación. Por otra parte, los bancos contaban con buen nivel de capital y previsiones para enfrentar situaciones como estas”.

El referente bancario proyectó una mejora para el segundo semestre de 2026: “La cartera irregular comenzará a bajar en este segundo semestre para ir convergiendo a niveles normales”.

En simultáneo, Bolzico subrayó que, para evaluar el éxito de la política económica y del sistema financiero en los próximos años, “si tuviéramos que elegir una variable para medir dentro de unos años el éxito, en lo que respecta al sistema financiero, de la política económica, de las regulaciones del BCRA y del trabajo de los bancos, esa variable sería el crédito bancario, como porcentaje del PBI”.

En su presentación, recordó una definición del presidente Javier Milei: “el crédito es quizás el mejor instrumento de movilización social que existe porque básicamente es la pieza fundamental del engranaje del crecimiento económico”, y añadió: “y esa intermediación entre el ahorro y la inversión está a cargo del sistema financiero”.

A la vez, el disertante sostuvo que su sector asume esa responsabilidad y señaló que “el crédito bancario es el resultado de la intermediación financiera, y su desarrollo dependerá tanto de lo que haga el sector público como el sector privado”. Para Bolzico, el Estado debe generar las condiciones macroeconómicas, el marco regulatorio y esquemas impositivos adecuados, mientras que las entidades bancarias tienen el deber de aportar “capital, gestión de riesgos e innovación para brindar servicios financieros de calidad”.

Al analizar la dinámica de la economía bimonetaria en la Argentina, el directivo detalló que en el segmento en moneda local los bancos transforman el 85% de los depósitos que reciben en créditos al sector privado. Aunque consideró que “esa es una buena tasa de conversión”, indicó que “la velocidad de crecimiento de los depósitos depende principalmente de la demanda de dinero”.

Para potenciar el desarrollo del crédito en pesos, sugirió que los bancos accedan a fondeo de largo plazo en el mercado de capitales y afirmó que “eso permitirá aumentar el crédito, y sobre todo extender los plazos”. Como ejemplo, señaló que “la evolución del crédito hipotecario dependerá en gran medida de este tipo de fondeo, tal como ocurre en el resto del mundo”.

Respecto al segmento en dólares, Bolzico explicó que la tasa de transformación de depósitos a créditos es más baja: 55 por ciento. Asimismo, relacionó esta diferencia con “las restricciones legales para prestar los depósitos en dólares y otras cuestiones prudenciales”, en relación a las reglas macroprudenciales vigentes que impiden los préstamos a quienes no generen divisas. Sin embargo, remarcó que “los depósitos en dólares tienen gran potencial para crecer”.

Según sus cálculos, los argentinos tienen USD 330.000 millones de fondos líquidos fuera del sistema financiero; de los cuales USD 250.000 millones de dólares se encuentran dentro del país. Y acotó que los depósitos dentro del sistema financiero son solo 40.000 millones de dólares. Para revertir esa situación, consideró que “es necesario crear las condiciones de confianza y retorno para atraer el ahorro argentino que está fuera del sistema financiero formal”.

Bolzico definió el desafío: “Argentina debe ser capaz de incorporar esos ahorros al proceso productivo formal”. Según su diagnóstico, “hay ahí un gran desafío, pero también una oportunidad para el crecimiento del crédito”.

Por otra parte, el titular de Adeba se refirió a la carga impositiva como un factor que limita la intermediación financiera y planteó que el Estado “debe generar esquemas impositivos adecuados, que favorezcan la intermediación financiera”.

“Tenemos una de las cargas tributarias más altas del mundo sobre el sistema financiero y además con tributos altamente distorsivos. Los impuestos sobre las operaciones financieras reducen el retorno de los depósitos y aumentan el costo del crédito”, continuó.

Además, remarcó la presión de las tasas municipales y provinciales: “Hay municipios que cobran entre el 5 y 8% sobre los ingresos totales bajo el concepto de tasas municipales, en teórica contraprestación por servicios prestados. Eso además de las cargas provinciales sobre Ingresos Brutos. Esto es incompatible con el desarrollo del crédito”.

Bolzico vinculó la baja bancarización de las últimas décadas a “la alta carga impositiva que deben soportar quienes operan dentro del sistema financiero formal”, y señaló que esa situación “reduce el crédito y eleva su costo”.

Con una visión de mediano plazo, afirmó que la Argentina “está frente a una gran oportunidad y que será aprovechada”. Subrayó la importancia de que “las políticas públicas de los tres niveles de gobierno generen las condiciones para que Argentina pueda canalizar eficientemente el ahorro privado hacia préstamos a familias y empresas”.

Para el sector bancario, enfatizó que “el sistema financiero por su parte viene demostrando su capacidad y compromiso para generar créditos y ofrecer servicios financieros de calidad cuando se dan las condiciones”. Bolzico concluyó su intervención con un mensaje sobre el rol de las entidades: “Trabajar por una mejor intermediación financiera es el desafío de todos y ahí encontrarán a los bancos. Haciendo lo que saben, trabajando de bancos”.

