POLITICA
La Justicia de San Juan ordenó la continuidad del proyecto minero Vicuña tras el planteo de La Rioja
La Justicia de San Juan respaldó la continuidad del proyecto minero Vicuña, desactivando el intento de bloqueo impulsado por la provincia de La Rioja y despejando el camino para una inversión estimada en 18.000 millones de dólares en los próximos diez años. La decisión judicial ratificó que no existen impedimentos legales para el desarrollo del yacimiento, considerado uno de los emprendimientos mineros más ambiciosos de la Argentina y clave para el posicionamiento del país entre los principales productores mundiales de cobre, oro y plata.
La sentencia judicial de San Juan marcó un punto de inflexión en el conflicto. El fallo habilitó la continuidad operativa del proyecto Vicuña y desestimó cualquier obstáculo legal a su desarrollo. Se informó que la resolución ordena el conflicto dentro del marco normativo vigente y confirma que la iniciativa no se encuentra frenada ni en riesgo de paralización. De este modo, el emprendimiento quedó institucionalmente encauzado.
El proyecto Vicuña, impulsado por la alianza entre BHP y Lundin Mining, contempla la exploración y desarrollo de cobre a gran escala. El plan prevé una inversión de 18.000 millones de dólares en una década, con la obtención del primer concentrado de cobre estimada para 2030. El emprendimiento comprende los proyectos Josemaría y Filo del Sol, situados en un distrito minero de alta proyección internacional.
La importancia estratégica del yacimiento ha sido subrayada tanto por el sector privado como por autoridades nacionales y provinciales. Se estima que el desarrollo de Vicuña posicionaría a la Argentina entre los cinco principales productores globales de cobre, oro y plata. El expediente oficial detalla actividades de perforación, extracción de agua, detonaciones y transporte de cargas pesadas, bajo la supervisión de organismos ambientales de ambas provincias.
El gobernador Orrego reafirmó la postura de San Juan frente al reclamo riojano: “Los recursos que están en el subsuelo sanjuanino son de los sanjuaninos y los vamos a defender con la ley en la mano, siempre. Tenemos respeto por La Rioja y creemos en el diálogo institucional, pero no en debates sin sustento jurídico. La ley es la ley”.
El conflicto entre San Juan y La Rioja emergió cuando la jueza riojana María Greta Decker ordenó la suspensión parcial de las actividades y bloqueó el tránsito de maquinaria por el corredor Guandacol–Santa Elena–Zapallar–Las Cuevas–La Ciénaga. Esta medida, impulsada por la Fiscalía de Estado de La Rioja, exigía la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental ante las autoridades provinciales antes de reanudar las operaciones. El yacimiento, situado a poco más de un kilómetro del límite interprovincial y a 4.000 metros de altitud, depende de rutas que atraviesan suelo riojano para garantizar el abastecimiento logístico.
La disputa escaló rápidamente al plano nacional, con cruces públicos entre los gobernadores Marcelo Orrego de San Juan y Ricardo Quintela de La Rioja. Quintela reclamó la revisión de los límites definidos en 1968 y solicitó la intervención del Senado. Orrego, en respuesta, defendió la legitimidad de la jurisdicción sanjuanina y sostuvo: “Como ya dije, quiero ser claro: la jurisdicción de San Juan es legal y está respaldada por la Ley 18.004 y la Constitución Nacional. No es un acuerdo entre funcionarios, es una ley vigente desde hace más de 50 años”.
En paralelo al fallo judicial, el Congreso de la Nación comenzó a debatir iniciativas para fortalecer el marco normativo del sector minero. Los diputados nacionales Picón y Jaime impulsaron proyectos legislativos orientados a brindar mayor previsibilidad jurídica, evitar disputas interjurisdiccionales y consolidar reglas claras para inversiones estratégicas. El objetivo es blindar proyectos de gran escala como Vicuña y garantizar un entorno estable para el desarrollo minero.
Así, el proyecto Vicuña no solo obtuvo aval judicial, sino también buscará contar con respaldo político e institucional a nivel nacional.
Corporate Events,Environment,South America / Central America
El nuevo rol de Diego Santilli como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni revitalizó el vínculo con los gobernadores, 13 de los cuales estuvieron presentes en su jura, el martes pasado.
Puesto en funciones, Santilli ya se reunió en las últimas horas con Raúl Jalil, de Catamarca, e Ignacio Torres, de Chubut. Una dinámica que se espera que continúe en los próximos días, junto con la presencia esperada por la Casa Rosada de buena parte de los mandatarios el próximo jueves 9 de julio, en Tucumán, por la conmemoración del Día de la Independencia que encabezará el presidente Javier Milei.
Los diálogos casi permanentes de Santilli con los gobernadores comenzaron en noviembre pasado, cuando se hizo cargo del Ministerio del Interior, pero generaron una expectativa mayor en las últimas horas, con el funcionario ahora empoderado.
En especial, porque la Casa Rosada tiene como objetivo conseguir adhesiones para aprobar la reforma electoral y, sobre todo, la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un escalón que considera clave para quitarle una herramienta de organización a la oposición y lograr el objetivo de la reelección de Javier Milei.
