En una entrevista exclusiva, Silvia Lospennato anticipó que la presentación de Manuel Adorni ante el Congreso se dará en un clima de alta tensión política y defendió la necesidad de cumplir con el informe constitucional que exige la fiscalización parlamentaria.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, la legisladora porteña resaltó el rol del jefe de Gabinete como “quien debe conocer el termómetro del recinto”.

Recordó la preparación minuciosa de cada sesión: “Sabiendo con qué temas iba a salir cada bloque”. Defendió el respeto por la Constitución: “No todos los jefes de Gabinete incumplieron esto. Nuestro jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue el que tuvo mayor cumplimiento desde que se reformó la Constitución Nacional”.

El informe de Adorni y la tensión en el Congreso

La presentación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete ante el Congreso se produce en un momento marcado por la discusión sobre el respeto a las instancias constitucionales y el rol de fiscalización parlamentaria. “Creo que todos imaginamos que mañana va a ser una sesión difícil y compleja para el jefe de Gabinete y también para los legisladores que tienen que preguntar”, advirtió Lospennato, quien admitió la expectativa de un cruce intenso: “Ojalá se dé un debate a la altura, donde los legisladores tienen derecho a preguntar todo lo que quieran. El jefe de Gabinete tiene derecho a responder lo que pueda en ese momento y si no, mandar las respuestas por escrito, que eso está habilitado en el reglamento, pero en un marco de respeto. Yo espero que sea así mañana”.

Lospennato profundizó sobre el valor institucional de la instancia: “Son una instancia constitucional, es necesario cumplirlo, es muy relevante porque es la oportunidad de conocer cómo marcha el gobierno”.

Recordó su experiencia parlamentaria: “Teníamos un grupo de WhatsApp que se llamaba Artículo 101, con el que preparábamos las visitas del jefe de Gabinete, que son una instancia muy relevante”. Además, subrayó que la transparencia y el control legislativo son una deuda pendiente de la política.

Críticas al cierre de la sala de periodistas y la convivencia con la prensa

El cierre de la sala de periodistas en el Congreso generó un fuerte rechazo por parte de Lospennato, quien lo consideró un retroceso en materia de libertad de prensa. “No estoy de acuerdo. Hay que aprender a convivir con la incomodidad del periodismo. El trabajo de ustedes los periodistas es incomodarnos”, afirmó.

Ante la consulta sobre la reacción del PRO si esta medida la hubiese tomado otro espacio político, remarcó: “Hubiéramos dicho lo mismo si hubiera sucedido durante el gobierno del kirchnerismo. Nosotros de ninguna manera apoyamos eso. Sacamos un comunicado de nuestro partido diciendo que creemos y esperamos que lo antes posible, la sala vuelva a abrir”.

Lospennato advirtió sobre los riesgos institucionales de estas decisiones: “No conozco bien cuál fue el motivo, pero si inclusive entendió el gobierno que había alguien que no hizo lo que tenía que hacer, eso no implica de ninguna manera que hubiera que tomar una represalia contra todo el resto de los trabajadores de prensa. Espero que revean esta decisión”.

Corrupción estructural, reforma judicial y el futuro del PRO

Consultada por los desafíos institucionales, Lospennato insistió en que la Argentina enfrenta “un problema de corrupción estructural muy serio” y reclamó avanzar sobre leyes pendientes: “Durante muchos años impulsé junto al movimiento ciudadano de Ficha Limpia la Ley de Ficha Limpia. Pero no es solo eso. Hay que impulsar la extinción de dominio y una reforma muy profunda en la justicia”.

La legisladora destacó el rol del periodismo en el análisis de pliegos judiciales: “Por primera vez en mucho tiempo empezamos a mirar un poder del Estado que es bastante oscuro para la luz pública, que es el Poder Judicial, y ahora se está mirando”. Pidió también que la ciudadanía asuma su parte de responsabilidad: “La gente reclama anticorrupción, pero después no vota anticorrupción”.

Ante la pregunta sobre candidaturas presidenciales en el PRO, Lospennato valoró la figura de Mauricio Macri: “Creo que Mauricio Macri es el líder más sano que tiene la Argentina. Si él deseara ser candidato, a mí me encantaría. Es el líder de mi partido”. También elogió a Rogelio Frigerio como “un muy buen gobernador y una buena persona”, pero se mostró cauta sobre definiciones anticipadas.

