El Gobierno le restó importancia a la inquietud que dejaron trascender los enviados de Donald Trump en el país sobre el impacto que la ley de soberanía de Malvinas, aún en ciernes, podría tener sobre compañías estadounidenses.

El planteo de la Casa Blanca se hizo explícito ayer por la tarde, en una conferencia en el Palacio San Martín, cuando el número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, dijo ante una consulta: “Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”.

En la Casa Rosada, como única respuesta, destacaron la segunda mitad de la frase, sobre el “respeto al proceso legislativo”. Pero un importante dirigente de la cúpula violeta dio una mirada más amplia, entre risas para restarle relevancia al planteo que transmitió el número dos del secretario de Estado, Marco Rubio. “Dijo lo obvio. Estados Unidos mira los intereses de sus empresas, como cualquier país. Y también dijo que respeta el proceso legislativo argentino. ¿Qué más que eso se pretende?“, sostuvo.

El Gobierno no cree que esté siendo presionado a modificar el proyecto que Milei transformó en uno de sus caballitos de batalla. “La ley de soberanía protege recursos argentinos en Malvinas. Las empresas que quieran operar en la Argentina tienen que cumplir la ley argentina, y fin”, afirmó a este medio un alto dirigente del oficialismo, en reserva.

Poco después de la conferencia de Quirno, Santiago Caputo, autor del proyecto, escribió la sigla “TMAP” —Todo Marcha Acorde al Plan—, en alusión a la publicación con imagen con la que el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró a posteriori su propia reunión con Landau.

Excepto en los encuentros semanales de la mesa política, Santiago Caputo suele trabajar tras bambalinas, pero esta vez también se sumó también a la mesa en la sede de Economía para intercambiar con los delegados de Rubio. “Fue porque es el asesor presidencial”, fue la explicación que dieron en Gobierno. Pero evitaron precisar si se habló allí del asunto Malvinas. “No tenemos información al respecto”, dijeron. Después se tomaron una foto con la comitiva, esta vez sin Quirno.

Además del ministro y del consultor, del encuentro participaron los asistentes de Landau, Juan Pablo Segura -de origen argentino- y William Herter; la asesora Viviana Bovo; el consejero económico Matt Stokes; el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, y su par estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas.

El episodio tiene un antecedente inmediato. El 15 de octubre, en la Cuarta Comisión de la ONU, Washington pidió disolver el Comité de Descolonización, el foro donde la Argentina reclama cada año por la soberanía del archipiélago. Como informó Infobae, el vocero Adrián Ravier admitió que la postura nacional estaba en revisión y no descartó cambios en la ley durante el debate parlamentario. En la conferencia de ayer, Landau encuadró la propuesta dentro de una reforma general de Naciones Unidas, mientras que Quirno calificó el reclamo como “innegociable” y sostuvo que la eventual desaparición del foro no afecta la posición argentina sobre la soberanía.

El oficialismo está sobre el borde del asiento con el tema Malvinas desde que lo transformó Malvinas en un tema central para la gestión. Milei buscó llevarlo al tope de la agenda en cadena nacional el jueves 3 de septiembre, con todo el Gabinete y una gran expectativa, y lo presentó como una “causa” nacional y sagrada, convencido de que no habría espacio para los cuestionamientos opositores.

Hace tres semanas, Santiago Caputo envió a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, de su círculo íntimo, a defender en comisión la iniciativa. Pero la firma del dictamen acaba de postergarse otra vez. El plenario de comisiones previsto para el martes fue cancelado, luego de cuatro reuniones sin acuerdo.

La iniciativa, entre otras cosas, reemplaza la ley de 2011 por un esquema más amplio, alcanza a quienes faciliten esas actividades y crea un Consejo de Seguridad Nacional.

Existe consenso en torno a las penalidades para las firmas que exploten recursos en la zona, pero la oposición por ahora sólo está dispuesta a acompañar esa primera parte de la iniciativa. Una de las controversias gira en torno al artículo 111, que contempla hasta 12 años de prisión para quienes impulsen “campañas de desinformación financiadas desde el exterior”, una medida que los opositores leen como una herramienta contra el periodismo. La otra es por el Consejo de Seguridad Nacional, que integrarían el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.

En el Gobierno, como planteó Caputo en X, sospechan que el kirchnerismo pretende “meterse” en ese cuerpo que, para el oficialismo, no debería incluir representantes del Congreso. Sí admiten, en cambio, una comisión de seguimiento o, eventualmente, una bicameral. Pero por ahora los opositores duros no dieron el brazo a torcer y las negocaciones siguen.