La discusión de la denominada Ley de Lobby sumó un nuevo capítulo este miércoles 10 de junio, cuando la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) salió a cuestionar varios aspectos del proyecto que comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados y que forma parte del paquete de reformas institucionales impulsado por el Gobierno nacional.

La entidad empresaria aseguró compartir el objetivo de avanzar hacia una mayor transparencia en la relación entre funcionarios públicos y representantes de intereses privados.

Pero alertó que el texto actualmente en análisis genera fuertes asimetrías entre el sector público y el privado y podría terminar limitando el diálogo institucional que mantienen empresas, cámaras empresarias, organizaciones civiles y legisladores.

El pronunciamiento se conoció en la previa de un nuevo plenario de comisiones en Diputados, donde la iniciativa comenzó a ser discutida con el objetivo de obtener dictamen en las próximas semanas.

La esencia del reclamo

A través de un comunicado, la CAC sostuvo que la transparencia en la gestión pública y la publicidad de los actos de gobierno constituyen principios fundamentales del sistema republicano.

Sin embargo, consideró que el proyecto contiene disposiciones que deberían ser revisadas antes de avanzar hacia su aprobación.

La principal crítica apunta a que las nuevas obligaciones recaen casi exclusivamente sobre quienes buscan interactuar con funcionarios o legisladores, mientras que las exigencias para el sector público resultan considerablemente menores.

Según la entidad, el proyecto incorpora nuevas cargas administrativas para empresas, cámaras, fundaciones y asociaciones civiles que buscan participar en el debate de políticas públicas.

Además, advierren que varios de los requisitos previstos podrían resultar difíciles de cumplir para pequeñas y medianas empresas u organizaciones con estructuras reducidas, generando una barrera de acceso al diálogo con el Estado.

«La imposición de nuevas y significativas cargas administrativas sobre el sector privado, no así sobre el público, y la exigencia de requerimientos de muy difícil cumplimiento para distintas organizaciones civiles y pymes implicarían su exclusión de cualquier contacto con el Gobierno y legisladores», señaló la CAC.

El punto que más preocupa

El aspecto más sensible para el sector empresario está vinculado con el régimen sancionatorio previsto en la iniciativa.

La propuesta crea un Registro de Gestores de Intereses en el que deberán inscribirse quienes realicen gestiones ante funcionarios nacionales o legisladores con el objetivo de influir en decisiones públicas.

Para la CAC, el problema es que el proyecto contempla sanciones que pueden alcanzar el ámbito penal ante determinados incumplimientos, incluso cuando se trate de cuestiones formales.

La entidad advirtió que una omisión administrativa, como la falta de inscripción en el registro correspondiente o errores vinculados con las obligaciones informativas, podría derivar en consecuencias desproporcionadas.

«El mayor control del lobby recaería sobre el sector privado, llegando a la criminalización de su accionar ante posibles incumplimientos incluso meramente formales», sostuvo la organización.

La preocupación no es menor si se tiene en cuenta que en el mundo empresario existe consenso respecto de la necesidad de transparentar las gestiones de intereses.

Pero también crece la inquietud por el alcance que podrían tener las sanciones previstas en el texto impulsado por el Poder Ejecutivo.

Qué busca la Ley de Lobby

El proyecto fue enviado por el Gobierno al Congreso a fines de mayo y tiene como objetivo regular una actividad que actualmente carece de una normativa integral en la Argentina.

La iniciativa procura dar visibilidad a las reuniones, presentaciones y gestiones realizadas por empresas, consultoras, cámaras empresarias, sindicatos, ONG y otros actores que buscan influir en decisiones gubernamentales o legislativas.

Entre otras medidas, propone la creación de un registro obligatorio de gestores de intereses, la publicación de reuniones mantenidas con funcionarios y la obligación de informar a quién representan quienes participan de esas gestiones.

Desde la Casa Rosada sostienen que la norma permitirá fortalecer los mecanismos de transparencia, reducir espacios de discrecionalidad y equiparar a la Argentina con estándares internacionales vigentes en varios países desarrollados.

Proyecto resistido

Más allá del respaldo conceptual a la transparencia, el proyecto comenzó a encontrar resistencias dentro de sectores empresarios.

Representantes del mundo corporativo consideran que el texto avanzó más allá de la regulación de la actividad y terminó incorporando mecanismos que podrían desalentar la interacción entre el sector privado y el Estado.

La CAC fue una de las primeras entidades de peso en fijar posición públicamente, aunque no es la única organización que sigue de cerca la evolución de la iniciativa.

La preocupación radica en que la representación de intereses constituye una práctica habitual en todas las economías modernas.

Otras cámaras empresarias, sindicatos, universidades, organizaciones sociales y entidades profesionales mantienen de manera permanente intercambios con funcionarios y legisladores.

El objetivo es acercar propuestas, advertencias o posiciones sobre distintos proyectos.

Desde esa perspectiva, los empresarios consideran que una regulación excesiva podría terminar generando el efecto contrario al buscado: reducir la participación de actores privados y limitar el intercambio de información que suele nutrir los procesos de toma de decisiones.

