La Cámara de Casación confirmó este viernes el decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, para comenzar a cubrir los casi $685.000 millones por los que deben responder los condenados por la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria.

El decomiso abarca un total de 111 inmuebles: 84 son de Báez; 19 son propiedad de Máximo y Florencia Kirchner, incluido el complejo “Hotel Los Sauces”; y uno solo de la expresidenta: un terreno en El Calafate de más de 6000 metros cuadrados.

La decisión alcanza propiedades vinculadas a Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, además de inmuebles que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.

También figuran una propiedad ubicada en el Departamento III Lago Argentino, sobre Avenida 17 de Octubre al 800, incorporada al patrimonio familiar en 2007 y que cuenta con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

El fallo incluye también diez unidades situadas en la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, que habían sido transferidas a los hijos de la exmandataria en 2007.

También una vivienda en la misma ciudad situada en 25 de Mayo al 200, incorporada en 2010, y otra en la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada en 2006.

El inventario se amplía con terrenos situados en las inmediaciones de El Calafate, dentro del Departamento III Lago Argentino.

Entre ellos figuran las parcelas adquiridas en 2007 y 2008, junto con el lote donde se construyó el Complejo Hotel Los Sauces, establecimiento involucrado en otra causa judicial.

También se agregan bienes se agregan dos bienes adquiridos en 2007: uno de 44.106 metros cuadrados y otra de 87.046 metros cuadrados.

Un día después de haber fallado a favor de la ley de modernización laboral, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, activó el trámite para prorrogar la magistratura del Víctor Arturo Pesino, quien en junio debería dejar la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por haber cumplido 75 años. Se trata del juez que falló a favor del gobierno de Javier Milei y suspendió la medida cautelar que bloqueaba la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral.

Pesino, en un fallo conjunto con María Dora González, resolvieron ayer dejar en suspenso el fallo del juez Horacio Ojeda, quien, el 30 de marzo pasado, había hecho lugar a un pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dictado una medida cautelar para suspender 81 artículos de la ley 27.802, llamada de “modernización laboral”.

La semana pasada, el Gobierno había presentado un recurso per saltum ante la Corte Suprema para que levante la suspensión que se había impuesto sobre los principales artículos de la reforma impulsada por el oficialismo.

Tras el fallo favorable, el Ministerio de Justicia inició el trámite para que Pesino continúe como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, una vez que cumpla 75 años. La Constitución establece que a esa edad, los jueces deben jubilarse, a menos que consigan el aval del Presidente y del Senado para extender su magistratura.

La decisión del Gobierno de impulsar a Pesino apenas unas horas después de haber votado a favor de la reforma laboral motivó reacciones en la oposición. “Otra vez la sospecha de corrupción descarada para conseguir y sostener las leyes de Milei y el poder económico. En este caso, la ‘devolución de favores’ es para el Juez Víctor Pesino de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En el día de ayer, este juez hizo uso de una maniobra legal para otorgar vigencia a la reforma laboral y suspendió la medida cautelar que la había frenado. ¿Qué recibió Pesino a cambio? Solo un día después, el Poder Ejecutivo dio curso a la solicitud de Pesino para seguir en su cargo luego de los 75 años», escribió la diputada nacional Myriam Bregman en su cuenta de la red social X.

El senador nacional Mariano Recalde (PJ) también expresó su rechazo por la decisión de Mahiques. “Un intercambio obsceno, a la vista de todos. La casta protegida y los trabajadores con menos derechos”, dijo Recalde.

En el fuero laboral, la Sala VIII es calificada como “la más patronal”, según fuentes del sector consultadas por . Recientemente, Pesino y González se desmarcarcaron de las nueve salas restantes al implementar un esquema a la baja para calcular los intereses en los casos de indemnización. “En vez de aplicar el IPC más el 3%, como hacíamos todos, él le restaba el 30 por ciento a los créditos”, expuso un abogado laboralista de reconocida trayectoria. En su historial, Pesino tuvo otros fallos de repercusión pública: uno de ellos fue cuando en 2020 rechazó un amparo para la reinstalación de una trabajadora de la agencia de noticias estatal Télam; el otro, en 2018, cuando suspendió las elecciones del Sindicato de Comercio, a cargo de Armando Cavalieri, por irregularidades en los padrones del gremio más numeroso del país.

Además del acuerdo de Pesino, el Gobierno también envió al Senado otros pliegos para cubrir vacantes en fueros federales y provinciales. Entre los candidatos, aparecen figuras con algún tipo de vínculo con el oficialismo.

Mahiques también impulsó, según consigna en el Boletín Oficial, la prórroga de la magistratura para Leopoldo Rago Gallo, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan. Se trata de un magistrado que -según consigna la prensa local- mantiene buena sintonía con Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando la ahora senadora ejercía como ministra de Seguridad, el juez destacó el trabajo de la administración de Cambiemos en materia de narcotráfico. “Desde Nación hay una fuerte decisión de luchar contra el narcotráfico y eso es muy importante. Con este Gobierno todo ha cambiado para mejor”, aseguró y confirmó que había estado en contacto con Bullrich.

El gobierno de Milei también avanzó con el proceso de designación de jueces para cubrir vacantes judiciales en fueros federales y del interior del país. Entre los pliegos remitidos figura el de José Eduardo Villena para conjuez de los Juzgados Federal de Primera Instancia de la Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Villena había participado en marzo de una jornada de debate sobre falsas denuncias por violencia de género organizada por la legisladora porteña de La Libertad Avanza (LLA) Lucía Montenegro.