Sobre la disputa política entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, respondió con dureza a las críticas del ministro de Seguridad bonaerense: “El caradurismo de un ministro que no puede hacerse cargo de la crisis de seguridad que tiene la provincia de Buenos Aires, donde los bonaerenses sufren cada día, es impresionante. Que la provincia hable de otro gobierno, sobre todo el nuestro, que ha mostrado los índices de seguridad mejores de la historia con Jorge Macri gobernando, me parece un caradurismo impresionante”.

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silvia lospennato

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires lanzó este martes un duro reclamo al gobernador Axel Kicillof y a la Legislatura. Exigieron que avancen con la designación de los jueces faltantes y completen las cuatro vacantes que mantienen incompleto al máximo tribunal bonaerense.

El planteo se hizo durante un acto institucional encabezado por el presidente de la Corte, Sergio Gabriel Torres, junto al vicepresidente Daniel Fernando Soria y la ministra Hilda Kogan. También participó el procurador general, Julio Conte-Grand.

Aunque la convocatoria era para presentar un proyecto de “fortalecimiento del Poder Judicial”, el foco estuvo puesto en la falta de integración del tribunal, que lleva más de seis años sin cubrir todos sus cargos.

“Nuestra Suprema Corte está incompleta desde hace más de seis años. Transcurrieron 2292 días desde la primera vacante y casi 800 desde su desintegración por la renuncia de Luis Genoud”, señaló Torres al leer un documento consensuado por los integrantes del cuerpo.

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El magistrado remarcó que la Constitución bonaerense establece un plazo de 15 días para que el Poder Ejecutivo envíe al Senado los pliegos de los candidatos una vez producida una vacante. Sin embargo, advirtió que esa obligación fue incumplida de manera reiterada. “El mandato constitucional fue desoído en forma sistemática, acumulando 152 incumplimientos”, afirmó.

La designación de los jueces es potestad del gobernador, que debe proponer los candidatos, y del Senado provincial, que debe prestar acuerdo. Desde diciembre, el oficialismo cuenta con mayoría propia en la Cámara alta, pero no se concretaron avances.

Torres también alertó sobre el impacto que tiene esta situación en el funcionamiento del Poder Judicial. “La labor asignada para siete jueces hoy la realizamos tres, lo que implica un aumento de la carga de trabajo y la necesidad de recurrir a tribunales inferiores para completar integraciones”, explicó. En ese sentido, agradeció a los jueces de Casación que intervienen como subrogantes para permitir el funcionamiento del tribunal.

El titular de la Corte advirtió que la falta de designaciones afecta la institucionalidad. “Una Corte incompleta limita la capacidad de conducción. Postergar las designaciones es debilitar el sistema; avanzar en ellas es fortalecer el Estado de derecho”, sostuvo.

Sobre el cierre, el máximo tribunal exhortó formalmente al Ejecutivo y al Senado bonaerense a avanzar “con urgencia” en la cobertura de las vacantes para garantizar el funcionamiento pleno de la Justicia provincial.

En paralelo, el reclamo de la Corte reactivó en la Legislatura un proyecto presentado en 2025 por el diputado Valentín Miranda, que propone otorgar autonomía presupuestaria al Poder Judicial para dejar de depender de las partidas del Ejecutivo.

La iniciativa establece que la Corte elabore su propio presupuesto —que deberá ser incorporado sin cambios al cálculo general— y prevé un mecanismo de financiamiento automático equivalente al 8,95% de los recursos provinciales y nacionales, transferidos mensualmente por el Banco Provincia.

Axel Kicillof, Justicia, Corte Suprema

El gobierno de la La Libertad Avanza afrontará el pago de $72.384.624.000 correspondiente al Programa Volver al Trabajo, que se abonará los primeros días de mayo, a partir de una orden judicial que obliga a sostener este esquema de asistencia social suspendido en su reformulación. La medida fue dictada el 21 de abril de 2026 por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien instruyó al Ministerio de Capital Humano a mantener vigentes las transferencias económicas a los beneficiarios del programa hasta que se dicte sentencia definitiva sobre su continuidad dado que la cartera a cargo de Sandra Pettovello apeló la medida, tal como anticipó Infobae.