Hoy será el turno de Javier Milei de recepcionar, en Balcarce 50, a los funcionarios del Departamento de Estado. El encuentro tendrá lugar una semana después de la conversación a distancia que tuvo por medios virtuales, desde Olivos y a poco de su regreso de Washington, con Marco Rubio. En Casa Rosada dicen que no es un problema que su principal aliado internacional -junto a Israel– muestre preocupación frente a uno de los proyectos más ambiciosos que el Presidente, además, decidió transformar en insignia de su administración.

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El Gobierno avanza con Estados Unidos en un programa para reemplazar progresivamente tecnología china utilizada en redes estatales y profundizar la cooperación en seguridad. La iniciativa formó parte de la reunión que el canciller Pablo Quirno mantuvo este jueves con el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, en el Palacio San Martín. El encuentro incluyó anuncios sobre ciberseguridad, narcotráfico y trata de menores, además de una discusión sobre los riesgos que Washington atribuye a determinados proveedores tecnológicos.

Uno de los principales anuncios fue un aporte no reembolsable de US$15 millones para poner en funcionamiento un centro nacional de operaciones de ciberseguridad. Quirno confirmó que el proyecto incluirá una evaluación de la seguridad de la red troncal de Internet de ARSAT. El objetivo es fortalecer la protección de los sistemas informáticos públicos y ampliar la capacidad del Estado para detectar y responder a ataques.

El anuncio representa un avance sobre el programa que vienen trabajando hace meses para sustituir equipamiento de Huawei instalado en el núcleo de redes gubernamentales. La iniciativa cuenta con el respaldo del Departamento de Estado y contempla una transición hacia proveedores considerados confiables por Washington. Según explicaron entonces fuentes oficiales, el Gobierno busca retirar progresivamente esa tecnología y desarrollar una estructura de monitoreo de alcance nacional.

El documento estadounidense establece expresamente que el programa debe acompañar el desplazamiento de equipamiento de origen chino de la infraestructura digital argentina. La convocatoria de financiamiento señala que la primera etapa incluirá un relevamiento de redes, sistemas y centros de datos para identificar los equipos considerados no confiables. También prevé formular recomendaciones para retirarlos, aislarlos o neutralizarlos sin interrumpir servicios esenciales.

La asistencia estadounidense había sido anunciada originalmente por hasta US$13.912.185 durante un período aproximado de 36 meses. El nuevo monto informado por Quirno asciende a US$15 millones, aunque todavía no se precisó si se trata de una actualización del mismo programa o si incorpora componentes adicionales. La documentación original establece además que el Departamento de Estado tendrá participación en la revisión y aprobación de etapas y recomendaciones técnicas.

El esquema prevé destinar aproximadamente US$5 millones al diseño de la arquitectura tecnológica del centro, además de partidas para evaluar redes, revisar el marco legal y capacitar especialistas argentinos. La planificación contempla una primera etapa de diagnóstico durante seis meses y una segunda fase de implementación tecnológica entre los meses siete y dieciocho. La expectativa es que el sistema alcance autonomía operativa al finalizar los tres años.

La asistencia no implica que Estados Unidos financiará la totalidad del reemplazo de los equipos chinos. El documento establece que la Argentina deberá asumir principalmente la compra de hardware, licencias de software y costos de funcionamiento. Washington podrá cubrir determinados componentes cuando resulten indispensables para alcanzar los objetivos del programa y no exista otra alternativa de financiamiento.

En el tramo final de una sesión de más de 15 horas en la Cámara baja, el oficialismo logró sacar de discusión el proyecto sobre morosidad y endeudamiento familiar. Ante la falta de respaldo para aprobar su dictamen, La Libertad Avanza impulsó una moción para devolver la iniciativa a comisiones, sin establecer una fecha para retomar el debate.

La propuesta obtuvo 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones, correspondientes a diputados de Córdoba de Provincias Unidas. Esa decisión resultó determinante para que el Gobierno evitara una derrota parlamentaria.

Diputados aprobó el proyecto de discapacidad con 237 votos y lo giró al Senado

La maniobra generó fuertes cuestionamientos de la oposición. Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, denunció que funcionarios nacionales estaban contactando legisladores para negociar apoyos, mientras que Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, acusó al oficialismo de bloquear la discusión sin comprometerse a reabrirla.

El desenlace contrastó con la votación del proyecto sobre discapacidad, que había conseguido un amplio consenso durante la misma sesión.

Las diferencias también respondían al contenido de las propuestas. El dictamen oficialista priorizaba herramientas preventivas, como educación financiera y digital, y la posibilidad de trasladar una operación crediticia a otro proveedor.

En cambio, el texto impulsado por bloques opositores proponía declarar la emergencia por 180 días y establecer un régimen de alivio para los deudores.

Esa alternativa contemplaba planes de pago con cuotas limitadas al 30% de los ingresos, condonación de intereses punitorios y un período de gracia de 90 días. También incluía suspender embargos, ejecuciones y otras medidas de cobro.

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