El peso de la CAC

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios es una de las entidades empresarias más influyentes del país.

Fundada en 1924, representa a empresas de comercio, servicios, tecnología, logística, turismo, finanzas y otras actividades vinculadas al mercado interno.

La organización agrupa además a numerosas cámaras sectoriales y regionales, por lo que suele tener un rol activo en los principales debates económicos y regulatorios.

Por ese motivo, su postura respecto del proyecto adquiere especial relevancia en momentos en que el Gobierno busca avanzar con una norma que impactará directamente en la relación cotidiana entre el sector privado y el Estado.

En ese marco, la entidad pidió a los legisladores introducir modificaciones que permitan alcanzar un equilibrio entre transparencia y participación, evitando que la futura ley termine afectando el normal funcionamiento de las empresas y organizaciones que interactúan con el sector público.

«La bienvenida y necesaria transparencia en los asuntos públicos no debe constituirse a costa de un perjuicio innecesario para el sector privado», concluyó la CAC.

Cuando parecía que el conflicto entre el Gobierno y las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entraba en una tensa paz tras el aumento del boleto un 6% entre mayo y julio, se sumó una nueva demanda: ahora la UTA exigen al Ministerio de Economía que solucione el problema de fondo para que aumenten los sueldos de los choferes. En ese marco, mañana habrá una reunión entre las autoridades de la Secretaría de Transporte y las cámaras empresarias.

El escenario de fondo incluye el impacto del estallido del conflicto en Oriente Medio, que elevó el precio del combustible en Argentina. Ante este contexto, a principios de abril las empresas de colectivos reclamaron a la Secretaría de Transporte mayores subsidios o una suba adicional de la tarifa para cubrir el incremento de costos y afrontar deudas por pagos atrasados. La falta de respuesta estatal llevó a una reducción en la frecuencia de los servicios, lo que afectó a miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Luego de reabrir el diálogo, las autoridades autorizaron un incremento tarifario del 6% en tres tramos mensuales (2% por mes), lo que llevará el boleto mínimo de colectivo -hasta tres kilómetros- a $742,84 a mediados de julio . Sin embargo, los empresarios aún siguen consideraron que el ajuste quedó por debajo de la inflación. Y es esa insuficiencia de los subsidios impide mejorar los salarios del personal.

Fuentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en conversación con Infobae estimaron un atraso salarial del 15% para los choferes. “Calculamos un 15% de atraso en los sueldos de los choferes. Lo que pasa es que con el aumento del precio del combustible por el conflicto en Oriente Medio no aumentaron los subsidios; el Gobierno y las empresas no quieren aumentar los sueldos. Es todo un círculo, los empresarios no quieren aumentar los sueldos porque no pueden, no porque no quieren. Un chofer que recién ingresa tiene un sueldo de bolsillo de $ 1,8 millón, a lo que se le deben sumar viáticos”, expresaron.

El comunicado que la UTA envió al ministro de Economía, Luis Caputo, expone la preocupación gremial por la falta de acuerdo y por la insuficiencia de la respuesta oficial ante la inflación y el alza de insumos. Reclaman una actualización urgente de los haberes para evitar medidas de fuerza, con posibilidad de paralización total del transporte si no se logra un entendimiento.

“Hacemos un llamado al ministro de Economía a fin que trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes en una actividad y de nuestros trabajadores. Queremos que nos traten como a los sectores ”privilegiados» de la economía (tenemos derechos a ello, no hay duda)“, escribió el secretario general de la UTA, Roberto Fernández en la carta que le envío a Caputo. En donde sostuvo que el superávit fiscal no se puede construir sobre los salarios de los choferes de colectivo.

Es que Caputo tiene un dilema para resolver el problema de los colectivos en el AMBA debe elegir entre aumentar el boleto de colectivo lo que le pega de lleno sobre la inflación o otorgar mayores subsidios a las empresas que implica mayor gasto pública en un contexto de caída de la recaudación. En mayo opto por autorizar un incremento del 6% del boleto que no dejo conforme a los empresarios. Aunque con un detalle, los incrementos del boleto se autorizan a mitad de cada mes para moderar el efecto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin embargo, en la Secretaría de Transporte aclararon que la carta de la UTA al Ministerio de Economía está mal dirigida, ya que la responsabilidad formal de la negociación corresponde a las empresas y que el interlocutor gremial debería reunirse con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Mientras tanto, el organismo mantiene la mesa de diálogo con las cámaras empresarias cada 15 días para intentar resolver el conflicto y evitar nuevos paros.

La reducción de frecuencias y la incertidumbre sobre el desenlace de las negociaciones afectan la rutina diaria de los usuarios del transporte público. Las partes reconocen que, si no logran una solución integral, podrían intensificarse las restricciones o interrumpirse el servicio. La reunión prevista para mañana entre las autoridades y los representantes empresariales será clave para determinar los próximos pasos en la disputa que involucra al Gobierno, las empresas y los trabajadores del transporte de colectivos en el AMBA.