El impacto inmediato de la resolución se refleja en la magnitud de los fondos: el pago comprende a más de un millón de personas transferidas desde el anterior esquema “Potenciar Trabajo”, según consta en la Resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En detalle, 1.012.357 titulares pasaron al Programa Volver al Trabajo y otros 260.911 fueron transferidos al Programa de Acompañamiento Social, ambos bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. La advirtió en un comunicado que la medida judicial impide, por el momento, aplicar las políticas de capacitación laboral y la extensión de la doble jornada escolar en contextos vulnerables.

La resolución judicial dentro del expediente colectivo “LEDESMA, ANDREA LILIANA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL – MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO s/AMPARO COLECTIVO” llevó a la administración de Javier Milei a autorizar el pago directo a los beneficiarios mediante el Banco de la Nación Argentina.

Este medio ya había informado que el ministerio a cargo de Pettovello no había puesto en dudas el pago del beneficio social. “Vamos a acatar lo que diga la Justicia, como hacemos siempre, aunque no estemos de acuerdo”, sostuvieron las fuentes oficiales.

Esta postura implica acatar la orden judicial y al mismo tiempo promover una apelación para revertir la cautelar, que bloquea el redireccionamiento presupuestario de estos fondos.

El conflicto se originó en el proceso de transformación de los programas de asistencia. El Programa Volver al Trabajo fue creado en febrero de 2024 para reemplazar la modalidad de inclusión laboral anterior y, según el Poder Ejecutivo, su objetivo era fortalecer la capacitación y la inserción en empleos formales. La medida cautelar interrumpe este proceso, consolidando el esquema de transferencia directa sin contraprestaciones, según detallaron los funcionarios consultados por Infobae.

La descripción oficial fue tajante: “Esto es la perpetuidad del asistencialismo”, en referencia a la obligación de mantener el modelo previo, considerado un obstáculo respecto al objetivo de reemplazar los planes sociales por políticas activas de empleo y educación.

El diagnóstico de la administración de La Libertad Avanza apunta a que la continuidad de estos programas “cristaliza la pobreza”, lo que impide una transición hacia mecanismos de intervención estructurales y de largo plazo, como la extensión de escolaridad gratuita y los vouchers de formación profesional.

La gestión de Pettovello promueve una reingeniería del sistema: reasignar partidas para implementar vouchers de capacitación laboral en articulación con centros formativos provinciales y financiar la doble escolaridad en escuelas de contextos vulnerables.

A través de un comunicado oficial emitido la semana pasada, el Ministerio de Capital Humano informó que, a raíz del fallo que hacía lugar al recurso de amparo impulsado por organizaciones sociales enroladas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) , ambas políticas “no podrán llevarse a cabo”, al menos hasta que se resuelva el litigio.

La medida, dictada por el juez Adrián González Charvay, obliga al Estado nacional a mantener activas las transferencias económicas del Programa Volver al Trabajo, que beneficia a más de 900 mil personas con un ingreso mensual de $78.000 y bloqueando temporalmente el uso de esos recursos en las nuevas políticas de capacitación y educación que se habían proyectado.

Con la apelación realizada por los abogados de Capital Humano las autoridades buscan de revertir la medida y recuperar autonomía en la asignación de partidas presupuestarias para políticas sociales. En su momento, desde los despachos oficiales interpretaron que el Poder Judicial “termina haciendo política pública y nos dice cómo asignar los recursos”.

En la segunda foja de la resolución de Capital Humano, dejaron constancia de lo siguiente: “Sin perjuicio de la interposición de los recursos judiciales correspondientes por parte de esta Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Huamno, corresponde efectuar las gestiones tendientes al cumplimiento de la manda judicial conforme el ordenamiento jurídico vigente, disponiendo el pago de la prestación económica prevista en el Programa Volver al Trabajo (VAT), y sin que ello comporte una modificación del marco normativo vigente».

Desde la perspectiva oficial, la indefinición judicial ante la apelación genera incertidumbre y frena transformaciones consideradas prioritarias por la Casa Rosada.

Para el Poder Ejecutivo nacional, el conflicto supera el debate sobre un programa específico, abriendo la discusión sobre el modelo de política social en el país: la disyuntiva entre la asistencia monetaria directa y mecanismos estructurales como la formación laboral y la intervención educativa.

Los fondos destinados serán imputados a la Jurisdicción 88, Subjurisdicción 03 – Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, bajo la partida de “Ayudas Sociales a Personas”, con financiamiento del Tesoro Nacional, según formaliza la resolución administrativa que ejecuta la orden judicial.

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