En medio de la investigación judicial que tiene como protagonista al jefe de Gabinete por su patrimonio, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, fue señalado por la Justicia por presuntamente haber ocultado a la Oficina Anticorrupción y al organismo que conduce la posesión de tres propiedades en Estados Unidos que valen más de US$2,1 millones.

El pedido de indagatoria fue emitido por el fiscal nacional de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien consideró que Vázquez debería ser procesado por el delito de omisión maliciosa de consignar datos en la declaración jurada patrimonial.

Se trata de una figura penal que prevé hasta 2 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. En paralelo, Rodríguez le solicitó al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la investigación a los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En su solicitud, que deberá ser resuelta por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el titular de la PIA enfatizó que “sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vinculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”.

El funcionario, que fue nombrado como titular de la Dirección General Impositiva (DGI) en octubre de 2024 y ascendido a la cúpula de ARCA en diciembre de 2025 por Javier Milei, es investigado desde diciembre de 2024 luego de que se conociera su supuesta vinculación con tres inmuebles en Miami.

Las propiedades señaladas son las unidades 3504 y 2811 del complejo Icon Brickell, adquiridas en enero de 2013 por US$710.000 y US$400.000, respectivamente, mediante la sociedad panameña Alcorta Corp., además de la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, comprada en julio de 2015 por US$980.000 a través de Pompeya Group Corp.

Ambas firmas de origen panameño pasaron en 2016 a manos de Galanthus Capital Limited, una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas donde Vázquez figura como beneficiario final, según formularios internos del estudio Trident Trust a los que accedió el diario La Nación y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). En esos documentos, Vázquez fue catalogado como Persona Políticamente Expuesta (PEP).

En este escenario, tres diputados de la Coalición Cívica -Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Mónica Frade- presentaron una denuncia penal que cayó en manos del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal federal Carlos Rívolo. Sin embargo, luego pasó a Martínez de Giorgi y el fiscal Guillermo Marijuán, quien solicitó información adicional de las Islas Vírgenes Británicas mediante un exhorto judicial.

En esa tarea, también trabajan junto al fiscal dos fiscalías especializadas: la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Procuraduría de Investigaciones Administrativa. Fue esta última quien ahora pidió la citación indagatoria al argumentar que Vázquez nunca hizo mención a sus propiedades en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción y la AFIP entre 2011 y 2015, y en 2023.

Para el fiscal Rodríguez, existe una hipótesis de enriquecimiento ilícito, ya que Vázquez declaró tener US$40 mil en activos líquidos al cierre de 2012 y US$44.000 al cierre de 2013, pero compró inmuebles por US$1,1 millón en enero de 2013 y por otros US$980.000 en julio de 2015.

En ese contexto, Rodríguez aseguró en su dictamen haber verificado que el funcionario y su exesposa Silvia Ivone Rodríguez, empleada de ARCA, pagaron impuestos municipales en el condado de Miami por esos inmuebles por un total de US$136.761 entre 2014 y 2018. Según su investigación, también se registraron reintegros de impuestos enviados a nombre del propio Vázquez y su exesposa, mientras que sus hijas residen allí desde 2022, de acuerdo a la declaración de domicilio real ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

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Además de pedir la citación indagatoria, la PIA solicitó al juez Martínez de Giorgi librar exhortos internacionales al Bank of America, al PNC Bank y al Wells Fargo, donde Vázquez y su grupo familiar tendrían cuentas, y reiterar el pedido de información a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas.

En paralelo, Rodríguez también requirió información a la Embajada de Estados Unidos sobre los movimientos migratorios de Vázquez, su ex esposa y sus dos hijas en territorio norteamericano desde 2012.

ARCA, Gobierno, Procuraduria de Investigaciones Administrativas

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Este domingo, la periodista Luciana Geuna se refirió a la denuncia penal que le hizo Casa Militar por un informe en Casa Rosada que se publicó la semana pasada y aseguró que “no fue una grabación clandestina”.

“Nos gusta mucho hacer este programa. Lo pensamos cada domingo buscando ser precisos, creativos, tener buena información, contarte historias, investigar, hacerlo cada vez mejor”, comenzó diciendo Geuna en su programa “¿Y mañana qué?».

Y siguió: “Hace un par de semanas tuve una idea para que Nacho (Salerno), que tiene 23 años y hace dos años que está acreditado en la Casa Rosada y trabaja rigurosa y responsablemente, cuente la interna política de una manera más visual, relatándola desde los pasillos de uso común de la Rosada. Era un informe que buscaba ser atractivo pero, digamos, inocente. Sin denuncias ni mucho menos imágenes prohibidas o tomadas en lugares no permitidos”.

Geuna explicó que todas las imágenes que se tomaron de los pasillos de la Casa Rosada son en áreas de libre circulación y que se había avisado previamente al Gobierno. “Por supuesto no fue una grabación clandestina”, enfatizó. También contó que este lunes se hará una presentación en la Justicia con todo el material recabado.

“Para que se den una idea, cada una de las imágenes que grabamos son en áreas que se repiten por miles en redes cuando los alumnos van de visita guiada a la Rosada, y con sus celus, registran el recorrido. También aparecen en Google Street View”, aseguró.

Más adelante dijo: “A pesar de todos nuestros recaudos, el informe se prestó a confusiones. Lo sentimos. Creo profundamente en el aprendizaje que dejan estas situaciones».

Sobre el final del editorial, Geuna se refirió a la decisión del Ejecutivo de cerrar la sala de prensa y retirarle la acreditación a todos los acreditados en Casa Rosada. “Hoy la sala de prensa de la Casa Rosada está cerrada. Y es gravísimo. Y no hay ningún argumento que pueda sostener que es una decisión vinculada a ese informe, a nosotros o a este programa. Es una decisión política que nos interpela a todos los que creemos profundamente en la libertad de expresión y en la democracia. Confío en que nuestros compañeros acreditados podrán volver pronto a su lugar de trabajo».

Casa Rosada