Por lo pronto, según pudo saber de fuentes del Poder Ejecutivo, los gobernadores de diálogo fluido con Balcarce 50 coinciden en los mismos reclamos: la reactivación de las obras de infraestructura que la gestión libertaria frenó, especialmente rutas; el desembolso de fondos federales retenidos, el aval del Ministerio de Economía para tomar créditos internacionales y fondos específicos vinculados a la salud y el PAMI, según enumeraron fuentes oficiales. Cada provincia, además, tiene reclamos propios.
Los gobernadores ya venían conversando esos temas con Santilli, pero la expectativa ahora es que desde la Jefatura de Gabinete pueda imprimirle “celeridad” y “fluidez” a las respuestas.
Hasta ahora, el Gobierno atendió las negociaciones con los gobernadores aliados a través de la entrega de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y, más recientemente, el adelanto de fondos de la coparticipación federal. Las promesas de obras pocas veces se concretaron.
“La expectativa está en que ahora que Santilli es jefe de Gabinete se terminen de aprobar las promesas pendientes, que se aceleren“, admiten desde las propias filas de Gobierno. También reconocen que la situación política y judicial de Manuel Adorni complicó aún más las gestiones.
En marzo, de hecho, un decreto de Milei había empoderado a Adorni delegándole la firma en todas las erogaciones presupuestarias del Estado, entre las que se encuentra la aprobación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Fue un modo de controlar también los pedidos de fondos de los gobernadores que Santilli trasladaba al ministro de Economía, Luis Caputo.
“La idea es que haya resultados concretos, que las cosas que se vienen conversando se ejecuten”, dicen ahora en la Casa Rosada.
El martes, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, se mostraron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores Jalil, Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén). Entre los ausentes con aviso estuvieron Torres, el mendocino Alfredo Cornejo y el chaqueño Leandro Zdero.
nuevo rol,Cecilia Devanna,Diego Santilli,Conforme a,Diego Santilli,,Por decreto. Fijan la nueva estructura del Gobierno, con Santilli como jefe de Gabinete con funciones ampliadas y otros puestos claves,,Escépticos y desconfiados. Los miedos de Santilli,,Eliminación de las PASO. De qué se trata la reforma electoral que negocia Santilli con los gobernadores
POLITICA
La Justicia ordenó revisar la causa contra Guillermo Moreno por la manipulación de los datos del INDEC
La Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución del Tribunal Oral Federal N° 2 que había rechazado el planteo de prescripción de la acción penal respecto de Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri en la causa por la intervención en la elaboración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre 2006 y 2007.
Casación ordenó así al TOF que dicte un nuevo pronunciamiento evaluando si la permanencia de Marcela Filia, exempleada del organismo y absuelta en el mismo proceso, suspendió efectivamente el curso de la prescripción.
Esta decisión no declara directamente la prescripción ni absuelve a los imputados, pero le pide al tribunal a fallar acuerdo con este criterio. De confirmarse en esa instancia, la condena dictada en 2024 quedaría sin efecto en este expediente.
La decisión fue adoptada este jueves, con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, y Javier Carbajo en disidencia.
El caso se originó en la presunta manipulación de datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) cuando Moreno se desempeñaba como secretario de Comercio Interior.
En agosto de 2024, el TOF 2 condenó a Moreno y a Paglieri a tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con destrucción e inutilización de registros públicos.
En esa sentencia, los jueces consideraron que la permanencia de Filia en la Dirección de Índices de Precios de Consumo del INDEC, hasta al menos julio de 2025, mantenía suspendido el término de prescripción, de conformidad con el artículo 67 del Código Penal.
Casación consideró que esa resolución carecía de fundamentación suficiente. Los jueces explicaron que la suspensión prevista para quienes ocupan un cargo público no alcanza a cualquier empleo estatal, sino a aquellos funcionarios cuya jerarquía o cercanía con el poder les permita “emplear su autoridad o influencia con el fin de perjudicar el ejercicio de la acción penal”.
Slokar y Borinsky señalaron que el tribunal oral omitió evaluar el cargo y las funciones concretas que desempeñaba Filia.
Leer más: La estrategia judicial de Tapia y Toviggino después del revés que los deja al borde del juicio oral
El expediente volverá ahora al Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, para que realice ese análisis específico.
Según la resolución de Casación, si se determina que Filia no tenía la jerarquía ni la posibilidad real de influir en la investigación, correspondería declarar prescripta la acción penal respecto de Moreno y Paglieri.
Guillermo Moreno, Indec, Justicia
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: denunciaron al Presidente por los ejercicios militares conjuntos de Argentina y EE.UU.
Todo sobre las medidas del gobierno de Javier Milei minuto a minuto este viernes 3 de julio:
Vie. 03.07.2026-09:49
Colectoras: la oposición habla de “trampas” y denuncia que el Gobierno pretende armar un sistema electoral a su medida
Marina DevitaBio completa
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